2022 confirma el incremento en la labor de la institución de la Valedora do Pobo.

A punto de concluir el ejercicio de 2022, la actividad de supervisión de las administraciones públicas gallegas que el Parlamento de Galicia encarga a la Valedora do Pobo registró unas elevadas cifras en relación con los años anteriores. Con carácter general, se incrementaron notablemente las actuaciones de atención a la ciudadanía, tanto presencial como telefónica y se mantiene la tendencia de los últimos años para las áreas de la institución con más actividad que son, en los sucesivos períodos estimados, Sanidad; Educación; Empleo Público; Inclusión Social; Medio Ambiente; y Corporaciones Locales y Servicios Municipales.

 

Tramitadas 4.634 quejas individuales y 16.122 colectivas

 

Los asuntos sobre los que se solicitó informe a las administraciones y que reflejan de manera más precisa la labor de la institución confirman el aumento del número de asuntos diferentes atendidos. Si en 2020 ya habían pasado de 2.912 a 3.936 en 2021, en 2022, con la vuelta a la normalidad en la actividad cotidiana de la ciudadanía y de las administraciones, fueron 4.634 los asuntos sobre los que se promovieron quejas. En cuanto a las quejas colectivas, presentadas por varios afectados, se mantiene también la tendencia al incremento de los dos años de la pandemia cuando habían pasado de 5.387 expedientes en 2020 a 10.736 en 2021, llegando a 16.122 en 2022.

 

Se realizaron 91 actuaciones de oficio

 

En lo que respecta a las actuaciones que la propia institución de la Valedora do Pobo puede hacer de oficio, en 2022 ascendieron a 91. Como es habitual, la institución es particularmente sensible y proactiva con los problemas que afectan a los colectivos más vulnerables, a aquellos que producen mayor sufrimiento a personas y familias, y a los que inciden en el bienestar y las condiciones para una vida digna y saludable.

 

Respecto a los primeros, se abrieron actuaciones de oficio por los problemas derivados de las restricciones horarias, o el cierre de oficinas bancarias para las personas mayores, habituadas a la operatividad presencial en la gestión de sus cuentas  para pago de recibos o cobro de sus pensiones. Ante esta situación, se realizaron actuaciones ante las entidades bancarias con presencia comercial en nuestra comunidad.

 

La recuperación de la atención presencial a la ciudadanía en las oficinas y servicios de las administraciones públicas, una vez extinguidas las medidas de prevención o contención de contagios por la COVID, también fue objeto de actuaciones de oficio ante la Xunta de Galicia, las siete grandes ciudades y las cuatro diputaciones provinciales.

 

Igualmente, se iniciaron investigaciones de oficio por situaciones de tutela de derechos humanos. Fue el caso del abordaje de la soledad no deseada; la falta de plazas en centros de día; los retrasos en los procedimientos de dependencia; la equiparación en el reconocimiento de determinadas incapacidades laborales y la discapacidad; el embargo de rentas de inclusión; las sillas de ruedas eléctricas para las personas con discapacidad;  o la atención residencial a enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). En otros casos fue investigada la actuación administrativa en la muerte de un persona sin recursos en una vivienda abandonada en el Ayuntamiento de Portomarín, úlceras y heridas en usuarios de una residencia financiada por la Xunta en el Ayuntamiento de Pazos de Borbén o el desahucio de otra persona sin recursos por un fondo buitre.

 

Otros acontecimientos que produjeron dolor a muchas familias e inquietud en la ciudadanía fueron también abordados por la institución desde su función esencial de garantía de los derechos humanos. Fue el caso del hundimiento del buque pesquero Vila de Pitanxo, o la gestión del procedimiento de acogida a los refugiados llegados de Ucrania.

 

También generaron quejas de oficio situaciones como la lista de espera quirúrgica de un enfermo con dolor severo que no se controlaba con medicación; la posible vulneración de derechos de un paciente psiquiátrico con contención mecánica; la terapia con protones en el tratamiento de los procesos tumorales en la infancia; o el estado actual del tratamiento neuro-psicológico en el seguimiento de los enfermos con trauma cerebral en la infancia.

 

En el ámbito de la vivienda y del medio ambiente, la incidencia de determinadas situaciones en el bienestar y las condiciones para una vida digna y saludable generó expedientes de oficio como en el caso de conflictos de convivencia entre el vecindario, incoados ante los ayuntamientos de las siete grandes ciudades de Galicia. También los motivaron otras situaciones como los activos inmobiliarios de la SAREB susceptibles de cesión como viviendas sociales a la administración local en la Coruña, Vigo, Poio y Narón; el abordaje de la situación de personas con síndrome de Diógenes y de Noé y los preceptivos protocolos de intervención municipal; la problemática del estado de las viviendas del barrio de Recimil, en Ferrol o las actuaciones que debe llevar a cabo el gobierno gallego en relación con las condiciones del transporte en el embalse de Portodemouros. La salubridad de las ciudades también fue analizada en quejas de oficio abiertas en Lugo y Vigo, en este último caso, al conocerse la presencia de roedores en un solar de titularidad municipal.

 

Con carácter general, junto con numerosas quejas promovidas por afectados, se investigó de oficio el funcionamiento de las comercializadoras y distribuidoras de la energía eléctrica en Galicia, en particular, las graves perturbaciones producidas en la facturación del suministro. También dieron lugar a actuaciones de oficio cuestiones relativas al medio ambiente adecuado que la Constitución española garantiza en el artículo 45, así como al deber de conservarlo. Fue el caso de los protocolos para la sustitución de tuberías de fibrocemento ante las cuatro diputaciones provinciales; la calidad de las aguas de consumo por vertidos al río en la zona de A Coruña o el vertido en la estación de captación de agua de Melide; un vertedero irregular de residuos en Pontevedra o la compactadora de residuos instalada desde hace años en la Travesa de Fonseca, en Santiago de Compostela. Los daños a las personas y bienes producidos por caídas de árboles en varias localidades gallegas fueron también investigados de oficio.

 

El compromiso esencial del trabajo de la institución de la Valedora do Pobo respecto a la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres impulsó actuaciones de oficio en la lucha contra la violencia de género en lo referido a su conceptuación legal, aún restringida al matrimonio o relación análoga, vinculada al desarrollo del Pacto de Estado sobre esta materia;  el protocolo a seguir en el caso de indicios de sumisión química y agresión sexual; o la investigación sobre la formación en género y sexualidad de los equipos educativos de centros de protección.

 

Aumenta la aceptación de las resoluciones por las administraciones que abarcaron 506 asuntos en 2022

 

Para finalizar este sucinto resumen de la actividad anual de la institución, es preciso dar cuenta de las resoluciones formuladas a las distintas administraciones públicas mediante recomendaciones, sugerencias o recordatorios de deberes legales, que alcanzaron el mayor número de la serie histórica, hasta un total de 506 resoluciones en asuntos diferenciados, manteniendo un elevado porcentaje de aceptación por las administraciones a las que nos dirigimos.

 

Santiago de Compostela, 30 de diciembre de 2022

 

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