INFORME DEL VALEDOR DO POBO AL PARLAMENTO DE GALICIA AÑO 2013 INDICE GENERAL Página PRESENTACIÓN GENERAL 1 CAPITULO 1. LA ACTIVIDADE DE LA INSTITUCIÓN DEL VALEDOR DO POBO EN CIFRAS 3 I. Introducción 5 II. Atención al ciudadano 6 III. Datos generales 7 1. Expedientes iniciados en el año 2013 7 2. Entradas y salidas de documentos 8 IV. Quejas recibidas en 2013 10 1. Comparación con ejercicios anteriores (De 1990 a 2011) 10 2. Comparación de los ejercicios 2012 y 2013 12 3. Datos sociológicos reflejados en las quejas 13 V. Distribución de las quejas por razón de las provincias y municipios de procedencia 17 1. Por provincias 17 2. Por ayuntamientos 19 VI. Curso dado a las quejas recibidas 27 VII. Estadísticas por área temática 29 1. Distribución de quejas según las áreas temáticas a las que se refieren 29 2. Estado procedimental por áreas 31 3. Las causas de no admisión por áreas 32 VIII. Estadística por administraciones afectadas 33 1. Distribución de las quejas admitidas por razón de las áreas de la administración pública a las que se refieren 33 2. Distribución de las quejas referidas a la administración pública gallega, según niveles 34 3. Distribución de las quejas que se refieren a la Xunta de Galicia, según las consellerías 36 4. Distribución de las quejas referidas a las diputaciones provinciales y ayuntamientos 38 A. Quejas referidas a las diputaciones provinciales 38 B. Quejas referidas a los ayuntamientos 38 a. A Coruña 38 b. Lugo 41 c. Ourense 43 d. Pontevedra 45 IX. Actuaciones de oficio 47 1. Quejas de oficio de 2013 47 2. Comparativa con otros años 48 X. Resoluciones del Valedor do Pobo 49 Página XI. Estadísticas relacionadas con el deber de colaboración 51 XII. Estadísticas relacionadas con el deber de informar 53 XIII. Estadísticas de redes sociales 56 1. TWITTER 56 A) Tweets enviados 56 B) Seguidores 57 C) Tipología de los seguidores en Twitter 57 D) Palabras más utilizadas en el Twitter del Valedor do Pobo 58 E) Menciones 58 F) Retweets que nos hicieron nuestros seguidores 59 G) Estadísticas generales 60 2. FACEBOOK 61 A) Total de me gusta en Facebook 61 B) Me gusta netos 62 C) Procedencia de los me gusta 62 D) Alcance total de las publicaciones 63 E) Personas a las que les gusta nuestro Facebook 63 CAPÍTULO 2. RESUMEN DE LAS QUEJAS POR ÁREAS 65 Área de empleo público e interior 67 I- Introducción 69 II- Datos cuantitativos 72 III- Actividad de supervisión 73 1. Empleo público 73 A) Problemas en el funcionamiento de las listas de contratación temporal y gestión de los llamamientos. 74 a - Funcionamiento de las listas de contratación temporal 74 b - Gestión de los llamamientos de las listas de contratación temporal 79 c- Actualización de las listas de contratación temporal 83 d- Requisitos de inscripción en las listas de contratación temporal 84 B) Presuntas irregularidades en los procesos selectivos para el acceso a la función pública 87 a - Requisitos y méritos exigidos en las bases de las convocatorias 87 b - Problemas durante el desarrollo del proceso selectivo 92 c- Abuso en el empleo de la figura de la cobertura de plazas con carácter interino 100 C) Retrasos en convocatorias o en resoluciones de procesos de selección para empleo público 100 Página D) Posibles incorrecciones en la gestión de comisiones de servicios 102 E) Condiciones laborales de los empleados públicos 104 a - Concreción de las condiciones generales de trabajo 104 b - Problemas en la percepción de retribuciones salariales y extrasalariales 105 c - Discrepancias en los concursos de traslados 108 d - Desacuerdos en materia de jornada laboral 109 e - Alcance de la cobertura y asistencia durante los períodos de incapacidad temporal 110 F) Consecuencias de la finalización de la relación laboral con la administración pública 111 G) Conductas reprobables e imposición de sanciones al personal al servicio de la administración pública. 111 H) El uso abusivo de la figura del silencio administrativo 112 2. Orden público 113 3. Tráfico 118 A) Revisión de expedientes sancionadores de tráfico 119 B) Denuncias relativas a la señalización de las vías urbanas e interurbanas 120 IV- Resoluciones del Valedor do Pobo 122 V- Consideraciones finales 182 Área de urbanismo y vivienda 183 I. Introducción 185 II. Datos cuantitativos 188 III. Actividad de supervisión 189 1. Urbanismo 189 2. Vivienda 196 IV. Resoluciones del Valedor do Pobo 207 V. Consideraciones finales 221 Área de medio ambiente 223 I. Introducción 225 II. Datos cuantitativos 226 III. Actividad de supervisión 228 1. Las numerosas reclamaciones en contra de los efectos ambientales del proyecto minero de Corcoesto y de otras minas 228 2. La convocatoria de los órganos de participación 237 3. El ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental 239 4. La reforma de la ley de caza y la protección de los menores 240 5. La necesidad de una normativa autonómica contra la contaminación acústica 241 Página 6. La necesidad de que los ayuntamientos comprueben los niveles de ruido cuando se denuncian 243 7. La necesidad de corregir los efectos de las zonas saturadas por contaminación acústica 246 8. Los locales que no se ajustan al tipo de licencia que tienen 247 9. La contaminación acústica ocasionada por el botellón y el consumo a las puertas de los locales 249 10. Los ruidos desproporcionados ocasionados por algunas fiestas 249 11. La gestión das aguas continentales 250 12. La protección de los espacios naturales, la flora y la fauna 251 13. Quejas no admitidas a trámite 252 IV. Resoluciones del Valedor do Pobo 252 V. Consideraciones finales 310 Área de educación 313 I. Introducción 315 II. Datos cuantitativos 317 III. Actividad de supervisión 319 1. Recursos educativos complementarios 319 A) Comedores escolares 320 a- Desvinculación del transporte y el comedor, eliminando la gratuidad automática de este último recurso para todos los alumnos usuarios del transporte escolar 321 b- Posibilidad de no hacer uso del comedor estableciendo otras alternativas, como llevar la comida de casa 323 c- Criterios empleados en el Decreto 132/2013, por el que se regulan los comedores escolares, para señalar los precios públicos, las bonificaciones y las exenciones de pago 324 B) Transporte escolar 328 2. Reducción de profesorado 331 3. Profesorado de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales 333 4. Obras de conservación y mantenimiento en centros escolares 335 5. Algunos problemas en el funcionamiento de los centros 336 6. Centros integrados de formación profesional 338 7. Enseñanzas de régimen especial 343 A) Conservatorios superiores y profesionales de música 343 B) Escuelas oficiales de idiomas 344 8. Acoso escolar 347 9. Ayudas para la realización de actividades de formación en lenguas extranjeras 348 10. Educación superior 353 Página A) La confusión sobre a naturaleza dos títulos 355 B) Las enseñanzas artísticas superiores 359 C) Títulos propios 364 D) Los master universitarios 366 E) Financiamiento del Sistema Universitario de Galicia 372 F) Becas y ayudas de formación post-doctoral 383 IV. Resoluciones del Valedor do Pobo 386 V. Consideraciones finales 488 Área de industria, comercio e turismo 491 I. Introducción 493 1. En industria 493 2. En comercio e consumo 494 3. En turismo 494 II. Datos cuantitativos 495 III. Actividad de supervisión 496 1. Industria 496 A) Suministro de energía eléctrica 496 B) Comunicaciones telefónicas y electrónicas 499 2. Consumo 500 3. Comercio 501 4. Turismo 502 5. Quejas inadmitidas. Causas 502 IV. Resoluciones del Valedor do Pobo 503 V. Consideraciones finales 504 Área de agricultura, ganadería e pesca 509 I. Introducción 511 1. Agricultura, ganadería e montes 511 2. Pesca y acuicultura 513 II. Datos cuantitativos 513 1. Quejas recibidas 513 2. Estado de tramitación a 31 de diciembre 514 III. Actividad de supervisión 514 1. Actividad agrícola, forestal e ganadera 514 A) Concentración parcelaria 514 B) Montes 514 C) Aprovechamientos cinegéticos y forestales 515 D) Otras cuestiones relacionadas con este sector 515 Página 2. Pesca y marisqueo 515 IV. Resoluciones del Valedor do Pobo 516 V. Consideraciones finales 517 Área de servicios sociales 521 I. Introducción 523 II. Datos cuantitativos 526 III. Actividad de supervisión 527 1. La necesidad de corregir los retrasos en los procedimientos de dependencia 527 2. La necesidad de mejorar las valoraciones de dependencia que afectan a determinados colectivos 533 3. La necesidad de individualizar a atención a las personas dependientes 535 4. La necesidad de aumentar las plazas en servicios para corregir las listas de espera 538 5. Los casos de fallecimiento antes da aprobación do programa de atención e con retraso en el procedimiento 539 6. El aumento de solicitudes de ayudas públicas y la necesidad de corregir los retrasos en su tramitación. 540 7. Los derechos de las personas con discapacidad 543 8. El derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad 546 9. El derecho al ocio, la cultura y el deporte de los discapacitados 548 10. Las necesidades específicas de los discapacitados intelectuales: el informe sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual en Galicia 550 11. Las carencias del servicio de transporte adaptado (065) 551 12. Los amplios retrasos en las valoraciones de discapacidades 554 13. Quejas no admitidas a trámite 554 IV. Resoluciones del Valedor do Pobo 555 V. Consideraciones finales 656 Área de emigración y trabajo 659 I. Introducción 661 II. Datos cuantitativos 667 III. Actividad de supervisión 668 1. Trabajo 669 A) Cursos de formación 669 B) Ofertas de empleo 670 C) Ayudas y subvenciones en materia de empleo 671 2. Seguridad social 672 3. Quejas remitidas al Defensor del Pueblo y quejas no admitidas. 673 Página IV. Resoluciones del Valedor do Pobo 673 V. Consideraciones finales 674 Área de sanidad 675 I. Introducción 677 II. Datos cuantitativos 680 III. Actividad de supervisión 681 1. Insuficiente dotación de personal sanitario 682 2. Diferentes coberturas en las prestaciones farmacéuticas 684 3. Discrepancias en el reintegro de gastos sanitarios 688 4. Demoras excesivas en las listas de espera 692 5. Discrepancias sobre valoraciones médicas 693 6. Quejas sobre el trato recibido por parte de los profesionales sanitarios 696 7. Tratamiento de historias clínicas 698 8. Deficiencias en los servicios de urgencias 700 9. Incidencias en el transporte sanitario 702 10. Problemas en la gestión administrativa 702 A) Gestión de centros sanitarios 703 B) Procedimientos administrativos 709 C) Servicios de atención al paciente y de atención telefónica 714 D) Gestiones administrativas diversas 715 IV. Resoluciones del Valedor do Pobo 717 V. Consideraciones finales 731 Área de justicia 733 I. Introducción 735 II. Datos cuantitativos 738 III. Actividad de supervisión 739 1. Ámbito material y limitación de nuestras competencias 739 2. Actuaciones del Valedor do Pobo 747 IV. Resoluciones del Valedor do Pobo 750 V. Consideraciones finales 750 Área de administración económica y transportes 751 I. Introducción 753 II. Datos cuantitativos 753 III. Actividad de supervisión 755 1. Las relaciones entre el contribuyente y la administración tributaria 755 Página 2. La ordenación de la actividad económica 762 IV. Resoluciones del Valedor do Pobo 770 V. Consideraciones finales 781 Área de obras públicas y expropiaciones 783 I. Introducción 785 II. Datos cuantitativos 786 III. Actividad de supervisión 787 1. Los retrasos en la fijación y pago de los justiprecios 787 2. La responsabilidad patrimonial de la Administración 791 3. Problemas relacionados con la ejecución de obras públicas 791 4. La gestión del dominio público hidráulico 793 IV. Resoluciones del Valedor do Pobo 793 V. Consideraciones finales 800 Área de corporaciones locales, servicios municipales y protección civil 801 I. Introducción 803 II. Datos cuantitativos 804 1. Número de quejas recibidas en el año 2013 804 2. Situación al término del ejercicio económico. 805 III. Actividad de supervisión 806 1. Derecho de participación en las corporaciones locales 806 A) El derecho de los miembros de las corporaciones locales de acceso a la información y documentación municipales 806 B) El derecho de participación del vecino en la actividad municipal 806 2. Organización y funcionamiento de las corporaciones locales 808 3. Servicios prestados por las corporaciones locales 809 A) De infraestructuras locales 809 a- Servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio 809 b- Servicio de recogida de basura y limpieza diaria 809 c- Limpieza de fincas próximas y de accesos a viviendas y edificaciones 810 d- Saneamiento y depuración 811 e- Reparación de vías públicas e iluminación 811 f- Recuperación de espacios libres y caminos públicos 811 B) Protección civil y otros 812 4. Quejas no admitidas a trámite. Causas justificativas 812 IV. Resoluciones del Valedor do Pobo 812 V. Consideraciones finales 833 Página Área de menores 865 I. Introducción 867 II. Datos cuantitativos 869 III. Actividad de supervisión 870 1. Los acogimientos familiares 870 A) Datos sobre menores en riesgo y desamparo facilitados a mediados de 2013 871 a- Menores atendidos en centros (atención residencial o diurna) 872 b- Menores en acogimiento familiar 877 c- Familias acogedoras 878 d- El procedimiento de selección e as sus disfunciones 879 e- El coste de los acogimientos 880 f- Coste de la gestión del programa transferido a la Cruz Roja 882 g- Los equipos técnicos de menores 863 h- Grupo de trabajo sobre acogimiento familiar 884 i- Algunas cuestiones problemáticas 884 2. Insuficiencia de plazas de internamiento en centros para menores infractores 887 3. Puntos de encuentro familiar 891 4. Un caso problemático de asunción de tutela por la administración 896 IV. Resoluciones del Valedor do Pobo 899 V. Consideraciones finales 904 Área de cultura y política lingüística 907 I. Introducción 909 II. Datos cuantitativos 910 III. Actividad de supervisión 911 1. Cultura y patrimonio cultural 911 2. Deportes 918 A) Actuación de la Federación Galega de Motociclismo 918 B) Las licencias de jugadores juveniles expedidas por la Federación Galega de Fútbol 930 3. Política lingüística 933 A) Actuaciones de la Administración autonómica 935 B) Actuaciones de la Administración local 936 C) Otras actuaciones 937 D) Las pruebas para la obtención de certificados de lengua gallega 938 E) Las competencias en lengua cooficial para obtener certificados de profesionalidad 939 F) Promoción de la lengua galega 941 IV. Resoluciones del Valedor do Pobo 942 Página V. Consideraciones finales 945 Área de sociedad de la información 949 I. Introducción 951 II. Datos cuantitativos 951 III. Actividad de supervisión 953 1. Política de comunicación inapropiada 953 2. Protección de datos 954 3. Venda de videojuegos violentos a menores 955 4. Contenidos televisivos 955 5. Inexactitud en coberturas informativas 957 6. Proporcionalidad en sistemas de videovigilancia 958 7. Exclusividad de la tramitación electrónica 960 8. Uso seguro de las tecnologías por parte de los adolescentes 963 IV. Resoluciones del Valedor do Pobo 964 V. Consideraciones finales 972 Quejas de oficio 975 CAPITULO 3. DERECHOS DE LA MUJER 1017 I. Introducción 1019 II. Los derechos de la mujer 1020 1. El ámbito comunitario 1020 A) Independencia económica de las mujeres 1020 B) Salario igual 1021 C) Igualdad en la toma de decisiones 1021 D) Dignidad, integridad y fin de la violencia sexista 1022 E) Cuestiones horizontales 1022 2. Defensores y valedores 1023 III. Actividad de supervisión 1024 1. Ámbito material y limitación de nuestras competencias 1024 A) Las mujeres como reclamantes 1024 B) Áreas de reclamación 1026 C) El área de justicia 1026 D) Nuevas tecnologías 1029 E) Los derechos de la mujer con discapacidad 1030 F) Mujeres víctimas de trata 1034 Página IV- Actuación del Valedor do Pobo 1035 1. Presentación de informe extraordinario y estudios 1035 A) Informe del Valedor do Pobo al Parlamento de Galicia sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual en Galicia 1035 B) El Valedor do Pobo colabora con Educación, la USC y AMTEGA en la creación de una herramienta de monitoreo sobre el uso de las tecnologías por parte de los adolescentes gallegos 1037 2. Jornadas y seminarios 1038 3. La participación en redes internacionales 1041 V. Consideraciones finales 1043 CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE COLABORACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LAS INVESTIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN 1045 I. EL deber legal de colaboración en las investigaciones de la institución 1047 1. El deber de colaboración en general 1047 2. Las advertencias apremiantes 1047 3. Las administraciones u órganos a los que se reiteró la petición de informe hasta en dos ocasiones y número de quejas en que tal circunstancia se dio 1050 CAPÍTULO 5. LAS RESPUESTAS A LAS RESOLUCIONES FORMULADAS POR EL VALEDOR DO POBO 1053 I. Las respuestas de las Administraciones u órganos a los que se dirigió alguna resolución 1055 1. Introducción 1055 2. Respuestas de las diferentes administraciones y órganos a las resoluciones del Valedor do Pobo 1057 II. Resumen de las resoluciones del Valedor do Pobo y de su aceptación por las correspondientes administraciones 1060 III. Las respuestas a las resoluciones 1062 1. Recordatorios de deberes legales 1062 2. Recomendaciones 1063 3. Sugerencias 1069 Página CAPÍTULO 6. RELACIONES INSTITUCIONALES 1071 I. Introducción 1073 II. Actividades parlamentarias. Informe ordinario 1074 III. Actividad desplegada por la institución 1075 1. Convenio en materia de competencia 1075 2. Estudio sobre el delito de obstaculización 1076 3. Día Internacional de la mujer 1076 4. Jornadas de salud mental 1077 5. Seminario sobre adolescentes y novas tecnologías 1077 6. Dinamización lingüística 1078 7. Coordinación con los defensores universitarios 1079 8. Día de las letras 1079 9. Campaña divulgativa sobre los derechos de ciudadanía europea 1079 10. Cómic sobre el uso seguro de las tecnologías por parte de los adolescentes 1080 11. Jornada sobre mujer: Violencia de género entre adolescentes 1081 12. Campaña Conta comigo contra la violencia de género 1082 13. Publicaciones 1082 14. Conmemoración de los derechos humanos 1083 15. Visitas guiadas a la institución 1083 16. Campaña del Consejo de Europa 1084 IV. Actuaciones especiales 1084 1. Desahucios 1084 2. Devolución do tax lease do sector naval 1086 3. Influencia en la tramitación da ley de caza 1088 4. Abusos de la banca 1089 5. Apoyo técnico a la candidatura a Patrimonio de la Unesco de la Ribeira Sacra 1089 V. Encuentros con entidades del tercer sector 1090 1. Encuentro con representantes de Adega 1090 2. Programa de familias acogedoras 1091 3. El problema de la infravivienda entre la población gitana 1091 4. Plataforma por los derechos civiles 1092 5. Plataforma Esculca 1093 6. Conociendo la labor de los bancos de alimentos 1093 7. Mesa pola Normalización Lingüística 1094 8. Exonerados de la pena de muerte en Estados Unidos 1094 9. Cocina Económica de Santiago 1095 10. Encuentro con representantes da Fundación Franz Weber 1095 Página VI. Relación con otros ombudsman e defensores 1095 1. Taller de defensorías sobre las personas con discapacidad 1096 2. Coordinación con la defensora del pueblo y comisionados autonómicos 1096 VII. Presencia en las redes internacionales 1099 1. Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) 1099 2. Instituto Internacional de Ombudsman (IIO) 1101 3. Red europea de defensores del pueblo 1101 4. European Network of Ombudspersons for Children (ENOC) 1102 Anexo. Liquidación del presupuesto (artículo 37.4 de la Ley 6/84) 1103 PRESENTACIÓN La actividad del Valedor do Pobo durante 2013 evidencia con suma nitidez la confianza que la ciudadanía tiene depositada en nosotros. Así se colige de las múltiples iniciativas desarrolladas y de los problemas que hemos resuelto. Ello, por un lado, nos satisface, pero por otro nos exige un esfuerzo adicional de dedicación y compromiso, que aceptamos gustosamente sabedores de lo mucho que las gallegas y los gallegos esperan de esta institución. Durante los últimos años, desde una perspectiva global, los derechos sociales se han visto sometidos a tensiones diversas. La discusión sobre su propia naturaleza no ha favorecido la solución de tales tensiones. Por ello, en el Valedor este tipo de derechos son el eje central de las actuaciones emprendidas. En este sentido, las personas con necesidades especiales o con diversidad funcional ocupan el núcleo básico de nuestro trabajo. La adecuada atención a tales colectivos permitirá el progreso de la sociedad democrática avanzada de la que habla el preámbulo constitucional. Una relevante novedad en el presente informe es la inclusión de un capítulo específico dedicado a los derechos de las mujeres. En él abordamos diversas cuestiones, sin afán sistemático, con el ánimo de ofrecer soluciones e identificar objetivos. Se trata de un punto de partida para seguir avanzando en densidad analítica en dichos temas. En el siglo XXI no se puede tolerar que sigan existiendo comportamientos que discriminan a la mujer y que la agreden por el hecho de ser mujer, física o psíquicamente. En el Valedor estamos empeñados en acabar con esta lacra. La figura del Ombudsman, como garante institucional de los derechos, presenta, además de su legitimación de origen, anclada en un ordenamiento jurídico democrático, una legitimación de ejercicio, basada en la eficacia y las fortalezas de su trabajo. Este informe ejemplifica el segundo aspecto. En la misma línea queremos destacar las distintas medidas que estamos adoptando para mejorar nuestros procesos de gestión interna, y, así, incrementar la eficiencia y la eficacia en las respuestas a las personas que acuden a nosotros en busca de ayuda. Se trata de integrar en la cultura organizacional métodos de trabajo sofisticados, con herramientas dinámicas y mecanismos de evaluación e innovación. Estos procesos de mejora continua permitirán ofrecer soluciones de calidad en escenarios de contención presupuestaria. Así las cosas, trabajamos para avanzar en la administración electrónica, en el ahorro energético y en las mejores prácticas, tales como la sostenibilidad, la transparencia, la publicidad o la accesibilidad. El informe del Valedor es un instrumento de información que esperamos sirva para progresar en el servicio de la ciudadanía. La defensa de los derechos humanos es un reto permanente. Día a día nos esforzamos para que la justicia y la solidaridad sean valores que brillen con fuerza en la sociedad y en las políticas públicas. Dichos valores, además de servir de fuente de legitimidad adicional para el Valedor, se muestran como inexcusables para la defensa de la dignidad de la persona. Aguardamos que este informe ayude en tal elevada tarea. José Julio Fernández Rodríguez Valedor do Pobo (e. f.) CAPÍTULO 1 LA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN DEL VALEDOR DO POBO EN CIFRAS I- INTRODUCCIÓN En este capítulo ofrecemos una visión global y esquematizada de las actuaciones desarrolladas por el Valedor do Pobo durante 2013, reflejadas en gráficos y cuadros acompañados de un breve comentario a efectos de facilitar su interpretación. Este capítulo tiene una especial importancia dada la necesidad de visibilizar de forma sistemática la labor desarrollada. Orientada a hacer evaluaciones de políticas públicas concretas e de salvaguardar la defensa de los derechos de los ciudadanos, este año proseguimos nuestra tarea de atención preferencial a la ciudadanía. Todas las personas pueden dirigirse al Valedor en demanda de ayuda por medio de la queja o de cualquier otra manera, como mediante llamadas telefónicas, acudiendo en persona en busca de asesoramiento o ayuda. Todos nuestros servicios se prestan sin coste alguno para el ciudadano. Ese trabajo se hace visible en la primera parte del capítulo, en la que hacemos recuento de la atención prestada al ciudadano. Exponemos las cifras de actuaciones de atención al ciudadano, las personas que han promovidos quejas, el número de asuntos, las visitas recibidas y las consultas hechas por cualquier medio, fundamentalmente a través del teléfono. Además, ofrecemos tablas comparativas por anualidades y estadísticas por áreas temáticas, administraciones y territorios. Pretendemos dar una idea ajustada de los datos sociológicos relevantes en el desarrollo de nuestra actividad. Con ellos se puede conocer el origen geográfico de las personas reclamantes, la distribución por género y el curso dado a las iniciativas recibidas. En cuanto a las administraciones afectadas por las quejas, se hace una distribución inicial por área de la administración pública gallega afectada y, en un segundo término, por departamentos del ejecutivo autonómico. Se incluyen en este capítulo datos relacionados con el resultado de la intervención del Valedor do Pobo, sobre todo las aceptaciones de resoluciones por parte de los órganos de la administración. Además se recoge el detalle de las actuaciones de oficio desarrolladas por áreas y estadísticas acerca del cumplimiento del deber de colaboración por parte de las administraciones requeridas. En resumen, en este capítulo pretendemos realizar una aproximación a los números más relevantes de nuestra actuación; en el siguiente haremos una descripción pormenorizada de las actuaciones encaminadas a supervisar y procurar la corrección de determinados comportamientos de los poderes públicos o entidades prestadoras de servicios esenciales en Galicia. II- ATENCIÓN AL CIUDADANO Durante 2013 el Valedor do Pobo desplegó una importante actividad en cuanto a su atención al ciudadano. Un total de 23554 personas se dirigieron a la institución para presentar reclamaciones o pedir orientación y asesoramiento sobre sus problemas. A continuación citamos la modalidad de actuaciones y sus cifras: Atención presencial 1186 (media mensual 99) Atención telefónica 3462 (media mensual 288) Expedientes de queja 18887 (media mensual 1574) Total de actuaciones 23535 (media mensual 1961) III- DATOS GENERALES 1. Expedientes iniciados en 2013 Para facilitar la calidad expositiva introducimos un cambio metodológico este año. De este manera, por un lado se desglosa el número de reclamantes que se dirigieron a la institución, y por otro, el número de asuntos atendidos. Año Total reclamantes Total asuntos 2013 18887 2746 Se registró una media mensual de 1573 expedientes, con un máximo de 7359 en el mes de septiembre y un mínimo de 141 en noviembre. ENTRADA DE EXPEDIENTES AÑO 2013 Mes Entrada de expedientes Enero 211 Febrero 164 Marzo 195 Abril 221 Mayo 889 Junio 2289 Julio 1112 Agosto 547 Septiembre 7359 Octubre 1437 Noviembre 141 Diciembre 4322 Total 18887 Media mensual de expedientes: 1573 2. Entradas y salidas de documentos Las entradas de documentos que se recibieron en la institución durante el año 2013 fueron en total 22007, lo que da una media mensual de 1833 entradas. En este mismo año la institución trasladó un total de 11626 documentos, lo que supone una media de 968 salidas por mes. ENTRADAS Y SALIDAS DE ESCRITOS POR MESES AÑO 2013 Mes Entradas de escritos Salidas de escritos Enero 556 839 Febrero 442 826 Marzo 456 641 Abril 430 833 Mayo 1196 1106 Junio 2535 1104 Julio 1292 1240 Agosto 752 622 Septiembre 7599 1354 Octubre 1756 1052 Noviembre 418 1016 Diciembre 4575 993 Total 22007 11626 Media mensual de entradas: 1833 Media mensual de salidas: 968 ENTRADAS Y SALIDAS DE ESCRITOS POR MESES IV- QUEJAS RECIBIDAS EN 2013 Durante 2013 la institución recibió el mayor número de expedientes de queja de su historia; fueron 18887 iniciativas, de las cuales 46 son promovidas de oficio por la propia defensoría. Hemos intentado mejorar la metodología de nuestro trabajo estadístico para ser cada vez más ilustrativos de la realidad. En 2012 comenzamos a tener en cuenta el número de personas que acudían a la institución, aunque fuera presentando asuntos con un contenido idéntico o similar. Nos parece relevante recoger este dato. No obstante, aún el pasado año no fuimos exhaustivos a la hora de reflejar este criterio y dejamos de contabilizar por ese medio tres asuntos, uno con 3000 personas reclamantes, otro con 1000 y el último con 600. Sólo desde 2012 podemos realizar una comparativa que resulte adecuada por la aproximación de la naturaleza de los datos, circunstancia que consolidamos mediante la incorporación de las cifras de los tres asuntos mencionadas a la estadística de ese año. 1. Comparación con ejercicios anteriores (de 1990 a 2011) NÚMERO DE QUEJAS POR AÑO Año Total 1990 (6 meses) 372 1991 781 1992 733 1993 805 1994 1301 1995 1056 1996 1615 1997 1397 1998 1900 1999 1581 2000 1188 2001 2656 2002 1635 2003 1307 2004 1400 2005 1309 2006 1805 2007 2280 2008 2558 2009 2634 2010 2396 2011 2768 ENTRADA DE QUEJAS POR AÑOS 1990-2011 2. Comparación de los ejercicios 2012 y 2013 ENTRADA DE QUEJAS POR AÑOS Total reclamantes Año Total reclamantes Total asuntos 2012 7382 1999 2013 18887 2746 Total reclamantes Total asuntos % Incremento de reclamantes y asuntos Año 2012 Año 2013 % Incremento Total reclamantes 7382 18887 156 % Total asuntos 1999 2746 37 % 3. Datos sociológicos reflejados en las quejas En primer término exponemos las quejas promovidas por personas y las iniciadas por iniciativa de la propia institución (de oficio). Personas que presentaron queja: 18841 (99,75 %) Quejas o actuaciones de oficio: 46 ( 0,25 %) Total: 18887 En los siguientes cuadros ofrecemos algunos datos sociológicos reflejados en las quejas: idioma (gallego, castellano u otros); género de los reclamantes; procedencia (medio urbano o rural, o de Galicia, alguna otra comunidad autónoma u otro país); modo de presentación (correo, internet, ...). Lógicamente, estos datos excluyen las quejas de oficio (46). TOTAL DE QUEJAS PRESENTADAS EN 2013: 18887 DATOS SOCIOLÓGICOS: 18887 (Referidos a 18841, dado que 46 quejas son de oficio) GÉNERO DE LOS RECLAMANTES: Hombres 8913 Mujeres 9928 IDIOMA: Gallego 14880 Castellano 3945 Inglés 16 MEDIO DEL RECLAMANTE: Medio urbano 18557 Medio rural 284 PROCEDENCIA TERRITORIAL: Residencia en Galicia 18643 Residencia fuera de Galicia 198 MODO DE PRESENTACION DE LAS QUEJAS: Presencial o por correo postal 15798 Página web del Valedor do Pobo 1062 Correo electrónico 1981 V. DISTRIBUCIÓN DE LAS QUEJAS POR RAZÓN DE LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DE PROCEDENCIA En los cuadros que siguen presentamos las quejas por razón de las provincias y municipios de los que proceden. En cuanto a las provincias, ofrecemos también el porcentaje representado por cada una de ellas en el conjunto de la Comunidad Autónoma, así como el número de quejas por cada diez mil habitantes. En lo tocante a los municipios, nos limitamos a ofrecer el número de quejas procedentes de cada uno de ellos. Aquellos de los que no recibimos ninguna queja aparecen con la cuadrícula en blanco. 1. Por provincias Como se puede observar en el siguiente cuadro, el mayor número de quejas procede de la provincia de Pontevedra, y el menor proviene de la provincia de Lugo. Ourense es la provincia que promueve mayor número de quejas por cada 10000 habitantes. Provincia Núm. de quejas presentadas Porcentaje sobre la Comunidad Autónoma Quejas por cada 10.000 habitantes A Coruña 3284 17,61 % 28,77 Lugo 1071 5,74 % 30,76 Ourense 6078 32,60 % 184,91 Pontevedra 8211 44,05 % 85,99 Total Galicia 18644 100 % 67,23 Fuera de Galicia 197 DISTRIBUCIÓN DE LAS QUEJAS POR PROVINCIAS 2. Por ayuntamientos Como podemos observar, la ciudad desde donde se presentaron más quejas fue Vigo (6889), seguida de Ourense (4203) y Santiago de Compostela (1121). También en el ámbito de los municipios intermedios destacan las numerosas quejas presentadas en Baños de Molgas (1805), Vilaboa (751) y Coristanco (497). En lo que se refiere a Baños de Molgas, se incluyen en este ayuntamiento todas las quejas relativas al transporte escolar compartido entre varios centros, a pesar de que parte de los reclamantes procedían de Allariz y Xunqueira de Ambía. A CORUÑA Ayuntamientos Núm. Quejas Abegondo 3 Ames 56 Aranga Ares 2 Arteixo 23 Arzúa 10 Baña, A 1 Bergondo 2 Betanzos 11 Boimorto 2 Boiro 16 Boqueixón 1 Brión 9 Cabana de Bergantiños 36 Cabanas 4 Camariñas 4 Cambre 19 Capela, A Carballo 19 Cariño Carnota Carral 1 Cedeira 1 Cee 5 Cerceda 4 Cerdido 1 Cesuras Coirós Corcubión Coristanco 497 Coruña, A 262 Culleredo 112 Curtis 4 Dodro 6 Dumbría Fene 15 Ferrol 184 Fisterra 3 Frades 1 Irixoa, A Laracha, A 11 Laxe 38 Lousame 1 Malpica de Bergantiños 4 Mañón Mazaricos 2 Melide 5 Mesía Miño 2 Moeche Monfero 1 Mugardos 9 Muros 5 Muxía 5 Narón 369 Neda Negreira 4 Noia 2 Oleiros 26 Ordes 8 Oroso 13 Ortigueira 2 Outes 1 Oza dos Ríos 1 Paderne Padrón 7 Pino, O 3 Pobra do Caramiñal , A 13 Ponteceso 4 Pontedeume 5 Pontes de García Rodríguez, As 8 Porto do Son 4 Rianxo 5 Ribeira 62 Rois 3 Sada 121 San Sadurniño Santa Comba 1 Santiago de Compostela 1121 Santiso 1 Sobrado 2 Somozas, As 2 Teo 39 Toques 1 Tordoia 2 Touro 1 Trazo 1 Val do Dubra 2 Valdoviño 3 Vedra 3 Vilarmaior Vilasantar 35 Vimianzo 2 Zas 10 TOTAL A CORUÑA 3284 LUGO Ayuntamientos Núm. Quejas Abadín 2 Alfoz Antas de Ulla 1 Baleira 1 Baralla 2 Barreiros 2 Becerreá Begonte 4 Bóveda 2 Burela 3 Carballedo Castro de Rei Castroverde 3 Cervantes 10 Cervo 2 Corgo, O 1 Cospeito 3 Chantada 5 Folgoso do Courel 2 Fonsagrada, A Foz 5 Friol 1 Guitiriz 4 Guntín 1 Incio, O Láncara Lourenzá Lugo 111 Meira Mondoñedo Monforte de Lemos 10 Monterroso 3 Muras Navia de Suarna 1 Negueira de Muñiz 1 Nogais, As 16 Ourol Outeiro de Rei 1 Palas de Rei 1 Pantón 2 Paradela Páramo, O Pastoriza, A 1 Pedrafita do Cebreiro 2 Pobra de Brollón, A Pol Pontenova, A 1 Portomarín Quiroga 3 Rábade Ribadeo 2 Ribas de Sil Ribeira de Piquín Riotorto Samos 1 Sarria 11 Saviñao, O 2 Sober Taboada 1 Trabada Triacastela Valadouro, O 2 Vicedo, O 2 Vilalba 6 Viveiro 441 Xermade 1 Xove 395 TOTAL LUGO 1071 OURENSE Ayuntamientos Núm. Quejas Allariz 2 Amoeiro 1 Arnoia, A 1 Avión Baltar 1 Bande Baños de Molgas 1805 Barbadás 1 Barco de Valdeorras, O 6 Beade Beariz Blancos, Os Boborás Bola, A Bolo, O 1 Calvos de Randín Carballeda de Valdeorras Carballeda de Avia 2 Carballiño, O 4 Cartelle 1 Castrelo de Miño Castrelo do Val Castro Caldelas Celanova 1 Cenlle 1 Coles Cortegada Cualedro Chandrexa de Queixa Entrimo Esgos 1 Gomesende Gudiña, A Irixo, O Larouco Laza 3 Leiro 1 Lobeira Lobios Maceda Manzaneda Maside Melón Merca, A Mezquita, A Montederramo 1 Monterrei Muíños Nogueira de Ramuín Oímbra Ourense 4203 Paderne de Allariz Padrenda Parada de Sil Pereiro de Aguiar, O 5 Peroxa, A Petín 1 Piñor Pobra de Trives, A 3 Pontedeva Porqueira Punxín 1 Quintela de Leirado Rairiz de Veiga Ramirás 2 Ribadavia 1 Riós Rúa, A 1 Rubiá 3 San Amaro San Cibrao das Viñas 2 San Cristovo de Cea San Xoán de Río Sandiás Sarreaus Taboadela 1 Teixeira, A Toén Trasmiras Veiga, A Verea Verín 9 Viana do Bolo Vilamarín Vilamartín de Valdeorras Vilar de Barrio 1 Vilar de Santos Vilardevós Vilariño de Conso 1 Xinzo de Limia 10 Xunqueira de Ambía 1 Xunqueira de Espadañedo TOTAL OURENSE 6078 PONTEVEDRA Ayuntamientos Núm. Quejas Agolada 1 Arbo 4 Baiona 8 Barro 3 Bueu 6 Caldas de Reis 3 Cambados 5 Campo Lameiro Cangas 9 Cañiza, A 8 Catoira 3 Cerdedo 1 Cotobade 3 Covelo, O Crecente Cuntis 2 Dozón Estrada, A 18 Forcarei 2 Fornelos de Montes Gondomar 7 Grove, O 8 Guarda, A 5 Illa de Arousa 3 Lalín 4 Lama, A 10 Marín 21 Meaño Meis 1 Moaña 26 Mondariz 3 Mondariz-Balneario Moraña 3 Mos 3 Neves, As 2 Nigrán 11 Oia 2 Pazos de Borbén Poio 17 Ponteareas 14 Pontecaldelas 2 Pontecesures 11 Pontevedra 169 Porriño, O 11 Portas 1 Redondela 16 Ribadumia Rodeiro Rosal, O 2 Salceda de Caselas 6 Salvaterra de Miño 6 Sanxenxo 12 Silleda 58 Soutomaior 5 Tomiño 5 Tui 11 Valga 2 Vigo 6889 Vila de Cruces 2 Vilaboa 751 Vilagarcía de Arousa 29 Vilanova de Arousa 7 TOTAL PONTEVEDRA 8211 VI. CURSO DADO A LAS QUEJAS RECIBIDAS Aquí clasificamos las quejas en tres grupos, por razón del procedimiento seguido en su tramitación. Incluimos en el primer grupo las quejas que admitimos la trámite, distinguiendo entre ellas aquellas en las que concluimos su tramitación durante 2013 y las que aún continuaban en trámite al finalizar el ejercicio. En el segundo grupo describimos las quejas que fueron admitidas a trámite por no reunir las condiciones exigidas por la ley que rige nuestra institución, mencionando la causa. Y en tercer lugar tratamos las quejas que enviamos al Defensor del Pueblo o a otros comisionados parlamentarios autonómicos, por ser de su competencia. CURSO DE LAS QUEJAS QUEJAS PRESENTADAS Núm. Admitidas: 18508 En trámite 6818 Concluidas 11689 No admitidas 327 Causas: No actuación administrativa irregular 14 No actuación administrativa previa 27 Relación jurídico-privada 39 Competencia judicial 40 No competencia del Valedor 186 Queja inconcreta 1 Inexistencia de pretensión 1 Queja anónima 3 Plazo superior a un año 2 Asunto sub-iudice 5 Consulta-asesoramiento 3 Toma de conocimiento 6 Remitidas al Defensor del Pueblo y otros comisionados parlamentarios 52 DISTRIBUCIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS VII. ESTADÍSTICAS POR ÁREA TEMÁTICA 1. Distribución de quejas según las áreas temáticas a las que se refieren Distribuimos en el siguiente cuadro las quejas iniciadas en el año 2013 según las áreas temáticas a las que se refieren. Como se puede comprobar, las áreas que concentraron un mayor número de reclamantes o quejas fueron las de sanidad, con 10.904 (57,73 %), educación, con 2.864 (15,16 %) y obras públicas y expropiaciones, con 1.007 (5,33 %). ÁREAS NÚMERO PORCENTAJE Empleo público e interior 475 2,51 Urbanismo y vivienda 285 1,51 Medio ambiente 804 4,26 Educación 2864 15,16 Industria, comercio y turismo 870 4,61 Agricultura, ganadería y pesca 41 0,22 Servicios sociales 208 1,10 Emigración y trabajo 64 0,34 Sanidad 10904 57,73 Justicia 157 0,83 Administración económica y transportes 189 1,00 Obras públicas y expropiaciones 1007 5,33 Corporaciones locales, servicios municipales y protección civil 255 1,35 Menores 35 0,19 Cultura y política lingüística 619 3,28 Sociedad de la información 110 0,58 Total 18887 Como ya tuvimos ocasión de explicar, el anterior recuento hace referencia al número de personas que han promovido queja en la institución. Si nos fijamos en el número de asuntos, entonces las áreas con más volumen son medio ambiente, con 655 (23,85 %), empleo público e interior, con 261 (9,50 %), y urbanismo y vivienda, con 251 (9,14 %). Los asuntos se distribuyen por áreas de la forma que exponemos en el siguiente cuadro. ÁREAS NÚMERO PORCENTAJE Empleo público e interior 261 9,50 Urbanismo y vivienda 251 9,14 Medio ambiente 655 23,85 Educación 178 6,19 Industria, comercio y turismo 122 4,44 Agricultura, ganadería y pesca 41 1,49 Servicios sociales 208 7,57 Emigración y trabajo 64 2,33 Sanidad 147 5,35 Justicia 157 5,72 Administración económica y transportes 189 6,88 Obras públicas y expropiaciones 59 2,15 Corporaciones locales, servicios municipales y protección civil 205 7,47 Menores 35 1,27 Cultura y política lingüística 72 2,62 Sociedad de la información 110 4,01 Total 2746   De entre los asuntos con respaldo de una pluralidad de personas destacan los siguientes: > Q/5514/13 y otras: solicitud de supervisión de la actividad desarrollada por el Hospital POVISA por parte de la Xunta (6.665 quejas). > Q/14684/13 y otras: desaparición de la atención continuada en el servicio de cirugía pediátrica del complejo hospitalario de Ourense (4.094 quejas). > Q/1918/13 y otras: modificación de transporte escolar por cambio de horario en los colegios de Allariz, Xunqueira de Ambía y Baños de Molgas (1.807 quejas). 