La lucha contra la discriminación por el origen racial o étnico, y en particular del pueblo gitano, tan arraigada en muchos lugares de España, no tiene descanso. Dan buena fe de ello los tres mil casos de discriminación anti gitana recogidos en los informes anuales de la Fundación Secretariado Gitano desde el año 2004.
Un reciente caso judicial corrobora el mucho camino por recorrer. Tenemos que remontarnos a principios del Siglo XXI para recordar que una mujer, casada por el rito gitano, solicitó una pensión de viudedad y le fue denegada judicialmente y por el Tribunal Constitucional. Conocida con el apodo de “La Niña”, llevó el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ganó por la situación consolidada en el tiempo, reconocida oficialmente (tenía Libro de Familia y asistencia sanitaria). Desafortunadamente, el Tribunal Europeo no se atrevió a dar el paso decisivo y llamar a las cosas por su nombre: se trataba de una discriminación interseccional, que afectaba la “La Niña” por ser mujer y por ser gitana y era una discriminación indirecta al exigir a los gitanos el sometimiento a las reglas del matrimonio payo.
Por no dar ese paso decisivo, la historia se repite. Otra mujer casada por el rito gitano, vuelve a reclamar y a recibir la misma respuesta judicial, e incluso vuelve a incidir en la negativa el Tribunal Constitucional: no hay discriminación por razón de origen racial o étnico, sin ni si quiera valorar la interseccionalidad de la raza y del sexo en la situación de la demandante. El Tribunal Constitucional da la espalda a la cultura del pueblo gitano al no considerar su cultura y tradiciones de por sí, y a las mujeres gitanas al no reconocer una prestación de viudedad por estar casada según las reglas de su etnia.
Corresponde, a estas alturas, acabar con esta situación. La lucha judicial no terminó y desde aquí quiero hacer un llamamiento a los poderes legislativos. La falta de reconocimiento oficial del matrimonio gitano es una situación difícil de justificar de manera razonable si consideramos los más de quinientos años que el pueblo gitano lleva asentado en nuestro país y compartido su riqueza cultural, hasta el punto de que la cultura del pueblo gitano es una seña de identidad de la cultura de toda España, y de Galicia. Y también, si consideramos que el matrimonio no es, desde el año 2007, el único camino para acceder a una pensión de viudedad. Ahora ya vale para las parejas de hecho, con sometimiento a unos requisitos de inscripción. Si antes de este cambio legal, ya abundaban las razones históricas y de no discriminación por raza, etnia y sexo para el reconocimiento del matrimonio gitano, en la vigente situación normativa no se acaba de ver la razón de por qué nuestros poderes legislativos no dan un paso más adelante.
Es el momento de hacer, desde esta tribuna, un llamamiento para el reconocimiento del matrimonio gitano. Es una deuda histórica. Y, sobre todo, una cuestión de derechos humanos.
Y hoy estamos aquí también para una labor de reconocimiento. En esta ocasión de personas referentes que hacen posible el progreso del pueblo gitano, y que hablarán a continuación.
