La Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad de 2006 supuso un acertado cambio. Hace preciso garantizar que las personas con discapacidad ejerzan plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin discriminación, y define la discapacidad como el resultado de la interacción entre las personas y las barreras derivadas del entorno, que evita su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones.
El avance que supuso la convención y la legislación que la siguió se ponen de relieve se tenemos en cuenta que hace bien poco tiempo se aludía a la discapacidad como supuestos “defectos”, “deficiencias”, “enfermedades” o “ padecimientos”, o a las personas con discapacidad como “minusválidos”.
Seguimos encontrando señales, carteles y rótulos que utilizan ese lenguaje contrario a la dignidad inherente de cualquier persona, fiel reflejo de ideas que conducían directamente a la vulneración de derechos básicos.
El viejo modelo médico en el que se basaba la terminología de la discriminación consideraba que muchas personas “padecían” dificultades y por eso debían ser “sustituidos” por completo, “incapacitados”, y por tanto privados de su personalidad y capacidad, con la imposibilidad de ejercer sus derechos como consecuencia lógica.
Frente a eso, hoy afirmamos con rotundidad que el origen de las barreras se encuentra en la actitud de la sociedad respeto de las circunstancias de las personas con discapacidad, y que somos las personas que conformamos mayoritariamente la sociedad las que creamos las barreras y la discriminación.
Pero los viejos tiempos de los planteamientos discriminatorios no son tan viejos; hasta hace poco muchas personas con discapacidad estaban privadas de un derecho democrático tan básico como el voto, y sólo hace poco se eliminó esa grave e inexplicable anomalía social.
Aunque los avances son evidentes, hoy es el momento de recordar que el camino por recorrer es amplio y permanecen muchas carencias en materia de inclusión laboral, educativa, cultural, en el disfrute del ocio, en la movilidad y en la accesibilidad universal. A todas esas carencias dedicamos especial atención en la Valedora do Pobo, no solo porque eso forma parte de nuestra esencia, sino también porque la atención preferente de las personas con discapacidad es un deber constitucional y por tanto los poderes públicos deben prestar la atención especializada que requieran, y ampararlos especialmente para que disfruten de los derechos que reconocen la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía.
La actividad de la Valedora tiene uno de sus principales ejes en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, como lo muestran sus informes anuales, los informes especiales sobre personas con discapacidad intelectual y sobre accesibilidad universal, un elevado número de quejas, muchas de oficio, y la búsqueda de un contacto permanente con las entidades de protección de esos derechos. A través de esa intensa actividad día a día comprobamos que los retos de futuro son muchos y de mucha entidad, y que es preciso recordar a los poder públicos y a la sociedad que una política pública orientada a la protección de los derechos y a la inclusión es una exigencia propia del Estado Social y Democrático de Derecho.