2. Estado procedimental por áreas ESTADO PROCEDIMENTAL DE QUEJAS POR ÁREAS POR ÁREAS NUM. QUEJAS EN CADA ÁREA QUEJAS REMITIDAS AL D.P. QUEJAS NO ADMITIDAS QUEJAS ADMITIDAS Núm. % Núm. % Núm. % Empleo público e interior 475 9 1,89 38 8,00 428 90,11 Urbanismo y vivienda 285 1 0,35 26 9,12 258 90,53 Medio ambiente 804 0 0,00 41 5,10 763 94,90 Educación 2864 0 0,00 4 0,14 2860 99,86 Industria, comercio y turismo 870 2 0,23 35 4,02 833 95,75 Agricultura, ganadería y pesca 41 0 0,00 1 2,44 40 97,56 Servicios sociales 208 0 0,00 5 2,40 203 97,60 Emigración y trabajo 64 2 3,13 27 42,19 35 54,69 Sanidad 10904 1 0,01 3 0,03 10900 99,96 Justicia 157 19 12,10 86 54,78 52 33,12 Administración económica y transportes 189 11 5,82 39 20,63 139 73,54 Obras públicas y expropiaciones 1007 6 0,60 6 0,60 995 98,81 Corporaciones locales, servicios municipales y protección civil 255 0 0,00 5 1,96 250 98,04 Menores 35 0 0,00 3 8,57 32 91,43 Cultura y política lingüística 619 0 0,00 7 1,13 612 98,87 Sociedad da información 110 1 0,91 1 0,91 108 98,18 TOTAL 18887 52 0,28 327 1,73 18508 97,99 3. Las causas de no admisión por áreas Las quejas que no fueron admitidas a trámite durante 2013 son en total 327. Hay que resaltar que la “no admisión” no significa ausencia de atención a la queja formulada; siempre se motiva ampliamente esa no admisión y sobre todo se informa de lo más conveniente en la defensa de los derechos o intereses del reclamante, si observamos la existencia de una actuación alternativa. En el cuadro que sigue ofrecemos esquemáticamente y por áreas las causas por las que no fueron admitidas. En el capítulo 2, al hacer la descripción de las quejas por áreas, ya se realiza una exposición pormenorizada de muchas de ellas. ÁREA Número quejas No actuación administrativa irregular No actuación administrativa previa Relación jurídico-privada Queja Anónima Plazo superior a un ano Queja inconcreta Asunto sub-iudice Inexistencia de pretensión Competencia judicial No competencia del Valedor do Pobo Consulta Asesoramiento Toma de conocimiento Empleo público e interior 38  3  1  2  2  0  0  1  0  1  23  0  5  Urbanismo y vivienda 26  3  2  7  0  1  0  1  0  8  4  0  0  Medio ambiente 41  0  1  0  0  0  0  0  0  0  40  0  0  Educación 4  1  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  Industria, comercio e turismo 35  0  10  19  0  0  0  0  0  0  5  1  0  Agricultura, ganadería y pesca 1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  Servicios sociales 5  0  1  0  0  0  1  0  0  1  2  0  0  Emigración y trabajo 27  0  0  1  0  0  0  0  0  1  24  1 0  Sanidad 3  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  Justicia 86  0  0  0  0  0  0  3  0  21  62  0  0  Administración económica y transportes 39  6  5  6  0  1  0  0  0  4  17  0  0  Obras públicas y expropiaciones 6  0  1  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  Corporaciones locales, servicios municipales y protección civil 5  0  3  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  Menores 3  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  Cultura y Política Lingüística 7  0  2  2  0  0  0  0  0  0  2  1 0  Sociedad de la información 1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  TOTAL 327  14  27  39  3  2  1  5  1  40  186  3 6  VIII. ESTADÍSTICA POR ADMINISTRACIONES AFECTADAS 1.Distribución de las quejas admitidas por razón de las áreas de la administración pública a las que se refieren En el cuadro que sigue ofrecemos las quejas que fueron admitidas a trámite, distribuidas por razón de las áreas da Administración pública a las que se refieren. Distinguimos aquí también entre las quejas que estaban concluidas al finalizar el año 2013 y las que seguían aún en proceso de tramitación. ÁREAS NÚM. QUEJAS ADMITIDAS EN TRÁMITE CONCLUIDAS Núm. Núm. % Núm. % Empleo público e interior 428 56 13,08 372 86,92 Urbanismo y vivienda 258 133 51,55 125 48,45 Medio ambiente 763 59 7,73 704 92,27 Educación 2860 471 16,47 2389 83,53 Industria, comercio y turismo 833 760 91,24 73 8,76 Agricultura, ganadería y pesca 40 12 30,00 28 70,00 Servicios sociales 203 33 16,26 170 83,74 Emigración y trabajo 35 3 8,57 32 91,43 Sanidad 10900 4123 37,83 6777 62,17 Justicia 52 6 11,54 46 88,46 Administración económica y transportes 139 36 25,90 103 74,10 Obras públicas y expropiaciones 995 23 2,31 972 97,69 Corporaciones locales, servicios municipales Y protección civil 250 43 17,20 207 82,80 Menores 32 17 53,13 15 46,88 Cultura y política lingüística 612 569 92,97 43 7,03 Sociedad de la información 108 29 26,85 79 73,15 TOTAL 18508 6373 34,43 12135 65,57 2.Distribución de las quejas referidas a la administración pública gallega, según niveles Ofrecemos en el siguiente cuadro las quejas que se refieren a las administraciones públicas gallegas, distribuidas entre cada una, esto es, en función de si afectan a la Xunta de Galicia, a los ayuntamientos, a las diputaciones provinciales o a las universidades. Quedan por lo tanto fuera de esta clasificación las que se refieren a la Administración General del Estado y los órganos jurisdiccionales. Administración Quejas Número Porcentaje Administración autonómica gallega 16295 91,31 % Ayuntamientos 604 3,38 % Diputaciones Provinciales 21 0,11 % Universidades gallegas: * Santiago de Compostela 311 * A Coruña 296 * Vigo 315 * CIUG 3 925 5,20 % Total 17845 TOTAL DE ACTUACIONES Administraciones gallegas 17845 Otras (Estado, órganos Jurisdiccionales, etc.) 864 TOTAL 18709 DISTRIBUCIÓN DE LAS QUEJAS POR LAS ADMINISTRACIONES AFECTADAS 3.Distribución de las quejas que se refieren a la Xunta de Galicia, según consellerías Las quejas que se refieren a la Xunta de Galicia las presentamos en el siguiente cuadro distribuidas por consellerías. Como se observa en el cuadro, las más numerosas son las que se refieren a la Consellería de Sanidade y a la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, con porcentajes del 69,20 % y 15,40 %, respectivamente. Consellerías Núm. quejas Porcentajes Presidencia da Xunta de Galicia 10 0,06 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 11 0,07 Consellería de Facenda 25 0,15 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 1256 7,71 Consellería de Economía e Industria 1114 6,84 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 2654 16,29 Consellería de Sanidade 10966 67,30 Consellería de Traballo e Benestar 216 1,33 Consellería do Medio Rural e do Mar 43 0,26 Total 16295 . DISTRIBUCIÓN POR CONSELLERIAS DE LAS QUEJAS QUE AFECTAN A LA XUNTA DE GALICIA 4.Distribución de las quejas referidas a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos En estos cuadros constan los datos numéricos sobre las quejas referidas a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos. Los datos referidos a los ayuntamientos los presentamos distribuidos por provincias. Observamos que el ayuntamiento con más quejas es Sada con 129 quejas. Los siguientes fueron Santiago de Compostela (42), A Coruña (27) y Ferrol (24). A) Quejas referidas a las diputaciones provinciales: Diputación Provincial de A Coruña 12 Diputación Provincial de Lugo 4 Diputación Provincial de Ourense 3 Diputación Provincial de Pontevedra 2 B) Quejas referidas a los ayuntamientos: a) A CORUÑA Ayuntamiento Núm. Quejas Abegondo Ames 4 Aranga Ares 1 Arteixo 7 Arzúa 5 Baña, A Bergondo 1 Betanzos 1 Boimorto Boiro 4 Boqueixón Brión 2 Cabana de Bergantiños 1 Cabanas 4 Camariñas 1 Cambre 3 Capela, A Carballo 2 Cariño Carnota Carral 1 Cedeira 1 Cee 2 Cerceda Cerdido Cesuras Coirós Corcubión Coristanco 1 Coruña, A 27 Culleredo 3 Curtis Dodro 4 Dumbría 1 Fene 4 Ferrol 24 Fisterra 1 Frades Irixoa, A Laxe 2 Laracha 2 Lousame Malpica de Bergantiños 1 Mañón Mazaricos 1 Melide 4 Mesía Miño 1 Moeche Monfero 1 Mugardos 6 Muxía Muros 4 Narón 5 Neda 1 Negreira 3 Noia 1 Oleiros 4 Ordes 3 Oroso 3 Ortigueira 1 Outes 1 Oza dos Ríos Paderne Padrón 3 Pino, O Pobra do Caramiñal, A 5 Ponteceso 2 Pontedeume 3 Pontes de García Rodríguez, As Rodríguez, As 4 Porto do Son 2 Rianxo 2 Ribeira 5 Rois 1 Sada 129 San Sadurniño Santa Comba 2 Santiago de Compostela 42 Santiso Sobrado Somozas 2 Teo 3 Toques Tordoia Touro Trazo Val do Dubra Valdoviño 3 Vedra Vilarmaior Vilasantar 1 Vimianzo 3 Zas 1 TOTAL A CORUÑA 362 b) LUGO Ayuntamiento Núm. Quejas Abadín Alfoz 1 Antas de Ulla 1 Baleira Baralla Barreiros 1 Becerreá Begonte Bóveda 2 Burela 1 Carballedo Castro de Rei Castroverde Cervantes Cervo Corgo, O 1 Cospeito Chantada Folgoso do Courel Fonsagrada, A Foz 4 Friol Guitiriz 2 Guntín Incio, O Láncara Lourenzá Lugo 5 Meira 1 Mondoñedo Monforte de Lemos 5 Monterroso 3 Muras Navia de Suarna Negueira de Muñiz 1 Nogais, As Ourol Outeiro de Rei Palas de Rei Pantón 1 Paradela Páramo, O Pastoriza, A Pedrafita do Cebreiro Pobra de Brollón, A Pol Pontenova, A Portomarín Quiroga 2 Rábade 2 Ribadeo Ribas de Sil Ribeira de Piquín Riotorto Samos Sarria 2 Saviñao, O Sober Taboada 1 Trabada Triacastela Valadouro, O Vicedo, O 1 Vilalba 2 Viveiro 3 Xermade Xove TOTAL LUGO 42 c) OURENSE Ayuntamiento Núm. Quejas Allariz Amoeiro Arnoia, A 1 Avión Baltar Bande Baños de Molgas Barbadás Barco de Valdeorras, O 3 Beade Beariz Blancos, Os Boborás Bola, A Bolo, O 2 Calvos de Randín Carballeda de Valdeorras Carballeda de Avia 1 Carballiño, O 2 Cartelle Castrelo de Miño Castrelo do Val Castro Caldelas Celanova Cenlle Coles Cortegada Cualedro Chandrexa de Queixa Entrimo Esgos Gomesende Gudiña, A Irixo, O Larouco Laza Leiro 2 Lobeira Lobios 1 Maceda Manzaneda 1 Maside Melón 1 Merca, A Mezquita, A Montederramo 1 Monterrei Muíños Nogueira de Ramuín Oímbra 2 Ourense 20 Paderne de Allariz Padrenda Parada de Sil Pereiro de Aguiar, O 4 Peroxa, A Petín Piñor Pobra de Trives, A 2 Pontedeva Porqueira Punxín 1 Quintela de Leirado Rairiz de Veiga Ramirás Ribadavia 2 Riós 1 Rúa, A Rubiá 2 San Amaro San Cibrao das Viñas San Cristovo de Cea 1 San Xoán de Río Sandiás Sarreaus Taboadela Teixeira, A Toén Trasmiras Veiga, A Verea Verín 2 Viana do Bolo Vilamarín Vilamartín de Valdeorras 1 Vilar de Barrio 1 Vilar de Santos Vilardevós Vilariño de Conso Xinzo de Limia 5 Xunqueira de Ambía Xunqueira de Espadañedo TOTAL OURENSE 59 d) PONTEVEDRA Ayuntamiento Núm. Quejas Agolada 1 Arbo 1 Baiona 4 Barro Bueu 1 Caldas de Reis 1 Cambados Campo Lameiro Cangas 2 Cañiza, A 2 Catoira Cerdedo Cotobade Covelo, O Crecente 1 Cuntis Dozón Estrada, A 5 Forcarei 1 Fornelos de Montes Gondomar 7 Grove, O 6 Guarda, A 3 Illa de Arousa, A 1 Lalín Lama, A Marín 12 Meaño Meis 1 Moaña 12 Mondariz 1 Mondariz-Balneario Moraña 1 Mos Neves, As 2 Nigrán 3 Oia Pazos de Borbén Poio 7 Ponteareas 7 Pontecaldelas Pontecesures 2 Pontevedra 12 Porriño, O 3 Portas Redondela 4 Ribadumia Rodeiro Rosal, O Salceda de Caselas 4 Salvaterra de Miño Sanxenxo 2 Silleda 1 Soutomaior 1 Tomiño Tui 1 Valga Vigo 21 Vila de Cruces Vilaboa 2 Vilagarcía de Arousa 5 Vilanova de Arousa 1 TOTAL PONTEVEDRA 141 IX. ACTUACIONES DE OFICIO El Valedor do Pobo promovió durante el año 2013 un total de 46 quejas de oficio, y abrió sendas investigaciones sobre asuntos que, a su criterio, generaron un perjuicio importante a los afectados. Con estas acciones la institución comisionada del Parlamento de Galicia incide en cuestiones que por su relevancia o repercusión requieren de un tratamiento más exhaustivo. 1. Quejas de oficio de 2013 ÁREAS QUEJAS DE OFICIO Empleo público e interior 1 Urbanismo y vivienda 1 Medio ambiente 3 Educación 4 Industria, comercio y turismo 2 Servicios sociales 3 Sanidad 5 Justicia 1 Administración económica y transportes 17 Obras públicas y expropiaciones 1 Corporaciones locales, servicios municipales y protección civil 1 Menores 2 Cultura y política lingüística 3 Sociedad de la información 2 TOTAL 46 2. Comparativa con otros años QUEJAS DE OFICIO POR AÑOS Año Total 2002 37 2003 14 2004 21 2005 22 2006 29 2007 40 2008 27 2009 14 2010 21 2011 18 2012 36 2013 46 X. RESOLUCIONES DEL VALEDOR DO POBO El artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del Valedor do Pobo, preceptúa que la institución podrá “formular a las autoridades y funcionarios de las administraciones públicas advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas”, mientras el párrafo 2º del mismo artículo impone a funcionarios y autoridades el deber de responder “siempre por escrito y en el plazo de un mes” a estas resoluciones. Por lo tanto, se establece una obligación de colaboración relacionada con el planteamiento de las resoluciones: el deber de responder a éstas. Como consecuencia de las investigaciones realizadas el Valedor do Pobo formuló durante 2013 un total de 157 recordatorios de deberes legales, recomendaciones o sugerencias, lo que evidencia una intensa actividad. De todos ellos fueron aceptados 115, más del 73%. Un total de 41 fueron rechazados o no tuvieron efectividad, encontrándose pendientes de respuesta expresa unha resolución al final del año. La mayoría de las indicaciones expresas dirigidas a las administraciones gallegas, por tanto, dieron lugar a la solución del conflicto. De la misma forma, otras intervenciones proactivas de diferente tipo ante esos poderes públicos permitieron solucionar multitud de problemas en los que constatamos que el ciudadano veía vulnerados sus derechos. RESOLUCIONES FORMULADAS TOTAL ACEPTADAS NO ACEPTADAS PENDIENTES Nº % Nº % Nº % Recordatorios deberes legales 11 9 81 2 19 0 0 Recomendaciones 131 94 72 36 27 1 1 Sugerencias 15 12 80 3 20 0 0 Total resoluciones 157 115 73 41 26 1 1 XI. ESTADÍSTICAS RELACIONADAS CON EL DEBER DE COLABORACIÓN Los poderes públicos de Galicia están obligados a prestar la ayuda y la colaboración que les sean demandados por el Valedor do Pobo en sus actuaciones. En caso de que exista una desatención grave con la institución, la ley establece la posibilidad de declararlos hostiles o entorpecedores para con labor de la defensoría. Durante el año 2013, a pesar de no ser necesario llegar a este último extremo, el Valedor do Pobo sí se vio obligado a realizar numerosos recordatorios de deberes legales y advertencias enérgicas exigiendo el respeto a la legalidad. Esas llamadas de atención más contundentes se dirigieron durante el ejercicio en 12 ocasiones a algún departamento de la administración autonómica y en 16 a diferentes ayuntamientos. Administración Autonómica: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: 6 veces (Q/2630/12, Q/2689/12, Q/2690/12, Q/2696/12, Q/2701/12 y Q/2780/12) Consellería de Economía e Industria: 2 veces (Q/2440/12 y Q/34/13) Consellería de Traballo e Benestar: 2 veces (Q/484/12 y Q/2558/12) Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: 2 veces (Q/53/13 y Q/141/13) Administración Local: Provincia de A Coruña Concello de Padrón: 1 vez (Q/1996/12) Provincia de Lugo Concello de Cospeito: 1 vez (Q/2463/12) Concello de Lugo: 1 vez (Q/2146/12) Concello de Sarria: 3 veces ( Q/509/12, Q746/13 y Q/5560/13) Concello do Saviñao: 1 vez (Q/2272/12) Provincia de Ourense Concello de Pobra de Trives: 1 vez (Q/668/13) Concello de Celanova: 1 vez (Q/2124/12) Provincia de Pontevedra Concello de Bueu: 1 vez (Q/531/12) Concello de Gondomar: 1 vez (Q/357/11) Concello de Ponteareas: 1 vez (Q/2687/12) Concello de Tui: 1 vez (Q/357/12) Concello de Vigo: 3 veces (Q/2208/1, Q/2610/12 y Q/811/13) XII. ESTADÍSTICAS RELACIONADAS CON EL DEBER DE INFORMAR En el deber de colaboración se enmarca el deber específico de que las administraciones afectadas informen en plazo de lo que se les requiera por el alto comisionado parlamentario. Los siguientes cuadros ofrecen una aproximación de las administraciones y órganos a los que se les tuvo que reiterar la petición de informe en más de dos ocasiones y el número de veces que tal circunstancias tuvo lugar. A) XUNTA DE GALICIA ADMINISTRACIÓN Nº Quejas Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 1 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 23 Consellería de Economía e Industria 9 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 28 Consellería de Sanidade 8 Consellería de Traballo e Benestar 15 Consellería del Medio Rural e do Mar 1 B) OTRAS ADMINISTRACIONES ADMINISTRACIÓN Nº Quejas Deputación Provincial de Lugo 1 Universidade de Vigo 1 C) AYUNTAMIENTOS A CORUÑA Ayuntamiento Nº Quejas Muros 1 Coristanco 2 A Pobra do Caramiñal 2 Fene 2 Padrón 2 Fene 2 Ferrol 1 Cabanas 1 Boiro 1 Malpica 1 Pontedeume 1 A Laracha 1 LUGO Ayuntamiento Nº Quejas Bóveda 1 Lugo 2 Sarria 2 OURENSE Ayuntamiento Nº Quejas A Pobra de Trives 1 Ourense 2 O Carballiño 1 PONTEVEDRA Ayuntamiento Nº Quejas Ponteareas 2 O Grove 2 Tui 1 Baiona 1 Marín 2 O Porriño 1 Vigo 6 Vilagarcía de Arousa 1 Silleda 1 Gondomar 1 Moaña 2 A Estrada 1 X- ESTADISTICAS DE REDES SOCIALES 1.TWITTER A) Tweets enviados Tweets 2013 Enero 4 Febrero 5 Marzo 9 Abril 31 Mayo 16 Junio 7 Julio 22 Agosto 5 Septiembre 9 Octubre 6 Noviembre 13 Diciembre 10 TOTAL 137 B) Seguidores. Hasta el 31 de diciembre de 2013 contabilizamos 967 seguidores C) Tipología de los seguidores en Twitter D) Palabras más utilizadas en el Twitter del Valedor do Pobo E) Menciones Menciones 2013 Enero 1 Febrero 0 Marzo 2 Abril 13 Mayo 11 Junio 5 Julio 5 Agosto 0 Septiembre 6 Octubre 5 Noviembre 14 Diciembre 15 TOTAL 77 F) Retweets que nos hicieron nuestros seguidores Retweets 2013 Enero 0 Febrero 2 Marzo 6 Abril 19 Mayo 8 Junio 2 Julio 7 Agosto 6 Septiembre 3 Octubre 0 Noviembre 14 Diciembre 5 TOTAL 72 G) Estadísticas generales 2. FACEBOOK A) Total de me gusta en Facebook B) Me gusta netos C) Procedencia de los “me gusta” D) Alcance total de las publicaciones Número de personas que vieron alguna actividad de la página, incluidas las publicaciones, las publicaciones de otras personas, anuncios sobre personas a las que les gusta nuestra página, menciones y visitas. E) Personas a las que les gusta nuestro Facebook MUJERES HOMBRES Nuestras fans Todo Facebook Nuestros fans Todo Facebook CAPÍTULO 2 RESUMEN DE LAS QUEJAS POR ÁREAS ÁREA DE EMPLEO PÚBLICO E INTERIOR I- INTRODUCCIÓN El área de empleo público e interior recoge el conjunto de quejas que tratan temas relativos a función pública, orden público y tráfico, siendo el primero de ellos el que registra un mayor volumen de expedientes. Como punto de partida de este informe, debemos recordar que ya en el año 2012 se produjeron importantes cambios normativos que afectaron a las condiciones laborales de los trabajadores de las administraciones públicas, lo que conllevó, tal y como señalamos en el informe correspondiente, un aumento significativo de las quejas. Algunas de las medidas adoptadas para la contención del gasto público que han incidido sobre las condiciones de trabajo de los empleados públicos, han continuado siendo de aplicación (total o parcialmente) durante 2013, lo que ha provocado la presentación ante el Valedor do Pobo de un número significativo de quejas en las que sus autores discrepan de la aplicación de tales medidas. El Real Decreto-ley 20/2012 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, tiene carácter básico y resulta de aplicación a todas las administraciones en algunas de sus previsiones y, en cambio, en otras disposiciones, se aplica únicamente a la Administración del Estado. Las medidas de alcance general, que se refieren principalmente al aspecto retributivo, a las condiciones laborales y al acceso a la función pública, como decíamos, siguen todas ellas con efectos a día de hoy. La Ley 17/2012 de presupuestos generales del estado para el año 2013, establece la congelación de los sueldos de los empleados públicos y, por tratarse de legislación básica, resulta de obligado cumplimiento para todas las administraciones, incluida la Xunta de Galicia. La Ley 2/2013 de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2013, recoge además que, en nuestro territorio, el personal funcionario, docente, altos cargos, el personal directivo de las entidades instrumentales del sector público autonómico, el laboral o al servicio de las instituciones sanitarias percibirá el 60% de media de las dos pagas extraordinarias, las cuales estarán únicamente formadas por el sueldo base, los trienios y el complemento de destino, o cantidad equivalente, ajuste enmarcado en la necesidad de mantener la sostenibilidad de las cuentas públicas. Aunque la política de contención del gasto público sigue siendo una de las claves para la reducción del déficit durante el 2013, teniendo un año más el proceso de estabilidad presupuestaria un destacado reflejo en los gastos de personal, las quejas de los afectados por tal medida han sido considerablemente menores, frente al destacado número de las recibidas en el año 2012 por la supresión completa de la paga extraordinaria del segundo semestre. Esto se explica por la diferencia en la intensidad del ajuste que recoge la ley de presupuestos para 2013, respecto al realizado en 2012, que ha conllevado una disminución notable del número de expedientes abiertos en este ámbito. Como explicamos, si bien por la minoración establecida en la Ley 20/2012 se suprimió en el año 2012 la paga extraordinaria del mes de diciembre y la paga adicional del complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre, la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia para 2013 estableció la no percepción en 2013 de una cuantía coincidente con las pagas adicionales del complemento específico de junio y diciembre para el personal funcionario, y de un porcentaje análogo sobre las retribuciones íntegras anuales para el resto del personal del sector público autonómico. La Orden de 11 de marzo de 2013 por la que se dictan instrucciones sobre la confección de nóminas del personal al servicio de la administración autonómica para el año 2013 ha concretado las características del ajuste retributivo recogido en la ley de presupuestos de la comunidad autónoma para 2013. Por lo que se refiere a las condiciones laborales, en la Ley 1/2012 de medidas temporales en determinadas materias del empleo público de la Comunidad Autónoma de Galicia se adoptó una serie medidas extraordinarias, urgentes y de carácter temporal encaminadas a lograr una mayor eficiencia en los recursos públicos y obtener una mayor productividad de los recursos humanos, ante la gravedad de situación económica y la consiguiente necesidad de reducir el déficit público. Estas disposiciones han seguido vigentes durante 2013, incidiendo sobre las condiciones laborales de los trabajadores del sector público y generando una significativa remisión de denuncias por afectados que cuestionan la aplicación de las mismas. Para terminar el análisis de las limitaciones impuestas por la normativa presupuestaria, hay que señalar que la actual regulación de la oferta de empleo público, ha derivado en un notable incremento del número de quejas relativas a las restricciones al ingreso de nuevo personal en el sector público. Así, la Ley 11/2011 de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2012, establecía en su artículo 31 que no procedería la contratación de nuevo personal laboral temporal, ni el nombramiento de personal estatutario temporal ni el nombramiento de personal funcionario interino. Esta regulación se reproduce en su integridad en el artículo 34 de la Ley 2/2013 de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2013. Este régimen restrictivo queda excluido para casos excepcionales y para cubrir las necesidades urgentes e inaplazables del personal de los centros asistenciales del Servicio Gallego de Salud, ajustándose las contrataciones o vinculaciones temporales a las necesidades estrictas del servicio y estableciéndose el límite en las previsiones presupuestarias existentes. Siguiendo las directrices anteriores, se promulga el Decreto 182/2013 por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente a plazas de personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2013, que en la propia exposición de motivos señala que “El artículo 23.1 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013, dispone que durante el ejercicio 2013 no se procederá en el sector público autonómico a la incorporación de nuevo personal, excepto el que pueda derivarse de la ejecución de ofertas de empleo público de ejercicios anteriores. No obstante, siempre que se respete la disponibilidad presupuestaria del capítulo I, el artículo 23.2 exceptúa de la anterior limitación a determinados sectores y colectivos de marcado carácter prioritario respecto de los que la tasa de reposición de efectivos se fija en el 10 %. A estos efectos se considerarán efectivos aquellos que vengan desempeñando su actividad en servicios que tienen carácter permanente en la Comunidad Autónoma.” Es precisamente la continuidad de estas limitaciones a la contratación de personal laboral temporal y al nombramiento de funcionarios interinos durante el año 2013, lo que ha originado un incremento de las quejas no solo en cuanto a las convocatorias de plazas sino también al funcionamiento de las listas de contratación temporal y a las interinidades. Destaca igualmente por el número de expedientes, las denuncias procedentes de participantes en procesos selectivos, tanto de la administración autonómica como local y provincial, que solicitan la intervención del Valedor do Pobo ante presuntas irregularidades en los procesos selectivos para el acceso a la función pública. Existe, con carácter general, una sólida conciencia ciudadana respecto a que el cumplimiento de los principios de transparencia y legalidad en estas pruebas constituye un pilar esencial de nuestra sociedad democrática; pero del análisis de las quejas se desprende, igualmente, que el dramático contexto socioeconómico de la crisis ha conllevado un incremento en el número de participantes en los diversos procesos selectivos convocados por la administración –ya sea para plazas de funcionarios de carrera, interinos, personal laboral, personal eventual, becarios o de bolsas de empleo- generando, si cabe, un mayor y más minucioso escrutinio sobre el desarrollo de los procesos. Por último, parece necesario señalar al respecto de los derechos relativos a la buena administración que, esta institución considera fundamental continuar con la línea directriz, ya señalada en años anteriores e intensificada en el período inmediatamente anterior, de censurar la perniciosa práctica del silencio administrativo, que genera en los ciudadanos una auténtica inseguridad jurídica e indefensión material y que los obliga a acudir a la vía jurisdiccional, ahora más onerosa que nunca, para la resolución de sus conflictos. No obstante, debemos mencionar que las quejas en este sentido han disminuido, con lo que entendemos que las diferentes administraciones se han echo eco de nuestras reiteradas recomendaciones sobre el deber de “dictar resolución expresa en todos los procedimientos y notificarlos, cualquier que sea su forma de iniciación” que establece el artículo 42 de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. En lo que respecta a las otras secciones que comprende el área de empleo público e interior, tenemos que señalar que, en primer lugar, en materia de orden público, se mantiene estable el número de escritos remitidos por los interesados solicitando nuestra intervención, destacando en este apartado que, en buena medida, son quejas que se refieren a actuaciones de la Administración General del Estado y, en consecuencia, le corresponde conocer de ellas al Defensor del Pueblo, por lo que procedemos a trasladarlas y a comunicar tal circunstancia a los autores de las quejas. En cuanto a la tercera sección que comprende “empleo público e interior”, esto es, tráfico, no experimenta variaciones cuantitativas ni cualitativas con respecto a ejercicios anteriores, encontrándonos principalmente con quejas motivadas por la comisión de infracciones de tráfico a nivel local que originan la incoación de expedientes sancionadores. II- DATOS CUANTITATIVOS Durante el ejercicio 2013, en el área de empelo público e interior se iniciaron un total de 475 quejas, un número notablemente superior al registrado en el año anterior, pero que tiene una clara explicación: durante este ejercicio se recibió un conjunto de quejas múltiples con idéntico contenido, que originaron un total 215 expedientes. De ahí, que para realizar una comparativa equilibrada que permita hacer un análisis cuantitativo con el año anterior, el desglose debe realizarse teniendo en cuenta por una parte el total de quejas recibidas (no acumuladas), y por otra, el número de quejas registradas contabilizando como un único expediente el grupo de quejas idénticas al que nos hemos referido (acumuladas). Total reclamantes Total asuntos Iniciadas 475 261 Admitidas 428 90,11 % 214 81,99 % No admitidas 38 8,00 % 38 14,56 % Remitidas al Defensor del Pueblo 9 1,89 % 9 3,45 % La situación de las quejas admitidas a trámite es la que se especifica a continuación: Total reclamantes Total asuntos Concluidas 372 86,92 % 205 78,54 % En trámite 56 13,08 % 56 21,46 % Por lo que respecta a las quejas presentadas en años anteriores y pendientes de resolución en algún momento de 2013, la situación actual es la siguiente: Año de presentación En trámite a 31-12-2012 Reabiertas Total Resueltas En trámite a 31-12-2013 2011 0 1 1 1 0 2012 57 4 61 59 2 III. ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN 1. Empleo público A la vista del conjunto de quejas recibidas sobre empleo público, consideramos oportuno agruparlas a efectos expositivos en siete grandes apartados: el referente a los problemas surgidos del funcionamiento de las listas de contratación temporal y el llamamiento de los inscritos en ellas; el relativo a las presuntas irregularidades que pueden haberse producido en los procesos de selección realizados por las administraciones públicas; el de las dilaciones con respecto a las convocatorias de plazas de personal público; el concerniente a la concesión y mantenimiento de las comisiones de servicios; el apartado referido a la configuración de las condiciones de trabajo (entendidas en un sentido amplio que comprende salarios y complementos, jornadas y horarios, o sustituciones) en las que desarrollan su función los empleados públicos; el que trata sobre las implicaciones de la finalización de la relaciones laborales en el sector público; el de las conductas reprobables del personal al servicio de las administraciones públicas; y por último, el uso abusivo de la figura del silencio administrativo. A) Problemas en el funcionamiento de las listas de contratación temporal y gestión de los llamamientos. La gestión de las listas de contratación temporal es la herramienta que permite a la administración realizar una selección de personal para la cobertura eficaz de las vacantes temporales que se generan, y que habitualmente requieren que el puesto sea cubierto de forma urgente. La gestión de estas listas debe respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, así como los requisitos exigibles a este tipo de contrataciones, siendo necesario establecer unas normas de funcionamiento que regulen un sistema de gestión transparente que permita tanto un control efectivo interno desde la propia administración como externo por todos los interesados. La participación en una lista de contratación implica para sus componentes tener la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo de las características solicitadas, estando condicionada al orden del participante en la lista, por lo que la transparencia en su gestión es fundamental para garantizar la inexistencia de arbitrariedades. En este apartado es preciso diferenciar las quejas que derivan de una situación concreta como es la actual crisis económica, que está motivando que la administración no acuda a las listas de contratación de personal existentes, de aquellas otras que se producen al margen de las medidas adoptadas para solventar el déficit público y en las que son objeto de denuncia posibles irregularidades en los llamamientos de las listas cuando la administración correspondiente acude a ellas. a - Funcionamiento de las listas de contratación temporal En este apartado destaca un conjunto de quejas en las que los interesados denuncian que no se recurra a las listas de contratación temporal para cubrir puestos vacantes en la Consellería de Sanidade. Este grupo de quejas está compuesto por un total de 34 expedientes con idéntico contenido (Q/272/13 y otros) en los que los interesados señalaban que, en el último año, la Gerencia de Atención Primaria del Área Sanitaria de Lugo realiza la cobertura de bajas, días de libre disposición, guardas de PACs, etc. mediante el personal fijo de los centros de salud y PACs, incumpliendo así el orden de prelación del Pacto de Contratación. Esto provoca no solo el incumplimiento de la normativa vigente (que exige utilizar en primer lugar las listas de contratación y solo en tercer lugar acudir a las intersustituciones) sino también acumulaciones de jornadas excesivas del personal y un incremento de sus retribuciones como horas extraordinarias, no justificándose así ni una mayor calidad del servicio ni un ahorro en los costes. Esta situación se produce únicamente en la provincia de Lugo. La consellería remitió el preceptivo informe manifestando que las estructuras de gestión periférica del Servicio Gallego de Salud tienen el deber de garantizar la asistencia sanitaria para el cumplimiento del derecho de protección de la salud de los usuarios y usuarias y de la población en general. La potestad de autoorganización del Servicio Gallego de Salud manifestada en la ordenación de los recursos humanos de forma planificada ponderando la estructura de los profesionales que se estimen necesarios para el cumplimiento de los objetivos asignados la cada uno de los dispositivos e instituciones sanitarios en todo el territorio de la comunidad autónoma. Todos los recursos humanos con los que cuentan las instituciones sanitarias deben supeditarse a la realización de una asistencia de calidad y que dé respuesta a las demandas y necesidades de la población. Por lo tanto, las respectivas estructuras de gestión integrada están facultadas para establecer el régimen de organización de los servicios y unidades que dependen de las mismas, garantizando en todo momento a atención sanitaria. En base a esto pueden adoptar las medidas que estimen necesarias y establecer la cobertura de los servicios asistenciales con la adscripción del personal que precise, bien de carácter fijo o temporal y, además, impartir las órdenes e instrucciones que consideren adecuadas a los profesionales con idénticos fines. Continúa el escrito de la consellería haciendo referencia a la limitación para realizar nuevas contrataciones que establece el ya mencionado artículo 31 de la Ley 11/2011 de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2012, que se reproduce en su integridad en el artículo 34 de la Ley 2/2013 de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2013. Queda excluido este régimen para los casos excepcionales y para cubrir las necesidades urgentes e inaplazables del personal de los centros asistenciales del Servicio Gallego de Salud, ajustándose las contrataciones o vinculaciones temporales a las necesidades estrictas del servicio y estableciéndose el límite en las previsiones presupuestarias existentes. Añade el artículo citado que la aplicación de los pactos o acuerdos de las ausencias del personal de las instituciones sanitarias deberán respetar el carácter absolutamente imprescindible de los relevos transitorios del personal. En consecuencia, son los órganos de gestión de las estructuras de gestión los que, atendiendo a las necesidades existentes, determinarán las medidas adecuadas para mantener la cobertura asistencial, adecuándose a los principios y criterios de responsabilidad en la gestión del gasto y de eficiencia en la asignación y el empleo de recursos públicos, atendiendo a la situación económica y al cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera, de acuerdo con el establecido en la Ley 2/2011 de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera. Concluye la consellería afirmando que los aspirantes inscritos en las listas de contratación temporal no disponen de un derecho efectivo para la contratación o vinculación temporal, sino que disfrutan de una expectativa de ser nombrados de acuerdo con el orden de prelación de las citadas listas. Igualmente el recurso de vinculación temporal es una de las distintas alternativas con las que cuentan las instituciones sanitarias para cumplir los fines asistenciales que tienen asignados, opción que pueden utilizar o no de acuerdo con sus criterios y potestades administrativas. Ante estos argumentos, y tras analizar lo dispuesto en la Orden de 4 de julio de 2008 por la que se publican determinados acuerdos sobre ordenación y provisión de puestos de trabajo, y condiciones de trabajo y retributivas en el ámbito de la atención primaria del Servicio Gallego de Salud, el Valedor do Pobo considera que, tal como recoge expresamente esta Orden, “el acuerdo está dirigido a conciliar las peculiaridades de los puestos de trabajo de los puntos de atención continuada, creados por la norma para la prestación de atención continuada a lo largo de todos los días y noches del año, con la escasez actual de profesionales y la necesidad, por todos asumida, de garantizar la prestación de la asistencia”. De la literalidad del texto, se deduce que el documento surge en un momento y circunstancias determinadas, en el que el personal disponible para la cobertura de puestos era escaso dificultando así la prestación del servicio de asistencia sanitaria a los usuarios gallegos. Por tal motivo, se suscribe un acuerdo que facilita la ampliación voluntaria de la jornada de los profesionales que ya ocupan un puesto en el Sergas y que con la complementariedad cubren las bajas y ausencias en los puntos de atención continuada y en las unidades y servicios de atención primaria. Incidiendo en este primer punto, afirma el mismo texto que “se trata, pues, de ajustar el régimen jurídico de este colectivo de personal a la especificidad de su prestación -continua a lo largo del año con presencia importante de las noches-, al contexto actual del empleo”, siendo aquel contexto totalmente diferente de la actual, en la que no se produce una escasez de profesionales sanitarios disponibles. En segundo término, partiendo de la idea de que el recurso a la complementariedad voluntaria de la jornada deriva de una situación de escasez de personal, también hay que indicar que la Orden mencionada se refiere en diversos momentos al uso de las listas de contratación temporal de la propia consellería. Así, en lo que respeta a los Puntos de Atención Continuada, se establece que la selección de personal temporal se efectuará por el procedimiento establecido para el resto de personal en el ámbito de la selección temporal, actualmente en el marco del pacto de vinculaciones temporales. A lo largo del acuerdo se hace referencia en diversas ocasiones a la “ampliación de jornadas por encima de los límites establecidos”, a la “indisponibilidad acreditada de personal” y a la “falta de personal disponible”, lo que creemos que confirma el espíritu de la norma al tener en cuenta la insuficiencia de personal de enfermería que se constataba en la época de redacción del texto. Como reafirmación de lo anterior, en el caso del acuerdo relativo a las unidades y servicios de atención primaria, el propio artículo tercero establece que para la cobertura de las ausencias del personal se utilizarán, por orden de prelación, los siguientes instrumentos: 1) Llamamiento a aspirantes de las listas de vinculación temporal, 2) Prolongación de jornada para el personal de las unidades y servicios y jornada complementaria en las unidades y servicios para el personal de los puntos de atención continuada, 3) Intersustitución. Y en el artículo 6º de dicho acuerdo, se dispone que “sólo excepcionalmente, y debido a la falta contrastada de personal disponible para el mantenimiento de la asistencia sanitaria debida, la dirección del centro podrá adoptar medidas extraordinarias que obliguen a la superación de los límites de jornada establecidos (...). Se considerará que existe indisponibilidad de personal cuando concurran a la vez las siguientes circunstancias: “Que no se disponga de personal en los listados de aspirantes a vinculaciones temporales (...).” Como resumen de este según apartado de nuestras consideraciones, tenemos que concluir que la justificación última de estos acuerdos de ampliaciones de jornadas pasa, en todo caso, por la falta de personal de las listas de contrataciones temporales. Como tercer argumento hay que indicar que en el informe de la consellería se hace continua referencia a la potestad de autoorganización de que dispone el Sergas. Sin embargo, lo que subyace en esta queja es la aplicación de las propias normas y acuerdos que vinculan a la consellería y al Sergas, y que en todo caso respetan la aludida potestad autoorganizativa, pero que resultan de estricto cumplimiento. En cuarto lugar, la administración justifica su actuación en base al dispuesto en el artículo 31 de la Ley 11/2011 de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2012 y en el artículo 34 de la Ley 2/2013 de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2013. Sin embargo, la excepción contemplada en dichos artículos para el personal de los centros asistenciales del Servicio Gallego de Salud permite, a nuestro entender, la contratación de los aspirantes anotados en las listas temporales en supuestos concretos de relevos por la urgencia e inaplazable prestación de la atención sanitaria debida. Por último, las Leyes 11/2011 y 2/2013 de presupuestos, señalan en el apartado cuarto de los mismos artículos referenciados, que “de conformidad con lo establecido en el presente artículo la aplicación de los pactos y acuerdos que prevean medidas relativas a la cobertura de las ausencias del personal de las instituciones sanitarias deberá respetar el carácter absolutamente imprescindible de los relevos transitorios del personal. En consecuencia, serán los órganos de gestión de las instituciones sanitarias los que, atendiendo las necesidades asistenciales, determinarán las medidas idóneas para mantener la cobertura asistencial, adecuándose, al mismo tiempo, a los principios y criterios de responsabilidad en la gestión del gasto y de eficiencia en la asignación y empleo de los recursos públicos, en atención a la situación económica y al cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera, acorde a lo preceptuado en la Ley 2/2011, de 16 de junio, de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera”. Ante esto, la valoración económica resulta fundamental para la adopción de las medidas a adoptar por lo que, en todo caso, los incrementos y complementos en las retribuciones que derivan del pago de horas extraordinarias no parece ir en la línea indicada en este apartado. También es preciso mencionar que, de acuerdo con lo alegado por los interesados, en las otras áreas de gestión sanitaria de nuestra comunidad sí se recurre a las listas de contrataciones temporales, por lo que se produce así una desigualdad en la aplicación de los propios criterios de la consellería. Efectivamente, los aspirantes inscritos en estas listas disfrutan de una expectativa de ser nombrados pero tal expectativa se basa en unos criterios objetivos e iguales para todos ellos, y que deben ser respetadas en virtud de la normativa fijada para este acceso. También consideramos necesario reflexionar sobre si la prestación de una asistencia de calidad que dé respuesta a las demandas y necesidades de la población mencionada en el escrito de la consellería puede verse minorada cuando los profesionales que deben estar al frente de los servicios acumulan horas de trabajo excesivas, existiendo la posibilidad legal de realizar contrataciones de personal igual de cualificado, que afronte el servicio sin tal cúmulo de trabajo. Por todo lo anterior, el Valedor do Pobo ha recomendado a la Consellería de Sanidade que proceda a la utilización de las listas de contratación temporal en los centros del Sistema Gallego de Salud de la provincia de Lugo, dando cumplimiento a la orden de prelación en los llamamientos de personal para la cobertura de ausencias en el marco que permite la legislación actual relativa a la situación económica, disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera, recomendación que ha sido aceptada por la administración. Enlazada con la queja anterior, se encuentra la Q/727/13 por la que se solicita la intervención del Valedor do Pobo para que valore una posible modificación de la Orden de 4 de junio de 2008, por la que se publicaron los acuerdos sobre ordenación y provisión de puestos de trabajo y condiciones de trabajo y retributivas en el Servicio Gallego de Salud en lo que se refiere a la regulación del sistema de voluntariedad que, como ya se explicó en el expediente anterior, permite aumentar la jornada ordinaria de los profesionales del Sergas y que impide, según el autor de la queja, acudir a las listas de contratación temporal. Sin embargo, para instar la revisión de esta norma es necesario contar con la representatividad suficiente, que no ostenta el interesado, circunstancia que le fue debidamente comunicada. Muy próxima a esta problemática sobre el uso de las listas de contratación temporal se encuentran los escritos presentados por diversos interesados, que originaron la apertura de los expedientes Q/14626, Q/14627/13, Q/14653/13, Q/14654/13 y Q/14657/13 en los que se denunciaba que la Consellería de Sanidade no acudía a las listas de contratación temporal para sustituir las bajas de matronas en los centros de salud del área de Pontevedra-O Salnés. Estos expedientes tuvieron que ser archivados debido a la inacción de los autores de las quejas, ya que en ningún caso fue posible obtener datos de contacto para admitir el expediente a trámite. b - Gestión de los llamamientos de las listas de contratación temporal Tal y como se diferenciaba al inicio de epígrafe, en este segundo subapartado la problemática recogida concierne al funcionamiento en sí de las listas de contratación, es decir, se trata básicamente de expedientes iniciados por interesados que denuncian supuestas irregularidades en los llamamientos a los aspirantes inscritos en las listas para formalizar contratos temporales con la administración pública. En el caso del expediente Q/14578/13, el autor de la queja denuncia que la contratación del personal temporal del Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar, se realizó a través de listas de espera gestionadas directamente desde los servicios centrales del Consorcio. Sin embargo, ha sido objeto de denuncia que ni el procedimiento de llamada ni los llamamientos que se realizan para la formalización de los contratos laborales correspondientes, son de público conocimiento. Esta falta de información pública es la que lleva a numerosos interesados a señalar la falta de respeto del orden de prelación establecido, desconociendo todos ellos su situación particular en estos listados. En la fecha de cierre de este informe, está pendiente la recepción de la documentación que la consellería debe enviar ante el requerimiento remitido por el Valedor do Pobo. Otro supuesto a mencionar en esta línea es el expediente Q/1742/13, referente a los llamamientos para la vinculación temporal en el Servicio Gallego de Salud en la categoría de grupo auxiliar de función administrativa. Tras la solicitud del informe preceptivo a la Consellería de Facenda, se nos indica que el vigente pacto suscrito por la administración sanitaria con las centrales sindicales CC.OO., CEMSATSE, CIG, CSI.F, UGT e USAE, sobre selección de personal estatutario temporal en el ámbito del Servicio Gallego de Salud y entidades públicas adscritas a la Consellería de Sanidade, establece en la norma general 1, que será de aplicación a todos los nombramientos temporales que resulte necesario formalizar en las diversas categorías estatutarias en el ámbito del organismo autónomo y de las entidades públicas adscritas a la consellería, bajo las modalidades establecidas en el artículo 9 de la Ley 55/2003 del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. De conformidad con la norma general III del citado pacto y con carácter general, la gestión de los llamamientos de las personas aspirantes es llevada a cabo por las direcciones de recursos humanos de las gerencias de gestión integrada, o por el órgano de las entidades públicas dotadas de personalidad jurídica dependientes del Servicio Gallego de Salud y la Consellería de Sanidade con competencias en materia de gestión de recursos humanos, luego de la determinación de las necesidades de vinculación en sus respectivas instituciones. En lo que respecta a la orden de llamamientos, el documento de la consellería informa que la norma 111.2 determina que se efectuarán "siguiendo rigurosamente la orden de puntuación acreditada por las personas aspirantes en cada ámbito, sin perjuicio de los supuestos de suspensión y las disposiciones especiales previstas en la cláusula 111.8 de este pacto". Recuerda el informe de la administración que, al margen de la información reflejada para los aspirantes y profesionales en la plataforma informática FIDES/Expedient-e, así como en la página web del Servicio Gallego de Salud y de los distintos centros sanitarios, estos facilitan a las personas interesadas que lo soliciten, a través de sus unidades de recursos humanos, información sobre el estado de llamamientos. En el supuesto concreto del reclamante, la consellería especifica el puesto concreto que ocupa el interesado, así como la puntuación con la que figura inscrito. La concreta irregularidad denunciada por el autor de la queja se refiere a que en el mes de noviembre había sido informado de que se estaban realizando llamamientos a los aspirantes ubicados entre los puestos 75 y 100 del listado común y, en cambio, en el mes de junio se le indicó que se estaba llamando en ese momento a los aspirantes ubicados entre los diez primeros puestos de la dicha lista. Ante esta afirmación, la consellería entiende que el dicente puede estar confundiendo la orden de prelación (o puntuación) en la lista, con la orden de llamamientos, siendo esta última la que determina las ofertas de vinculaciones temporales que se realizan a los aspirantes que figuran como disponibles en cada momento, partiendo, claro está (y dentro de ellos) de su orden de puntuación. También puede existir confusión en el hecho de que la citada orden de llamamientos atienda únicamente a un criterio rotatorio, sin tener en cuenta la duración de los nombramientos ofertados ni las circunstancias y reglas dispuestas en la propia normativa reguladora de la selección temporal del organismo. En efecto, la normativa determina una prelación para vinculaciones temporales sustentada en