Quedaría esta intervención incompleta si no aplicáramos una perspectiva de género. Los datos estadísticos constatan, en efecto, que las mujeres y las niñas con discapacidad sufren en mayor porcentaje (en torno al doble) que las mujeres y las niñas sin discapacidad, violencia en la pareja, delitos sexuales y violencia de género. También son mujeres o niñas quienes mayoritariamente son esterilizadas sin su consentimiento, según se permite en el Código penal con el fundamento paternalista de garantizar el interés de la persona con discapacidad (art. 156). Las mujeres con discapacidad tienen una tasa más alta de desempleo que los hombres con discapacidad. Y las mujeres de mayor edad se encuentran en mayor riesgo de exclusión social y más problemas de cuidado por la soledad.
Desde esta perspectiva, es necesario actuar tanto en la mejora de las normas, como en la vigilancia de la aplicación efectiva de las normas. En la mejora de las normas, hay algunos aspectos a destacar. La derogación de la esterilización debería ser una de las reformas inaplazables. Igualmente la mejora de la ley orgánica de violencia de género con la finalidad de evitar las situaciones de discriminación interseccional: en este aspecto sería necesario llevar a efecto las propuestas contenidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Recomendamos a los colegios de la abogacía, y estos lo aceptaron, formación y capacitación de los colegiados en igualdad y violencia lo que incluye las propuestas específicas del pacto del Congreso y el Senado en materia de violencia contra colectivos especialmente vulnerables y contra víctimas personas con discapacidad. Los colegios aceptaron la recomendación.
De nuevo el RD 1917/1999 sobre valoración de la discapacidad presenta problemas, ahora desde la perspectiva de género y discapacidad, al no contemplar enfermedades feminizadas: el caso paradigmático es la fibromialgia. Sobre esta cuestión se está tramitando una queja de una mujer que cada vez está peor, pero su grado de discapacidad en vez de aumentar, disminuye.
También es necesaria la vigilancia de la aplicación efectiva de las normas en la medida en que las mujeres con discapacidad se encuentran con dificultades para hacer valer sus derechos derivados: a veces por su discapacidad -por ejemplo, una mujer con discapacidad intelectual puede no ser consciente de los maltratos continuados que sufre, de ahí la importancia de las campañas públicas dirigidas a los colectivos más vulnerables-. La Secretaría General de Igualdad hizo una guía sobre violencia contra las mujeres con discapacidad, donde recoge la violencia física, la sexual, la estructural, la psicológica, la económica, la obstétrica y la cultural; otras veces por la falta de medios -por ejemplo, por no haber medios alternativos para las mujeres sordas al teléfono de asistencia a las víctimas, o por no disponer de intérpretes de la lengua de signos en las dependencias administrativas, policiales o judiciales-. Hay un convenio de colaboración entre la Secretaría General de Igualdad y la Federación de asociaciones de personas sordas para garantizar una atención integral a las mujeres generado en el marco del pacto de Estado contra la violencia de género; e incluso también por los propios perjuicios que sufren las mujeres con discapacidad -por ejemplo, restándole credibilidad a su declaración al priorizar que se trata de una mujer que tiene una discapacidad-. Hace poco tuvimos una reunión con la entidad Ecos del Sur, en la que hicieron referencia a un caso de una mujer nigeriana, víctima de trata, con una patología psiquiátrica precisamente por ser víctima de trata, y el caso fue sobreseído al no darle credibilidad al testimonio de la víctima.
Finalmente, la implementación efectiva del modelo social deber a actuar, no solo en el ámbito normativo y en la vigilancia de la aplicación efectiva de las normas, también en la concienciación para el cambio de modelo. La persistencia en la sociedad de perjuicios se refleja en episodios aparentemente puntuales pero demostrativos de la existencia de un problema estructural. Es muy significativo que la discapacidad sea el segundo motivo de delitos de odio en España. O que la discapacidad sea el detonante de muchos acosos contra niños y niñas en los centros escolares. Los poderes públicos deben luchar contra la discafobia (miedo irracional, odio y discriminación contra las personas con discapacidad).
Finalizo ya. Vuelvo a agradecer la oportunidad que se me dio de comparecer ante esta Comisión, y quedo a su disposición para las aclaraciones que tengan por conveniente realizar.