el orden de puntuación de cada aspirante en la lista, teniendo en cuenta que, en cada momento, el llamamiento se iniciará en aquel aspirante que, situado en el mejor número de orden de la lista, figure como disponible para realizar el correspondiente nombramiento. La disponibilidad para llamamientos constituye un elemento básico para la gestión eficaz de cualquier listado de aspirantes a vinculaciones temporales, descartando aquellos integrantes de las listas que, bien por estar actualmente desempeñando otro nombramiento temporal en el sistema público de salud de Galicia, o bien por estar suspendidos de llamamientos al amparo de la norma 111.4 del reiterado pacto, o bien por haber sido sancionados según el régimen dispuesto en su norma IV, no disfrutan de la condición de aspirantes disponibles en el momento en el que se oferta el correspondiente nombramiento. Relacionado con lo anterior, la orden de llamamientos se comporta de un modo dinámico en su evolución temporal, en función del momento concreto en el que tenga lugar cada llamamiento. De tal manera que un concreto aspirante puede tener, por encima un número diferente (tanto superior como inferior) de personas con mejor derecho a ese nombramiento (por su orden de prelación) que lo que tenía respecto de un llamamiento ofertado con anterioridad. Por tanto, ese número podrá variar, de una parte y al alza, en función de aquellos aspirantes que desde un llamamiento anterior recuperaran su disponibilidad en el sistema de selección (al cesar en una vinculación temporal, al finalizar el período de suspensión válidamente otorgado o al concluir el plazo de aplicación de una penalización); y, por otro lado y a la baja, por aquellos aspirantes que, igualmente desde un llamamiento anterior, resultaran beneficiarios de otro llamamiento y aceptaran la vinculación propuesta según las normas de gestión referidas. Las únicas excepciones o modulaciones a la orden de llamamientos de los aspirantes disponibles las determina la propia norma 111.2 del reiterado pacto, en sus párrafos segundo y tercero: "La formalización de nombramientos de interinidad en plaza vacante o cualquier otro de duración inicial previsible igual o superior al año se ofertará, en todo caso, a la persona que acredite la mayor puntuación en la lista del área sanitaria o ámbito territorial que corresponda, con independencia de que aquella se encuentre vinculada, al tiempo del llamamiento, por otro nombramiento estatutario temporal, la jornada completa, siempre que lo mismo sea de duración inferior al año, o a tiempo parcial, cualquier que sea su duración. Asimismo, y como excepción al establecido con carácter general en este pacto respeto de la suspensión de llamamientos, en el supuesto de maternidad o adopción legal, la persona aspirante será llamada para la formalización de nombramientos de previsible larga duración a que tenga derecho segundo a orden de prelación conseguida en la correspondiente lista; bien que el vínculo se formalizará una vez finalice el período que dio lugar a la causa de suspensión, en los términos legalmente previstos". Fuera de estos dos supuestos, la práctica sucesiva de acuerdo con el pacto de selección temporal para ofrecer las vinculaciones a los aspirantes de las listas que figuren como disponibles y en función de su orden de puntuación en ellas, es la descrita con anterioridad. Como conclusión de lo anterior, no se aprecia irregularidad alguna por parte de la administración, que suponga infracción del ordenamiento jurídico, al aplicarse correctamente la normativa vigente. Tampoco se aprecia actuación incorrecta por la administración en el caso del expediente Q/187/13 o en el Q/499/13 y Q/5630/13; en el primero, porque tras la investigación sumaria e informal realizada por esta institución se pudo constatar el seguimiento del orden de prelación en los llamamientos de las listas de contratación temporal de personal de servicios generales y auxiliares administrativos por el CHOP de Pontevedra; en los segundos, en los que la interesada denunciaba que en los centros de salud se cubrían plazas de personal de servicios generales con las listas de la categoría de celadores, porque se verificó que no había constancia de ningún contrato de tales características en estos centros sanitarios. Para finalizar este epígrafe, debemos mencionar dos expedientes que cuestionan la adecuación de las listas temporales utilizadas al puesto requerido y en los que no se puede apreciar arbitrariedad por parte de la administración en su decisión, al comprobarse la justificación de la misma. En el expediente Q/1140/13 se investiga la gestión de las listas de personal de las instalaciones deportivas municipales por parte del Ayuntamiento de A Cañiza. El interesado denuncia que para la cobertura de las bajas de maternidad de las instalaciones deportivas municipales se contrataron monitores que no estaban incluidos en dichas listas. Sin embargo, tras la correspondiente investigación del caso, se constata que el ayuntamiento cuenta con dos listas de sustitución de personal laboral para cubrir las posibles bajas que se produzcan en el Complejo Deportivo Municipal (piscina climatizada/piscina al aire libre y gimnasio). Ante la existencia de una vacante, fue necesario cubrir con carácter de urgencia un puesto para programar nuevas clases de natación en la piscina, aquafitness, natación niños y gimnasia de mantenimiento así como el control en la sala de musculación como monitor de gimnasio, con una jornada estimada de 25 horas semanales. En virtud de la comentada jornada y con el fin de ajustarse a los criterios para la selección de personal laboral temporal establecidos en la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2013, que establece la prohibición das contrataciones temporales salvo que se declare el servicio como prioritario o esencial (como sucede en este expediente) e intentar conseguir la reducción de estas contrataciones en todo el sector público, se consideró conveniente, tras comprobar las tareas a realizar, que el candidato a seleccionar debería acreditar las titulaciones de socorrista (clases de natación/aquafitness) y de monitor de sala de musculación, procediéndose así al llamamiento del primer candidato que reunía ambas titulaciones, y que en este caso coincidía con la lista de socorristas, que también acreditó en su día tener la titulación para poder estar en la sala de musculación, cosa que no sucede con el primer candidato de la lista de monitor de gimnasio, que carece de la titulación de socorrista. Queda así acreditada la imparcialidad de la decisión adoptada y queda aclarado que existía un criterio objetivo en la gestión del llamamiento realizado, coherente con las circunstancias existentes. La queja Q/488/13 analiza la correcta utilización de las listas de contratación en la sustitución de una baja temporal en el Servicio de Radiodiagnóstico-Ecografías de un técnico en cuidados auxiliar de enfermería al ser cubierto el puesto por un técnico especialista en radiodiagnóstico. Tras el examen del caso, no se aprecia un actuación inadecuada por parte de la administración pues la reestructuración se lleva a cabo con el objetivo de mejorar el aprovechamiento de los recursos dada la necesidad de que uno de los cuatro TER de la unidad funcional de resonancia pasa a ser compartido con la unidad funcional de eco general. En esta última unidad, el técnico realiza funciones propias de su categoría los días que resulta necesario teniendo en cuenta la carga de trabajo que se produce en la misma. c- Actualización de las listas de contratación temporal Otra de las materias que lleva a los ciudadanos a solicitar la intervención del Valedor do Pobo en el ámbito de las listas de contratación, es la falta de actualización de tales listas. Así, los expedientes reunidos en este grupo, tienen en común que los interesados coinciden en reclamar de la administración competente la publicación de la convocatoria de procesos para la incorporación de candidatos a los listados de contratación temporal. En concreto, tanto en el expediente Q/366/13 como en el Q/494/13, las interesadas señalan que el 9 de mayo de 2011 se suscribió un nuevo pacto de selección de personal estatutario temporal, que ya entró en vigor para la casi totalidad de las clasificaciones profesionales, excepto para la suya, lavandería. En el informe de la Consellería de Sanidade, se pone de manifiesto que desde la entrada en funcionamiento de la plataforma Expedient-e y la publicación del pacto de selección del personal del Servicio Gallego de Salud, por Resolución del 26 de abril de 2011, se tienen convocadas 37 categorías estatutarias. Según la Dirección General de Recursos Humanos del Sergas, el criterio general contenido en el citado Pacto es que, con carácter general, las listas se generarán el 31 de octubre de cada año. Este criterio opera a partir de la primera generación de listas que se realice a través de la aplicación Expedient-e para cada categoría estatutaria convocada. La norma 1.4.5 del citado pacto, establece que a los efectos de la primera generación de listas que se efectúe tras la entrada en vigor del régimen temporal previsto en el pacto, y, como consecuencia de los importantes cambios organizativos y de carácter técnico que supone su aplicación, los datos de generación y publicación de listas podrán ser objeto de adaptación. Este es el caso de varias categorías de personal de gestión y servicios, entre los que se encuentra la categoría de lavandería, para las que no se han generado aún las listas. La Dirección General de Recursos Humanos afirma que ha previsto convocar la apertura de nuevas listas de la categoría de lavandería, así como de otras categorías de personal de gestión y servicios, antes de que finalice el actual ejercicio presupuestario, por lo que, con tal compromiso de actualización en un plazo prudencial se finaliza la queja. Parecido contenido tiene el expediente Q/12979/13 en el que se reclama la actualización de las listas de la categoría de telefonista. En la respuesta de la consellería consta que las actuales listas fueron elaboradas conforme al pacto de selección temporal de 24 de mayo de 2004, que fue sustituido por el firmado el 26 de abril de 2011, y que en su norma general 1.4.5 dispone que para los efectos de primera generación de listas que se efectúa después de la entrada en vigor del régimen de selección temporal previsto en este pacto y como consecuencia de los importantes cambios organizativos y de carácter técnico que supone su aplicación, en el ámbito de la comisión central de seguimiento del pacto se podrán establecer las adaptaciones que se estimen procedentes con relación a las previsiones contenidas en los puntos 11.4.3.1 (fechas de publicación y generación de listas) y 11.4.4 (acreditación de requisitos y méritos). Con base a lo anterior, se está secuenciando en el tiempo la apertura de los plazos de inscripción y de generación de las listas de las diversas categorías profesionales. En este proceso, las categorías de carácter sanitario resultan prioritarias para atender a las demandas y exigencias asistenciales en las instituciones sanitarias. Así, dentro de las múltiples categorías de personal no sanitario, la secuencia temporal de apertura de listas atiende a la prelación que resulta de las necesidades de aquellas instituciones, por lo que tal priorización resulta fundamental para una correcta y eficiente prestación de los servicios sanitarios. Por tal motivo, en este momento se está trabajando en la generación de listas prioritarias de personal de gestión e servicios, y la categoría de telefonista no está clasificada como prioritaria, argumentos que compartimos y que determinan el cierre del expediente al entender que la consellería tiene cobertura legal para este proceder. Sobre la misma exigencia de actualización que el caso anterior se sustenta el expediente Q/13563/13, pero en lo que respecta a las bolsas de contratación de personal interino para cubrir plazas en los cuerpos generales de la Administración de Justicia. Podemos destacar aquí que la intervención del Valedor do Pobo contribuyó a una pronta resolución del problema, pues la consellería nos ha trasladado su compromiso de que en una fecha próxima se publicará la Orden de la Dirección Xeral de Xustiza, sobre selección y nombramiento de interinos para cubrir puestos de funcionarios de los cuerpos generales al servicio de la administración de justicia en Galicia, una vez estudiadas y evaluadas las alegaciones que los interesados han podido presentar al borrador del proyecto que estuvo publicado en la página web de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza desde el día 28 de agosto de 2013. d- Requisitos de inscripción en las listas de contratación temporal El último grupo de quejas relativas a las listas de contratación temporal, se refiere a las denuncias derivadas de los requisitos exigidos para formar parte de ellas. Por ejemplo, en el expediente Q/425/13, la interesada denuncia que no se tuvo en cuenta en la baremación de méritos el tiempo trabajado como enfermera en un hospital de Berna en Suiza. La consellería pone de manifiesto que efectivamente, los servicios prestados en instituciones sanitarias de Suiza se computan, al existir un acuerdo de libre circulación de personas, pero que en este caso concreto el problema se encuentra en que la autora de la queja no acreditó documentalmente ese período trabajado por lo que no se puede achacar a la administración una actuación irregular. En cambio, sí consideramos necesario remitir una recomendación a la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria como conclusión del expediente Q/1701/03, debido a la queja de un ciudadano que nos indica que su curriculum no fue objeto de baremación al ser rechazada su solicitud para optar a las listas abiertas como profesor técnico de Formación Profesional al no estar en posesión del título CELGA 4. El autor de la queja considera la decisión injusta y discriminatoria, teniendo en cuenta además que ha impartido cursos durante 16 años en Galicia en el sistema alternativo de formación profesional continua para profesionales en activo regulado por el Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo en colaboración con empresas privadas. La consellería alega que Estatuto de Autonomía garantiza el uso oficial y normal de los dos idiomas oficiales y a potenciar el empleo del gallego en todos los planos de la vida pública, cultural e informativa y a imponer los medios necesarios para su conocimiento. Tal deber viene desarrollado en el Decreto 79/2010 para el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria de Galicia, que potencia el uso del gallego en la administración educativa de Galicia y en los centros de enseñanza sostenidos con fondos públicos. Es más, en el artículo 3 del mismo decreto se recoge concretamente que en la formación profesional específica, en las enseñanzas artísticas y en las deportivas, de grado medio o superior, cada centro educativo, según el procedimiento establecido en el reglamento de centros, establecerá una oferta equilibrada de materias y módulos en gallego y en castellano que garantice que el alumnado consiga la competencia lingüística propia del nivel en las dos lenguas oficiales. En todos los módulos se garantizará que el alumnado conozca el vocabulario específico en las dos lenguas oficiales. Completando el argumento anterior, la administración pone de relieve que en las pruebas selectivas que se realicen para el acceso a plazas de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales de Galicia se incluirá un examen de gallego, salvo para aquellos que acrediten su conocimiento conforme a la normativa vigente. Requisito exigido igualmente para las contrataciones temporales, en calidad de interino o sustituto, en un centro de titularidad de esa consellería. En el caso concreto que origina este expediente de queja, las bases de la convocatoria establecían como requisito para participar, acreditar objetivamente tener un determinado nivel de conocimiento del gallego, aunque tal requisito podía ser excepcionado en determinados casos. En concreto la línea c) del punto sexto de la convocatoria, sobre "requisitos de los candidatos y candidatas", establecía lo siguiente: “Haber superado el curso Celga 4 de lengua gallega o tener la validación equivalente. A pesar de lo anterior, podrán presentar solicitudes aquellas personas que, poseyendo las titulaciones señaladas en el punto primero, no posean el curso de Celga 4 de lengua gallega o equivalente. Estos candidatos podrán ser seleccionados en defecto de candidatos que lo acrediten. En este caso, de ser seleccionados, los candidatos deberán superar, en el plazo máximo de dos años desde que sean nombrados, el curso de Celga 4 de lengua gallega o equivalente. La superación de dicho curso deberá ser comunicada a la Subdirección General de Recursos Humanos de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria”. Dicho lo anterior, la consellería considera que el hecho de incumplir uno de los requisitos de la convocatoria impide su completa participación en aquella, incluida la valoración de sus méritos y su inclusión en el listado correspondiente, objetivo último de la convocatoria. Y por lo que respecta a la aplicación de la excepción prevista en la propia convocatoria, señala que “sólo opera en determinadas circunstancias”, y su inclusión se debe a que en anteriores convocatorias para atender necesidades de cobertura temporal de puestos, resultó que ninguno de los candidatos, con conocimientos técnicos y docentes constatados, acreditaban el conocimiento del gallego, lo que supuso, por un lado, su exclusión del procedimiento por incumplir sus bases, pero, por otro, un problema de gestión inmediata, ya que la consellería no pudo cubrir sus necesidades de personal disponible para impartir la docencia, con el consiguiente perjuicio para el interés general. Sin embargo, según la consellería, en la especialidad de soldadura de la convocatoria que nos ocupa, hubo numerosas solicitudes de personas que acreditaban tener el conocimiento del idioma gallego, razón por la cual en esta especialidad rigió el requisito general y no produjo efectos la excepción antes citada. A la vista de todo lo alegado por la administración en su informe, y habida cuenta de lo manifestado por el interesado, esta institución considera que hay dos cuestiones de fondo en este expediente: por una parte, la exigencia como requisito del conocimiento del gallego, y por otra, la aplicación de la excepción incluida en el punto 6 c) del anuncio de la convocatoria. En cuanto al primero de los puntos a tratar, la necesidad de haber superado el curso Celga 4 de lengua gallega o tener la validación equivalente, esta institución está totalmente de acuerdo en que constituye un requisito cuya exigencia se encuentra suficientemente justificada, razonada y amparada por la normativa de aplicación. En esta misma línea se pronuncian nuestros tribunales que, de manera reiterada, vienen manifestando que el conocimiento del idioma cooficial en el territorio en el que actúa la administración a la que se aspira a servir es perfectamente incluible dentro de los méritos y capacidades requeridos, en la medida en que se trata de una capacidad y un mérito que debe acreditarse y valorarse en relación con la función a desempeñar, y por lo tanto guarda la debida relación con el mérito y capacidad, tal como impone el artículo 103 de la Constitución Española. El ciudadano, y en este caso concreto, el alumno, tiene derecho a elegir el idioma a utilizar en su relación con la administración autonómica, y el personal de esta tiene que estar capacitado para responder tanto en gallego como en castellano. Resulta razonable requerir que un aspirante a interino o sustituto de profesores funcionarios, que participa voluntariamente en un procedimiento para la eventual cobertura temporal de puestos de profesor en los centros docentes de titularidad autonómica, utilice el gallego como lengua cooficial que es. En cuanto al segundo punto que conforma el fondo de esta queja, esto es, la excepción recogida en el punto 6 c) de las bases de la convocatoria, consideramos que su inclusión en el anuncio implica que sus efectos no deben tener salvedades. Con esto queremos decir que, toda vez que en la propia convocatoria se contempla la posibilidad de admitir a candidatos que no cumplan con el requisito del idioma, debe darse efectividad a tal cláusula para lo cual aquellos solicitantes que cumplan con los restantes requisitos se les deberá baremar su curriculum y sólo serán seleccionados una vez que en la lista no existan candidatos que acrediten el conocimiento del gallego. La finalidad señalada por la consellería para justificar la existencia de esta excepción, en aras de conseguir una mejor eficacia y eficiencia del servicio público, rige en cualquiera proceso, no debiendo estar supeditada al número de candidatos presentados. La indeterminación objetiva sobre cuántos aspirantes son suficientes o no, para considerar que no se va a producir una situación de falta de candidatos, implica una apreciación de carácter subjetivo que envuelve la decisión de una arbitrariedad no acorde a la legalidad. Consideramos que la finalidad de la excepción queda anulada cuando en el proceso en concreto no se le da efectividad a la misma. Aunque sean numerosos los candidatos participantes, no se pueden controlar todas las circunstancias que pueden concurrir en el tiempo y que puedan afectar al movimiento de las listas de seleccionados. Incluso siendo poco probable que el llamamiento para la cobertura de un puesto de trabajo llegue hasta un candidato que no haya acreditado el idioma, no puede garantizarse que no pueda pasar, y es precisamente para evitar tal situación, por lo que se estableció la opción comentada. Tal recomendación fue aceptada por la consellería, que se comprometió a establecer de manera expresa la eficacia de la excepción comentada. B) Presuntas irregularidades en los procesos selectivos para el acceso a la función pública Aunque cabría pensar que la drástica limitación de las tasas de reposición de personal conllevaría la disminución de este tipo de quejas, lo cierto es que se mantiene constante el volumen de expedientes en los que se denuncias presuntas irregularidades en los procesos selectivos de acceso a la función pública. La labor del Valedor do Pobo sigue centrada en el control de los principios de transparencia y sujeción a la legalidad que deben rodear a todo proceso selectivo iniciado por una administración. a - Requisitos y méritos exigidos en las bases de las convocatorias En este ámbito merece una mención especial la problemática suscitada por el establecimiento de un límite de edad para el acceso a policía local establecido en el artículo 33 de la Ley 4/2007 de coordinación de policías locales. Como punto de partida de este análisis, es preciso destacar que ya en el año 2012 se registró un importante número de quejas sobre este asunto que, en el momento del cierre del informe anual correspondiente, se encontraban pendientes de contestación por parte de la consellería, aceptando, o no, la sugerencia emitida por el valedor. Durante el ejercicio 2013, se registran nuevas quejas en las que los interesados insisten en el carácter discriminatorio que supone el establecimiento de un límite de edad para poder participar en los procesos selectivos para el acceso a una plaza de policía local. En todos estos expedientes (Q/243/13, Q/749/13, Q/5674/13, Q/5715/13, Q/14410/13) la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza señaló que la normativa de coordinación de policías locales de Galicia, desarrollada por la Ley 4/2007 y el Decreto 243/2008, garantiza el derecho de acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, sin que se observe la vulneración de los citados principios con fundamento en la existencia de una limitación por razón de edad, ya que esa limitación es general y no origina diferencia de trato. Al igual que en los expedientes abiertos en el año anterior, el Valedor do Pobo ha mantenido una interpretación alternativa a la de la administración, al analizar si el límite de edad que establece la normativa referenciada obedece a una causa razonable y objetiva. Así, la posibilidad abierta por el artículo 56.1 c) del estatuto básico del empleado público de utilizar la edad como límite para acceder a la función pública, que permite establecer no sólo un umbral mínimo sino también un tope máximo, debe resultar en todo caso compatible con el principio de igualdad, a fin de no vulnerar lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Española. La aparente justificación que podría amparar la imposición del límite de edad cuestionado parece encontrarse en el hecho de que, por la naturaleza de las funciones a desempeñar en el cuerpo o escala de policías, los candidatos al ingreso no deben superar una edad que les haría inadecuados para cumplir los deberes derivados del cargo. Sin embargo, entendemos que con carácter general, los requisitos de idoneidad o las condiciones de los aspirantes para el acceso a la policía local -que deben asegurar que estos reúnen los requisitos de aptitud técnica, física o profesional necesarios para un idóneo desempeño de las funciones legalmente atribuidas- ya vienen establecidos en las pruebas físicas y médicas previstas en la convocatoria, de tal manera que los que las superen debe considerarse que están en condiciones adecuadas para poder prestar el servicio. De esta forma, el límite de edad no aportaría argumentos esenciales y determinantes que valoren la capacidad para realizar las tareas del puesto con las garantías debidas, ya que tal función se cumple con la superación de los ejercicios físicos obligatorios. Reforzando el argumento anterior, tenemos que decir que es innegable y notorio, que hay personas con edades superiores al límite de edad establecido en la convocatoria objeto de la queja, que acreditan su participación en competiciones deportivas de alto nivel, en condiciones físicas incluso muy superiores a las que son comunes en personas de menor edad. De esta forma, podría darse la situación de quedar excluidos de la convocatoria, por sobrepasar el límite de edad establecido, aspirantes que disponen de mejores condiciones físicas que los seleccionados, incumpliéndose el principio constitucional de mérito y capacidad. En la línea de la argumentación hasta aquí expuesta se encuentra la sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de fecha 21 de marzo de 2011, que declara nulo el requisito de edad establecido para el ingreso en el cuerpo nacional de policía. Además, es relevante el hecho de que en otros cuerpos como los de bombero no existe esta limitación, y que en otras Comunidades Autónomas como Andalucía o Valencia están eliminando tal requisito. Por último, tenemos que hacer mención al informe remitido por la propia Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Justicia con fecha de 29 de julio de 2011 en relación al expediente de queja Q/1350/11 relativo a la misma cuestión sobre la que versa la actual. En dicho informe, la consellería declaraba que “debería analizarse la actual normativa autonómica de coordinación de las policías locales (...) por proceder su modificación. En función de eso, previo el dictamen oportuno de la asesoría jurídica como también el parecer correspondiente de los órganos de representación del personal de policía local, se resolverá lo procedente”. Habida cuenta de lo anterior, parecería oportuno que por parte de la administración se mencionara tanto el compromiso asumido en aquel momento como los motivos que justifiquen la no realización de la valoración que quedó pendiente, o en el caso de haberse hecho tal análisis, las razones que expliquen la decisión de no proceder a la modificación de la normativa afectada. En resumen, esta institución, al igual que ocurrió en el año 2012, ha sugerido a la consellería que adopte las medidas necesarias para proceder a la valoración de la posible modificación, o en su caso supresión, del límite máximo de edad establecido en el artículo 33 de la Ley 4/2007 de coordinación de policías locales de Galicia, y en el artículo 53 b) del Decreto 243/2008 para poder participar en los procesos selectivos de acceso a los cuerpos de policía local de nuestra comunidad. Fue precisamente en 2013 cuando se recibió la respuesta de la consellería, aceptando la sugerencia remitida y señalando que se valorará la conveniencia de introducir estos cambios en futuras modificaciones de la normativa reguladora de las policías locales de Galicia, de acuerdo con los trámites pertinentes y dando audiencia a los sectores implicados. En los anteriores supuestos, se analiza la correcta introducción de un requisito en las bases de la convocatoria correspondiente, esto es, una condición imprescindible para participar y para ser admitido en un determinado procedimiento selectivo que no prejuzga la capacidad y la cualificación del aspirante. Sin embargo, el siguiente grupo de expedientes (Q/4038/13, Q4039/13 y Q/4040/13) se centra en la posible vulneración de derechos fundamentales por la inclusión de méritos que pueden ser contrarios a los principios de acceso a la función pública, como es el caso de la exigencia del empadronamiento. A diferencia del “requisito”, el “mérito” es un valor positivo del aspirante que muestra así una mayor adecuación para el acceso al empleo. En las quejas mencionadas, el dicente denuncia la inclusión como mérito, con una valoración de hasta 20 puntos, del hecho de estar inscrito en el padrón municipal del ayuntamiento convocante para la selección de personal de las brigadas contraincendios. Tan solo en el caso del expediente Q/4040/13 dirigido contra el Ayuntamiento de Riós, se pudo constatar la exigencia real de este mérito, que el Valedor do Pobo considera vulnerador de los principios básicos de acceso a la función pública debido a que, tal y como señala reiterada jurisprudencia, la confección de los méritos en las bases de una convocatoria deben respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, que a su vez, deben ser objetivos y comunes, y directamente vinculados con los cometidos que legal o reglamentariamente estén previstos para la plaza y puesto de trabajo a la que se adscriba. La existencia de una relación objetiva y proporcionada entre el mérito exigido y las funciones del puesto es la cuestión a dilucidar para determinar si en este caso se produce una infracción de los principios generales amparados por nuestra normativa. A nuestro entender, los argumentos esgrimidos por el ayuntamiento al señalar que debe valorarse “el conocimiento de la realidad física y social” para realizar las labores propias de la brigada para la prevención y extinción de incendios constituyen, a primera vista, motivos razonables pues el conocimiento del medio físico parece tener una relación directa con el puesto y facilita sin duda la ejecución de las tareas encomendadas. No obstante, tenemos que reconocer que, por una parte, el mero hecho de estar empadronado no garantiza el dominio del término municipal y, por otra, otros ciudadanos vecinos de localidades próximas, podrían manejarse en ese entorno con idéntica soltura. Así, puede suceder que, aun residiendo en el ayuntamiento convocante, por diferentes circunstancias, no se conozcan los montes de la zona, por lo que este indicador no resulta totalmente fiable. Sin embargo, debe admitirse que la exigencia del certificado del padrón puede servir como un instrumento de referencia más, dentro del conjunto de méritos a valorar. Pero precisamente, por ser conscientes de que residir en un municipio no acredita de manera irrefutable el que se conozca el territorio del mismo, la baremación de tal mérito no debe resultar desproporcionada. Y es precisamente la asignación a este criterio de 20 puntos, dentro del total máximo de 70 puntos obtenibles, la que consideramos desmedida. En virtud lo anterior, se recomienda al Ayuntamiento de Riós que en las bases reguladoras de cualquiera proceso selectivo de acceso al empleo público, proceda a valorar adecuadamente la inclusión de las referencias al lugar de residencia de los aspirantes (empadronamiento), baremándose como mérito siempre y cuando esté directamente relacionado con el contenido del puesto de trabajo y dicha valoración se realice de forma proporcionada. También tiene cabida en este apartado relativo a la valoración de méritos en convocatorias de empleo público, el expediente Q/5627/13 en el que el interesado reclama que un proceso selectivo de promoción interna, pendiente de convocatoria, se tenga en cuenta, en la valoración de la fase de méritos, la antigüedad total desarrollada en puestos similares en la misma administración pública como personal interino, sin distinción ni discriminación de ningún tipo entre el tiempo trabajado como personal funcionario de carrera y personal funcionario interino; pretensión que la Consellería de Facenda asumió el compromiso de estudiar manifestando también que en todo caso, será objeto de negociación con las organizaciones sindicales representadas en la Mesa General de Empleados Públicos y sometida a la aprobación de la Comisión de Personal. En una línea similar, la queja Q/1910/13 analiza la decisión de la administración de no introducir la exigencia de estar en posesión de formación pedagógica o didáctica (aquella a la que hace referencia el artículo 100.2° de la LOE o su exención de acuerdo con lo previsto en el punto 3 de la circular informativa de la Dirección General de Formación Profesional y de la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de Educación sobre el máster universitario que habilita para el ejercicio de las profesiones de profesor de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas) en virtud del acuerdo formalizado entre la consellería y las organizaciones sindicales que regula el acceso y las condiciones de trabajo del personal docente interino y sustituto dependiente de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, puesto que, a decir del autor de la queja, esta decisión lesionó sus intereses al haber invertido tiempo y dinero en obtener dicha titulación. Sin embargo, esta institución ha considerado que la capacidad autoorganizativa y las circunstancias de oferta académica actuales justifican la decisión de la administración. Las anteriores quejas tenían en común que se cuestionaba el establecimiento de un requisito o mérito en las bases de una convocatoria de forma abstracta. Pero existe otro grupo de expedientes en los que la reclamación formulada por el actuante versa sobre la puntuación obtenida tras la baremación de los méritos alegados en el proceso selectivo al que se había presentado. Así, en la queja Q/79/13, la interesada consideraba que debía de valorarse el tiempo trabajado en un clínica privada con concierto con el Sergas. Sin embargo, en su caso concreto, la exclusión del tiempo trabajado no vulnera la normativa de aplicación debido a que su relación laboral está circunscrita directamente al médico que la había contratado, no existiendo vinculación laboral con el referido hospital, situación que no se encuentra recogida para ser valorada en las listas del Sergas. En el expediente Q/1875/13 contra el Ayuntamiento de Cambre, se cuestiona un tema similar, con un resultado idéntico al no apreciarse irregularidad alguna, en el que la interesada denuncia que el órgano municipal no computa como tiempo trabajado las labores desempeñadas por el dicente para la administración pública como peón de jardinería, experiencia que no es tenida en cuenta por el tribunal dado que no se considera un empleo similar al de peón de limpieza viaria y de instalaciones ofertado en la convocatoria objeto de la queja, siendo un criterio aplicado por igual a todos o candidatos participantes en el proceso. Por último, mencionar el expediente Q/1785/13, que se encuentra pendiente de conclusión al no haber remitido el Ayuntamiento de Ourense todavía el informe complementario solicitado, en el que la interesada muestra su disconformidad con la puntuación obtenida tras la baremación de los diferentes ítems recogidos en la convocatoria. b – Problemas durante el desarrollo de proceso selectivo Es conveniente destacar que la labor tuitiva llevada a cabo por el Valedor do Pobo durante el año 2013 sigue la misma estela que la ejercida en períodos anteriores, siendo primordial para esta institución garantizar el correcto desarrollo de los procesos de selección realizados por las diferentes administraciones públicas. En la línea comentada, es importante mencionar la recomendación dictada por esta institución al Ayuntamiento de Brión (Q/592/13) al haberse detectado irregularidades en el desarrollo del proceso selectivo para la cobertura de una plaza de auxiliar administrativo. La queja versa sobre la anulación de una serie de preguntas del primer ejercicio tipo test, sobre el carácter no anónimo de esta prueba al tener que constar el nombre completo del aspirante y sobre la posibilidad de obtener copias por parte del autor de su propio ejercicio y del de otro participante. Por parte de esta institución, una vez estudiadas y analizadas los alegatos de una y otra parte, estructuramos el asunto en tres puntos diferenciados, procediéndose a valorar cada uno de ellos por separado: - Anulación de respuestas del primer ejercicio: En este apartado, nos parece importante señalar que, tal y como avala numerosa jurisprudencia, los tribunales calificadores de concursos y oposiciones disfrutan de una amplia discrecionalidad técnica, dada la imparcialidad de sus componentes, la especialización de sus conocimientos y la intervención directa en las pruebas realizadas. En contrapartida, con el fin de delimitar el espacio en el que se enmarca la discrecionalidad mencionada, cabe afirmar que en las pruebas tipo test debe exigirse una cota máxima de precisión para el planteamiento tanto de las cuestiones como de las respuestas alternativas que sean ofrecidas respeto de cada una de tales cuestiones. En este caso entendemos que las respuestas consideradas discutibles por el interesado y tratadas como correctas por el tribunal calificador, cumplen con los parámetros anteriores y han sido razonadas de manera suficiente. La elección de la respuesta correcta por parte del tribunal lleva implícito un dictamen técnico situado dentro del margen de polémica sobre la solución correcta que se estima tolerable por los expertos del correspondiente sector de especialización que, en este caso, es el jurídico. En este sentido, hay que indicar que las decisiones de los tribunales calificadores sobre la corrección de los ejercicios de procesos selectivos deben estar motivadas, como ocurre en el caso concreto, por lo que apreciamos que la administración, en este punto, actuó de conformidad con la normativa. - Falta de anonimato en el primer ejercicio: Por lo que se refiere a la denuncia del interesado sobre la no preservación del anonimato en el ejercicio tipo test, tenemos que partir de la base de que existen discrepancias en la jurisprudencia sobre el carácter invalidante que puede tener la consignación de la identidad del aspirante en la prueba. Entre otros, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestima la invalidación de una prueba tipo test en la que constaba el nombre completo del aspirante. Fundamenta su decisión señalando que la identificación personal es necesaria para evitar suplantaciones de personalidad, no suponiendo tal actuar vulneración de los principios constitucionales dado que el test es una prueba que se corrige automáticamente y no en base a criterios subjetivos del examinador. A pesar de lo anterior, desde esta institución consideramos que la exigencia del anonimato en el trámite de corrección de pruebas de acceso a la función pública es una derivación necesaria de los principios constitucionales que rigen el procedimiento de selección, que emana directamente de los arts. 23 y 103 de la Constitución, consideración que viene siendo ratificada por el propio Tribunal Supremo en repetidas sentencias (por ejemplo, STS de 31 de enero de 2006 y STS de 19 de enero de 2009) al dictaminar que respetar el anonimato de los participantes en los procesos selectivos, aun cuando consistan en pruebas de tipo test, garantiza los principios de igualdad e imparcialidad, debiendo articularse los mecanismos precisos para garantizar de modo completo y eficaz la incógnita sobre la identidad del examinado. El anonimato es una garantía objetiva de los principios que rigen el proceso, por lo que debe establecerse siempre que no sea contrario a la naturaleza y características de la prueba. Es más, el hecho de que, durante el transcurso del procedimiento selectivo no se aprecien indicios concretos de que dichos principios fuesen vulnerados, no es causa suficiente para estimar que la exigencia del anonimato no es necesaria, pues, precisamente, su virtualidad es preventiva, de ahí la importancia de utilizar mecanismos que aseguren el anonimato en la corrección y faciliten la transparencia del proceso y la confianza de los aspirantes tanto en la imparcialidad de los miembros del tribunal como en la igualdad de trato frente a los restantes participantes del proceso selectivo. En el caso que nos ocupa, el examen tipo test no resultó invalidado, al haber sido corregido de manera automática en función de una plantilla y no existir opción a posibles rectificaciones. Por tanto, coincidimos con el ayuntamiento en que, aunque pueda apreciarse una irregularidad, esta no es invalidante. No obstante, y de cara al futuro, con el fin de garantizar de una forma más completa y perfecta el anonimato de los participantes en el proceso, sería aconsejable que el ayuntamiento adopte los mecanismos precisos para evitar que quede constancia del nombre y apellidos de los examinados en sus ejercicios, asegurando así el anonimato de cada uno de ellos, siempre y cuando sea posible por la naturaleza y características del ejercicio. - Copia de la documentación solicitada: En este apartado, debemos recordar que los artículos 105.b) de la Constitución y 35.la) y h) de la Ley 30/1992 de régimen jurídico y del procedimiento administrativo común, garantizan el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos así como a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados así como a obtener copias de los documentos contenidos en ellos. Por tanto, la revisión de un ejercicio o el acceso a documentos elaborados por los administrados o que hacen referencia a ellos y la obtención de copias constituyen un derecho y no una concesión graciosa; un tribunal calificador tiene el deber de mostrar un ejercicio o examen escrito, realizado por el aspirante de una prueba selectiva. En el caso que origina este expediente de queja, el interesado no pudo acudir por motivos laborales a la casa consistorial el día fijado por el tribunal para revisar el ejercicio realizado, con lo que el ayuntamiento de Brión da por cumplido con el deber de acceso mencionado en el párrafo anterior. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, hay que diferenciar la oportunidad que tienen los participantes en el proceso selectivo a la revisión de la prueba realizada, de la solicitud expresa formulada por el autor de la queja de examinar y obtener copia de una serie de documentos que están incorporados al expediente que le afecta. Además, el autor de la queja no sólo requiere copia de su ejercicio, sino que solicita también copia del examen hecho por otro candidato. El artículo 37.3 de la Ley 30/1992, señala que el derecho de acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas figuren en los procedimientos de aplicación del derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario y que, en consideración a su contenido, pueden hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo. Esta institución considera que ese interés legítimo y directo existe en este caso, pues la comparación entre ambos ejercicios puede resultar útil para la argumentación y defensa de los intereses del autor de la queja. El solicitante no actúa aquí como un ciudadano cualquiera, sino que presenta la condición singular de haber sido parte en el procedimiento en el que se generaron los documentos requeridos. La posibilidad de que el acceso a los documentos depare a quien lo pretende un beneficio o provecho o le sirva para evitar o disminuir un perjuicio, implica que el autor de la queja posee el interés legítimo necesario para que su solicitud sea atendida, no pudiendo el ayuntamiento obstaculizar la obtención de las copias solicitadas al no haber justificado el ente local intereses de terceros más dignos de protección ni normas legal que impidan este acceso. El propio Tribunal Supremo avala esta postura en diversas sentencias, entre las que cabe citar la dictada en el recurso 68/2002 planteado ante la Sala de lo contencioso-administrativo. Como conclusión, se recomienda al Ayuntamiento de Brión que, por una parte, se adopten las medidas oportunas para garantizar de forma completa y eficaz el anonimato de los aspirantes que concurren a los procesos selectivos, siempre y cuando sea posible por la naturaleza y características del ejercicio y, por otra, que se facilite copia de los ejercicios y plantillas realizadas por el interesado y que obran en su expediente, así como de aquella documentación respecto a la que se considere que ostenta un interés legítimo. Esta recomendación ha sido aceptada parcialmente, ya que se tuvo en cuenta lo relativo al anonimato pero el Ayuntamiento de Brión no ha considerado conveniente hacer entrega de la documentación complementaria exigida por el interesado. Conviene llamar la atención sobre el hecho de que un buen número de expedientes iniciados ante posibles irregularidades detectadas en procesos selectivos concluyeron con el simple archivo al no haberse detectado ninguna infracción durante su desarrollo. Destaca entre ellos, el Q/1139/13, en el que el interesado denuncia que el Ayuntamiento de Santa Comba convocó proceso selectivo para cubrir una plaza de policía local, plaza que estaba siendo ocupada por un auxiliar que también se presentaba como candidato y que fue eliminado en las pruebas físicas. Sin embargo, la plaza quedó vacante al no superar ninguno de los 9 aspirantes restantes las pruebas psicotécnicas, lo que hizo al autor dudar de la legalidad del procedimiento. Tras un examen exhaustivo por parte del valedor, en el que se requirieron informes complementarios, valoraciones y justificaciones de las pruebas cuestionadas, e incluso se mantuvieron entrevistas con el responsable especialista encargado de la realización de las pruebas psicotécnicas, se ha llegado a la conclusión de que el ente municipal actuó de forma correcta y objetiva. Igualmente, fueron cerrados durante este año sin arrojar resultados destacables, y entendemos que resulta necesario subrayar este hecho, los siguientes expedientes: - Q/92/13: Se solicita la intervención del valedor alegando vulneración del principio de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, debido a que la puntuación exigida para superar el primer ejercicio en la oposición de la escala técnica de finanzas de la Xunta difiere en dos convocatorias realizadas en años distintos. Así, en la convocatoria de 2013 se exige 60 puntos sobre 100 mientras que en 2011 la puntuación necesaria era de 50 sobre 100. No se aprecia discriminación en tanto que la igualdad tiene que aplicarse entre quienes concurren en régimen de competencia en cada procedimiento selectivo y no resulta relevante entre quienes se encuentran en situaciones distintas. - Q/4186/13: Este expediente, en el que el interesado pretende la anulación de una serie de preguntas del ejercicio de la oposición, es una muestra clara de la aplicación del ya consabido criterio de la discrecionalidad técnica que poseen los órganos de selección de personal de las administraciones públicas. Esta discrecionalidad técnica de los tribunales y órganos seleccionadores, que viene a significar que el juicio técnico emitido no puede ser sustituido por otros órganos, administrativos o judiciales –salvo que exista desviación de poder, error o arbitrariedad–, se basa en una presunción de especialización e imparcialidad de estos órganos. En todo caso, los tribunales tienen el deber de explicar las razones de juicio técnico cuando expresamente le sean demandadas. Así, una consolidada doctrina jurisprudencial pone de manifiesto que los órganos juzgadores de las oposiciones o concursos realizan valoraciones de apreciación técnica, es decir, toman decisiones fundadas en elementos de carácter exclusivamente técnico, que sólo pueden ser formuladas por un órgano especializado de la administración. De este modo, la discrecionalidad técnica significa, por un lado, respetar las valoraciones que han sido realizadas por órganos cualificados que gozan del correspondiente saber especializado y, por otro, admitir el margen de polémica o discrepancia que sobre determinadas cuestiones sea tolerable en el concreto sector de conocimientos técnicos de que se trate. Aun estando claramente establecido el margen de discrecionalidad (que no arbitrariedad) que poseen los tribunales calificadores de oposiciones y concursos, no significa que no sean susceptibles de revisión sus resoluciones cuando se desvirtúe la presunción iuris tantum de certeza de la que disfrutan, al acreditarse el error padecido, al calificar como correcta o incorrecta una respuesta o al dar por buenas contestaciones manifiestamente equivocadas. De este modo, caen fuera del ámbito de la discrecionalidad técnica las apreciaciones que, al estar referidas a errores constatables con simples comprobaciones sensoriales o con criterios de lógica elemental, no requieren ese saber especializado. En el caso concreto que motiva la apertura de este expediente de queja, consideramos que las valoraciones realizadas por el tribunal encajan en el marco de discrecionalidad previsto en tanto que se refieren a aspectos puramente técnicos, para cuya apreciación está plenamente capacitado el órgano seleccionador, no pudiendo apreciarse por nuestra parte, error o arbitrariedad que invalide la resolución adoptada. - Q/5708/13: En este caso, el interesado denuncia que es excluido de la lista definitiva de la convocatoria para seleccionar un profesor de música en el Ayuntamiento de Arzúa sin habérsele dado opción a subsanar la documentación presentada, mientras que a otro aspirante excluido de la lista provisional por no adjuntar la unidad didáctica prevista en la base tercera se le concedió un plazo de tres días hábiles para corregir el error. Sin embargo, a partir de la investigación realizada comprobamos que la administración actúa correctamente dado que en el caso del listado provisional, el tribunal se limita a realizar una comprobación meramente formal de la documentación sin entrar a valorar la unidad didáctica en sí, existiendo un plazo de subsanación. Pero una vez realizado el anterior trámite, el tribunal pasa a estudiar ya las unidades didácticas presentadas por los aspirantes admitidos, momento en el que se constata que hay nueve unidades didácticas que no reúnen los requisitos exigidos (por no ajustarse al interlineado o letra requerida, excederse en el número de páginas, o presentar una programación y no una unidad didáctica). Por este motivo el interesado fue finalmente excluido del proceso, siendo una valoración de fondo ante la que no se contempla ya subsanación posible, decisión aplicada de manera objetiva y por igual a todos aquellos aspirantes que incumplen los requisitos establecidos. - Q/13516/13: El motivo de esta reclamación proviene de la falta de concreción por parte de la Diputación de Pontevedra, en las bases de la convocatoria para puestos de auxiliar administrativo, del paquete ofimático sobre el que versará la prueba informática a superar por los participantes. Aunque lo más habitual sea especificar el tipo de soporte informático que se habrá que manejar en este tipo de pruebas, lo cierto es que no se vulneran los principios fundamentales que deben regir en todo proceso selectivo para el desempeño de un puesto en el sector público. Entendemos que en las bases de la convocatoria objeto de esta queja no se vulneran los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que el nivel de capacitación exigido por la Diputación no resulta desproporcionado en relación al puesto ofertado. - Q/14385/13: La investigación versa aquí sobre la eventual vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, fundamentada en la publicación en prensa de unas declaraciones de la portavoz del grupo de gobierno municipal sobre la convocatoria para la provisión por el sistema de libre designación, de tres jefaturas de servicios en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Como punto de partida, hay que tener en cuenta que la valoración de las palabras de la portavoz del grupo de gobierno se realiza a partir de lo recogido en una nota de prensa de un medio de comunicación, resultando esta una prueba limitada para sobre el sentido directo que le atribuye el autor de la queja. Sin embargo, hemos trasladado a la referida administración que los responsables políticos deben cuidar con esmero las expresiones utilizadas en público para evitar dudas en cuanto a la transparencia en la gestión pública. - Q/14549/13: Se cuestiona en esta queja la contratación de una persona por la Diputación de Pontevedra en base a relaciones familiares. Realizada la investigación sumaria e informal correspondiente, el valedor confirma la correcta tramitación del proceso selectivo y el respeto a los principios básicos que deben regir en todo procedimiento de contratación de personal al servicio de la administración pública. Mención especial merece la queja Q/3986/13 en la que un ciudadano solicita que el valedor interceda ante la Consellería de Facenda para que en los procesos selectivos de acceso a la función pública la exigencia de conocimientos del turno de discapacidad y del turno libre sea diferente, concretamente se hace referencia en el escrito del interesado a la convocatoria de la Orden de 20 de junio de 2013 por la que se convoca proceso selectivo para o ingreso en el cuerpo facultativo superior de la Xunta de Galicia, subgrupo Al, escala de inspección urbanística. Analizando en primer lugar las propias bases de la convocatoria, tenemos que afirmar que las mismas se ajustan a la normativa aplicable al efecto en materia de discapacidad, tanto en los cupos de plazas como en las medidas adoptadas para la realización de las pruebas. Entendemos, por lo tanto, que en este caso concreto, la cuestión de fondo se restringe a si el nivel de conocimiento exigido para el turno general y para el turno de discapacitados debería ser distinto. Centrando así el fondo del asunto en la dinámica del proceso selectivo, el establecimiento de la reserva de un cupo de vacantes en las ofertas de empleo público para ser cubiertas entre personas con discapacidad permite realizar una convocatoria conjunta con las plazas comunes, en cuyo caso las pruebas selectivas tendrán el mismo contenido para todos los aspirantes, con independencia del turno por el que se opte. Sin embargo, para que la reserva no quede vacía de contenido, tienen que aplicarse una serie de medidas complementarias tales como adaptaciones de tiempo y medios. Debe tenerse en cuenta que el cupo de reserva implica que las personas con discapacidad que concurran a las pruebas selectivas por dicho cupo solo van a competir entre sí y no con el resto de aspirantes del turno general. De ahí que el Real Decreto 2271/2004 por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, establezca que durante el proceso selectivo se dará tratamiento diferenciado a los dos turnos, en lo que se refiere a las relaciones de admitidos, los llamamientos a los ejercicios y la relación de aprobados (art. 3.3) de tal forma que efectivamente, aun cuando las pruebas tengan idéntico contenido para uno y otro turno y en consecuencia se exija superarlas para acreditar el principio de capacidad, la medida positiva afecta esencialmente al principio de mérito, pues cada grupo tendrá que competir con los aspirantes del cupo en el que figura inscrito para la obtención de las plazas a ellos reservada. No cabe duda de que quienes acrediten la condición de discapacitados tendrán que conseguir el mínimo común prefijado, pero para ser definitivamente nominados (o contratados), el resultado de sus calificaciones únicamente tiene que ser contrastado con el obtenido por los aspirantes que acuden al proceso selectivo a través del mismo cupo de plazas reservadas; es decir, deben aprobar y obtener la puntuación más alta de entre quienes participan por el turno de discapacidad. Cierto es que la mentada reducción del número de competidores normalmente implicará que estos participantes del turno de reserva puedan superar el proceso selectivo con una puntuación inferior a la que deberían haber obtenido en el turno libre para ser seleccionados, pero no menos cierto resulta que la opción por el turno de reserva no garantiza la obtención de una plaza, ni siquiera cuando el número de candidatos es inferior al de plazas del cupo, porque es necesario que, al igual que en el turno libre, el candidato demuestre que posee el nivel mínimo exigido en la convocatoria para superar cada uno de los ejercicios. En este sentido, en los procesos selectivos con un elevado número de aspirantes, es práctica habitual que los tribunales calificadores fijen una puntuación de corte para entender superados los ejercicios por encima del nivel mínimo de conocimientos. En tal caso, es necesario que, para que la reserva no quede privada de eficacia, dichas puntuaciones sean distintas en cada uno de los turnos. Será preciso siempre, sin embargo, que los aspirantes con discapacidad superen las pruebas selectivas, no siendo suficiente con obtener la puntuación más alta entre quienes participan por el turno de discapacidad, pues así lo impone el obligado respeto a los principios de mérito y capacidad. Al finalizar el proceso, se elaborará una lista única con todos los candidatos que habían superado las pruebas, ordenados por la puntuación total obtenida, con independencia del turno por lo que hubieran participado (art. 3.3). Como conclusión de lo argumentado en las líneas anteriores, tenemos que decir que una cosa es la puntuación mínima exigida para todos los aspirantes, que será igual para todos los aspirantes independientemente del turno por lo que accedan al proceso selectivo, y otra cosa es que, una vez realizados los ejercicios pertinentes, la nota de corte varíe según el turno correspondiente en función del número de aspirantes aprobados. La sentencia del Tribunal Supremo de la sala de lo contencioso administrativo de 30 de septiembre de 2013 sigue la línea que acabamos de comentar, pues lo que se denuncia en el proceso es que la reserva para discapacitados se produce al final del procedimiento selectivo. El tribunal considera que los turnos deben quedar diferenciados desde el primer momento, debiendo competir entre sí los aspirantes de cada turno. En cuanto al requisito de que exista una nota mínima igual para ambas turnos, queda reflejado en el texto del fallo cuando expresamente señala que “superado el nivel mínimo de capacidad, entramos en el principio de mérito ... la competencia debe verificarse entre los aspirantes de cada grupo”. Así, continúa la sentencia, “cada alumno debería ser calificado y valorado en relación con el nivel de su propio grupo”, lo que no significa que el nivel mínimo de capacidad sea menor para el turno de discapacitados, sino que cada turno compite entre sí, y es en el momento en que se obtienen los resultados de los ejercicios, y siempre que los aspirantes superen la nota mínima exigida, cuando se pueden fijar notas de cortes distintas en cada grupo. Las medidas establecidas por la normativa vigente para favorecer la integración laboral del colectivo de discapacitados, se dirigen a fijar medidas compensatorias para garantizar la concurrencia de los aspirantes con discapacidad en condiciones de igualdad con el resto de los participantes. Con el establecimiento de estas medidas se trata de igualar a todos los convocados en el proceso selectivo, y suponen una discriminación positiva amparada por la ley, siempre y cuando estas sean razonables, pues la desproporción en las mismas llevaría claramente la una discriminación negativa para los aspirantes del turno general, e incluso, al absurdo de cuestionar si dentro de las capacidades habría también que establecer baremaciones distintas. Por todo lo anterior, consideramos que la convocatoria que origina el expediente de queja cumple con los principios que rigen el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, dando por concluida nuestra intervención procediendo al archivo de la queja al no apreciar actuación por parte de la administración que impida o menoscabe el ejercicio de un derecho o libertad fundamental. El valedor aún mantiene abiertos en el momento de cerrar este informe -a la espera de que la información requerida a las distintas unidades administrativas le sea remitida- un expediente relativo a la denuncia de irregularidades cometidas en el proceso selectivo para la incorporación de bomberos para el parque provincial de Monforte de Lemos, en el que los aspirantes denuncia la falta de información acerca de las puntuaciones obtenidas y de los listados de aprobados (Q/771/13); otro sobre la realización del proceso de selección para cubrir una plaza de auxiliar administrativo en el Concello de Ribeira alegando diversas irregularidades tales como la falta de garantía en el anonimato de los aspirantes o la inexistencia de plazo para alegaciones (Q/14473/13); otro sobre el desacuerdo con proceso selectivo para la contratación de socorristas en el Ayuntamiento de O Grove por falta de transparencia, al no haber sido publicada la relación de todos los aspirantes entrevistados, su puntuación detallada y los miembros del tribunal calificador (Q/13524/13); y finalmente, otro sobre la provisión de una plaza de personal facultativo en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (Q/12978/13). c - Abuso en el empleo de la figura de la cobertura de plazas con carácter interino Debemos destacar que en el año anterior se recibieron un número más elevado de quejas sobre la utilización de la figura de la interinidad, pues en el ejercicio 2013 tan sólo se ha registrado un expediente relativo a esta problemática, concretamente en el Ayuntamiento de Marín (Q/13534/13), y que todavía se encuentra pendiente de la remisión del informe, debido a la denuncia de un ciudadano ante la convocatoria para la cobertura interina de una plaza de técnico de administración general–adjunto intervención. C) Retrasos en convocatorias o en resoluciones de procesos de selección para empleo público Como ya avanzamos en la introducción, las medidas adoptadas por los poderes públicos sobre limitaciones para la incorporación de nuevo personal al servicio de la administración pública ha sido el detonante básico para el incremento de las quejas sobre esta materia. Como ya ocurrió en el anterior ejercicio, este año se han planteado quejas (Q/5537/13, Q/1659/13 y Q/13442/13) referentes a la demora que experimenta la oferta de consolidación de plazas de personal laboral de la Xunta de Galicia. A pesar de que, efectivamente, esta convocatoria se ha visto aplazada, no procede censurar a la Xunta por tal actuación puesto que, inicialmente, el proceso se retrasó por la complejidad del mismo al haberse presentado numerosos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia contra la normativa que le era aplicable (texto refundido y convenio colectivo aplicable, así como decreto de oferta de empleo público y acuerdo de modificación de la RPT). La Xunta de Galicia decidió diferir las convocatorias hasta que los pronunciamientos del Tribunal permitiesen abordar las pruebas con la seguridad jurídica adecuada, tanto para la administración como para los aspirantes, pues la intensa litigiosidad y la profunda incidencia que podían tener las resoluciones judiciales tanto en la configuración del proceso selectivo como en la determinación de los obligados a participar y en las plazas a ofertar, podría abocar a situaciones complejas para las partes implicadas. La Dirección General de Función Pública se encuentra en estos momentos evaluando los medios personales y las materias disponibles para la ejecución de los procesos pendientes en el último trimestre del año 2013, tras lo que se realizará la oportuna convocatoria, siempre teniendo en cuenta la necesaria adaptación a lo dispuesto en la normativa vigente relativa a los criterios impuestos por el plan de austeridad del Gobierno, que implican un recorte de la tasa de reposición de hasta el 10%. Tales argumentos fueron considerados válidos por esta institución procediendo al archivo de los expedientes, teniendo en cuenta además que el límite temporal establecido en el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico no tiene carácter esencial, por lo que en caso de demora no se produce la invalidez de los actos dictados con posterioridad y no impide a la administración alcanzar sus objetivos de cobertura de plazas vacantes. En esta misma línea de retraso en la convocatoria del proceso selectivo se enmarca el expediente Q/18825/13 por el que se insta a la Universidad de Santiago de Compostela a que remita informe sobre las causas por las que no se han convocado las 15 plazas de administrativo (Grupo C 1) de la oferta de empleo público de la Universidad de Santiago de Compostela del año 2010, publicada en el DOG de 20 de diciembre de 2010, del que se está pendiente de recibir la documentación para el análisis correspondiente. En este epígrafe también se incluyen dos expedientes sobre retrasos en procesos selectivos convocados por la administración pública pero que, a diferencia de los supuestos anteriores, no afectan a la convocatoria en sí, sino a la propia resolución de los mismos. Como primer ejemplo, en la queja Q/1882/13, la interesada indica que en la lista de aprobados en el proceso selectivo para el ingreso en la clase farmacéuticos inspectores de salud pública convocado por Resolución de 24 de septiembre de 2012, se incluye a un aspirante que es adjudicatario de una oficina de farmacia, situación incompatible con la prestación de servicios retribuidos en cualquier administración pública. Dado que la autora de la queja es la primera de la lista por orden de puntuación que pasaría a obtener plaza al causar baja tal aspirante, presentó numerosos escritos dando cuenta de los hechos mencionados y solicitando la modificación de la resolución de las plazas adjudicadas, sin obtener ninguna respuesta. En este caso, la labor tuitiva del Valedor do Pobo sirvió para estimular la acción de la administración a la hora actuar con la celeridad requerida, dándonos cuenta en su informe de la solución satisfactoria al problema planteado y procediendo al nombramiento de la interesada. El segundo caso lo ilustra la queja Q/12991/13, que todavía se encuentra pendiente de finalización, en el que la denunciante señala que fue seleccionada para cubrir un puesto de trabajo como licenciada en biología en el Centro de Cultivos Marinos, habiendo entregado la documentación requerida para la formalización del contrato en el plazo señalado (26/11/12). Tras diversas entrevistas e escritos instando la pronta resolución del expediente, en octubre de 2013 no había obtenido aún respuesta alguna. D) Posibles incorrecciones en la gestión de comisiones de servicios Para comprender la problemática que genera la figura de la comisión de servicios, es importante explicar que esta permite que un puesto de trabajo que haya quedado vacante pueda cubrirse, en caso de urgente e inaplazable necesidad, con un funcionario que reúna los requisitos establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo. En este tipo de provisión temporal, dadas las características de urgencia y no dilación en la necesidad de proveer, no le son aplicables otros principios como los de la publicidad ni el mérito. No obstante, se limita el tiempo máximo de vigencia, de un año prorrogable por otro más, debiéndose incluir el puesto en las convocatorias públicas para su cobertura por los sistema ordinarios tan pronto sea posible. En relación con este tema, destacan las quejas Q/311/13 y Q/4004/13 en las que los representantes de la Junta de Personal de la Xunta de Galicia denuncian una serie de continuos e reiterados incumplimientos de la normativa que regula las comisiones de servicios, mediante la remisión de un listado en el que constan las fechas de inicio de comisiones vigentes en las que se refleja la superación de los límites temporales fijados en la norma de aplicación. La Consellería de Facenda alegó que estaban pendientes de resolución diversos concursos de traslados para adjudicar con carácter definitivo los puestos que en ese momento estaban ocupados en comisión de servicios. Debido a que consideramos que esta información era demasiado genérica, requerimos de la administración una mayor concreción sobre los concursos pendientes, puestos afectados y plazos previstos en cada caso. Hay que reconocer la pronta respuesta de la consellería en el envío de estos datos y en el detalle de los mismos, de los que dimos el oportuno traslado a los autores de las quejas, procediéndose a finalizar el expediente al entender que la administración estaba adoptando las medidas necesarias para regularizar las situaciones que motivaron esta queja. No obstante, instamos al interesado para que, de no producirse las resoluciones de concursos comentadas en un plazo prudencial, nos lo comunicara para reivindicar de la administración el debido cumplimiento de lo dispuesto en el informe mencionado. Mientras que en los supuestos anteriores se cuestiona el mantenimiento de una comisión de servicios cuya concesión fue realizada conforme a la normativa, existe otra problemática próxima que es la que afecta a la solicitud en sí de las comisiones. Es el caso de los expedientes Q/5512/13 y Q/13001/13, en los que el interesado indica que no le ha sido concedida la comisión de servicios solicitada por motivos humanitarios y de salud. En concreto, el autor de la queja señala que tiene plaza de funcionario en otra comunidad autónoma y, por la situación de dependencia de sus dos progenitores, solicitó que le fuese otorgado destino temporal en Galicia, tal y como le había sido asignado el año anterior. La Comisión de valoración rechazó la solicitud por no haber sido acreditada correctamente la situación de dependencia del familiar, situación que es corregida en el recurso de reposición y la aportación de la documentación necesaria por el interesado. Sin embargo, aún reconociéndosele la procedencia de una comisión de servicios por razones de salud de un familiar, la administración considera que no se le puede adjudicar un puesto para su desempeño temporal ya que este no es un derecho absoluto, sino relativo, que depende primero de las existencia de necesidades (en este caso de profesorado) de puestos temporales para todo el curso académico y de los criterios de preferencia que se establezcan respeto de otros que también puedan tener un derecho a desempeñar temporalmente puestos de la especialidad solicitada. La imposibilidad de adjudicación de una plaza se debe a que la mayor parte de las necesidades temporales de esta consellería para tal curso académico, para puestos de la especialidad de música del cuerpo de profesores de enseñanza secundario, están cubiertas con personal funcionario de carrera de dicho cuerpo y especialidad con destino definitivo en la administración gallega y en situación de expectativa de destino, salvo 3 puestos en concreto. En relación con esos 3 puestos, en el informe se recoge que uno es asignado a un funcionario de carrera que solicita el reingreso desde una situación de excedencia, y los otros 2 puestos son asignados a personal interino, pero se trata de puestos que requieren, para su desempeño, certificar conocimiento de inglés (que el interesado no acredita). En definitiva, según la normativa vigente, el personal funcionario sin puesto definitivo o con pleno derecho la comisión de servicio, tiene preferencia para cubrir las necesidades temporales de la administración educativa gallega respeto de un funcionario con destino definitivo en otra comunidad autónoma. Como conclusión, consideramos correcta la actuación de la administración pues, a pesar de que existe la posibilidad reglada de acceder a puestos temporales por circunstancias de salud de familiares, a funcionarios dependientes de la administración educativa de otra comunidad autónoma, lo cierto es que tal posibilidad está condicionada a la existencia efectiva de necesidades de profesorado, a la aplicación de criterios de preferencia y al cumplimiento de los requisitos de plazas que así lo requieran. Otra queja a destacar en cuanto a la solicitud de comisiones es la Q/12435/13, en la que dos profesionales sanitarios solicitan sendas comisiones de servicios en el Hospital General de Vigo con el argumento de la necesaria conciliación de la vida laboral y familiar. Aunque la concesión de las mismas no es posible debido a la inexistencia de vacantes en el momento de la solicitud, la Consellería de Sanidade resolvió satisfactoriamente el problema con la aprobación definitiva del concurso de traslados por la que se adjudican plazas en los destinos solicitados a ambos interesados. También por razones de conciliación familiar y laboral se inicia la queja Q/13397/13 por la que se solicita la intervención del valedor ante la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria por un error en los listados de plazas vacantes que impide el disfrute de la comisión inicialmente concedida al denunciante. La administración admite en su informe el error cometido y garantiza que procederá a dar pronta solución a la situación creada. Para finalizar este apartado, cabe mencionar una última situación sobre comisiones de servicios, como es la no renovación de las mismas, caso que ejemplifican las quejas Q/1705/13 y Q/1706/13. En ambos supuestos, no se detecta mala praxis por parte de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria ya que las dos comisiones tenían carácter anual y la denegación de la renovación está suficientemente justificada por la administración al basarse en el incumplimiento por parte de los afectados de las funciones exigidas en el puesto desempeñado. E) Condiciones laborales de los empleados públicos A lo largo del año 2013, esta institución ha realizado labores de investigación abordando cuestiones heterogéneas que se encuentran, sin embargo, todas ellas relacionadas con las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Aunque una buena parte de las mismas tienen su origen en la reciente normativa de sostenibilidad financiera mencionada al principio de este informe, y que afecta a los derechos y obligaciones de los empleado públicos, otras muchas se enmarcan en el desempeño habitual de las funciones laborales de los trabajadores al servicio de la administración pública. Dado el contenido diverso de las quejas agrupadas en este epígrafe, consideramos convenientes subdividirlas en los siguientes apartados: a – Concreción de las condiciones generales de trabajo Una de las quejas registradas en el período 2013 que se sustancia en aspectos genéricos de las condiciones laborales es la recogida en el expediente Q/49/13, que analiza la denuncia de un funcionario de la escala de agentes forestales por la inexistencia de un marco regulador de las condiciones de trabajo, prestaciones de servicios, horarios, vacaciones, licencias y permisos de este cuerpo, al haber terminado el período de vigencia del acuerdo anterior. La consellería señala que el acuerdo, firmado el 24 de junio de 2004, está caducado, pues fijaba un período de vigencia de tres años a partir de su entrada en vigor el 1 de enero de 2005. Sin embargo, también indica que en el punto 9 de dicho Acuerdo, se establece que para dar cumplimiento al mismo, la Consellería de Medio Ambiente promulgaría las órdenes necesarias para su desarrollo. Precisamente, en aplicación de la citada cláusula, se publica la Orden del 21 de marzo de 2005 por la que se establece el régimen de prestación de servicios, horarios, vacaciones, licencias y permisos y compensaciones económicos a percibir por el personal de la escala de agentes forestales de la Xunta de Galicia. Esta orden, actualmente en vigor, recoge de manera prácticamente literal, el contenido del Acuerdo suscrito el 24 de junio de 2004, constituyendo el marco regulador de las condiciones de trabajo generales de estas escalas. A pesar de la regulación existente, la consellería manifiesta su voluntad de actualizar el acuerdo regulador y en esta línea ya se pronunciaron los representantes de las Consellerías de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras y do Medio Rural e Mar en la reunión mantenida en 2012 con las tres organizaciones sindicales representativas de este colectivo (CIG, CCOO , UGT) momento en el que se acordó la conveniencia de retomar lo dialogo respeto del condiciones laborales y económicas recogidas en el Acuerdo del 24 de junio de 2004, teniendo siempre en cuenta el principio de contención del gasto en materia de personal. El Valedor do Pobo se interesó también por las condiciones laborales del personal laboral que trabaja en residencias de mayores, centros de menores, CAPD y otros dependientes de la Consellería de Traballo e Benestar, analizando si las diferentes regulaciones en materia de jornada y vacaciones con respecto a otros empleados públicos tienen cobertura legal. Concluimos este expediente señalando que la organización de los servicios sociales gestionados por la administración pública atiende de una manera particular al interés primordial de los usuarios y que, dada las especiales características de los servicios afectados, los empleados que desempeñan labores en estos centros están vinculados por condiciones laborales que pueden exigir particularidades con respecto a otros puestos pero que tienen como objetivo principal el de no perder de vista la buena atención a los ciudadanos y la eficiencia del servicio público. En todo caso, las diferencias en cuanto a jornada y vacaciones aparecen en la práctica compensadas debidamente y las medidas adoptadas carecen de arbitrariedad, pues se adoptan en un marco legislativo que no contradice los preceptos constitucionales, estableciendo condiciones laborales específicas para puestos de trabajo concretos y sin discriminación. b – Problemas en la percepción de retribuciones salariales y extrasalariales Antes de analizar la casuística del presente año, hay que mencionar que una de las problemáticas destacadas en el informe del año 2012 la constituyeron las reclamaciones por la percepción de complementos de antigüedad por parte de trabajadores temporales, que dieron lugar a un numeroso grupo de expedientes, que en el momento de cierre del documento estaban pendientes de remisión del informe solicitado a la administración. En el ejercicio 2013, ha continuado el registro de quejas por el mismo motivo, si bien en menor medida, procediéndose a su resolución de forma conjunta con las anteriores una vez recibida la documentación de la consellería, habida cuenta del idéntico contenido de todas ellas (Q/10, 43, 121, 124, 679 y 699/13). Como ya mencionamos en el informe anual anterior, todos los expedientes coinciden en el hecho de que los interesados prestaron servicios para la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia como interinos durante los años suficientes como para perfeccionar trienios. De conformidad con lo establecido en la Directiva 1999/70/CE y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que viene manteniendo desde hace años que no se puede discriminar a un trabajador temporal con respecto a otro fijo si no existe una causa objetiva para ese trato diferenciado, los autores de las quejas solicitaron el abono de las cantidades no prescritas en relación al complemento de antigüedad. En relación a estas solicitudes, la Administración procedió a resolverlas de modo desestimatorio recurriendo los interesados a la jurisdicción competente, en la que recayeron varias sentencias firmes desestimatorias de esta pretensión. Sin embargo, tras la situación descrita que afectaba a un volumen significativo de trabajadores, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda), procedió a solucionar la controversia mediante sentencia de 22 de diciembre de 2010, en la que resuelve dos cuestiones prejudiciales de interpretación interpuestas por juzgados del contencioso-administrativos de A Coruña y Pontevedra. Esta sentencia comparte el criterio y fundamentos esgrimidos por los interesados en sus reclamaciones iniciales y, sobre la base de la clarificación vinculante de la situación que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Administración autonómica procedió en consecuencia a abonar a todos los afectados, que así lo solicitaran tras la publicación de la sentencia del TJUE, las cantidades no prescritas en relación a los trienios que les correspondiesen. No obstante, es justo en ese momento cuando aparece una segunda derivada del problema. Los autores de las quejas dirigidas al valedor presentaron de nuevo, con posterioridad a la publicación de la sentencia, reclamaciones sobre lo abono de cantidades no prescritas en concepto de trienios, encontrándose con que la administración rechazaba su pretensión al alegar que los autores de las quejas ya habían solicitado ese abono con anterioridad y que el mismo había sido ya desestimado en la vía administrativa y contenciosa. Como subrayan todos y cada uno de los interesados en sus escritos “la situación descrita que me afecta de manera individual, se enmarca en un contexto de reclamaciones presentadas por un colectivo de interesados, que dio origen en muchos casos a pronunciamientos judiciales divergentes, en los que en unos casos hubo sentencias en primera instancia firmes desestimatorias, en otros sentencias firmes estimatorias y en otros sentencias pendientes de resolución lo por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, antes de que se pronunciara definitivamente el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. De este modo, hay un pequeño colectivo de personas, que estaba afectado por el no abono de trienios con efectos retroactivos a la publicación del EBEP pero que finalmente no percibió las cantidades que les correspondería, en base a una interpretación restrictiva de la Administración que alegaba la existencia de un acto administrativo firme consentido o cosa juzgada, para justificar la no admisión de las posteriores solicitudes de abono de cantidades, originando en mi opinión, una situación evidente de discriminación con respeto al resto de interesados que finalmente cobraron los trienios adeudados. De este modo, la administración vulnera el principio de igualdad y procediendo a hacer una evidente discriminación en relación a mi solicitud, la diferencia de lo que sucede con respeto a las personas que no hicieron una reclamación antes del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o que tuvieran pronunciamientos judiciales favorables, que sí vieron reconocidas sus solicitudes y por lo tanto se está penalizando a una persona por el simple hecho de haber reclamado un derecho en su día. Es difícil comprender, como en una misma situación un compañero está a cobrando las cantidades que le correspondían, mientras que a otro, no se le abonan, abocándolo a aceptar esa situación discriminatoria o de nuevo a un procedimiento judicial largo y costoso.” Como respuesta a esta situación, la consellería remitió el preceptivo informe confirmando la denegación del reconocimiento de los abonos solicitados. Analizado el caso, esta institución manifestó su disconformidad con la resolución final adoptada por la administración, y aún comprendiendo la complejidad del caso, remitió una sugerencia a la consellería para modificar su criterio y atender las demandas de los interesados, sugerencia que se incluye en el apartado IV de este informe, y cuya motivación básicamente se fundamenta en el efecto directo que despliegan las directivas comunitarias no transpuestas o incorrectamente incorporadas al ordenamiento interno, la aplicación del principio de igualdad y la justicia material. Hay que destacar que la Xunta de Galicia comunicó al Valedor do Pobo en el año 2013 la aceptación de la sugerencia remitida por relación a estos expedientes, comprometiéndose a adoptar las medidas oportunas para hacerla efectiva, procediendo a la fiscalización previa de la orden oportuna y quedando pendientes del informe de la asesoría jurídica y de la existencia de recursos financieros que permitan su ejecución de forma progresiva. Ya pasando a analizar otros expedientes relativos a las retribuciones de los empleados públicos tenemos que mencionar que, así como en el 2012 fueron muy numerosas las quejas relativas a los minoraciones en los conceptos salariales (tales como la supresión de la paga extraordinaria del segundo semestre), en el 2013 tan sólo un ciudadano interpuso reclamación por este motivo, al que se le trasladó que las medidas sobre reducción de retribuciones de todo el personal del sector publico, tanto estatal como autonómico, deben entenderse como medidas que tienen un alcance general para todo el personal sin que se hayan producido situaciones de desigualdad y, en todo caso, responden a una situación coyuntural de crisis económica y de necesidad de contención del gasto público, sin que en puedan considerarse como un abuso de poder. También se incluye en este apartado el expediente Q/14448/13 sobre la falta de pago de la indemnización por fin de contrato temporal por parte del Ayuntamiento de Nogueira de Muñiz, el cual procedió a resolver la situación tan pronto se le comunicó la interposición de la queja. Deben ser citados igualmente los expedientes Q/15/13 y Q/329/13 en los que no se aprecia actuación irregular por parte de la administración. Así, el primer supuesto se dirige contra la Consellería de Sanidade a la que se reprocha el no reconocimiento de carrera profesional (concretamente al acceso al IV grado) al interesado; sin embargo, la administración alega que no recibió presentación de ninguna solicitud al respecto, sin que el denunciante rebata tal afirmación. La segunda queja versa sobre la modificación de las cuantías de las ayudas del Fondo Social percibidas por los funcionarios del Concello de Marín, quedando constatada la correcta actuación de la comisión evaluadora al adoptar el acuerdo de revisión de las cuantías en base a las causas reconocidas por la normativa reguladora del Fondo Social, siendo posteriormente ratificada por resolución de la alcaldía. c – Discrepancias en los concursos de traslados Los funcionarios de la administración pública disponen de un sistema de concurso de traslados que les permite optar a una reasignación de su puesto de trabajo en función de sus méritos adquiridos y experiencia profesional. La convocatoria de este procedimiento normal de provisión de plazas vacantes puede generar diversas discrepancias en los participantes, habitualmente motivadas por el tipo de requisitos exigidos para participar en cada una de las convocatorias. Así, en la queja Q/1919/13 al interesado se le denegó su participación en el concurso de traslados convocado por la Orden de 28 de noviembre de 2012, para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la administración especial de la Xunta de Galicia. La Consellería de Facenda alega que el dicente no reúne los requisitos exigidos ya que su nombramiento es de carácter provisional. Sin embargo, el interesado señala que en el momento de solicitar su admisión en la convocatoria se encontraba ocupando un puesto de libre designación. Tras el análisis de la cuestión, pudimos comprobar que el nombramiento para ocupar un puesto por libre designación modifica la situación de provisionalidad del interesado en el momento en el que accede a un nuevo puesto de trabajo a través de la fórmula de la libre designación, tal y como consta en su expediente administrativo, donde figura el carácter definitivo de su destino. Tal conclusión, motiva que el Valedor do Pobo emita una recomendación a la Consellería de Facenda para que declare la nulidad de pleno derecho de la resolución de 12 de abril de 2013 por el que se elevan a definitivas las relaciones de admitidos y excluidos en el concurso referenciado, en lo que se refiere concretamente a la admisión al concurso del autor de la queja, recomendación aceptada y que aparece detallada en el cuarto apartado de este informe. Dos casos relativos a traslados en los que ha intervenido el valedor sin apreciar actuación irregular por parte de la administración, son los investigados en los expedientes Q/198/13 y Q/14503/13. El primero de ellos trata sobre la solicitud de traslado de una empleada laboral de la Consellería do Medio Rural a la Administración de Castilla y León. La Xunta de Galicia pone de manifiesto acertadamente que no hay firmado ningún convenio con otras administraciones sobre la movilidad interadministrativa del personal laboral. Sin embargo, la Xunta de Galicia se compromete a autorizar el traslado requerido, de existir plazas disponibles en la Administración de Castilla y León por algunos de los sistemas de provisión legalmente establecidos, como el concurso u otro sistema de provisión temporal. En el segundo expediente señalado, Q/14503/13, el interesado reprocha que después de haber participado obligatoriamente en un concurso de traslado por haber cesado en su anterior puesto de libre designación, sigue sin asignársele plaza alguna. Sin embargo, según la documentación obrante en el expediente queda atestiguado que el interesado no solicitó plaza en el último concurso, por lo que se le insta a que participe en la próxima convocatoria. En otro conjunto de casos, que todavía no están cerrados, los funcionarios del cuerpo docente de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria denuncian que en la Orden de 16 de octubre de 2013 por la que se convoca concurso de traslados entre personal funcionario docente de los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundario, escuelas oficiales de idiomas, música y artes escénicas, artes plásticas y diseño, profesores técnicos de formación profesional, maestros de taller de artes plásticas y diseño, maestros, inspectores al servicio de la Administración educativa e inspectores de educación, se hace referencia por primera vez para la baremación de méritos a la “personal funcionario” y no “personal funcionario de carrera”, como sucedía en anteriores años, lo que, según los interesados, implica un perjuicio para las personas que accedieron a sus puestos mediante la superación del examen de oposición frente a los que lo obtuvieron después de desempeñar puestos como personal interino. d – Descuerdos en materia de jornada laboral Son dos los planteamientos que, en materia de jornada laboral, se pueden diferenciar para analizar las quejas recibidas por esta institución: problemas sobre las modificaciones de la jornada solicitadas por trabajadores del sector público y discrepancias en cuanto a la regulación en sí de la jornada laboral de ciertos colectivos. El primer orden de problemas viene ejemplificado por las quejas Q/13530/13 y Q/14430/13. La petición que sustenta el expediente Q/13530/13 se basa en la pretensión de flexibilizar el horario de entrada y salida debido a la discapacidad de la interesada derivada de la pérdida auditiva que padece, petición que no puede ser atendida dado que no es un supuesto recogido por la normativa de conciliación de la vida familiar y laboral. Sin embargo, informamos a la interesada de que podría solucionarse su problema en base a la reciente Orden de 20 de diciembre de 2013 por la que se regulan la acreditación, la jornada y el horario de trabajo, la flexibilidad horaria y el teletrabajo de empleados y empleadas públicas en el ámbito de la Administración General y del sector público en Galicia, contemplándose la posibilidad de acogerse a la flexibilidad horaria por interés particular. En cuanto al expediente Q/14430/13, la administración corrigió su primera resolución en la que había denegado un permiso para cuidado de hijo con enfermedad grave, admitiéndose finalmente el derecho al mismo. En el segundo tipo de asuntos, las desavenencias entre administración y trabajadores provienen por el establecimiento de jornadas específicas para colectivos concretos, tales como los puestos de personal de enfermería. Esta institución mantiene abiertos varios expedientes sobre este punto, pendientes aún de informe por parte de la administración, como son las quejas Q/14397/13, Q/14398/13, Q/14399/13 y Q/14400/13, iniciados todos ellos por personal estatutario diplomados en enfermería del PAC de O Grove, y la Q/14381/13 interpuesto en el mismo sentido por una enfermera del Complejo Hospitalario de Pontevedra. e – Alcance de la cobertura y asistencia durante los períodos de incapacidad temporal El Real Decreto-ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, establece una nueva regulación de la prestación económica en los supuestos de incapacidad temporal para los empleados públicos que estén adscritos al Régimen General de la Seguridad Social, modulando la plenitud retributiva vigente hasta la fecha. Lo dispuesto en el artículo 9 de esta norma sobre la posibilidad de que cada administración pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, tiene de complementar las prestaciones que perciba el personal funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad Social y el personal laboral a su servicio en las situaciones de incapacidad temporal, provoca la intervención del Valedor do Pobo ante la queja de los representantes de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Marín por la actuación de la comisión paritaria mixta en la resolución de las dudas sobre esta materia (Q/14279/13). El ayuntamiento confirma que tal órgano actúa únicamente constatando la información sanitaria aportada en cada caso, sin realizar valoración médica alguna, y cumpliendo escrupulosamente lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 sobre protección de datos de carácter personal, por lo que no se aprecia ningún actuación irregular por parte del ente municipal. Sobre la cobertura sanitaria a los funcionarios del Ayuntamiento de Porto do Son se cursa el expediente Q/125/13 al denunciar el dicente que la incorporación al régimen general de la Seguridad Social de los funcionarios de esta localidad se realizó sin haber existido negociación con los afectados y generó un período de vacío de cobertura entre el 1 y el 10 de enero de 2013. Tras las averiguaciones correspondientes, se observa la correcta actuación del órgano municipal pues queda verificado el trámite de información y audiencia a las organizaciones sindicales y a los representantes del personal funcionario en la mesa general de negociación, así como la continuidad de la prestación de asistencia sanitaria pues esta fue cubierta por el seguro médico concertado con una entidad privada hasta el 31 de diciembre 2012, pasando a la acción protectora de la Seguridad Social y del Servicio Gallego de Salud a partir del 1 de enero de 2013. Por último, cabe incluir en este epígrafe la discrepancia manifestada por una profesora ante la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que no consideró como enfermedad profesional la incapacidad temporal por nódulos vocales. Sin embargo, analizado el problema planteado, no apreciamos vulneración de los derechos fundamentales de la interesada al considerar que la Xunta de Galicia aplica correctamente el cuadro de enfermedades profesionales vigente. Esta normativa ha experimentado una reciente modificación -tras un largo proceso de diálogo entre las partes firmantes de la Declaración para el Diálogo Social acordada en julio de 2004 (Gobierno, representación sindical y empresarios) y siguiendo además la Recomendación 2003/670/CE da Comisión relativa a la lista europea de enfermedades profesionales- que adecúa la lista vigente a la realidad productiva actual, así como a los nuevos procesos productivos y de organización. Además, no creemos posible afirmar que exista una causalidad clara y directa entre el trabajo como docente y la enfermedad diagnosticada por la interesada, al no poder demostrarse que el desarrollo de sus funciones como profesora sea la responsable única de la misma. F) Consecuencias de la finalización de la relación laboral con la administración pública La totalidad de las actuaciones administrativas analizadas por el Valedor do Pobo en los supuestos relacionados con la extinción de la relación laboral existente entre trabajador y administración se han resuelto entendiendo que la actuación del órgano público fue acorde al ordenamiento jurídico. Tal es el caso del expediente Q/538/13, Q/565/13 y Q/579/13 sobre la posible amortización de plazas en la Consellería de Traballo e Benestar; del Q/1005/13 sobre jubilación forzosa de un médico del Sergas; del Q/4106/13 sobre el fin de contrato de interinidad en el cuerpo de tramitación procesal y administrativa de justicia al incorporarse el funcionario titular; del Q/14390/13 sobre amortización de plazas en centros docentes de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria; y del Q/14500/13 sobre modificación de la resolución definitiva de adjudicación de plaza temporal en ejecución de sentencia judicial en el Ayuntamiento de Muros. Se encuentra pendiente de informe el expediente Q/14393/13 sobre solicitud de pase a segunda actividad en el Ayuntamiento de Órdenes. G) Conductas reprobables e imposición de sanciones al personal al servicio de la administración pública En el desarrollo de sus funciones, los empleados públicos deben actuar dando cumplimiento a las normas vigentes y bajo las pautas establecidas por sus superiores, en aras de lograr un servicio eficiente, siendo sancionable aquella conducta que no se ajuste a los derechos y obligaciones recogidos en nuestra legislación. Se puede diferenciar un primer grupo de quejas que se originan por las discrepancias de los trabajadores de la administración pública ante las sanciones impuestas por el ente administrativo del que dependen tras imputárseles alguna conducta constitutiva de infracción. En el caso de los expedientes Q/331/13 y Q/454/13, esta institución no puede continuar su intervención debido a que en ambos casos se inició la vía contencioso-administrativa, lo que obliga a paralizar nuestra investigación sumaria e informal con el fin de garantizar la exclusividad de la acción de los órganos judiciales. En el caso del expediente Q/5490/13 consideramos adecuada la imposición de la sanción, recogida en la normativa de la Escuela Gallega de Administración Pública, de impedir la participación del interesado en cursos formativos durante un año al no poder acreditar este que había comunicado su renuncia al curso en el que se había matriculado, tal y como alegaba que había hecho en su escrito de queja. Sin embargo, consideramos conveniente indicar a la administración que el afectado por tal medida debe ser informado en el momento en que se impone la penalización de excluirlo de los próximos cursos, a fin de que pueda alegar o justificar que efectivamente lo notificó en tiempo y forma por si eventualmente se hubiese producido algún tipo de error o problema en la remisión por parte del interesado de la justificación de ausencia. Con tal motivo, se remite una sugerencia a la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que se encuentra pendiente de contestación. Además del grupo de expedientes anteriores, en este apartado tiene cabida un conjunto de quejas cuyo nexo común es la denuncia por parte de terceras personas ajenas a la función pública de conductas inapropiadas cometidas por funcionarios públicos. Así, en la queja Q/371/13 se advierte de la incompatibilidad que afecta a un gerente de gestión integrada del SERGAS por ejercer actividades en el sector privado, a lo que la administración responde con el compromiso de comprobar esta situación y tomar las medidas oportunas, de ser el caso. En la queja Q/453/13, la respuesta de la administración también resulta satisfactoria al apercibir a un funcionario que estaba utilizando en el ámbito privado de forma indebida la dirección de correo electrónico asignada a su puesto de trabajo. Por último, se inicia un expediente de oficio, el Q/4015/13 ante las noticias recibidas sobre el uso de información abusiva por parte de funcionarios que ofrecían servicios de formación para la preparación de oposiciones, cerrándose el mismo al comprobarse que no se había incurrido en conducta sancionable y considerando que el órgano administrativo correspondiente había reaccionado diligentemente a las denuncias al haber iniciado, de igual modo, la investigación de los hechos. H) El uso abusivo de la figura del silencio administrativo Esta institución continúa insistiendo ante las administraciones, tal y como hemos venido reflejando en los informes de años precedentes, en la necesidad de erradicar la perniciosa práctica del silencio administrativo, que genera en los ciudadanos inseguridad jurídica e indefensión material y que los obliga a acudir a la vía jurisdiccional, ahora más onerosa que nunca, para la resolución de sus conflictos. En diversas sugerencias e, incluso, en las meras diligencias ordinarias que terminan sin necesidad de un dictamen por parte del valedor, hemos insistido permanentemente, como se observa en los apartados subsiguientes, en el deber de las administraciones de “dictar resolución expresa en todos los procedimientos y notificarlos, cualquier que sea su forma de iniciación” que establece el artículo 42 de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Ciertamente, las quejas por este motivo han ido disminuyendo por lo que entendemos que la labor tuitiva desplegada ante esta problemática ha parcialmente dado sus frutos. No obstante, durante el año 2013, se han recibido un total de 8 quejas cuyo contenido se centra en la falta de respuesta expresa por parte de la administración, sin que los autores de las quejas pidieran la valoración del Valedor do Pobo sobre el fondo del asunto. Tal es el caso del expediente Q/374/13 y Q/391/13 frente al Ayuntamiento de Ponteareas; el Q/382/13 y Q/383/13 frente al Ayuntamiento Vilaboa; el Q/1747/13 frente a la Consellería de Traballo e Benestar; el Q/5558/13 frente a la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria; y el Q/14663/13 frente al Ayuntamiento de Bayona. Resulta llamativo el hecho de que en todas las quejas recibidas denunciando la inacción de la administración ante escritos de los ciudadanos, no fuese necesario llegar a dictar Recomendación alguna debido a que el organismo afectado procedió a remitir informe a esta institución comunicando la remisión de respuesta expresa al interesado. Frente a informes de años anteriores en los que el ente administrativo alegaba la aplicación del silencio administrativo, en este momento la administración proporciona, con carácter general, una respuesta satisfactoria al ciudadano en el momento en el que recibe la notificación de inicio de expediente por parte del Valedor do Pobo al dar contestación explícita al solicitante, que es precisamente lo que reclama éste. Aún así, es fundamental continuar trasladando a los entes públicos la obligatoriedad de dictar y notificar resolución expresa en todos los procedimientos, evitando dilaciones de los procesos, que generan situaciones de indefensión y costes judiciales innecesarios, con el fin de que la denuncia Valedor do Pobo no se constituya en la única vía para obtener las respuestas requeridas. 2. Orden público Como punto de partida de este apartado, hay que mencionar que la mayoría de las quejas recibidas por cuestiones de orden público se refieren a actuaciones de la Administración General del Estado y, en consecuencia, le corresponde conocerlas al Defensor del Pueblo, por lo que en dichos supuestos procedemos a trasladarlas y a comunicar tal circunstancia a los autores de las mismas. Sin embargo, debemos destacar que en el año 2013 se inicia un importante grupo de expedientes (concretamente 215) que traen causa de una queja múltiple de idéntico contenido sobre el veto a la exhibición de la bandera independentista gallega durante un evento deportivo (Q/838/13 y acumulados). Aunque los actos denunciados por los interesados que acudieron a nuestra institución se refieren a actuaciones de la policía nacional, consideramos oportuno, por razón del objeto y la repercusión de la reclamación, admitir a trámite los expedientes solicitando la documentación necesaria al órgano competente. Los hechos que originan este amplio conjunto de quejas se produjeron el 11 de marzo de 2013 en el estadio José Zorrilla de Valladolid, localidad a la que se desplazó el equipo del Deportivo de A Coruña para jugar un partido de fútbol y donde los policías destinados para el control del acceso al recinto deportivo, impidieron exhibir las banderas nacionalistas gallegas a los aficionados del equipo coruñés, procediendo a la confiscación de las mismas. Como punto de partida de nuestras consideraciones sobre lo ocurrido, debemos referirnos a lo dispuesto por la Ley 19/2007 de 11 de julio contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, ya que esta norma constituye el fundamento jurídico en el que se basó la decisión adoptada por la policía y que motiva la queja. En el artículo 2 de la norma se establece que “a efectos de la presente Ley, y sin perjuicio de las definiciones que se contienen en otros textos legales de nuestro Ordenamiento y de que las conductas descritas en los apartados 1 y 2 de este artículo puedan constituir delitos o faltas tipificadas en las leyes penitenciarias, se entiende por: 1. Actos o conductas violentos o que incitan a la violencia en el deporte: … b) La exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las que se exhiban o utilicen de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la realización de comportamientos violentos o terroristas, o constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el espectáculo deportivo." Asimismo, el artículo 6 prohíbe exhibir banderas y otras enseñas "que inciten a la violencia o en cuya virtud una persona o grupo de ellas sea amenazada, insultada o vejada por razón de su origen racial o étnico, su religión o convicciones, su discapacidad, edad, sexo u orientación sexual". Finalmente el artículo 14 recoge que “el coordinador de seguridad de cada evento deportivo debe establecer pautas a los organizadores para que se cumplan las condiciones de acceso y permanencia por parte de los espectadores y evitar alteraciones de la orden pública.” A partir de la legislación mencionada cabe afirmar que las autoridades disponen, en principio, de un margen discrecional muy amplio para valorar, según las circunstancias de cada caso particular, la conveniencia de proceder a la retirada de banderas que puedan llegar a provocar incidentes de carácter violento. La administración argumenta que no se prohibió la entrada al estadio de fútbol con las banderas independentistas por considerar que estas habían constituido en sí y de manera separada algún tipo de infracción, sino que ese impedimento vino provocado por el hecho de tratarse de un “espectáculo deportivo de masas en el que convergen otras circunstancias como pueden ser la rivalidad deportiva y/o regional, ideologías políticas de los distintos grupos de aficionados, lugares de exhibición, etc., pudiendo provocar su exhibición una reacción adversa y violenta por parte de unos sectores de aficionados". Así, y con el fin de evitar posibles altercados, la Policía ejerció su capacidad para impedir, en ciertas ocasiones y en un entorno concreto, la introducción a los recintos deportivos de banderas y pancartas. A partir de esta argumentación, consideramos oportuno, dentro del marco competencial que delimita la labor de nuestra institución y en el contexto de cooperación que preside la relación entre las diversas defensorías del Estado, sugerirle a la Defensora del Pueblo (que es quien tiene capacidad para dirigirse en este caso al Ministerio del Interior) que promueva una reflexión más amplia sobre esta problemática, ya que este tipo de polémica se está reproduciendo de una manera relativamente habitual en los últimos tiempos y afecta a un número considerable de ciudadanos. En ese sentido, debe ser tomado en consideración que el razonamiento a aplicar por parte de las fuerzas de la orden en la interpretación de la norma tiene que seguir una lógica de círculos concéntricos. Resulta evidente que las previsiones de los artículos 2 y 6 de la Ley 19/2007 se orientan hacia la proscripción de toda simbología que aliente la violencia, la intolerancia o los comportamientos xenófobos; y en este plano no debe surgir duda alguna en la práctica sobre la aplicación de la normativa ante cualquier simbología de carácter fascista o racista. Sin embargo, el nivel de incertidumbre sobre el sentido de la norma aumenta sensiblemente cuando nos desplazamos a un segundo círculo de significados, que es aquel en el que los símbolos tienen una lectura política o identitaria (como ocurre con una bandera independentista) pero están completamente desprovistos de connotaciones de carácter violento. En este ámbito –en el que se sitúan las quejas plantadas ante el Valedor do Pobo- las respuestas a dar por la autoridad consideramos que deberían estar más matizadas, por los motivos que vamos reseñar a continuación. Los espectadores de un evento deportivo no están ejerciendo su derecho constitucional de manifestación por lo que el control de los símbolos que portan -en aras de la prevención de la violencia- no conculca de una manera frontal sus derechos políticos básicos; dicho de una manera más elemental, un evento deportivo no es un acto de reivindicación política. Sin embargo, una vez admitido este principio general, debemos aceptar también que los espectáculos deportivos generan una fuerte dinámica de identificación colectiva que, en muchos casos, implica una identificación de carácter nacional expresada mediante cánticos, himnos o banderas. Pretender limitar a priori la exhibición de estos símbolos nacionalistas e independentistas por el hipotético riesgo de que generen una eventual alteración del orden pública origina importantes dificultades prácticas dentro del ambiguo marco normativo que delimita la Ley 19/2007. Para poder abordar con franqueza la problemática subyacente a las quejas que motivan este escrito, desde el Valedor do Pobo consideramos que resultaría útil emprender una doble reflexión; por un lado, de lege ferenda, es decir, en la perspectiva de la reforma legislativa, si es que esto se llega a considerar preciso; y por el otro, de lege lata, o sea, únicamente con el derecho vigente en la mano. Desde la primera perspectiva, la de la lege ferenda, sería aconsejable responder con claridad a la pregunta de si es suficiente, o no, el marco normativo que regula la exposición de símbolos y banderas en los estadios de todo el territorio del Estado. Si se llegara a considerar oportuno o necesario, en términos de política legislativa, evitar que los eventos deportivos se conviertan en escenarios para la exhibición de cualquier tipo de reivindicación que tenga un contenido político habría que proceder a regular expresamente que podrán ingresar en los recintos deportivos sólo las banderas que o bien tengan carácter deportivo o bien cuenten con un reconocimiento oficial. Necesariamente, este desarrollo legislativo implicaría una modificación de los artículos 2 y 6 de la Ley 19/2007, ya que la prohibición de la exhibición de estos símbolos excede con mucho de los supuestos recogidos de forma expresa en la norma vigente que se refiere, sólo, a las banderas que trasladan un mensaje de odio. El desarrollo de esta eventual reforma legislativa no es una mera elucubración sino que llegó a ser debatida recientemente en el Congreso de los Diputados como Proposición de ley de Les Corts Valencianes, de modificación de la Ley 10/1990 de 15 de octubre del deporte, encontrando escaso respaldo entre los grupos parlamentarios (cf. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación Permanente, X Legislatura, núm. 38, 12 de junio de 2012, págs. 5-15). En el futuro, de querer una mayoría parlamentaria avanzar en esa vía y en caso de que la nueva norma superara el test de constitucionalidad, se consolidaría una base legislativa clara y transparente para restringir la exhibición de mensajes políticos en eventos deportivos. Sin embargo, lo cierto es que en la actualidad esta norma ni existe ni tiene visos de existir a medio plazo. Por tanto, es preciso abordar la cuestión de la retirada de banderas independentistas en los estadios únicamente desde la lege lata, es decir, con el derecho vigente en la mano. Y en este plano, consideramos que debiera producirse por parte de los responsables de seguridad de los eventos deportivos una aproximación más matizada a un problema que, como queda de manifiesto en las abundantes quejas recibidas por esta institución, hiere la sensibilidad de un número significativo de ciudadanos. Tal y como indica la norma, el coordinador de seguridad debe proceder a valorar de manera individual y atendiendo siempre a las circunstancias de cada evento concreto la oportunidad de permitir o no la entrada a los recintos deportivos de banderas, como las independentistas, que puedan llegar a generar reacciones violentas por parte de los espectadores. Aunque no siempre resulte sencillo apreciar el riesgo potencial de reacciones adversas que en un evento deportivo puede causar la exhibición de estos distintivos -y a pesar de que deba aplicarse un principio precautorio en el control del orden público- entendemos que la retirada de estos símbolos debe producirse sólo de manera excepcional y en aquellos casos en los que la amenaza de incidentes violentos sea altamente probable. Es decir, al no existir una regulación legal expresa por relación a la exhibición de banderas con un contenido político no violento, como las independentistas, la confiscación de las mismas debiera darse sólo en aquellos supuestos en los que sea posible argumentar motivadamente la existencia de un riesgo serio de que se produzcan incidentes violentos. La aplicación de un enfoque autorestrictivo por parte de las fuerzas del orden sobre su capacidad de control de la exhibición de símbolos políticos por los ciudadanos en espacios públicos resultaría, en ese sentido, coherente con la jurisprudencia española e internacional en materia de derechos humanos y supondría alcanzar un mejor equilibrio entre la libertad de expresión individual y el mantenimiento del orden público. En esa línea hace falta recordar que la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió, en su sentencia 1335/2003, un recurso por violación de derechos fundamentales contra una resolución dictada por el Ayuntamiento de Torrelodones en la que se había ordenado la retirada de una bandera tricolor republicana de un stand montado para las fiestas patronales alegando que la exhibición de esta podía generar alteraciones del orden público. En la sentencia el tribunal consideró –en términos que hacen recordar a las limitadas previsiones de la Ley 19/2007 que se estamos analizando a la luz de las quejas presentadas- que “por sí misma esta bandera difícilmente puede incitar a la violencia, el racismo, la xenofobia o cualquiera otra forma de discriminación que atente contra la dignidad humana, prohibiciones estas que eran las únicas que se imponían al otorgar la concesión de la instalación de establecimientos destinados a los puestos de bebidas durante las fiestas patronales”. El TSJ insiste en que “la democracia implica pluralismo, ampara la discrepancia y las formas en las que esta pueda manifestarse, siempre que esa expresión sea, a su vez, respetuosa con los derechos de los demás” por lo que, recordando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, señala que toda resolución que limite o restrinja el ejercicio de un derecho fundamental tiene que estar motivada, añadiendo que las medidas limitadoras tendrán que ser necesarias para conseguir el fin perseguido. En similar sentido se ha pronunciado también en diversas ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, entre otras, en la sentencia Faber v. Hungary, con motivo de un caso en el que las autoridades húngaras le retiraron una bandera a los participantes en una contramanifestación por considerar que existía el riesgo de que su exhibición generarse altercados, afirmó que la discrecionalidad de las autoridades para limitar la exhibición de símbolos dotados de contenido político se aplica sólo cuando la existencia de una amenaza seria de violencia puede demostrarse de una manera convincente. Es decir, no cabe retirarle a un ciudadano una bandera, sin más y de manera preventiva, sino que la justificación de esta conducta resulta válida sólo si existe un riesgo demostrable y argumentado de violencia. Aún más, de acuerdo con el Tribunal de Estrasburgo “the mere existence of a risk is insufficient for banning the event: in making their assessment the authorities must produce concrete estimates of the potential scale of disturbance in order to evaluate the resources necessary for neutralising the threat of violent clashes” (cf. Fáber v. Hungary, 24 de julio de 2012, párr. 40). La limitación por motivos de orden público de la libertad de expresión, que incluye la libertad para portar símbolos nacionalistas o independentistas en espacios públicos, debe ser, por lo tanto, excepcional y debe ser aplicada de manera prudencial. El Tribunal de Estrasburgo ha señalado en múltiples ocasiones que el hecho de que la exhibición de símbolos genere sentimientos de rechazo o cólera en parte de la sociedad (como puede ocurrir cuando se enarbolan banderas independentistas en estadios que están fuera de las respectivas comunidades autónomas) no es motivo suficiente para proceder a limitar la libertad de expresión pacífica de los ciudadanos. Y, en similar sentido, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha subrayado en un conocido pronunciamiento, que sigue idéntica línea argumental, que “el Gobierno no puede prohibir la expresión de una opinión simplemente porque no está de acuerdo con el mensaje, por muy duro o doloroso que le pueda parecer este mensaje” (Texas contra Johnson, 491 U.S. 397, 1989). Como conclusión, entendemos que la práctica de prohibir la exhibición de banderas independentistas debe llevarse a cabo solo, de manera excepcional, en partidos que hayan sido calificados como de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte y en los que exista una amenaza demostrable de que su exhibición generará incidentes violentos. Dado que la institución del Valedor do Pobo, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, que la regula, sólo puede supervisar la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma gallega y la de sus entes y empresas públicas o dependientes, así como la de la Administración local en aquellas materias que son competencia de nuestra comunidad, consideramos oportuno dirigirnos a la Defensora del Pueblo para que diese traslado al Ministerio del Interior de las consideraciones que hemos realizado a propósito de las numerosas quejas incorporadas a este nutrido expediente. El resto de expedientes que se encuadran en este epígrafe tienen como nexo común el malestar de los interesados ante la supuesta inacción de agentes de la policía local. Es de destacar que en las quejas ya concluidas, se ha recibido pronta y satisfactoria respuesta de los ayuntamientos afectados bien comunicando las actuaciones realizadas por el ente municipal como en el caso del expediente Q/583/13, o haciéndose cargo del problema planteado y comprometiéndose a adoptar las medidas necesarias para solucionarlo como en el Q/21/13 sobre el estacionamiento habitual en doble fila en el Ayuntamiento de Poio; el Q/395/13 sobre el uso indebido por una empresa privada de transporte de un vado de un vecino de Negreira; o el Q/681/13 sobre vigilancia policial en la zona de un centro educativo de Pontevedra. 3. Tráfico Una buena parte de los escritos dirigidos a esta institución en materia de tráfico se refieren a expedientes sancionadores provenientes de las Jefaturas Provinciales de Tráfico que, por tratarse de órganos de la Administración General del Estado, son competencia del Defensor del Pueblo, circunstancia que comunicamos debidamente al interesado. Pero también hay que decir que el número de quejas relativas al tráfico urbano, cuya competencia corresponde a los ayuntamientos, se ha ido incrementando en los últimos años. En materia de tráfico podemos distinguir dos grandes grupos de quejas: uno constituido por aquellas en las que se manifiesta la disconformidad con la tramitación de expedientes sancionadores incoados por los ayuntamientos y otro en el que se ponen en tela de juicio la señalización existente en las vías urbanas e interurbanas. A) Revisión de expedientes sancionadores de tráfico En una buena parte de los expedientes iniciados a raíz de la solicitud por los ciudadanos de revisión de sus expedientes sancionadores en materia de tráfico, no se ha apreciado irregularidad por parte de las administraciones responsables, constatándose la correcta tramitación del procedimiento que culmina en la sanción objeto de queja (Q/756, 822, 1272, 1791, 4834, 5508, 5712/13). Aunque también se considera correcta la imposición de sanción por el Ayuntamiento de A Coruña en los expedientes de similar contenido Q/4008/13 y Q/12992/13, resulta interesante desarrollar su análisis por la particularidad que presentan los mismos. En ambos, los conductores infractores indican que estacionaron su vehículo ante un garaje cuya señalización de vado se encontraba caducada. Sin embargo, hay que precisar que la prohibición de estacionamiento rige en todo caso, con independencia de que el titular del vado se encuentre o no al día en el pagado del recibo anual. La pegatina y su vigencia es un formalismo en la relación entre el ayuntamiento y los titulares de los vados pero que no afecta a terceros, dado que este requisito viene exigido por la ordenanza de vados y no en la ordenanza de tráfico que recoge las infracciones/sanciones en materia de circulación. De hecho, el incumplimiento por el titular del vado de los requisitos exigidos en su ordenanza puede dar lugar a la revocación de la licencia. La afectación a terceros por seguridad jurídica es que la señal cumpla los requisitos mínimos establecidos en la normativa prohibitiva de tráfico, concretamente en la ordenanza municipal de circulación y en el reglamento general de circulación, y dichos requisitos de fondo se cumplen en ambos expedientes. Esta línea argumental es corroborada por una reciente sentencia de 18 de diciembre de 2012 del Juzgado Contencioso-administrativo de A Coruña, que da por válida la sanción de la policía local al considerar irrelevante jurídicamente que en las señales de vados permanentes figure en la pegatina una fecha de caducidad del vado, por ser un elemento formal no determinante. Por todo lo anterior, consideramos que, aunque efectivamente el pago del impuesto por ser titular de un vado debe abonarse anualmente, en el caso de no encontrarse al día de tal deber no invalida la efectividad de la señal. Lo que se origina es una deuda del titular con el ayuntamiento que deberá seguir su curso de cobro por los trámites legales oportunos. En el caso de los expedientes Q/269/13 y el Q/14421/13, la intervención del Valedor do Pobo propició que la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Oroso respectivamente, corrigiesen sus actuaciones al anular sendos procedimientos sancionadores al producirse la prescripción en el primer caso y la falta de pruebas suficientes de la comisión de la infracción en el segundo. Sin embargo, en el caso de la queja Q/244/13, el Ayuntamiento de Boiro no aceptó la recomendación emitida por esta institución que consideraba que, si bien la tramitación formal del expediente fue correcta, no resulta clara la relación entre el indicio probado y la comisión de la infracción, pues la inferencia muestra un carácter excesivamente abierto y, por consiguiente, débil e indeterminado, pudiendo existir alternativas al relato de los hechos deducidos de la prueba indiciaria. En el apartado cuarto en que se recogen las resoluciones del defensor se reproduce esta recomendación en su totalidad. Para finalizar esta sección, nos vemos en la obligación de resaltar que todavía no han podido resolverse los expedientes Q/1683/13 y Q/3774/13 (sobre expedientes sancionadores de tráfico) debido a que los Ayuntamientos de A Coruña y Vigo respectivamente no han remitido los informes correspondientes, a pesar de los reiterados requerimientos y el tiempo transcurrido desde su solicitud. B) Denuncias relativas a la señalización de las vías urbanas e interurbanas Destaca en este punto el expediente Q/806/13 dirigido contra el Ayuntamiento de Pontevedra en el que se analiza el hecho de que en esta localidad existan paneles complementarios de señalización en las vías públicas con el texto únicamente en gallego. Aunque el resultado de la investigación realizada se expone detalladamente en el apartado cuarto en el que incluyen las resoluciones del defensor, procede indicar aquí que por nuestra parte entendemos que la legislación aplicable en materia de tráfico es clara y no deja lugar a duda en el sentido de que las señales de tráfico y los paneles indicativos deben constar, en la Comunidad Autónoma de Galicia, tanto en gallego como en castellano. Tal afirmación deriva clara y directamente de lo dispuesto en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 339/1990 por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que establece que “las indicaciones escritas de las señales se expresarán en el idioma español oficial del Estado”, y en el artículo 138 del Reglamento general de circulación, que recoge que “las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas, e inscripciones, figurarán en el idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la comunidad autónoma reconocida en el respectivo estatuto de autonomía, cuando la señal esté ubicado en el ámbito territorial de dicha comunidad”. Además del problema de señalización que motiva la queja, el ayuntamiento incluye en su informe referencias a un posible “exceso de regulación” del Reglamento de circulación y a la “invasión de competencias autonómicas de regulación de la lengua”, ante lo que precisamos que entre las competencias que el artículo 149.1 CE atribuye al Estado como exclusivas figura expresamente el tráfico y la circulación de vehículos a motor. La ausencia de cualquiera otra precisión en el propio artículo 149.1.21ª de la Constitución, y de toda mención al tema del tráfico en el artículo 148.1, permite pensar que se trata de una materia en la que el Estado ostenta la totalidad de las funciones, tanto normativas como ejecutivas, que sobre la misma pueden ejercerse. Por esta razón, la competencia del Estado en esta materia, no se reduce ni se agota en la regulación contenida en la ley de seguridad vial, sino que tiene capacidad para desarrollarla a través de los Reglamentos de ejecución de dicha ley. La Constitución Española establece en su artículo 137 que los municipios, al igual que los demás entes en que el Estado se organiza territorialmente disfrutan de “autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”, lo que debe entenderse como el derecho a participar o intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de intereses de los entes locales. La Ley 7/1985 reguladora de las bases de régimen local, concreta en materia de tráfico tales intereses en su artículo 25, al establecer que el municipio ejercerá en todo caso, competencias en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, en las siguientes materias: (...) b) Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas. Así, en ejercicio de dicha competencia, y respetando el dispuesto en la ley de tráfico y seguridad vial y en el reglamento de circulación, pueden regular la circulación urbana, y hacer frente a los específicos problemas que el tráfico presenta en sus núcleos urbanos, de la forma que consideren más conveniente y eficaz a sus respectivos intereses. Derivado de los argumentos anteriores, se recomienda al Ayuntamiento de Pontevedra que corrija el texto de las indicaciones escritas de las señales y paneles indicativos o complementarios para que estén rotulados tanto en castellano como en gallego por ser las dos lenguas cooficiales de nuestra comunidad autónoma. Debemos destacar que este ente municipal, al margen de no mostrar respeto institucional en alguna en sus comunicaciones, no ha aceptado la recomendación emitida por el valedor. Incluso ha hecho argumentaciones jurídicas sorprendentes para justificar su criticable inacción. En este sentido, este ayuntamiento cuestiona en su informe, las funciones del valedor y la función integradora de la jurisprudencia, ante lo que le recordamos lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 6/1984, del Valedor do Pobo, que señala a esta institución como alto comisionado del Parlamento de Galicia para la defensa, en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, de los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos en la Constitución y para el ejercicio de las demás funciones que esta ley le atribuye. En su apartado 3º, se recoge que para tales fines, y en el ejercicio de las funciones que le encomiendan el Estatuto de autonomía y la presente ley, el Valedor do Pobo podrá supervisar la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma gallega y de sus entes y empresas públicas o dependientes, así como la de la Administración local en aquellas materias que son competencia de nuestra Comunidad. En la misma ley, el art. 16.1 preceptúa que el Valedor do Pobo, de oficio o la instancia de aparte, podrá supervisar la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma gallega para garantizar el respeto de los derechos comprendidos en el título I de la Constitución y su sometimiento pleno a la ley y al derecho. Y el artículo 32 dispone que el Valedor do Pobo, con motivo de sus investigaciones podrá formular a las autoridades y funcionarios de las Administraciones Públicas advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En las restantes quejas recibidas sobre este particular no se ha observado irregularidad o descuido por parte de las administraciones responsables, como hemos constatado en los expedientes con referencia Q/1684/13 en Santiago de Compostela sobre la obtención de tarjeta para estacionar en la zona de residente; Q/1790/13 en Vigo sobre la presencia de los llamados “aparcacoches” en el entorno del Hospital Meixoeiro, que empleando la coerción, reclaman dinero a los usuarios del aparcamiento; Q/5619/13 en Lugo sobre la concesión del servicio de regulación de aparcamiento en la vía pública (sistema ORA); Q/14528/13 sobre limitaciones de estacionamiento en determinadas zonas para carga y descarga en Poio; y Q/14650/13 sobre el uso de zona libre de estacionamiento por vehículos de empresas privadas en Ourense. Mención aparte merece el expediente Q/1774/13 relativo a las zonas de aparcamiento reservadas a discapacitados, en el que se plantea tanto la imposibilidad de un vecino de Santiago de Compostela de estacionar su vehículo en una de estas plazas por el continuo uso fraudulento de la misma por otros conductores, como la petición de modificar la ordenanza municipal de tráfico para que alguna de estas plazas sean nominativas. El ayuntamiento ha reaccionado satisfactoriamente en cuanto a la vigilancia y control para la debida ocupación de la plaza mencionada en el expediente y ha manifestado también que procederá al estudio de la solicitud de personalizar algunas de las plazas reservadas a este colectivo. Por último, queremos hacer referencia a dos expedientes que se encuentran pendientes de la recepción del informe de la administración, el Q/1775/13 sobre la concesión administrativa para la explotación del tren turístico de Villagarcía de Arosa, y el Q/1874/13 sobre la utilización del paso de peatones de la plaza de abastos en Moaña, destacando en este caso la excesiva dilación por parte de este ayuntamiento en atender la solicitud de informe tras varios requerimientos enviados por esta institución. IV. RESOLUCIONES DEL VALEDOR DO POBO 1. Recomendación dirigida a la Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, en fecha 23 de enero de 2013, debido al requisito de la titulación exigida para acceder a la promoción interna en los cuerpos de policía local (Q/2514/12) En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. …., referente al requisito de la titulación exigida en los procesos de promoción interna del personal de policía local. Solicitado informe a la Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, con fecha 18-12-12, recibimos escrito de la Secretaría General Técnica en el que se pone de manifiesto que la Ley 4/2007 de coordinación de policías locales (LCPL), en vigor desde el 24 de mayo siguiente, deroga la anterior normativa de coordinación (Ley 3/1992), y establece una nueva estructuración de las escalas y categorías de los cuerpos de policía local de Galicia, como también de sus titulaciones académicas de acceso, quedando establecidas como a continuación se especifica: “Artículo 24.-Escalas y categorías 1. Los cuerpos de Policía Local de Galicia se estructuran jerárquicamente en las siguientes escalas y categorías: a) Escala superior, que comprende la categoría de superintendente b) Escala técnica, que comprende las categorías de intendente principal e intendente. c) Escala ejecutiva, que comprende las categorías de inspector principal e inspector d) Escala básica, que comprende la categoría de oficial y policía. 2. Cada escala corresponde con los siguientes grupos de clasificación: a) Las escalas superior y técnica, grupo A b) La escala ejecutiva, grupo B. c) La escala básica, grupo C. 3. La titulación exigible para cada grupo será la establecida en la legislación general sobre función pública y, en particular, la siguiente: a) Grupo A: doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalentes b) Grupo B: diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalentes. c) Grupo C: bachillerato, técnico superior de formación profesional o equivalentes. Como consecuencia de este cambio operado en las nuevas escalas y categorías, la consellería considera que el personal de policía local ya existente y clasificado acorde con lo previsto en la anterior ley de coordinación ve limitado su derecho a la progresión en la carrera profesional, por lo que, con la dispensa en las titulaciones, no se están creando situaciones injustas para el personal funcionario de los cuerpos de policía local de Galicia, si no que se trata de respetar el derecho a la progresión profesional del personal encuadrado según la antigua normativa de coordinación (Ley 3/1992), y sin que pueda apreciarse confrontación con otras disposiciones normativas. A la vista de lo expuesto en el informe remitido por la consellería, y atendiendo a la reivindicación planteada por el interesado en su escrito, nuestras consideraciones deben iniciarse haciendo referencia al principio de igualdad recogido en el artículo 23 de la Constitución Española en el que se dispone que los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes; principio general este que debe enlazarse con los de mérito y capacidad en el acceso a la función pública que consagra nuestra Carta Magna en el artículo 103.3, que centran y modulan la máxima recogida en dicho artículo 23. Lo dispuesto en el párrafo anterior tiene que relacionarse con lo establecido en los artículos relativos a la promoción interna de la Ley 7/2007 que vienen recogiendo lo que ya ordenaba la Ley 30/1984 de medidas para la reforma de la función pública (vigente en el momento de publicación de la Ley 4/2007 de coordinación de policías locales de Galicia), deduciéndose de esta normativa que la titulación es un requisito esencial para la promoción interna de los funcionarios y que debe ser de estricta aplicación. Dicho lo anterior, la dispensa de la titulación que para la promoción interna de los funcionarios de la policía local queda recogida en el artículo 31.b) de la Ley 4/2007 de coordinación de policías locales de Galicia, y que permite promocionar a los interesados a las distintas categorías con un curso de estudios que para tal efecto hubiese programado la Academia Gallega de Seguridad Pública a tales efectos, es contrario al recogido en la normativa referenciada en las líneas superiores, que exigen, como ya mencionamos, que los funcionarios que participen en procesos de promoción interna posean la titulación exigida para el grupo funcionarial superior. Dado que los preceptos de la normativa citada (Ley 30/1984 y Ley 7/2007) deben considerarse bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, dictadas al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución, parece clara la oposición entre la norma cuestionada y tales preceptos, resultando así que el artículo 31.b) de la Ley 4/2007 resulta contrario a la competencia exclusiva del Estado dispuesta en el artículo 149.1.18 da CE. A mayor abundamiento, puede añadirse que la norma puesta en entredicho en esta queja supone una equiparación entre la realización de cursos y la obtención de diplomas en la Academia Gallega de Seguridad con la titulación correspondiente, lo cual vulnera la competencia exclusiva estatal para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales establecida en el artículo 149.1.30 de la CE. Como conclusión, y derivado de la exposición de las líneas precedentes, tenemos que manifestar que la promoción interna de los funcionarios del cuerpo de policías locales de Galicia no puede obviar la vigencia de los principios constitucionales recogidos en los artículos 23.2 sobre igualdad y 103.3 sobre mérito y capacidad en el acceso a la función pública, ni siquiera temporal ni excepcionalmente a los funcionarios ya integrantes del Cuerpo, pues nada permite al legislador estatal o autonómico transgredir los límites que la Constitución impone a su libertad de configuración normativa y menos cuando está en juego un derecho de rango fundamental, como es la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a las funciones públicas. Esta línea es la seguida por el Tribunal Constitucional en las recientes sentencias 175/2011, 2/2012, 3/2012 y 4/2012 que declaran la inconstitucionalidad y consecuentemente la nulidad de disposiciones similares a la cuestionada en este expediente de queja, que aparecían recogidas en las leyes de coordinación de los cuerpos de policías locales de las Comunidades Autónomas de Cantabria, Canarias y Andalucía respectivamente. Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacerle llegar a la Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza la siguiente Recomendación: Que se adopten las medidas necesarias para proceder a la modificación del artículo 31.b) de la Ley 4/2007 de coordinación de policías locales de Galicia, eliminando la opción del curso de dispensa programado por la Academia Gallega de Seguridad Pública a tales efectos, como supletoria de la titulación exigida para el acceso a la categoría superior en los procesos de promoción interna de este cuerpo de seguridad Respuesta de la Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza: recomendación aceptada. 2.- Sugerencia dirigida al Ayuntamiento de Ribadeo en fecha 18 de febrero de 2013, debido a la retribución de las horas extraordinarias realizadas por un funcionario (Q/2438/12) En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. …., referente al abono de cantidad por realización de horas extraordinarias en el Ayuntamiento de Ribadeo. Tras recibir un primer informe del ayuntamiento con fecha de 07-12-12, en el que constaba el desacuerdo del ente municipal con la reclamación del interesado, solicitamos información complementaria sobre el registro de horas extras y su compensación, la cual fue remitida por la alcaldía ribadense con fecha de 8-01-13, manifestando que, con fecha de 28 de junio de 2012 se dictó resolución fijando un horario de 37’5 horas semanales distribuidas de lunes a viernes con 7 horas diarias, 4 por la mañana y 3 por la tarde, quedando un resto semanal que se utiliza para la realización de entierros. Se añade que no existe registro de horas extraordinarias realizadas ni de la compensación con el descanso efectivo. A la vista de lo anterior, debemos tener en cuenta que existen informaciones contradictorias en la documentación remitida por las partes afectadas, pues, mientras que el interesado señala en su escrito de queja que “no le ha quedado más remedio que realizar horas extraordinarias ... que no han sido retribuidas o en su defecto compensadas con descanso efectivo” el ayuntamiento afirma que “se le manifestó (al interesado) y así quedó recogido por el propio funcionario, de la compensación con horas o jornadas de descanso, haciéndose de ese modo”. Con tales discrepancias en el relato de los hechos y la falta de documentación que acredita los mismos -pues si bien tenemos copia de las necrológicas que acreditan los entierros fuera de la jornada de lunes a viernes, no existe acreditación por ninguna de las partes de su efectiva compensación, tal y como afirma el ayuntamiento-, lamentablemente no podemos entrar a valorar las diferencias sobre el fondo del asunto. No obstante lo anterior, consideremos necesario señalar que, la utilización de medios de control del cumplimiento del horario de trabajo es una facultad que le corresponde al empresario, ya sea este un particular o una administración pública, derivado del poder de dirección que le está atribuido, cuya finalidad es verificar el cumplimiento por parte del trabajador de una obligación originada por la relación jurídica que le vincula, en este caso, al ayuntamiento. En este sentido, la administración debe dejar constancia no solo de las faltas de permanencia en el puesto laboral sino también de los excesos de jornada y su compensación en el caso de acordarlo así. Estas funciones de inspección y control del cumplimiento corresponden al Presidente de la Entidad Local, conforme al artículo 21.1h) de la LBRL, en su condición de Jefe de todo el personal de la Corporación. Así, resulta aconsejable la redacción de un reglamento que permita controlar la realización de horas extraordinarias y consecuentemente registrar su compensación con descanso en efectivo, en su caso, constituyendo de este modo un documento de procedimiento interno de control y seguimiento de la jornada y horario laboral. Así, en el caso concreto, aunque queda expresamente recogido en la nueva Resolución de la alcaldía de 28 de junio de 2012 que parte de la jornada habitual queda como resto para los posibles entierros en el fin de semana, es cierto que dado el carácter imprevisible de los mismos requiere una verificación de las horas realizadas en este sentido con el fin de cotejar los excesos o defectos en el cómputo de la jornada. En la línea anterior, resulta ejemplificativo el caso del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que acaba de publicar con fecha del 29 de diciembre una instrucción de trabajo y horario del personal al servicio de la Administración del Estado, en la que entre otras medidas, se refuerzan los mecanismos de seguimiento y control de las jornadas y horarios de los trabajadores públicos. En virtud de todo lo dicho, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, consideramos conveniente hacerle llegar la siguiente sugerencia: Que se adopten las medidas necesarias para implantar un sistema de registro y control sobre el cumplimiento de la jornada laboral del personal adscrito al ayuntamiento, que permita certificar y valorar los excesos en la realización del horario asignado y las posibles compensaciones con descanso efectivo acordado. Respuesta del Ayuntamiento de Ribadeo: sugerencia aceptada. 3.- Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Vilarmaior, en fecha 26 de febrero de 2013, debido al acceso a varias viviendas desde la carretera AC160 en el Ayuntamiento de Vilarmaior (Q/2671/12). En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. ….., referente a la regulación del tramo de acceso a varias viviendas desde la carretera AC160 en el Ayuntamiento de Vilarmaior. Solicitado informe al ayuntamiento, con fecha 16-01-13, recibimos escrito en el que la alcaldía señala que la carretera AC160 Pk.8079 a su paso por Vilarmaior es de titularidad de la Xunta de Galicia, no teniendo el ente municipal competencia para la modificación de la señalización horizontal de la misma. A la vista de lo expuesto, tenemos que indicar al ayuntamiento que, efectivamente tenemos constancia de que la carretera AC160 es de titularidad autonómica, pero debemos aclarar que el problema planteado en esta queja hace mención a la pista de acceso de titularidad municipal sita en el pk 8.079 de la mencionada carretera AC160, en virtud del cual se le requirió el pertinente informe. Así, el acceso al núcleo de población que señala el autor de la queja constituye una competencia del municipio, tal y como dispone la vigente Ley 5/1997 de administración local de Galicia. Como una posible alternativa, los vecinos plantearon la posibilidad de acceder al camino de acceso a sus viviendas desde la vía no pegada a este, pero tal posibilidad se encuentra limitada legalmente pues, tal y como dispone el informe de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, la aplicación de la Orden circular 3/2007 sobre los accesos en las carreteras convencionales de titularidad de la Comunidad Autónoma de Galicia no permite autorizar el giro a la izquierda solicitado por los vecinos, como alternativa y solución al problema que les afecta, y que supondría la modificación de la señalización de la carretera AC160. Dado que estamos ante un problema serio por los riesgos que sufren los vecinos afectados, parece razonable la opción de acondicionar la pista de acceso de modo que, abriendo el margen de giro, se permita a los interesados acceder a ella sin invadir el carril contrario al de circulación. En la valoración de esta opción, debe tenerse en cuenta la dificultad para acceder a dicha pista de acceso girando a la derecha desde la carretera autonómica debido al desnivel entre ambas carreteras, de modo que habría que hacer las obras precisas de ampliación/relleno/nivelación adecuados tras el estudio correspondiente por el técnico de urbanismo del ayuntamiento. Así, debemos insistir en que el gobierno municipal es el competente para acondicionar el acceso a las viviendas al cual se accede desde la carretera AC-160, otorgándole los radios de giro necesarios para facilitar el acceso en las condiciones adecuadas de seguridad vial, lo que parece ser esta la opción más factible. Además, en el caso de que el ayuntamiento considerase preciso coordinarse con la Xunta de Galicia para realizar esta tarea, debería poner en marcha los mecanismos oportunos para alcanzar la colaboración oportuna entre ambas administraciones. Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacerle llegar al Ayuntamiento de Vilarmaior la siguiente recomendación: Que se adopten las medidas necesarias por el ayuntamiento para acondicionar el acceso a las viviendas afectadas a las que se hace mención en este expediente, realizando las obras oportunas de modo que la pista municipal a la que se accede desde la carretera AC160 no suponga riesgos para la circulación Respuesta del Ayuntamiento de Vilarmaior: recomendación aceptada. 4.- Sugerencia dirigida al Ayuntamiento de Ames en fecha 19 de marzo de 2013, debido a un expediente sancionador de tráfico (Q/2711/12). En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. ….., referente al expediente sancionador de tráfico incoado por el Ayuntamiento de Ames. Solicitado informe a la alcaldía, con fecha 25-01-13, recibimos escrito en el que consta que los policías locales denunciantes se ratifican en el contenido de la denuncia. Junto con este escrito, se envía copia del informe emitido por la jefatura de la policía local de Ames, en el que se relatan tanto los hechos que motivan la sanción como la posición de los policías denunciantes en el momento de la infracción, constatándose también la comprobación del correcto funcionamiento de los dispositivos de los semáforos de la avenida de A Mahía, lugar en el que se produjeron los hechos objeto de la denuncia. A la vista de lo expuesto en la documentación remitida por el ayuntamiento y atendiendo a las demandas señaladas por el interesado en su escrito, entendemos que con la notificación de la propuesta de resolución se le da debida respuesta al interesado a las alegaciones por él formuladas en cuanto al concepto que definen la infracción cometida, a la graduación y fijación de la sanción impuesta, y a los extremos que deben ser recogidos en el boletín de la denuncia notificada. En cuanto a la solicitud por parte del autor de la queja, de realización de una prueba pericial sobre el funcionamiento de los semáforos de la rotonda de la avenida de A Mahía, así como de la posición de estos para poder apreciar el color del semáforo en el momento de referencia, la realización de tal comprobación y de los datos referidos a la situación de los agentes constan en el informe remitido por estos a la instructora del procedimiento. En lo que atañe al nombramiento de la instructora, si el interesado considerase de aplicación alguna de las causas de recusación recogidas en el artículo 29 de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, podrá promover tal recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, por lo que no se considera vulnerado este derecho cuando se le notifica a D. X.E. la propuesta de resolución, en la que consta la persona instructora, teniendo este un plazo de 15 para realizar las alegaciones oportunas. Dicho todo lo anterior, y partiendo del hecho que sobre las precedentes cuestiones, no se puede apreciar actuación irregular por parte de la administración, sin embargo, no hay que olvidar que en el boletín de denuncia debe recogerse de forma expresa la fecha de la infracción, fecha que resulta incorrecta pues los hechos desencadenantes de la sanción no acontecieron el día 10 de agosto tal y como se recoge en la denuncia y en la propuesta de resolución, sino que se produjeron el día 9 de agosto. Estaríamos así ante un defecto de forma que debería ser subsanado para dar plena validez al proceso. Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacerle llegar al Ayuntamiento de Ames la siguiente sugerencia: Que se adopten las medidas necesarias por el ayuntamiento subsanar los defectos formales del expediente sancionador de tráfico nº 830/12 al registrarse el suceso causante de la sanción con una fecha errónea tanto en el boletín de denuncia como en la propuesta de resolución, dando lugar la nulidad del procedimiento de no producirse tal corrección. Respuesta del Ayuntamiento de Ames: sugerencia aceptada. 5.- Recomendación dirigida a la Consellería de Sanidade en fecha 1 de abril de 2013 debido a la cobertura de plazas mediante sistemas de promoción interna (Q/671/12). A raíz del escrito de queja de D. ….., esta institución abrió el expediente con el número de referencia señalado en el encabezamiento, relativo a la convocatoria de plazas de técnico superior en periodismo. Después de recibir escrito del interesado, de fecha de 31-10-12, en el que presentaba alegaciones al primer informe remitido por la consellería, nos dirigimos de nuevo a la administración con el fin de que nos remitiesen información complementaria sobre tales extremos. Con fecha de 19-02-13 tuvo entrada en nuestro registro, un segundo informe de la consellería en el que se pone de manifiesto lo que a continuación le transcribimos de modo literal: “Primero.- El reclamante resultó admitido en la lista de aspirantes a vinculación temporal en la categoría de técnico superior, por el turno de promoción interna, siendo su centro de destino la Gerencia de Atención Primaria de Santiago de Compostela. Según la información que consta en el citado centro directivo tan solo dos personas de la totalidad de los aspirantes están en posesión de la titulación de periodismo, y las dos, están en el turno de promoción interna en su respectivo interno. La normativa que regula la contratación temporal en el SERGAS señala a este respecto que "de concurrir la circunstancia, debidamente constatada, de que la categoría solicitada para promocionar no exista o sea objeto de oferta reducida en el centro de gestión o complejo de que dependa el solicitante, la promoción se extenderá al área sanitaria o complejo correspondiente, pero no al conjunto de la comunidad autónoma. Segundo.- De esta forma, una vez establecidas las necesidades de realizar vinculaciones temporales de personal técnico superior en periodismo para la Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña y el Complexo Hospitalario Xeral-Calde, y constatada la inexistencia de aspirantes en la categoría, tanto en las listas de acceso libre como en las listas de promoción interna temporal en los respectivos centros, el Servicio Gallego de Salud decidió acudir al procedimiento de selección previsto en el Decreto 206/2005, del 22 de julio, para las categorías de personal licenciado sanitario. La selección mediante este procedimiento supone la realización de concurso de méritos, luego de la convocatoria realizada en el Diario Oficial de Galicia, además de los tablones de anuncios de los centros y en la página web del Servicio Gallego de Salud. Se cumplieron, en todo momento, los principios de publicidad y concurrencia, sin que existiese ningún impedimento para la participación del reclamante en los procesos de selección. A título informativo se indica que los anuncios de referencia fueron publicados en los DOG correspondientes al 9 de mayo y 14 de julio de 2008, respectivamente. Tercero.- No existe constancia de que el reclamante impugnase ninguna de las resoluciones en las que se formalizaron los procedimientos de selección, ni las convocatorias realizadas a tal efecto, como cabía de esperar, teniendo en cuenta el énfasis empleado en sus escritos. Cuarto.- La selección para nombramientos o contrataciones temporales se realiza generalmente en atención al orden de prelación que resulta de las listas de aspirantes. La normativa que regula el régimen de selección y provisión de plazas en el Servicio Gallego de Salud legitima además un procedimiento de selección formalizado mediante convocatoria pública y abierto a la participación de cualquier profesional que cumpla los requisitos de titulación y demás que se determinen en las respectivas convocatorias. Quinto.- De lo manifestado anteriormente cabe inferir que el Servicio Gallego de Salud actuó en todo momento conforme a la normativa vigente y que la queja presentada por el Sr. V.F., no tiene razón de ser, por cuanto pretende que se utilice unas listas de aplicación exclusiva para la Gerencia de Atención Primaria de Santiago de Compostela a otros centros dependientes del Servicio Gallego de Salud que disponen de sus propias listas de aspirantes.” Teniendo en cuenta lo anterior, y después de comprobar tanto en la Resolución de 8 de noviembre de 2004 cómo en el propio listado de admitidos que aparece publicado en la página web de Sergas, que el ámbito de los técnicos superiores se refiere a la comunidad autónoma, consideramos incorrecto lo manifestado por la Dirección General de Recursos del Sergas cuando señala que “la promoción se extenderá al área sanitaria o complejo correspondiente, pero no al conjunto de la comunidad autónoma”, criterio de aplicación en otras categorías, pero no en la de titulado superior. Así, para la categoría de titulado superior consta expresamente su carácter autonómico, de suerte que se debe atender a tal listado siempre que se pretenda cubrir una plaza de tal nivel, obligación que parte del pacto sobre selección temporal de personal estatutario para vinculaciones temporales en las instituciones sanitarias del Sergas, suscrito por la Administración Sanitaria de Galicia y las centrales sindicales representativas, documento que sigue a vigente a los puestos de trabajo de titulado superior. Partiendo así de la afirmación anterior, y constatando que existe una lista de titulados superiores entre los que se encuentran licenciados en periodismo, no parece poder justificarse que el perfil de los mismos no encajen para la cobertura de un puesto en el que se exige, según las convocatorias remitidas como ejemplo por el propio autor de la queja, una serie de requisitos ya documentados por estos licenciados en el momento de solicitar su admisión en las listas de contratación temporal por promoción interna. En cuanto a la documentación a mayores exigida en la convocatoria específica del puesto de periodista, los aspirantes de las listas de promoción interna podrían ser perfectamente admisible que estos presentasen toda la documentación actualizada que acredite la experiencia profesional y demás méritos a valorar así como que acudieran a la celebración de la entrevista personal prevista. También es preciso comentar, rebatiendo los argumentos de la administración, que el hecho de que el interesado no presentara recurso frente a las resoluciones de las convocatorias mencionadas en sus alegaciones, no obsta para considerar errónea la decisión adoptada por la consellería. Es más, tales convocatorias son mencionadas por D. …... como ejemplo de la vulneración del pacto de selección temporal, datos conocidos a posteriori por él. No se discute en este supuesto en concreto la legalidad y transparencia de las convocatorias, sino el hecho de no acudir de modo previo a las listas propias del Servicio Gallego de Salud. Por todo Lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacerle llegar a la Consellería de Sanidade la siguiente recomendación: Que se adopten las medidas necesarias por la consellería para dar efectividad a las cláusulas recogidas en el pacto sobre selección de personal estatutario para vinculaciones temporales en las instituciones sanitarias del Sergas, subscrito por la Administración Sanitaria de Galicia y las centrales sindicales CIG, CC.OO, UGT, CSI-CSIF y SAE, acudiendo a las listas existentes en este sentido, en el caso de darse las circunstancias señaladas en la normativa aplicable Respuesta de la Consellería de Sanidade: recomendación aceptada. 6.- Sugerencia dirigida al Ayuntamiento de A Coruña en fecha 24 de abril de 2013, debido a la convocatoria para la contratación de personal temporal (Q/2721/12). En esta institución se inició el expediente de queja como consecuencia del escrito de D. M.U.M., referente al proceso de contratación de un Mediador Social para el Plan de Inclusión Social en el Ayuntamiento de A Coruña. Solicitado informe al ayuntamiento, recibimos escrito en el que se recogen una serie de consideraciones relativas a cada uno de los puntos alegados por el interesado: 1. En relación con el plazo de contratación y su finalización el 31 de diciembre de 2012, este se justifica por la vinculación del contrato con la subvención que lo financia, el Plan Concertado 2012. 2. En cuanto a los requisitos de titulación exigidos para poder presentarse a este proceso selectivo, el ayuntamiento consideró conveniente incluir las titulaciones mencionadas en la convocatoria debido a que son las que mejor se adaptan al perfil necesario para el desarrollo de las funciones asignadas a las plazas en razón de los conocimientos sobre normativa sociolaboral y las materias jurídico-laborales, troncales y obligatorias en sus planes de estudios. 3. En relación con la prueba práctica, las bases reguladoras del proceso concretan las materias sobre las que debe versar: intervención social con colectivos en riesgo de exclusión social y gestión con entidades sociales. Con el fin de garantizar el anonimato, la prueba se realiza de manera anónima. Para la calificación de este ejercicio, el tribunal acordó, por unanimidad, en sesión de fecha 10 de diciembre de 2012, que los criterios a tener en cuenta valorasen que la propuesta de actuación contemple soluciones prácticas, que no contenga sólo una relación de recursos y que sea una solución realista. 4. En cuanto a los plazos de enmienda de las resoluciones, el secretario del tribunal informa que el día 12-12-12 finaliza la corrección de la prueba práctica (ejercicios identificados con un código numérico para garantizar el anonimato). Con fecha 13-12-12 se publican los resultados en el tablón de anuncios y en la página web municipal, convocando a los que superaron el ejercicio para la celebración de la entrevista el día 18-12-12 a las 17:00 horas El informe recuerda que la convocatoria unitaria para la provisión en propiedad de plazas de funcionarios de carrera y personal laboral del Ayuntamiento de A Coruña vigente, señala que "una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de la celebración de los sucesivos ejercicios en el Boletín Oficial de la Provincia, sino que será suficiente con la exposición en el Tablón de Anuncios y en la página web del ayuntamiento. Cuando el tribunal lo estime conveniente, podrá acordar la celebración de varias pruebas en una misma jornada, concediendo a las personas que opositan un descanso mínimo de treinta minutos entre ellos." Por lo tanto, al mediar 5 días entre la publicación de los resultados de la prueba práctica y la realización de las entrevistas se cumple con lo establecido en la normativa reguladora. Los aspirantes podrán presentar reclamaciones en el plazo de diez días hábiles, que en caso de ser estimadas provocará en las oportunas correcciones, sin que esto impida continuar el desarrollo de las pruebas. El escrito del ayuntamiento continúa señalando que, según la normativa vigente, el plazo mínimo que debe existir entre la finalización de un ejercicio y la celebración del siguiente es de 24 horas, por lo que en este caso la diferencia de días entre la realización del caso práctico y la celebración de la entrevista cumple con la normativa vigente, ya que transcurrieron cinco días. Tras la investigación realizada, en la que se evaluó el contenido de la queja y lo expuesto en el informe del ayuntamiento, se constata que efectivamente, no se produjo irregularidad alguna de acuerdo con la normativa aplicable al caso. De hecho, tenemos que manifestar que tanto en la elección de las titulaciones elegidas, como en la evaluación del caso práctico, -para lo cual el tribunal calificador tiene reconocida según reiterada jurisprudencia el margen de discrecionalidad suficiente (que no arbitrariedad) para determinar las puntuaciones correspondientes- así como también en el garantía del anonimato de la prueba práctica y por último en la exigencia de unos requisitos objetivos y generales previos para la participación en el proceso, se cumple con lo dispuesto en nuestra legislación. No obstante, tenemos que hacer una serie de consideraciones, pues aunque los plazos fijados en el desarrollo del proceso selectivo objeto de la queja se determinan conforme a la legislación vigente, también es cierto que, en este caso particular, la finalización del contrato de trabajo al que aspiran los participantes resulta tan próximo a la celebración de las pruebas, que obliga al tribunal a ajustar de tal manera los plazos que queda desvirtuada la iniciativa y el fomento de oportunidades para la participación en este proceso. Se entiende que en el momento de convocatoria y sobre todo ya, en el de finalización del proceso selectivo, el ayuntamiento debería tener conocimiento de la continuidad mediante prórroga o la forma jurídica que corresponda, del puesto ofertado, pues realizando cálculos objetivos de posibles reclamaciones, el proceso podría haber finalizado más allá del 31 de diciembre de 2013, es decir, cuando ya finalizara la posibilidad de ocupar el puesto de trabajo ofertado. Así, la posibilidad de presentar reclamación por el resultado de la prueba práctica finalizaba el día 26 de diciembre de 2012, y en el caso hipotético (pero en todo caso posible) de haberse admitido tal reclamación y proceder a la variación de la nota, habría que realizarle a esta persona la prueba de la entrevista. Por otra parte, se entiende que la prueba de la entrevista (según la convocatoria unitaria citada por el ayuntamiento en su informe), tendría igualmente un plazo de alegaciones de 10 días, de suerte que podría producirse el supuesto de pasar ya la fecha de finalización del contrato teniendo aun arriba de la mesa posibles reclamaciones en el mismo proceso selectivo. De lo anterior se deduce que existe una descoordinación o falta de previsión entre las bases del proceso y las indicaciones de la convocatoria unitaria, permitiendo reclamación posteriores incluso a la resolución final del proceso debido a la fecha máxima para incorporarse al puesto de trabajo, que al no constar referencia alguna a una posible prórroga o ampliación, genera una absoluta inseguridad jurídica para los interesados. Cierto es que en este supuesto concreto, no llegó a producirse una solapación de fechas y reclamaciones que provocara la hipotética situación comentada, pero esto no obsta para que el planteamiento de pruebas y plazos debe ajustarse a los principios de transparencia y seguridad jurídica. Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacerle llegar al Ayuntamiento de A Coruña la siguiente sugerencia: Que se adopten las medidas necesarias por el ayuntamiento para garantizar en los procesos selectivos que convoquen una disposición más ajustada y coherente en los plazos fijados, que permitan garantizar con absoluta firmeza los principios de transparencia y seguridad jurídica Respuesta del Ayuntamiento de A Coruña: sugerencia aceptada. 7.- Sugerencia dirigida a la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, en fecha 30 de abril de 2013, a la reclamación del reconocimiento de trienios (Q/10/13, Q/43/13, Q/121/13, Q/124/13, Q/679/13 y Q/699/13). Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra intervención diversos interesados que, en sus escritos, nos indican cada uno de ellos prestó servicios para la Consellería Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia como interino durante los años suficientes como para perfeccionar trienios. De conformidad con lo establecido en la Directiva 1999/70/CE y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que mantenía que no se podía discriminar a un trabajador temporal con respecto a otro fijo si no existía una causa objetiva para ese trato diferenciado, solicitó el abono de las cantidades no prescritas en relación al complemento de antigüedad. En relación a esta solicitud, la administración procedió a resolverla de modo desestimatorio recurriendo la interesada a la jurisdicción competente, habiendo recaído sentencia firme desestimatoria sobre su pretensión. Tras la situación descrita, que se enmarcaba dentro de un gran volumen de afectados, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda), procedió a solucionar esta controversia jurídica mediante sentencia de fecha 22 de diciembre de 2010, que resuelve dos cuestiones prejudiciales expuestas por sendos juzgados de lo contencioso-administrativo de A Coruña y Pontevedra. La sentencia citada viene de compartir el criterio y fundamentos que esgrimí en mi reclamación inicial y precisamente en base a la clarificación de la situación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Administración procedió a abonar a todos los afectados, que así lo solicitasen tras la publicación de la sentencia del TJUE, las cantidades no prescritas en relación a los trienios que les correspondiesen. Al considerar que esta queja reúne los requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la Ley del Valedor do Pobo, y que encuentra, en principio, cobertura constitucional derivada del artículo 103.1 de la Constitución, se admite a trámite y se promueve la investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos en que se basa, dando cuenta de eso a Ud. a los efectos previstos en el artículo 22.1 de la citada Ley del Valedor do Pobo. Debido a que este queja parte de los mismos hechos que el expediente “Q/2333/12 e acumulados” y que la respuesta de la consellería sigue una línea argumental idéntica en todos ellos, consideramos oportuno proceder a resolver esta reclamación de modo idéntico a las anteriores al estimar que la exposición será similar a las ya obrantes en nuestro poder, por lo que damos por sobreentendido que seguirán los mismos razonamientos. Por esta razón, damos por recibido el informe preceptivo al incorporar a este expediente el remitido en el nº Q/2333/12 y a continuación exponemos nuestras consideraciones en base a tal informe. Los mencionados escritos de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, fueron remitidos por la Secretaría General Técnica adjuntando un informe del Director General de Centros y Recursos Humanos que, en resumen, considera que no es procedente la reclamación de la autora de la queja debido a que existen actos firmes en derecho que no permiten que se pueda abonar a la interesada las retribuciones por el concepto de trienios durante el período anterior a la entrada en vigor del EBEP. En el informe de la administración se recoge que la decisión inicial de la consellería de desestimar las peticiones de pago de los trienios anteriores al EBEP resultaba en aquel momento razonable a la vista de las previsiones expresas de las normas jurídicas imperativas estatales de rango legal, pues las normas jurídicas exclusivas del Reino de España, hasta la promulgación del EBEP, impedían expresamente el pago de trienios al personal interino. Esta decisión estaba avalada por diversas sentencias, entre ellas varias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que confirmaban tal decisión. No obstante, la contundencia sobre el asunto de la normativa citada y la generalidad del término de la normativa europea aplicable (anexo a la Directiva 1999/70 del Consejo, del 28 de junio de 1999) provocó que fueran dictadas sentencias diferentes en los diversos juzgados de lo contencioso administrativo ante los que se presentaron las demandas, aunque la propia Sala del TSJ de lo Contencioso Administrativo se posicionó claramente en contra de ese abono. Dice la consellería que, precisamente, la disparidad jurisprudencial sobre este asunto es relevante al ser muestra de que la cuestión no resultaba contundente, antes el contrario, era susceptible de interpretaciones variadas. El cambio de criterio por parte de la consellería y de la jurisprudencia seguida por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia se produce a partir de la sentencia 2010/414 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) del 22 de diciembre en los asuntos acumulados C-444/09 y C-456/09 que se manifiesta claramente a favor del cobro de trienios por el personal interino antes de la entrada en vigor del EBEP. Sentencia cuya doctrina asume la sentencia del 7 de abril de 2011 del Tribunal Supremo (en adelante TS), esta última dictada con ocasión de un recurso de unificación de la doctrina. Recuerda la consellería que, en este punto, el artículo 98.1 de la LJCA establece que las sentencias dictadas al resolver el recurso de unificación de la doctrina en ningún caso afectarán a las situaciones jurídicas creadas por las sentencias precedentes a la impugnada. Señala la administración autonómica que la tesis que finalmente prevaleció en esta materia resulta de una interpretación necesariamente técnica, no obvia, de un ordenamiento jurídico complejo, con normas estatales y europeas en conflicto, basadas en una tradición y terminología jurídica no siempre homogénea. Esa interpretación tiene en cuenta principios como la preponderancia del derecho europeo y la aplicación directa de una norma que inicialmente no tiene esa calidad (la directiva), en contra, precisamente, de lo expresa y claramente dispuesto por normas de rango legal del Reino de España; tesis además que se basa en un régimen jurídico europeo común para cualquier trabajador, cuando, tradicionalmente, en el Reino de España se distinguía entre el régimen laboral y el régimen funcionarial, tanto en el ámbito normativo como en el ámbito jurisprudencial. Continúa la consellería considerando que, el cambio de criterio mencionado supuso la estimación sólo de las reclamaciones o solicitudes que, por ser recientes (o posteriores) no hubieran sido objeto de ninguna resolución administrativa, y sobre las que no existiese sentencia judicial. Por el contrario, se inadmitieron las reclamaciones de otros empleados, como es el caso de los autores de las quejas, debido a que vieron confirmados jurisprudencialmente los actos administrativos en los que se desestimaba su pretensión de cobrar trienios antes de la entrada en vigor del EBEP y del dictado de sentencia por parte del TJUE. Esta inadmisión se basa en los efectos del acto firme, pues estos no resultan alterados por sentencias posteriores sobre hechos semejantes o incluso idénticos. Insiste la consellería que respecto de estos afectados, existen actos firmes, de naturaleza administrativa y judicial, que desestiman su pretensión, actos que, por tanto, vinculan tanto a la persona interesada como a esa Administración. De este modo, la consellería argumenta que el principio de seguridad jurídica le obliga a ser coherente con sus propios actos y con las resoluciones judiciales, cuando resultan firmes. Y, aunque reconoce que las resoluciones judiciales sobre esta materia fueron dispares (lo que dio lugar a que algunos recurrentes obtuviesen sentencia judicial favorable y otros no), considera que esta es una situación que acontece en el ámbito de las relaciones jurídicas, y que en ocasiones incluso pueden resultar afectadas por tales sentencias dispares un número considerable de personas sin que la existencia de tales sentencias favorables a otras personas, sentencias coetáneas o posteriores, suponga automáticamente el reconocimiento del derecho a aquellos que tienen actos firmes en sentido contrario, máxime cuando estamos ante derechos con plazo de prescripción. Finaliza el informe de la consellería considerando que, en base a todo lo anterior, no puede apreciarse un tratamiento discriminatorio, sino que los actos administrativos se adoptaron en base a una interpretación razonable del derecho, tanto en lo que respecta al criterio de desestimar inicialmente las reclamaciones, como en el cambio de criterio luego de la jurisprudencia del TJUE, y también de la inadmisión de nuevas reclamaciones sobre las que ya hubiera acto firme. A la vista de lo expuesto en el informe remitido por la consellería, y atendiendo a la reivindicación planteada por el interesado en su escrito, como punto de partida de nuestra reflexión, tenemos que hacer referencia al hecho de que, desde el año 1999 la directiva europea 99/70/CE contempla la aplicación del principio de igualdad en la remuneración de los trabajadores con contratos de duración determinada respecto de los trabajadores con contrato indefinido, principio corroborado por la sentencia del TJUE de 2010 ya citada, que imponen claramente la aplicación con efectos retroactivos del reconocimiento de trienios del personal interino, toda vez que, el artículo 2, párrafo 1º de la Directiva, estableció como fecha máxima de transposición el 10 de julio de 2001. Así, dado que el EBEP no entró en vigor hasta el 12 de mayo de 2007, reconociendo el tiempo de trabajo como de servicio a efectos de cómputo de trienio pero excluyendo el efecto retroactivo de la retribución de los trienios reconocidos, dicha sentencia del TJUE considera que el Estado está obligado a aplicar retroactivamente la norma comunitaria reconociendo así de una parte el efecto directo de la misma y de otra la conducta infractora del Estado, al que sanciona de forma indirecta por su demora en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con el Derecho de la Unión. Con tales argumentos, y admitiendo todas las partes implicadas el derecho de los funcionarios interinos al cobro de los trienios con efectos retroactivos desde la finalización del plazo de transposición de la Directiva (siempre respetando los plazos de prescripción), la cuestión clave en este asunto se centra en la situación evidentemente dispar que se suscita para los funcionarios afectados que, según el momento en el que hubieran interpuesto su reclamación, obtienen resoluciones contrarias. En el análisis de este asunto, el valedor quiere comenzar compartiendo las reflexiones incorporadas al informe de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos de la Xunta en cuanto a las dificultades que presenta la aplicación de la normativa en el caso concreto y también en lo relativo al carácter complejo del asunto. Ciertamente, este caso no es fácil de resolver puesto que en él confluyen varios principios (eficacia directa de la norma comunitaria, cooperación leal del Estado para hacer efectivo el derecho comunitario, límites al alcance de la cosa juzgada, alcance de la responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento de las normas comunitarias e, incluso, la eventual vulneración del principio de igualdad) cuya hermenéutica se encuentra en un proceso evolutivo inconcluso y al respecto de los cuales se ha pronunciado recientemente tanto la jurisprudencia comunitaria como la española. Por lo tanto, es cierto que el problema resulta, cuando menos, vidrioso. Pero esta institución considera que existen fundamentos jurídicos más que suficientes para alcanzar una solución diferente a la propuesta por la Xunta de Galicia, dando pleno cumplimiento a las normas comunitarias y garantizando una tutela amplia (tal y como corresponde promover al valedor) de los derechos de los interesados en esta queja. En este sentido, entendemos preciso avanzar las siguientes líneas argumentales para realizar una reevaluación global del asunto. I- Sobre las resoluciones administrativas confirmadas por sentencia judicial firme y el derecho comunitario. En primer término, y aun considerando –a pesar del enfoque adoptado por la Xunta de Galicia- que en esta cuestión no radica realmente el cerne del problema, debemos recordar que en la última década se ha abierto una brecha jurisprudencial por parte del TJUE en la intangibilidad de la cosa juzgada al haber sido admitido por este que, en determinadas circunstancias, cabe promover la revisión de las resoluciones administrativas y judiciales firmes dictadas por órganos nacionales que aplicaron erróneamente (o ignoraron) el derecho comunitario. Ciertamente, estas sentencias del Tribunal de Luxemburgo no buscan socavar el valor de la seguridad jurídica sobre el que se fundamenta el principio de cosa juzgada sino hacerlo armónico con los principios esenciales de la primacía y de la necesaria efectividad del derecho comunitario. Como ha indicado el TJUE, los Estados no pueden infraproteger el interés de la Unión Europea de garantizar que sus normas sustantivas son aplicadas correctamente (principio de efectividad) mediante una interpretación desmesurada del principio de seguridad jurídica (STJUE Olimpiclub, C-2/08, de 3 de septiembre de 2009). Aunque el TJUE no rechaza el valor inherente al principio de la seguridad jurídica ha promovido una jurisprudencia evolutiva –que no podemos considerar cerrada en la actualidad- en la que matiza el carácter monolítico e intocable del mismo. Así, en la conocida STJUE en el asunto Kühne & Heitz NV (C-453/00, de 13 de enero de 2004) el Tribunal abre esta línea de razonamiento al reconocer la posibilidad de revisar, bajo ciertas condiciones, aquellas decisiones administrativas de órganos nacionales confirmadas por decisión judicial firme que fueron adoptadas en contradicción con el derecho comunitario. En pronunciamientos posteriores, el TJUE ha puesto nuevos escalones de esta doctrina en construcción en asuntos como Kempter (C-2/06, de 12 de febrero de 2008) en el que afirmó que una resolución administrativa firme contraria al derecho de la UE podría ser anulada aunque el interesado no hubiera alegado esa norma en el procedimiento interno, Vereniging (C-383/06, de 13 de marzo de 2008) en el que contempló la revisión de resoluciones administrativas firmes para recuperar fondos perdidos por abuso o negligencia de los beneficiarios, o el ya mencionado Olimpiclub. En definitiva, por lo tanto, resulta importante recordar la centralidad que tienen en el ámbito del derecho de la UE –como no podría ser de otro modo- tanto el principio de la seguridad jurídica como su corolario de la cosa juzgada por tribunales nacionales; sin embargo, conviene subrayar también que el TJUE ha dado pasos para matizar el alcance de estos principios en aquellos contextos en los que sean empleados por parte de los Estados como límite a la eficacia de las normas comunitarias. II- El efecto directo vertical de la directiva y el deber del Estado de garantizar la plena efectividad de las normas comunitarias. En los asuntos que suscitan esta queja, el foco no debería trasladarse, en la opinión del valedor, al instituto de la cosa juzgada sino que debiera mantenerse sobre el efecto directo que tiene la norma comunitaria y sobre la inequívoca obligación que tiene el Estado a la hora de darle plena eficacia a los mandatos contenidos en ella. En la controversia dirimida por la Sala Segunda del TJUE en la sentencia 2010/414 de 22 de diciembre quedaron claras las siguientes cuestiones: a) la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre trabajo con contrato de duración determinada que figura en el anexo de la Directiva 1999/70 y que establece que “no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una forma menos favorable que a los trabajadores fijos comparables” tiene efecto directo, como el órgano judicial ya dijera anteriormente, como por ejemplo, en la sentencia Del Cerro Alonso (C-307/05 de 13 de diciembre de 2007); b) el Estado incumplió su deber de transponer la Directiva antes del 10 de julio de 2001, que era la fecha máxima establecida en el texto; c) y, por lo tanto, debe abonar a los trabajadores interinos o temporales, con los límites de la prescripción, los trienios perfeccionados desde esa fecha, y no desde la entrada en vigor (15 de mayo de 2007) del EBEP. Los autores de las quejas solicitaron a la administración el reconocimiento de trienios antes de la entrada en vigor del EBEP y lo hicieron apoyándose expresamente en el texto de la Directiva no traspuesta. Ni la administración autonómica, ni los tribunales les dieron la razón. Sin embargo, ambas instancias deberían haberlo hecho. Es doctrina comúnmente aceptada que cuando una norma comunitaria tiene carácter preciso e incondicional (como ocurre con la cláusula 4 del Acuerdo marco que figura en el anexo de la Directiva 1999/70) esta puede ser invocada por un particular ante un tribunal nacional (aunque se trate de una Directiva, cuando ha transcurrido el plazo de transposición sin que esta se hubiese consumado, tal y como aconteció aquí) para que el órgano jurisdiccional la aplique íntegramente, absteniéndose de invocar cualquier disposición nacional que conduzca, en las circunstancias del litigio, a un resultado contrario al previsto en el derecho comunitario (STJUE Marshall, C-152/84 de 26 de febrero de 1986). Por lo tanto, conviene insistir en el hecho de que el poder legislativo del Estado incumplió de manera flagrante el Derecho comunitario, por no incorporar la Directiva en plazo. Sin embargo, el órgano administrativo también lo hizo ya que –a pesar de la justificación basada en la sujeción a la ley interna que esboza la Xunta en su Informe- está obligado a aplicar la directiva con efecto directo que alegan los autores de la queja y a inaplicar la norma interna contraria (cómo afirmó con rotundidad el TJUE en su importante sentencia Constanzo, C-103/88, sin que la administración tenga que esperar a ser instada judicialmente a realizar esta operación); y, por último en nuestro caso, también el órgano judicial vulneró el derecho de la UE al rechazar aplicar la disposición de la norma comunitaria no transpuesta que invocan los particulares y despliega efecto directo. Desde la perspectiva que brinda este triple incumplimiento, parece difícil defender que tengan que ser los trabajadores que reclaman el ejercicio de un derecho que les reconoce una norma comunitaria los que deban resultar perjudicados por la actuación, contraria al derecho de la UE, que desarrollan tres poderes diferentes del Estado. Obviamente, el nivel de responsabilidad de las distintas instancias implicadas en el asunto no es idéntico ya que máxima responsabilidad –derivada de la no transposición en plazo de la directiva y de la consiguiente generación de un marco relativamente confuso de derecho aplicable- resulta imputable sólo al Estado; pero no debemos olvidar que la jurisprudencia comunitaria también es contundente al afirmar que tanto los jueces como la Administración deben aplicar las directivas con efecto directo no transpuestas, como la de este caso, inaplicando el derecho interno con el que entren en contradicción. III- La responsabilidad patrimonial del Estado por el incumplimiento del derecho comunitario. El propio TJUE hace referencia en la mencionada sentencia 2010/414 a la existencia de la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de la normativa comunitaria. Concretamente, en el párrafo 87 indica que “dado que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco (LCEur 1999, 1692/1) es incondicional y lo suficientemente precisa para poder ser invocada frente al Estado por los particulares ante un juez nacional, las demandantes en el litigio principal pueden alegar válidamente sus pretensiones de abono de los trienios a los que tienen derecho con carácter retroactivo, basándose directamente en las disposiciones de dicha cláusula. No parece, pues, necesario, a primera vista, un recurso de indemnización basado en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la responsabilidad de los Estados miembros por violación del Derecho de la Unión” (la cursiva está añadida). Ciertamente, los beneficiarios de la sentencia 2010/414 y de la subsiguiente de la Sala 3 del TS de 7 de abril de 2011 obtuvieron el abono retroactivo de los trienios perfeccionados por virtud del efecto directo de la Directiva, por lo que no fue preciso abrir la vía de la reparación por incumplimiento. Pero para los autores de las quejas que nos ocupan –a los que tanto la administración como la judicatura les rechazaron su pretensión, impidiendo la aplicación de una norma comunitaria que primaba sobre lo derecho nacional y tenía efecto directo- la respuesta debe ser otra. Como señalan estos ciudadanos en sus escritos, la negativa de la Xunta de Galicia a reconocerles un derecho que les pertenece los aboca a un largo periplo judicial, es decir, los conduce a la interposición del recurso de indemnización del que habla el TJUE. No parece necesario extenderse en el comentario de la conocida construcción jurisprudencial al respeto del principio de la responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento del derecho comunitario que ha desarrollado el Tribunal de Luxemburgo desde la pionera sentencia de 19 de noviembre de 1991 en el asunto Francovich (C-6/90), y perfeccionado en múltiples decisiones posteriores entre las que cabe destacar las STJUE de 5 de marzo de 1996, Brasserie du Pêcheur y Factortame (asuntos C-46/93 y C-48/93) y de 30 de septiembre de 2003 Köbler (asunto C-224/01). En esta última, referida a la responsabilidad del Estado por las decisiones de órganos judiciales contrarias al derecho comunitario, se explicita que “él principio de responsabilidad de un Estado miembro por los daños causados a los particulares por las violaciones de Derecho comunitario que le sean imputables es inherente al sistema del Tratado” y también se observa que “(…) la parte demandante de una acción de responsabilidad contra el Estado obtiene, sí se estiman sus pretensiones, la condena del Estado a reparar el daño sufrido, pero no necesariamente la anulación de la fuerza de cosa juzgada de la resolución judicial que haya causado el daño”; mientras que en Factortame ya se había afirmado que “el derecho a reparación constituye el corolario necesario del efecto directo reconocido a las disposiciones comunitarias cuya infracción ha dado lugar al daño causado”. Pese a que en los procesos judiciales existe un ineludible margen de incertidumbre, en los asuntos de los que traen causa las quejas interpuestas ante esta institución se aprecian fundamentos jurídicos suficientes para sustentar un recurso de responsabilidad por parte de los autores que, todo hay que decirlo, no podrían eventualmente dirigir contra la Xunta sino contra la Administración General del Estado al ser esta la única responsable de la no transposición en plazo de la directiva. IV- El principio de cooperación leal. El recurso a la acción de responsabilidad, sin embargo, no parece ser la solución idónea para este asunto ya que impone a los autores de la queja unos costes excesivos para conseguir una indemnización que subsane el no reconocimiento, en tiempo y forma, de su derecho; como dicen en sus escritos “es difícil comprender, como en una misma situación un compañero está cobrando las cantidades que le correspondían, mientras que a otro, no se le abonan, abocándolo a aceptar esa situación discriminatoria o de nuevo a un procedimiento judicial largo y costoso”. Por este motivo, consideramos que la función del valedor pasa por instar la actuación positiva de la administración cuando, como en este caso, parece oportuna. En ese sentido, debemos recordar que el alcance de las obligaciones de los Estados a la hora de garantizar la aplicación del derecho comunitario afecta a todos los poderes de este puesto que, como ha establecido la jurisprudencia, no sólo los jueces sino también la administración debe aplicarlo íntegramente, tutelando los derechos que este le concede a los particulares. La administración, por tanto, tiene que adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la eficacia de la directiva, también por relación a la particular situación de los autores de la queja. El propio artículo 4.3 del TUE insiste en la importancia de este principio de cooperación leal al afirmar que “los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión”. Desde esa perspectiva, consideramos que no existen obstáculos jurídicos para que la Administración autorice el abono retroactivo de los trienios a los trabajadores autonómicos que se encuentren en la situación descrita por los autores de las quejas. El principio de cooperación leal y la garantía de la efectividad de las normas comunitarias deberían conducir a esta solución que, habida cuenta el reducido número de afectados y los plazos de prescripción vigentes, tampoco resultaría onerosa en estos momentos de ineludible ajuste presupuestario. V- El derecho a la igualdad y la situación de los autores de la queja. Por último, debemos insistir desde la perspectiva constitucional en el hecho de que privar a los autores de la queja de este derecho genera una situación objetiva de discriminación respecto a los interinos y contratados temporales que, por no haber reclamado antes de la entrada en vigor del EBEP, pueden ahora exigir retroactivamente sus trienios. Aunque pueda ser argumentado -con un enfoque no compartido por esta institución- que las consecuencias jurídicas de la cosa juzgada pueden privar a los interesados de reclamar directamente el reconocimiento con efectos retroactivos de los trienios, lo cierto es que esto no le impide a la administración se acerque al asunto desde la óptica de dar cumplimiento pleno a la norma comunitaria, de la de defender la justicia material y de tutelar el derecho a la igualdad. En este último sentido, consideramos de aplicación al asunto la importante doctrina establecida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 307/2006, de 23 de Octubre. Rec. Amparo 806/04, sobre el alcance del derecho fundamental a la igualdad, en la que se recoge que no es aceptable que una administración extienda los efectos beneficios de una doctrina jurisprudencial, dejando fuera a los que vieran rechazada previamente su pretensión por sentencia firme, toda vez que la cosa juzgada no es justificación suficiente para una diferencia de trato ante la ley. Es decir, un supuesto semejante al analizado en estas quejas. Como ha dicho el TC “en el presente caso no se aprecia la existencia de una justificación objetiva y razonable, resultando por el contrario arbitraria la razón opuesta por el INSS para denegar la revisión de la pensión. En efecto, el instituto de la cosa juzgada no puede ser justificación para que la Administración depare un peor tratamiento a pensionistas que se encuentran en idéntica situación y que se verían perjudicados por el único hecho de haber acudido a los órganos jurisdiccionales para obtener el reconocimiento de su derecho. Lo que está en tela de juicio en el caso de autos es el derecho fundamental a la igualdad ante la ley (art. 14 CE) y frente a ello no puede oponer el INSS que la base reguladora de determinadas pensiones hubiera sido declarada en sentencia judicial firme, de la misma manera que no ha opuesto en el caso de las restantes el que su base reguladora hubiera quedado establecida por una resolución administrativa, pese a ser la misma igualmente firme al haber sido consentida y no recurrida o, incluso, al haber sido recurrida y desestimado el recurso en sede jurisdiccional. Porque lo que se discute no es sí el INSS tenía o no la obligación de revisar el conjunto de las pensiones de invalidez permanente reconocidas mediante la aplicación de un nuevo criterio de cálculo derivado de un cambio jurisprudencial, ni los límites que respecto a tal eventual obligación pudieran derivarse del efecto de cosa juzgada, sino la cuestión más precisa y relevante desde la perspectiva constitucional de sí, habiendo decidido el INSS revisar tales pensiones, puede excluir de la revisión únicamente a aquellos pensionistas que obtuvieron su pensión como consecuencia de una resolución judicial. Y la respuesta ha de ser negativa, al ocasionarse con tal exclusión una desigualdad en el tratamiento de ciudadanos en idéntica situación que carece de justificación objetiva y razonable y que eres, por ello, contraria al derecho a la igualdad reconocido en el art. 14 CE”. Por todo lo indicado en los párrafos precedentes, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacerle llegar a la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria la siguiente sugerencia: Que se adopten las medidas necesarias para proceder al reconocimiento de efectos retributivos de los trienios prestados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/2007 por la que se aprobó el estatuto básico del empleado público, con los límites y plazos de prescripción que marca la ley, al personal de la administración pública que habiendo reclamado tales cantidades, hubieran obtenido una sentencia desfavorable firme previa al cambio de criterio adoptado por la consellería Respuesta de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: sugerencia aceptada. 8.- Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Boiro en fecha 7 de mayo de 2013, debido a un expediente sancionador de tráfico (Q/244/13). En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. ….., referente al expediente sancionador de tráfico por infracción de las normas de circulación núm. 2003/2012. Solicitado el informe preceptivo al ayuntamiento, recibimos oficio al que se adjunta copia de la resolución del recurso de reposición que le fue trasladado al interesado con fecha 06-02-13 y en el que consta la desestimación a las alegaciones formuladas, quedando abierta la vía contencioso administrativa. Del contenido en el informe del ayuntamiento, entendemos que la conducta sancionada se encuentra perfectamente identificada en la normativa vigente y el trámite seguido en el expediente aperturado por tal conducta no reviste anomalía. Quedando claro la cobertura legal de la supuesta infracción, tenemos que pasar a valorar la prueba de los hechos en cuestión que originan la misma, y que son objeto de discusión por las partes. En este caso, se introduce la prueba indiciaria, aceptada por nuestra jurisprudencia en el ámbito penal y trasladable al proceso administrativo sancionador de modo incuestionable. El propio Tribunal Constitucional señala que la prueba de cargo puede ser por indicios, cuando el hecho objeto de prueba no es el constitutivo de infracción sino otro intermedio que permite llegar a este por inferencia lógica, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a) la prueba indiciaria tiene que partir de hechos plenamente probados b) los hechos constitutivos de delito deben deducirse de esos hechos completamente probados a través de un proceso mental, razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia. De la exigencia de tales requisitos deriva que, la falta de concordancia con las reglas del criterio humano se puede producir tanto por la falta de lógica o de coherencia en la inferencia (cuando los indicios constatados excluyan el hecho que de ellos se hace derivar o no conduzcan naturalmente a este), como por el carácter excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia (sentencias del Tribunal Constitucional 189/1998, de 28 de septiembre, fundamento jurídico 3; 220/1998, de 16 de noviembre, fundamento jurídico 4; 91/1999, de 26 de mayo, fundamento jurídico 3; 120/1999, de 28 de junio, fundamento jurídico 2, y 44/2000, fundamento jurídico 2). En los fundamentos de derecho recogidos en la resolución desestimatoria del recurso de reposición, se indica que “los indicios están plenamente probados por la fotografía que consta en el expediente y no rechazada por el recurrente, y en cuanto al razonamiento, debemos señalar que teniendo en cuenta la anchura del carril de circulación y la longitud y orientación de las plazas de aparcamiento, resulta imposible estacionar de frente en batería sin atravesar la línea que separa los dos sentidos de la circulación”. Dicho lo anterior, estamos de acuerdo que el indicio se encuentra efectivamente probado, dando cuenta de ello la fotografía del expediente. Sin embargo, y dentro de lo que es el proceso deductivo a realizar en la utilización de la prueba indiciaria, la STC 63/2007 señala que el mayor subjetivismo de la prueba indiciaria exige una motivación suficiente y rechaza la incoherencia, la irrazonabilidad, la arbitrariedad o el capricho lógico, personal y subjetivo del juicio de inferencia. En efecto, no puede entenderse desvirtuada la presunción de inocencia se la inferencia es tan abierta que en su seno pueda caber una pluralidad de conclusiones alternativas tal que ninguna de ellas pueda darse por probada. En el caso concreto que nos atañe, teniendo en cuenta la fotografía y el tipo de vía, pueden existir alternativas al relato de los hechos inferidos de la prueba indiciaria. La posibilidad de que estuvieran vacíos los puestos de aparcamiento colaterales a del vehículo infractor en el momento de estacionar (posibilidad que no puede ser negada ni afirmada por el agente al no encontrarse presente en ese momento), puede suponer que no se atravesara la lineal longitudinal continua existente sobre la calzada y que por consiguiente hubiese espacio suficiente para maniobrar (aunque que dicha maniobra fuera dificultosa). Consideramos así, que la inferencia muestra un carácter excesivamente abierto, y por consiguiente, débil e indeterminado, existiendo la posibilidad de estos hechos no pueda deducirse la comisión de la infracción del artículo 167.a) RJC, pues la inferencia presenta un carácter excesivamente abierto, y, por consiguiente, débil e indeterminado. Pues bien, como conclusión de lo señalado, esta institución, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, por la que se rige, le hace llegar al Ayuntamiento de Boiro la siguiente recomendación: Que se actúe de oficio por parte del ayuntamiento con el fin de revisar, y de ser el caso, anular, el expediente sancionador por infracción de las normas de circulación nº 2003/2012 Respuesta del Ayuntamiento de Boiro: recomendación no aceptada. 9.- Recomendación dirigida a la Consellería de Sanidade en fecha 24 de mayo de 2013, debido a la contratación de personal temporal en los centros del Servicio Gallego de Salud de la provincia de Lugo (Q/272/13 y acumulados). En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. ….., referente a la contratación de personal temporal en los centros del Servicio Gallego de Salud de la provincia de Lugo. Solicitado informe a la consellería, recibimos escrito en el que se recogen las siguientes consideraciones, que transcribimos de modo literal: “Primero: Las estructuras de gestión periférica del Servicio Gallego de Salud tienen la obligación de garantizar la asistencia sanitaria para el cumplimiento del derecho de protección de la salud de los usuarios y usuarias y de la población en general. La potestad de autoorganización que dispone el Servicio Gallego de Salud se manifiesta en la ordenación de los recursos humanos de forma planificada ponderando la estructura de los profesionales que se estimen necesarios para el cumplimiento de los objetivos asignados a cada uno de los dispositivos e instituciones sanitarias en todo el territorio de la comunidad autónoma. Todos los recursos humanos con los que cuentan las instituciones sanitarias deben supeditarse a la realización de una asistencia de calidad y que de respuesta a las demandas y necesidades de la población. Por lo tanto, las respectivas estructuras de gestión integrada están facultadas para establecer el régimen de organización de los servicios y unidades que dependen de las mismas, garantizando en todo momento la atención sanitaria. En base a esto pueden adoptar las medidas que estimen necesarias y establecer la cobertura de los servicios asistenciales con la adscripción del personal que precise, bien de carácter fijo, o temporal y, además, impartir las órdenes e instrucciones que consideren adecuadas a los profesionales con idénticos fines. Segundo.- La Ley 11/2011, del 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2012, establece en su artículo 31 que no procederá la contratación de nuevo personal laboral temporal, ni el nombramiento de personal estatutario temporal ni el nombramiento de personal funcionario interino, en los supuestos previstos en el artículo 92 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco de personal estatutario y en la letra a) de la línea una del artículo 10 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público. Queda excluido el régimen señalado anteriormente, para los casos excepcionales y para cubrir las necesidades urgentes e inaplazables del personal de los centros asistenciales del Servicio Gallego de Salud, ajustándose las contrataciones o vinculaciones temporales a las necesidades estrictas del servicio y estableciéndose el límite en las previsiones presupuestarias existentes. Añade el artículo citado que la aplicación de los pactos o acuerdos de las ausencias del personal de las instituciones sanitarias deberán respetar el carácter absolutamente imprescindible de las sustituciones transitorias del personal. En consecuencia, son los órganos de gestión de las estructuras de gestión los que, atendiendo a las necesidades existentes, determinarán las medidas adecuadas para mantener la cobertura asistencial, adecuándose a los principios y criterios de responsabilidad en la gestión del gasto y de eficiencia en la asignación y el empleo de recursos públicos, atendiendo a la situación económica y al cumplimiento del principio de sustentabilidad financiera, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2011, del 16 de agosto, de disciplina presupuestaria y sustentabilidad financiera. Esta regulación se reproduce en su integridad en el artículo 34 de la Ley 2/2013, de presupuestos generales de la comunidad Autónoma de Galicia para el año 2013. Tercero.- De todo lo indicado anteriormente cabe concluir que los aspirantes inscritos en las listas de contratación temporal no disponen de un derecho efectivo para la contratación o vinculación temporal, sino que gozan de una expectativa de ser nombrados de acuerdo con la orden de prelación de las citadas listas. Igualmente el recurso de vinculación temporal es una de las distintas alternativas con las que cuentan las instituciones sanitarias para cumplir los fines asistenciales que tienen asignados, opción que pueden utilizar o no de acuerdo con sus criterios y potestades administrativas.” A la vista de lo expuesto en el informe remitido por la consellería y atendiendo a las demandas señaladas por el interesado en su escrito, debemos realizar las siguientes consideraciones: En primer lugar, y tras analizar lo dispuesto en la Orden del 4 de julio de 2008 por la que se publican determinados acuerdos sobre ordenación y provisión de puestos de trabajo y condiciones de trabajo y retributivas en el ámbito de la atención primaria del Servicio Gallego de Salud, tenemos que señalar que, tal como recoge expresamente esta Orden, “el acuerdo está dirigido a conciliar las peculiaridades de los puestos de trabajo de los puntos de atención continuada, creados por la norma para la prestación de atención continuada a lo largo de todos los días y noches del año, con la escasez actual de profesionales y la necesidad, por todos asumida, de garantizar la prestación de la asistencia”. De la literalidad del texto, se deduce que el documento surge en un momento y circunstancias determinadas, en el que el número de personal disponible para la cobertura de puestos era escaso dificultando así la prestación del servicio de asistencia sanitaria a los usuarios gallegos. Por tal motivo, se subscribe este acuerdo que facilita la ampliación voluntaria de la jornada de los profesionales que ya ocupan un puesto en el Sergas y que con la complementariedad cubren las bajas y ausencias en los Puntos de Atención Continuada y en las Unidades y Servicios de Atención Primaria. Incidiendo en este primer punto, se afirma en el mismo texto que “se trata, pues, de ajustar el régimen jurídico de este colectivo de personal a la especificidad de su prestación -continua a lo largo del año con presencia importante de las noches-, al contexto actual del empleo”, contexto aquel que difiere totalmente de la actual situación de crisis económica y de parados registrados en las oficinas de empleo. En segundo término, y deduciéndose de lo anterior que el recurso a la complementariedad voluntaria de la jornada deriva de una situación de escasez de personal, también la Orden mencionada se refiere en diversos momentos al uso de las listas de contratación temporal de la propia consellería. Así, en lo que respecta a los Puntos de Atención Continuada, se establece que la selección de personal temporal se efectuará por el procedimiento establecido para el resto de personal en el ámbito de la selección temporal, actualmente en el marco del Pacto de vinculaciones temporales. A lo largo del acuerdo se hace referencia en diversas ocasiones a la “ampliación de jornadas por encima de los límites establecidos”, a la “indisponibilidad acreditada de personal” y a la “falta de personal disponible”, lo que creemos que confirma el espíritu de la norma al tener en cuenta la insuficiencia de personal de enfermería en aquella época. Como reafirmación de lo anterior, en caso do Acuerdo relativo a las Unidades y Servicios de Atención Primaria, el propio artículo 3º establece que “Para la cobertura de las ausencias del personal se utilizarán, por orden de prelación, los siguientes instrumentos: 1. Llamamiento a aspirantes de las listas de vinculación temporal. 2. Prolongación de jornada para el personal de las unidades y servicios y jornada complementaria en las unidades y servicios para el personal de los puntos de atención continuada. 3. Intersustitución. Para su realización, y consiguiente retribución, se dará prioridad a personal que manifieste su voluntariedad de realizar la intersustitución.” Y en artículo 6º de dicho acuerdo, se dispone que “Solo excepcionalmente, y debido a la falta contrastada de personal disponible para el mantenimiento de la asistencia sanitaria debida, la dirección del centro podrá adoptar medidas extraordinarias que obliguen a la superación de los límites de jornada establecidos (...). Se considera que existe indisponibilidad de personal cuando concurran a la vez las siguientes circunstancias: 1..- Que no se disponga de personal en las listas de aspirantes a vinculaciones temporales (...).” Como resumen de este segundo apartado de nuestras consideraciones, tenemos que concluir que la justificación última de estos acuerdos de ampliaciones de jornadas pasa en todo caso por la falta de personal de las listas de contrataciones temporales provocado por la escasez de personal. Como tercer punto, decir que en el informe de la consellería se hace continua referencia a la potestad de autoorganización que dispone el Sergas, declaración con la que estamos por supuesto de acuerdo. Sin embargo, lo que subyace en esta queja es la aplicación de las propias normas y acuerdos que vinculan a la consellería y al Sergas, y que en todo caso respetan la aludida potestad autoorganizativa, pero que sin duda son de estricto cumplimiento. En cuarto lugar, la administración justifica su actuación en base a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 11/2011, del 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2012 y en el artículo 34 de la Ley 2/2013 de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2013, en los que se recoge que “no se procederá a la contratación de nuevo personal laboral temporal ni al nombramiento de personal estatutario temporal, ni al nombramiento de personal funcionario interino, en los supuestos previstos en el artículo 9.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco del personal de los servicios de salud, y en la letra a) del apartado Uno del artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público, en el ámbito a que se refiere la letra b) del apartado Seis del artículo 13 de la presente ley, ya se trate de puestos reservados en las relaciones de puestos de trabajo a personal laboral, estatutario o a personal funcionario. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables: (...) b) Personal de los centros asistenciales del Servicio Gallego de Salud.” Tal excepción permite, a nuestro entender, la contratación de los aspirantes anotados en las listas de contratación del Sergas para los supuestos concretos de substituciones por la urgencia e inaplazable prestación de la atención sanitaria debida. Por último, las Leyes 11/2011 y 2/2013 de presupuestos, señala en el apartado cuarto de los mismos artículos referenciados, que “de conformidad con lo establecido en el presente artículo la aplicación de los pactos y acuerdos que prevean medidas relativas a la cobertura de las ausencias del personal de las instituciones sanitarias deberá respetar el carácter absolutamente imprescindible de las sustituciones transitorias del personal. En consecuencia, serán los órganos de gestión de las instituciones sanitarias los que, atendiendo las necesidades asistenciales, determinarán las medidas adecuadas para mantener la cobertura asistencial, adecuándose, así mismo, a los principios y criterios de responsabilidad en la gestión del gasto y de eficiencia en la asignación y empleo de los recursos públicos, en atención a la situación económica y al cumplimiento del principio de sustentabilidad financiera, conforme a lo preceptuado en la Ley 2/2011, de 16 de junio, de disciplina presupuestaria y sustentabilidad financiera”. Ante esto, la valoración económica resulta fundamental para la adopción de las medidas a adoptar, por lo que en todo caso, los incrementos y complementos en las retribuciones que derivan del pago de horas extraordinarias no parece ir en la línea indicada en este apartado. También es preciso mencionar que, según alegan los interesados, en las otras áreas de gestión sanitaria de nuestra comunidad sí se recurren a las listas de contrataciones temporales, por lo que se produce así una desigualdad en la aplicación de los propios criterios de la consellería. Efectivamente, los aspirantes inscritos en estas listas gozan de una expectativa de ser nombrados, pero tal expectativa se basa en unos criterios objetivos e iguales para todos ellos, y que deben ser respetadas en virtud de la normativa fijada para este acceso. No queremos finalizar nuestras valoraciones sin aludir también al hecho de que consideramos preciso que se reflexione si la prestación de una asistencia de calidad que de respuesta a las demandas y necesidades de la población mencionada en el escrito de la consellería puede verse minorada cuando los profesionales que deben estar al frente de los servicios acumulan horas de trabajo excesivas, existiendo la posibilidad legal de realizar contrataciones de personal igual de cualificado que afronte el servicio sin tal cúmulo de trabajo. A tales consideraciones, se uniría igualmente principios de justicia material y solidaridad que, en todo caso, no entran en contradicción con la prestación de un servicio sanitario de calidad. Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacerle llegar a la Consellería de Sanidade la siguiente recomendación: Que se adopten las medidas necesarias por la consellería a fin de proceder a la utilización de las listas de contratación temporal en los centros del Sergas de la provincia de Lugo, dando cumplimiento a la orden de prelación en los llamamientos de personal para la cobertura de ausencias del Sistema Gallego de Salud en el marco que permite la legislación actual relativa a la situación económica, disciplina presupuestaria y sustentabilidad financiera Respuesta de la Consellería de Sanidade: recomendación aceptada. 10.- Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Marín, en fecha 01 de julio de 2013, debido a la falta de respuesta antes los escritos presentados (Q/612/13). En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. ….., referente al tratamiento a título particular y no como representante sindical ante reclamación del acuerdo municipal de disolución del Patronato Municipal de Cultura. Solicitado informe al ayuntamiento, recibimos escrito en que se seña que el informe emitido por las responsables de la Secretaría y de la Intervención municipal en relación con el recurso contra el acuerdo plenario de disolución del Patronato Municipal de Cultura no entra en ningún tipo de opinión o consideración personal (ni favorable ni desfavorable) referente al autor de la presente queja, más allá de identificarlo por su nombre, limitándose a dar cumplida contestación a cada uno de los argumentos impugnatorios recogidos en el recurso suscrito por el Sr….. en nombre del CSI-F, que sería desestimado por el pleno. Continúa el informe que, resultaba ineludible traer a colación el nombre del autor de la queja, en la medida en que era él quien interpuso el recurso en representación del sindicato CSI-F, tal y como se indica en el informe cuya modificación pretendía forzar, puesto que, de no ser así, carecería totalmente de legitimación para impugnar tal acto administrativo y no se le hubiese dado respuesta al recurso que planteaba, de hecho, dicho funcionario no es uno de los trabajadores que tras la disolución del mencionado Organismo Autónomo quedó integrado en el Ayuntamiento de Marín, en las mismas condiciones laborales que tenían en el momento de la subrogación y, curiosamente, ninguno de los trabajadores afectados impugnó el acuerdo de disolución. Para el ayuntamiento, la invocación de la supuesta vulneración del ejercicio de libertades públicas o derechos sindicales carece de todo fundamento, al igual que la afirmación de que no se tramitan las peticiones que formula el autor de la queja. Afirmaciones que se ven desvirtuadas por el propio hecho de que la impugnación presentada por el mencionado funcionario municipal en representación del CSI-F, fue analizada en un amplio informe de diez páginas elaborada por las titulares de la Secretaría y de la Intervención municipal, con cuyo contenido parece discrepar el Sr…., siendo el referido recurso desestimado íntegramente por el pleno. El órgano municipal insiste en que las múltiples peticiones que presenta de modo continuo el funcionario adscrito al servicio de Secretaria, d. M. R. G. P., son tramitadas en unos casos en nombre propio y en otros en representación del sindicato al que pertenece, lo que supone que, tan solo con dar respuesta a cada una de las Instituciones que nos piden información a resultas de quejas planteadas ante ellas por el mencionado funcionario, que habitualmente acaban siendo archivadas, se paraliza seriamente el funcionamiento de esta Administración. En prueba de esto, el ayuntamiento nos remite una relación del listado de escritos y peticiones presentadas en el Registro Municipal por el Sr….. durante los años 2011, 2012 y lo que va de 2013. En cuanto a la solicitud de recusación formulada por el autor de la queja, se manifiesta que no fue tramitada al carecer de los requisitos mínimos para ello, al no invocarse ninguna de las causas de recusación previstas en el art. 28 de la ley de procedimiento administrativo. Según el ayuntamiento, el Sr. G.P. interpreta que existe una "enemistad manifiesta" (art. 28 c) con la secretaria por el hecho de que esta (en cumplimiento de las tareas inherentes a la jefatura del servicio de secretaría al que está adscrito el interesado), se le conmine a dar cumplimiento a las tareas que tiene encomendadas y mantener respecto a sus compañeros, siendo una invocación genérica que pretende hacer extensiva, a "cualquiera trámite que le afecte". A la vista de lo expuesto en el informe remitido por el ayuntamiento y atendiendo a las demandas señaladas por el interesado en su escrito, es preciso resaltar que, aunque son dos las materias planteadas en el caso concreto, tales como una primera cuestión de fondo relativa al tratamiento a título particular y no como representante sindical ante reclamación del acuerdo municipal de disolución del Patronato Municipal de Cultura, y una segunda de forma sobre la falta de respuesta ante la solicitud del interesado de apertura de expediente disciplinario, lo cierto es que la queja se circunscribe exclusivamente al problema formal, dado que el aspecto material de la misma debemos considerarla ajustada a derecho. Centrándonos así en la omisión de contestación por parte del ayuntamiento a las solicitudes presentadas por el autor de la queja, es preciso resaltar que las administraciones públicas, en las relaciones con los ciudadanos, deben encauzar el ejercicio de sus funciones mediante el procedimiento administrativo. La razón de ser de este modo de actuación administrativa responde a una doble finalidad: servir de garantía a los derechos de los administrados y, de otro modo, al propio interés público. La garantía de la existencia de trámites administrativos y de una respuesta efectiva al ciudadano deriva de la propia Constitución Española. Así, la obligación administrativa de cumplir escrupulosamente con las normas que rigen los procedimientos, cuidando al máximo de todos los trámites que constituyen el expediente, dimana directamente del mandato constitucional del artículo 103 de una Administración eficaz que sirve con objetividad a los intereses generales y que actúa con sometimiento pleno a la ley y al derecho, sometimiento que se articula mediante la sujeción de la actuación pública al procedimiento administrativo establecido por la Ley. Debe recordarse que el principio de eficacia del ya mencionado artículo 103.1 de la Constitución Española exige de las administraciones públicas que cumplan razonablemente las expectativas que la sociedad legítimamente le demanda, entre ellas, el deber de la administración de resolver con prontitud las peticiones y reclamaciones que le presenten los particulares, ya que el conocimiento cabal por el administrado de la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un presupuesto inexcusable para la adecuada defensa de sus derechos e intereses legítimos. Dicho lo anterior, es precisamente la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común la encargada de dar efectividad a lo descrito en los párrafos anteriores al concretar en el artículo 42 que “la administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarlos, cualquiera que sea su forma de iniciación.” La institución del silencio administrativo negativo reconocida en el artículo 43 de la misma disposición –a diferencia del silencio administrativo positivo, que tiene la consideración de verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento- se configura por la ley exclusivamente como una garantía para la defensa judicial de sus derechos por parte de los interesados. Por lo tanto, la administración no queda eximida de su obligación de resolver, y de hecho, en el caso de desestimación por falta de resolución expresa, no estará vinculada al sentido del silencio, tal y como señala expresamente el mismo artículo 43. No hay que olvidar que el silencio administrativo es una práctica que genera en los ciudadanos una auténtica inseguridad jurídica e indefensión material que obliga a los ciudadanos a acudir a la vía jurisdiccional para la resolución de sus conflictos, convirtiendo por ello, en inoperante, la vía administrativa. Por esta razón, es urgente y necesaria la supresión de esta práctica por los órganos de la administración pública en todos los niveles. Centrándonos en el supuesto concreto, la normativa vigente señala expresamente que en el caso de iniciarse el procedimiento como consecuencia de denuncia, deberá «comunicarse» dicho acuerdo al firmante de la misma. Por todo Lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacerle llegar al Ayuntamiento de Marín la siguiente recomendación: Que se adopten las medidas necesarias por el ayuntamiento para dar cumplimiento a los deberes legales que se extraen del artículo. 42 de la Ley 30/1992 de régimen jurídico y procedimiento administrativo común, dando respuesta a los escritos y solicitudes presentados por los administrados Respuesta del Ayuntamiento de Marín: recomendación aceptada. 11.- Recomendación dirigida al Ayuntamiento de O Porriño, en fecha 22 de julio de 2013, debido a un expediente sancionador de tráfico (Q/2371/12). En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D….., referente al expediente sancionador de tráfico nº 1341/2012 iniciado por el Ayuntamiento de O Porriño. Tras el envío por el ayuntamiento de un primer informe en el que se ratifican en los hechos y fundamentos manejados en el procedimiento sancionador, solicitamos información complementaria para esclarecer si la marca vial amarilla que origina la denuncia fue efectivamente pintada por el promotor del edificio o si se corresponde con una señal autorizada por el ayuntamiento. Con fecha de 28-06-13 recibimos escrito de la Concejalía de Urbanismo en el que expresamente se manifiesta que “no consta que la franja amarilla pintada en el bordillo de la acera correspondiente a la entrada de garaje del portal identificado con el núm…..en la C/…… fuera ejecutada por este ayuntamiento. La citada entrada de garaje no tiene autorizado ni solicitado vado de entrada de vehículos”. Analizando el contenido de ambos informes, debemos decir que la correcta tramitación del procedimiento sancionador no queda invalidada por el hecho de que la denuncia fuera presentada por un auxiliar de policía pues, tal y como permite el artículo 75 de la ley de seguridad vial, este se podrá incoar de oficio por la autoridad competente que tenga noticias de los hechos que puedan constituir infracciones a los preceptos de esta ley o mediante denuncia que podrá formular cualquier persona que tenga conocimiento directo de los mismos”. Así, los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico tienen el deber de denunciar cuando observen un hecho que constituya una infracción, pero ello no niega el derecho deber genérico que alcanza a los agentes de la autoridad que no se encuentren encargados de tal vigilancia, incluidos los auxiliares. El artículo 76 ampara con la presunción de veracidad solo a las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, presunción que no existe respecto a las denuncias formuladas por otros agentes. En este caso concreto, el hecho de que el denunciante fuera un agente auxiliar de policía, no impide la denuncia, ratificada por un agente competente testigo de los hechos. Con esto, no es cuestionable la correcta incoación del expediente sancionador. A pesar do anterior, en este supuesto concreto consideramos que el problema del expediente se encuentra en el hecho de que, por parte de la administración, se considera probado que los hechos denunciados tuvieron lugar en la C/......., núm….., y que la infracción deriva de la vulneración del artículo 171.5 A CIR al “no respectar la indicación de una marca vial amarilla”. Sin embargo, y tal como informa el propio ayuntamiento, la marca vial amarilla objeto de controversia no fue ejecutada por la administración local ni corresponde a ningún vado autorizado, por lo que no se produce hecho algún que infrinja la normativa referenciada. Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacerle llegar al Ayuntamiento de O Porriño la siguiente Recomendación: Que se adopten las medidas necesarias por el ayuntamiento para proceder a la revisión del expediente sancionador 1341/2012, y dicte resolución de anulación de la sanción impuesta Respuesta del Ayuntamiento de O Porriño: recomendación aceptada. 12.- Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Riós en fecha 23 de septiembre de 2013, debido a la exigencia de empadronamiento en un procedimiento de contratación (Q/4040/2013). En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. …, referente al procedimiento de contratación de las brigadas municipales para la prevención y defensa contra incendios en el Ayuntamiento de Riós. Solicitado el preceptivo informe al órgano municipal, recibimos documento en el que se indica que en el proceso de selección para la contratación de personal para el desempeño de los puestos de las brigadas municipales de lucha contraincendios, se incluyó la valoración del padrón con el fin de acreditar la vinculación territorial del candidato/a al ámbito municipal y al conocimiento de la realidad física y social del ayuntamiento. El ayuntamiento justifica esta medida alegando la importancia del conocimiento del territorio, para lo cual se utiliza el dato del padrón municipal. Así, en las bases de contratación que adjunta el ayuntamiento, aparece en la cláusula 6 de “Baremo General de Méritos”, un apartado 2 que recoge expresamente que en la aplicación de méritos generales se valorará el conocimiento del medio físico del Ayuntamiento de Riós, otorgándose 20 puntos cuando se presente el certificado de empadronamiento, que será acreditativo de la vinculación territorial del candidato/a al ámbito municipal y al conocimiento de la realidad física y social del ayuntamiento. A la vista de lo contenido en el informe remitido por el ayuntamiento, confirmamos que efectivamente consta la valoración del empadronamiento como mérito en el proceso selectivo cuestionado en esta queja. Dicho esto, la cuestión a dilucidar es si la inclusión de este mérito podría ser contrario  a las disposiciones vigentes en materia de acceso al empleo público local y, por lo tanto, si la  actuación administrativa se adecúa a los principios de eficacia y sometimiento pleno a la ley y al derecho contemplados en el artículo 103 de la Constitución Española. Nuestra norma suprema, establece en su artículo 23.2 el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Este precepto debe relacionarse con el artículo 103.3 de la misma norma fundamental, que determina que el acceso a la función pública se regulará de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Tales principios vinculan a todas las administraciones públicas, por lo que la administración local debe respetarlos en todo proceso selectivo que convoque, sean convocatorias para puestos de funcionario (de carrera o interino) como laboral (fijo o temporal). Tal obligación queda confirmada en lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, y en los artículos 55, 56 y 61. En la misma línea, se pronuncia la normativa reguladora de la administración local tanto en su artículo 91.1 de la Ley 7/1985 como en el artículo 103. Tal normativa resulta determinante en el caso que nos atañe, pues dispone que toda selección debe realizarse mediante un procedimiento que garantice los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y objetividad, con independencia de la modalidad del contrato laboral que se celebre. Una vez aclarado la aplicación de los principios básicos en los procesos selectivos, el siguiente punto a tratar es la diferencia entre requisito y mérito en las bases de estos procesos. El requisito es una condición imprescindible para participar y para ser admitido en un determinado procedimiento selectivo y no prejuzga sobre la capacidad y la cualificación del aspirante. La exigencia como requisito de estar empadronado en el ayuntamiento convocante de la plaza, sería, a nuestro entender, y corroborado por numerosa jurisprudencia, contrario la normativa vigente. El proceso que motiva la apertura de este expediente de queja, incluye el empadronamiento en el municipio, no como requisito, sino que está incorporado en las bases de la convocatoria como mérito, lo que significa que constituye un valor positivo del aspirante que muestra así una mayor adecuación para el acceso al empleo. Tal y como señala reiterada jurisprudencia, la confección de los méritos en las bases de una convocatoria debe respetar los principios de igualdad, méritos y capacidad sancionados en las disposiciones anteriormente expresadas; paralelamente, habrán de ser objetivos y comunes, también directamente vinculados con los cometidos que legal o reglamentariamente estén previstos para la plaza y puesto de trabajo al que la misma se adscriba. A partir de aquí, lo que debe analizarse es si el empadronamiento en esta convocatoria concreta guarda una relación objetiva y proporcionada con las funciones del puesto de manera abstracta y general. Así, no procede analizar en abstracto la legalidad de la base en cuestión, sino que un adecuado control exige ponerla en directa relación con el puesto a desarrollar. Los argumentos esgrimidos por el ayuntamiento al señalar que debe valorarse “el conocimiento de la realidad física y social” para realizar las labores propias de la brigada para la prevención y extinción de incendios constituyen, en principio, motivos razonables. El conocimiento del medio físico parece tener una relación directa con el puesto, e facilita sin duda la ejecución de las tareas encomendadas. No obstante, tenemos que reconocer que, por una parte, el mero hecho de estar empadronado no garantiza el dominio del término municipal, y por otra, terceros e incluso con igual fundamento, vecinos de localidades próximas, podrían manejarse en el entorno con la misma facilidad. Así, puede acontecer que, aún residiendo en el Ayuntamiento de Riós, por diferentes circunstancias, no se conozca, los montes de la zona, por lo que no resulta un indicador totalmente fiable. Sin embargo, debe admitirse, que dado el tiempo de publicación de la convocatoria con respecto al inicio del contrato, y la duración de este, la exigencia del certificado del padrón, puede servir como un posible instrumento medidor más, dentro del conjunto de méritos a valorar. Pero precisamente, por ser conscientes de que residir en un municipio no prueba de modo irrefutable conocer ese territorio, la baremación de tal mérito no debe ser desproporcionada. Así, de cara a una adecuada apreciación de la problemática formulada, es preciso tener en cuenta los puntos otorgados en las bases al mérito cuestionado, y es en este punto en el que consideramos que los 20 puntos que se pueden obtener por el mismo, dentro del total máximo de 70 puntos (computando la totalidad de los méritos), resulta desmedido. Como conclusión a lo expresado en las líneas anteriores, el empadronamiento evaluado en la convocatoria de referencia, es un factor directamente conectado con los principios de mérito y capacidad en relación con el puesto a desarrollar, por una aptitud más específicamente adaptada a las funciones del trabajo a realizar. Sin embargo, dada la puntuación que se le adjudica al mérito analizado, vemos que se produce una desmesura o desproporción, dado que el otorgamiento de veinte puntos en un máximo de 70, representa casi un 29 por ciento del total. Por todo lo indicado anteriormente, se considerase necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacerle llegar al Ayuntamiento de Riós la siguiente recomendación: Que en las bases reguladoras de cualquier proceso selectivo de acceso al empleo público, se valore adecuadamente la inclusión de las referencias al lugar de residencia de los aspirantes (empadronamiento), valorándose como mérito siempre y cuando esté directamente relacionado con el contenido del puesto de trabajo y por lo tanto vinculado a los principios de mérito y capacidad, y que tal valoración se haga en su justa proporción Respuesta del Ayuntamiento de Riós: recomendación aceptada. 13.- Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Brión en fecha 2 de octubre de 2013, debido al desarrollo del proceso selectivo para la contratación de un auxiliar administrativo (Q/592/13). En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. ..., referente a la tramitación del proceso selectivo para el ingreso en una plaza de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Brión convocado por Resolución de 14 de septiembre de 2012. El ayuntamiento pone de manifiesto en el informe remitido a esta institución, que el proceso selectivo se desarrolló con total normalidad y respetando las garantías previstas en el ordenamiento jurídico, sin que pueda significarse incidencia reseñable alguna, mas allá de la subsanación de los errores de una plantilla de corrección del primer ejercicio. Señala el órgano municipal que, en este caso particular, las actuaciones del tribunal se desarrollaron con especial diligencia y celo, tratando en todo momento de salvaguardar los derechos del aspirante, así como de responder a las múltiples sugerencias y quejas formuladas por D. R.A., y que renunció a participar en la tercera prueba del proceso selectivo a pesar de tener superado los dos primeros ejercicios. Tal y como se refleja en el acta nº 1 del tribunal calificador, de 12 de enero de 2013, el primer ejercicio de la fase de oposición se celebra, sin incidencias, en el lugar y fecha indicados, procediendo seguidamente el tribunal a la calificación del ejercicio y a su posterior publicación en el tablón municipal de edictos y en la página web municipal, obteniendo el aspirante 7,35 puntos sobre un total de 10 puntos posibles. Con fechas 15, 17, 21 y 23 de enero de 2013 tienen entrada en el registro general del Ayuntamiento de Brión reclamaciones formuladas por un total de cinco aspirantes al proceso selectivo (entre los que no se encuentra ninguna suya), solicitando la revisión de la calificación otorgada por el tribunal en determinadas preguntas del primer ejercicio. Tal y como consta en las actas nº 2 y 3, el tribunal calificador procedió, en sesión de 25 de enero de 2013, al examen de las referidas reclamaciones, constatando la existencia de tres errores materiales en la transcripción de la plantilla de respuestas dada como válida y publicada con fecha 12 de enero de 2013. Una vez corregidos de nuevo todos y cada uno de los exámenes de acuerdo con la plantilla de respuestas correcta, el tribunal procede a la publicación de la misma, con las notas definitivas obtenidas por los aspirantes, en el tablón de anuncios del ayuntamiento así como en su página web con fecha 25 de enero de 2013. Como consecuencia de la corrección de los errores advertidos, D. R.A. obtiene una calificación de 7,10 puntos sobre un total de 10 puntos posibles. Con fecha 31 de enero de 2013 tuvo entrada en el registro general del Ayuntamiento de Brión un escrito del autor de la queja, en el que formula diversas alegaciones en relación con el contenido de la plantilla oficial de respuestas al primer ejercicio de la fase de oposición publicada mediante Resolución del tribunal de fecha 25 de enero de 2013, solicitando, así mismo, la anulación de las respuestas dadas como válidas a las preguntas nº 7, 13, 24, 40 e 41. Consta en el acta nº 3 que, el tribunal calificador procedió, en sesión de 22 de febrero de 2013, al detenido análisis de la reclamación formulada y a su posterior inadmisión, notificándole esta decisión al reclamante, de manera motivada (de la que nos adjuntan copia). Como conclusión de lo dicho anteriormente, el ayuntamiento señala que no se advierte irregularidad alguna en la actuación del Tribunal calificador por cuanto que, por una parte, advertidos tres errores en la transcripción de la plantilla de respuestas correctas publicada con fecha 12 de enero de 2013, el tribunal procedió a su debida corrección, revisando todos y cada uno de los exámenes de los aspirantes con igual criterio, y modificando las calificaciones finales a la vista de las respuestas finalmente consideradas como válidas; y por otra, ante la reclamación del interesado, el tribunal calificador procedió a su debido examen y análisis y a la posterior comunicación de su decisión, absolutamente motivada, mediante notificación individualizada. Continuando con el relato de los hechos que consta en el informe municipal, con fecha 31 de enero de 2013 tuvo entrada en el registro general del Ayuntamiento de Brión, escrito presentado por D. R.A., en el que solicita se declare la nulidad del primer ejercicio realizado en el proceso selectivo analizado, así como la debida aclaración del hecho de que se hubieran publicado dos listas diferentes con la lista de aprobados en el primer ejercicio de la citada convocatoria pública. En la sesión de 22 de febrero de 2013 (acta nº 3), el tribunal calificador procedió al detenido examen y análisis de la reclamación formulada por el referido aspirante, elaborando una resolución desestimatoria que notificada individualizadamente al interesado, desestimación que también nos hicieron llegar. Así, frente a la denuncia de falta de anonimato, la administración local señala que este vicio no puede sino considerarse, a lo sumo, una mera irregularidad no invalidante por la sencilla razón de que el anonimato de las pruebas no garantiza en modo alguno la imparcialidad ni la compromete, por cuanto la corrección misma se limita a la aplicación de una plantilla que, en el presente caso, fue objeto de publicación en fecha 25 de enero, estando, además, previamente determinados en la convocatoria los criterios de valoración. Los argumentos del órgano municipal inciden en que resulta indiferente que el tribunal conozca o no el nombre de los aspirantes, en la medida en que su capacidad de decisión o discrecionalidad está absolutamente vinculada a la plantilla y a los criterios de corrección fijados en las propias basas de la convocatoria. Es por tal motivo que no cabe la posibilidad de perjudicar o beneficiar a cualquier aspirante al proceso selectivo al tratarse, a corrección, de un acto puramente mecánico. En las alegaciones se cita jurisprudencia pronunciada en este sentido. Con fecha 4 de marzo de 2013, D. .., presenta en el registro general del ayuntamiento un nuevo escrito, en el que formula recurso de alzada contra la resolución del tribunal calificador de fecha 22 de febrero de 2013. Toda vez que el referido escrito, a juicio del tribunal, no advertía argumento jurídico algún que supusiera una modificación de la reclamación efectuada en fecha 31 de enero de 2013, se consideró oportuna su desestimación presunta (por la vía del silencio administrativo), comunicándose debidamente tal circunstancia al alcalde, órgano competente para su resolución. Mediante acuerdo del tribunal calificador de fecha 22 de febrero de 2013, debidamente comunicado a los aspirantes mediante su publicación en el tablón de edictos de la corporación municipal y en si página web, se procede a la fijación de la fecha y lugar de la realización del segundo ejercicio de la fase de oposición que tendría lugar el día 5 de marzo de 2013, a las 18:00 horas, en el aula de informática de la Facultad de Ciencias Políticas y de la Administración, Campus Sur, de Santiago de Compostela. Tal y como consta en el acta nº. 5 del tribunal calificador, en la fecha y lugar referenciados se procede a la realización del segundo ejercicio de la fase de oposición (en el que participa, así mismo, el reclamante); ejercicio que transcurre sin incidencias. Una vez corregidas las pruebas del segundo ejercicio de la fase de oposición (acta nº 7 del tribunal, de fecha 27 de marzo de 2013), se procede a la publicación (tablón de edictos del ayuntamiento y página web) de los aspirantes que superaron dicha prueba, entre los que se encuentra el ahora reclamante, con una puntuación global de 6,5 puntos sobre un total de 10 puntos. Habiéndose recibido varias solicitudes de revisión del segundo examen del proceso selectivo, el Tribunal calificador acuerda otorgar la todos los aspirantes por igual un trámite de audiencia que tendría lugar, en las dependencias del Ayuntamiento de Brión, el día 5 de abril de 2013, a las 10:00 horas. Dicho anuncio fue debidamente publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Brión y en su página web el día 1 de abril de 2013; es decir, con cuatro días de antelación a la fecha fijada para la revisión. Con fecha 2 de abril de 2013 (una vez publicada debidamente la fecha de revisión del segundo ejercicio del proceso selectivo) tuvo entrada en el registro general del Ayuntamiento de Brión, escrito presentado por el reclamante en el que solicita los siguientes documentos: - Copia impresa del modelo de corrección y puntuación del ejercicio de informática según el tribunal. - Copia impresa del documento con la corrección y puntuación aplicadas a su ejercicio. - Copia impresa y en soporte informático de su ejercicio. Copia impresa del documento con la corrección y puntuación aplicadas al ejercicio de la aspirante Dª E.M.V.C. - Copia impresa y en soporte informático del ejercicio de la aspirante Dª E.M.V.C. En la medida en que dicho escrito tuvo entrada en el registro general del ayuntamiento con posterioridad a la publicación de la fecha fijada para la revisión oficial de dicha prueba, y a los efectos de la efectiva puesta en conocimiento de tal circunstancia al Sr. A.I., se le remite, con fecha 2 de abril, nueva comunicación individual mediante correo electrónico. Así mismo, y en la misma fecha, por parte del secretario del Tribunal calificador se procede a comunicar telefónicamente al Sr. A.I., la posibilidad de revisar tales extremos el día 5 de abril de 2013, fecha fijada para la revisión del citado examen por parte de todos los aspirantes al proceso selectivo. Con fecha 3 de abril de 2013 y mediante correo electrónico, el Sr. A.I., presenta escrito de alegaciones reiterando de nuevo la solicitud de información efectuada con fecha 2 de abril. El ayuntamiento señala que debe tenerse en cuenta que el reclamante tendría acceso a la documentación solicitada así como a la revisión de dicha prueba selectiva, al igual que el resto de los aspirantes, en la fecha previamente fijada por el tribunal. El tribunal calificador, en el presente caso y previa recepción del escrito presentado por el reclamante solicitando copia de la documentación relativa al segundo examen del proceso selectivo, y pese a haber cumplido con los trámites de información pública que prevén las bases de la convocatoria, se puso en contacto con el aspirante por vía telefónica y mediante correo electrónico, circunstancia esta que denota una absoluta diligencia (más que la debida) en su actuación y, en particular, en el tratamiento y condescendencia para con los aspirantes al proceso selectivo. Nótese que según consta en las propias bases de la convocatoria, ley del proceso selectivo que vinculan tanto a la propia administración como a los aspirantes a las plazas convocadas, "una vez que comenzaron las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de la celebración de los sucesivos ejercicios en el Boletín Oficial de la Provincia, sino que será suficiente con su exposición en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en su página web con, cuando menos, 24 horas de antelación al comienzo de estos". El ayuntamiento aclara que de lo anterior se deduce que el medio habitual de información y publicación de los aspectos relativos al desarrollo de un proceso selectivo (incluso las fechas de realización de los exámenes) es el tablón de anuncios del ayuntamiento y/o su página web; nunca, como así se hizo en el presente caso, la comunicación telefónica presencial o el correo electrónico, medios de comunicación que fueron utilizados polo Tribunal calificador cómo complemento de aquellos medios habituales de publicidad e información. Es más, la antelación con la que se puso en conocimiento de todos los aspirantes la fecha de revisión del segundo examen fue de cuatro días (96 horas), siendo además notificado individualizadamente el reclamante el día 2 de abril, es decir, con 72 horas de antelación a la referida fecha. El informe del ayuntamiento finaliza alegando que no cabe imputar irregularidad alguna a la actuación del tribunal calificador, sino más bien al contrario, pues queda absolutamente probada su especial diligencia en la comunicación y puesta en conocimiento del reclamante de las fórmulas previamente acordadas para la revisión del contenido de dicho examen. Facilitarle por correo electrónico o por escrito, como pretendía, la documentación relativa a la segunda prueba del proceso selectivo no haría sino introducir un elemento de arbitrariedad y desigualdad para con el resto de aspirantes al proceso selectivo que sí tuvieron que desplazarse, y así lo hicieron, a las dependencias del Ayuntamiento de Brión para la revisión en la fecha prefijada. Por parte de esta institución, una vez estudiadas y analizadas las alegaciones de una y otra parte, debemos estructurar el asunto en tres puntos diferenciados, valorando cada uno de ellos por separado: 1.- Anulación de respuestas del primer ejercicio. En este apartado, nos parece importante señalar al inicio de nuestras reflexiones que, tal y como avala numerosa jurisprudencia, los tribunales calificadores de concursos y oposiciones gozan de amplia discrecionalidad técnica, dada la presumible imparcialidad de sus componentes, la especialización de sus conocimientos y la intervención directa en las pruebas realizadas. En contrapartida, con el fin de delimitar el espacio propio en que se enmarca la discrecionalidad mencionada, cabe afirmar que en las pruebas tipo test debe exigirse una cota máxima de precisión para la formulación tanto de las cuestione como de las respuestas alternativas que sean ofrecidas respecto de cada una de esas cuestiones. En el caso que origina este expediente de queja, entendemos que las respuestas consideradas cuestionadas por el interesado y tratadas cómo correctas por el Tribunal calificador, cumplen con los parámetros anteriores, y son respuestas que revisten de suficiente justificación racional. La elección de la respuesta correcta por parte del Tribunal lleva implícito un dictamen técnico situado dentro del margen de polémica sobre la solución correcta que se estima tolerable por los expertos del correspondiente sector del saber especializado, en este caso, la rama jurídica. Dicho lo anterior, y para evitar posibles arbitrariedades (degeneración a la que puede llegar la discrecionalidad antes mencionada), las decisiones de los tribunales calificadores sobre la corrección de los ejercicios de procesos selectivos, deben ser motivadas, basándolas en criterios legales o en la doctrina de autores reconocidos, premisas que consideramos que están presentes en este caso concreto, y por lo que apreciamos que la administración, en este punto, actuó regularmente y conforme a la normativa. 2.- Falta de anonimato en el primer ejercicio. Por lo que se refiere a la denuncia del interesado sobre la no preservación del anonimato en el ejercicio tipo test, tenemos que partir de la base de que existen discrepancias en la jurisprudencia sobre el carácter invalidante derivado de la consignación de la identificación del aspirante. Entre otros, y a modo de ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestima la invalidación de una prueba tipo test en la que constaba el nombre completo del aspirante. Fundamenta su decisión señalando que la identificación personal es necesaria para evitar suplantaciones de personalidad o de acreditación sobre a quién pertenecen las respuestas, no suponiendo tal actuar vulneración de los principios constitucionales dado que el test es una prueba que se corrige automáticamente y no en base a criterios subjetivos del examinador. La corrección de este tipo de exámenes se limita a la aplicación de una plantilla, de tal modo que resulta indiferente para el Tribunal conocer el nombre o no de los partícipes debido a que su capacidad de decisión o discrecionalidad está absolutamente vinculada a tal plantilla, sin que pueda beneficiar o perjudicar el hecho de conocer previamente el autor del examen. A pesar de lo anterior, desde esta institución consideramos que la exigencia del anonimato en el trámite de corrección de pruebas de acceso a la función pública es una derivación consustancial a los derechos y principios constitucionales que rigen el procedimiento de selección, que emana directamente de los artículos 23 y 103 de la Constitución. Esta línea viene siendo ratificada por el propio Tribunal Supremo en repetidas sentencias (como por ejemplo, STS de 31 de enero de 2006, STS de 19 de enero de 2009, etc.) al dictaminar que respetar el anonimato de los participantes en los procesos selectivos, aun cuando consisten en tipo test, garantiza los principios de igualdad e imparcialidad, debiendo articularse los mecanismos precisos para garantizar de modo completo y eficaz la incógnita sobre la identidad del examinado. El anonimato es una garantía objetiva de los principios que rigen el proceso, por lo que la misma debe establecerse siempre que no sea contrario a la naturaleza y características de la prueba. Es más, el hecho de que, durante el transcurso del procedimiento selectivo no se aprecien indicios concretos de que dichos principios se vieran inobservados, no es causa suficiente para estimar que la exigencia del anonimato no es necesaria, pues, precisamente, su virtualidad es preventiva. Así, mecanismos tales como la utilización de códigos, aseguran el anonimato en la corrección y facilita la transparencia del proceso y la confianza de los aspirantes en la imparcialidad de sus miembros así como de quienes van ser tratados por igual a los demás participantes del proceso selectivo. En el caso que nos atañe, dado que el examen tipo test es corregido de manera automática en función de una plantilla (y no tener opción a posibles rectificaciones), no resulta invalidado por la consignación de la identidad de los aspirantes al no producirse indefensión de los interesados. Así, tenemos que estar de acuerdo con el ayuntamiento que, en todo caso, en este supuesto, puede apreciarse una irregularidad no invalidante. No obstante, y de cara al futuro, con el fin de garantizar de una forma más completa y perfecta el anonimato de los participantes en el proceso, sería aconsejable que el ayuntamiento adoptase los mecanismos precisos para evitar que quede constancia del nombre y apellidos de los examinados en sus ejercicios, asegurando así el anonimato de cada uno de ellos, siempre y cuando sea posible por la naturaleza y características del ejercicio. En las pruebas de lectura pública no entran en este caso, pero, claro, las garantías mencionadas funcionan igual mediante otros mecanismos. La finalidad de esta medida es aumentar la transparencia de los procedimientos de selección para evitar dudas razonadas y desconfianza por parte de los candidatos. 3.- Copia de la documentación solicitada. En este apartado, debemos recordar que el artículo 105.b) de la Constitución y 35.a) y h) de la Ley 30/1992 de régimen jurídico y del procedimiento administrativo común garantizan el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos así como a conocer, en cualquier momento, es estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos. En base en los artículo referidos, la revisión de un ejercicio o el acceso a documentos elaborados por los administrados o que hacen referencia a ellos, y la obtención de copias, constituye un derecho y no una concesión graciosa; por tanto un tribunal calificador tiene la obligación de mostrar un ejercicio o examen escrito, realizado por el aspirante a una prueba selectiva. Este acceso entendemos que contribuye a garantizar los requisitos de igualdad, mérito y capacidad que establece la Constitución en sus artículos 23.2 e 103.3. En el caso que origina este expediente de queja, hay que diferenciar la oportunidad que tienen los participantes en el proceso selectivo a la revisión de la prueba realizada, de la solicitud expresa formulada por D…., de examinar y obtener copia de una serie de documentos obrantes en el expediente que le afecta. El autor de la queja no sólo requiere copia de su ejercicio, sino que solicita también copia del examen hecho por otro candidato. El artículo 37.3 de la Ley 30/1992, señala que el acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas figuren en los procedimientos de aplicación del derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario, y que, en consideración a su contenido, pueden hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de polos sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo. Creemos que existe un interés legítimo y directo por parte de D…., dado que la comparación entre ambos ejercicios puede ser útil en la argumentación y defensa de sus intereses. El solicitante no actúa aquí como un ciudadano cualquiera, sino que presenta la condición singular de haber sido parte en el procedimiento en el que se generaron los documentos requeridos. La posibilidad de que el acceso a los documentos depare a quien lo pretende un beneficio o beneficio o le sirva para evitar o disminuir un perjuicio, implica que el autor de la queja posee el interés legítimo necesario para que su solicitud sea atendida, no pudiendo el ayuntamiento obstaculizar la obtención de las copias solicitadas al no haber justificado el ente local intereses de terceros más dignos de protección ni normas legales que impidan este acceso. El propio Tribunal Supremo avala esta postura en diversas sentencias, entre las que cabe citar la de la Sala de lo Contencioso-administrativo de 6 de junio de 2005, recurso 68/2002. El reclamante tiene derecho a acceder a los documentos indicados, así como a obtener copia de ellos a sus expensas, pues el artículo 37.8 de la Ley 30/1992 dispone que el derecho de acceso conlleva el de obtener copias o certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por la Administración previo pago, en su caso, de las exacciones que se establezcan legalmente. Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacerle llegar al Ayuntamiento de Brión las siguientes Recomendaciones: Que se adopten las medidas oportunas para garantizar de modo completo y eficaz el anonimato de los aspirantes que concurren a los procesos selectivos, siempre y cuando sea posible por la naturaleza y características del ejercicio Que se facilite copia de los ejercicios y plantillas realizados por el interesado y que obran en su expediente, así como de aquella documentación de la que se considere que obstenta un interés legítimo Respuesta del Ayuntamiento de Brión: recomendación aceptada parcialmente. 14.- Recomendación dirigida a la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en fecha 02 de octubre de 2013, debido a la exclusión de las listas para la cobertura temporal de puestos docentes (Q/1701/13). En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. ….., referente a su exclusión de las listas para la cobertura temporal, en calidad de interino o sustituto, de puestos de la especialidad de soldadura del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional, por no tener superado el curso Celga 4 o no tener la validación equivalente. Tras solicitar el preceptivo informe a la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, tuvo entrada en nuestro registro, escrito en el que se justifica la actuación de la administración en base a la normativa vigente. Así, la consellería señala que el idioma propio de Galicia es el gallego, de acuerdo con el artículo 5.1 del Estatuto de Autonomía de Galicia, y que de acuerdo con el artículo 1.2 de la Ley 3/1983 de normalización lingüística, los gallegos (incluido el alumnado de un centro educativo) tiene el derecho de usar el gallego, lo que supone como contrapartida, una obligación para la administración, como resulta de lo dispuesto en el artículo 6.1 de esa ley. El artículo 5.3 del Estatuto del Autonomía obliga a la Administración a garantizar el uso oficial y normal de los dos idiomas oficiales y a potenciar el empleo del gallego en todos los planos de la vida pública, cultural e informativa y a imponer los medios necesarios para su conocimiento. En el artículo 3 del Decreto 79/2010 para el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria de Galicia, se recoge lo siguiente: «1. En la Administración educativa de Galicia y en los centros de enseñanza sostenidos con fondos públicos se utilizará, con carácter general, la lengua gallega y se fomentará su uso oral y escrito, tanto en las relaciones mutuas e internas como en las que mantengan con las administraciones territoriales y locales gallegas y con las demás entidades públicas y privadas de Galicia, sin que eso suponga una restricción de los derechos del personal docente. 2. Las programaciones y otros documentos didácticos de las materias de lengua se redactarán, con carácter general, en la lengua respectiva. En las actuaciones administrativas de régimen interno de los centros docentes indicados en el punto 1 de este artículo, como actas, comunicados y anuncios, se usará, con carácter general, la lengua gallega, excepto en lo referido a comunicaciones con otras comunidades autónomas y con los órganos de la Administración del Estado radicados fuera de la comunidad autónoma, en que se utilizará el castellano. Además de los procedimientos iniciados de oficio, también se usará el gallego en los procedimientos tramitados por petición de los interesados, sin prejuicio de lo establecido en el artículo 36.3° de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común». En el artículo 3 del mismo Decreto 79/2010 "sobre la lengua en la administración educativa", se recoge lo siguiente: « 1. En la formación profesional específica, en las enseñanzas artísticas y en las deportivas, de grado medio o superior, cada centro educativo, según el procedimiento establecido en el reglamento de centros, establecerá una oferta equilibrada de materias y módulos en gallego y en castellano que garantiza que el alumnado alcance la competencia lingüística propia del nivel en las dos lenguas oficiales. 2. En todos los módulos se garantizará que el alumnado conozca el vocabulario específico en las dos lenguas oficiales.». En base a lo anterior, la consellería concluye que, como garantía de los derechos del alumnado y como garantía del deber de promoción y normalización del gallego, resulta necesario que quien desempeñe puestos de la especialidad de soldadura del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional tenga conocimiento suficiente del idioma gallego. Razón por la cual las normas estatutarias exigen que, quien acceda la esos puestos, acredite objetiva y documentalmente, tal conocimiento. Completando el argumento anterior, la Administración pone de relieve que para el acceso a la condición de funcionario, el artículo 35 del texto refundido de la Ley de la función pública de Galicia, dispone que «Para darle cumplimiento a la normalización del idioma gallego en la Administración pública de Galicia y para garantizar el derecho de las administradas y de los administrados al uso del gallego en las relaciones con la Administración pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma, y la promoción del uso normal del gallego por parte de los poderes públicos de Galicia, que determina el artículo 6.3° de la Ley de normalización lingüística, en las pruebas selectivas que se realicen para el acceso a las plazas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades locales de Galicia se incluirá un examen de gallego, salvo para aquellos que acrediten el conocimiento de la lengua gallega conforme a la normativa vigente. Las bases de las convocatorias de los procesos selectivos establecerán el carácter y valoración de este examen». Más específicamente, por lo que respecta al desempeño temporal, en calidad de interino o sustituto, en un centro de titularidad de esta consellería de un puesto correspondiente a los cuerpos de los funcionarios que imparten enseñanza no universitaria, es conveniente tener presente el Acuerdo del 20 de junio de 1995, entre esta consellería y los sindicatos ANPE, CC.00., CSI-CSIF y FETE-UGT, por el que se regula el acceso y las condiciones de trabajo del personal docente interino y sustituto dependiente de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia que imparte enseñanzas distintas de las universitarias. Dicho Acuerdo del 20 de junio fue objeto de tres Addendas: una del 30 de septiembre de 2002; otra del 11 de julio de 2006; y una tercera el 27 de abril de 2010. Como consecuencia de lo dispuesto en la Addenda firmada en el 2010, se elaboró un texto refundido del Acuerdo con las Addendas incorporadas. Ese texto refundido está publicado en el Diario Oficial de Galicia del 19 de mayo de 2010 y en su punto 10 se dispone lo siguiente: «Si una vez realizado llamamiento a todas las personas que constan en las relaciones mencionadas en el punto segundo continua resultando necesario cubrir necesidades de profesorado, la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, luego de comunicación a las organizaciones sindicales con presencia en la mesa sectorial docente no universitaria, procederá a abrir un plazo de solicitudes, se aplicará el baremo publicado en la fase de concurso del último concurso-oposición convocado y será requisito imprescindible la acreditación de conocimientos de lengua gallega a través de la presentación del curso de perfeccionamiento de la lengua gallega o de la correspondiente validación o equivalencia». El carácter vinculante de dicho Acuerdo resulta del artículo 38.10 de la Ley 712007 del estatuto del empleado público (anteriormente, el artículo 35 de la Ley 9/1987 reguladora de los órganos de representación, condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones públicas). En el caso concreto que origina este expediente de queja, las bases de la convocatoria establecían como requisito para participar, acreditar objetivamente tener un determinado nivel de conocimiento del gallego, aunque tal requisito podía ser excepcionado en determinados casos. En concreto el apartado c) del punto sexto de la convocatoria, sobre "requisitos de los candidatos y candidatas", establecía lo siguiente: «Tener superado el curso Celga 4 de lengua gallega o tener la validación equivalente. A pesar de lo anterior, podrán presentar solicitudes aquellas personas que, poseyendo las titulaciones señaladas en el punto primero, no posean el curso de Celga 4 de lengua gallega o equivalente. Estos candidatos podrán ser seleccionados en defecto de candidatos que lo acrediten. En este caso, de ser seleccionados, los candidatos deberán superar, en el plazo máximo de dos años desde que sean nombrados, el curso de Celga 4 de lengua gallega o equivalente. La superación de dicho curso deberá ser comunicada a la Subdirección General de Recursos Humanos de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria». Dicho lo anterior, la consellería considera que el hecho de incumplir uno de los requisitos de la convocatoria impide su completa participación en aquella, incluida la valoración de sus méritos y su inclusión en listado correspondiente, objetivo último de la convocatoria. En cuanto a la aplicación de la excepción prevista en la propia convocatoria, en el informe de la consellería se establece que “solo opera en determinadas circunstancias”, y su inclusión viene motiva debido a que en el pasado ha acontecido que, hechas convocatorias específicas para atender las necesidades de cobertura temporal de puestos, resultó que ninguno de los candidatos, con conocimientos técnicos y docentes constatados, acreditaban el conocimiento del gallego, lo que supuso, por un lado, su exclusión del procedimiento, por incumplir sus bases, pero, por otro, un problema de gestión inmediato, en cuanto la consellería no pudo cubrir sus necesidades inmediatas de tener personal disponible para impartir la docencia, con el consiguiente prejuicio para el interés general. Para la consellería, evitar que tal situación pueda repetirse es la finalidad de la excepción prevista en la convocatoria. El requisito general es que los participantes, para ser seleccionados, tienen que acreditar previamente el conocimiento del gallego. Pero, en caso de que no haya ningún candidato, o casi ninguno, que acredite ese conocimiento, con el motivo de evitar un problema en la cobertura temporal de puestos, y, con eso, un probable perjuicio en el servicio público educativo, opera la excepción: seleccionando, luego de la oportuna valoración de sus méritos, a los candidatos aunque no cumplan el requisito general, con el compromiso de que en el plazo de 2 años superen el curso Celga 4 o equivalente. Según la consellería, en la especialidad de soldadura de la convocatoria que nos ocupa, hubo numerosas solicitudes de personas que acreditaban tener el conocimiento del idioma gallego, razón por la cual, en esta especialidad rigió el requisito general y no produjo efectos a la excepción antes citada. Como conclusiones finales, la consellería señala por una parte que, la acreditación de la superación del Celga 4, o equivalente, no es un mérito, es un requisito, por lo que su ausencia le impide culminar el procedimiento, ser seleccionado para formar parte de la lista, por lo que resultaría un ejercicio inútil valorar sus méritos cuando estos no pueden tener relevancia en el procedimiento. En efecto, la valoración de los méritos determina la orden de la posición en la integración en la lista, integración que no procede si no se cumplen los requisitos. Por otro lado, considera que no existe, discriminación alguna al estar ante un requisito de capacidad, abstracto y general, que no supone predeterminación de personas, un requisito, por otra parte, razonable de cara al cumplimiento por la administración de sus deberes y finalidades, y como garantía del derecho de terceras personas, tal y como ven reiterando diversa jurisprudencia. A la vista de todo lo alegado por la administración en su informe, y teniendo en cuenta lo manifestado por el interesado, esta institución considera que hay dos cuestiones de fondo en este expediente: por una parte, la exigencia como requisito del conocimiento del gallego, y por otra, la aplicación de la excepción incluida en el punto 6 c) del Anuncio de la convocatoria. En cuanto al primero de los puntos a tratar, a la necesidad de haber superado el curso Celga 4 de lengua gallega o tener la validación equivalente, esta institución está totalmente de acuerdo en que constituye un requisito cuya exigencia se encuentra suficientemente justificada, razonada y amparada por la normativa de aplicación. En esta misma línea se pronuncia nuestros tribunales, que de manera reiterada vienen manifestando que el necesario conocimiento del idioma cooficial en el territorio en el que actúa la Administración a la que se aspira a servir, es perfectamente encajable dentro de los méritos y capacidades requeridos, en la medida en que se trata de una capacidad y un mérito que debe acreditarse y valorarse en relación con la función a desempeñar, y por lo tanto guarda la debida relación con el mérito y capacidad, tal como imponen el artículo 103 de la Constitución Española. El ciudadano, y en este caso concreto, el alumno, tiene derecho a elegir el idioma a utilizar en su relación con la administración autonómica, y el personal de esta tiene que estar capacitado para responder tanto en gallego como en castellano. Resulta razonable requerir que un aspirante a interino o substituto de profesores funcionarios, que participa voluntariamente en un procedimiento que para la eventual cobertura temporal de puestos de profesor en los centros docentes de titularidad autonómica, utilice el gallego como lengua cooficial que es. Por lo comentado, estimamos que la exigencia de acreditar el conocimiento del gallego es conforme a la normativa, y no se vulnera los derechos e intereses legítimos del interesado. En cuanto al segundo punto que conforma el fondo de esta queja, esto es, a la excepción recogida en el punto 6 c) de las bases de la convocatoria, consideramos que su inclusión en el Anuncio implica que sus efectos no deben tener salvedades. Con esto queremos decir que, toda vez que en la propia convocatoria se contempla la posibilidad de admitir a candidatos que no cumplan con el requisito del idioma, debe darse efectividad a tal cláusula para lo cual, a aquellos solicitantes que cumplan con los restantes requisitos, se les deberá baremar su curriculum, y solo pasaran a ser seleccionados una vez que en la lista no existan candidatos que acrediten el conocimiento del gallego. La finalidad señalada por la consellería para justificar la existencia de esta excepción, en aras de conseguir una mejor eficacia y eficiencia del servicio público, rige en cualquier proceso que la incluya, no debiendo estar supeditada al número de candidatos presentados. La indeterminación objetiva sobre que número de aspirantes son suficientes o no para considerar que no se va a producir una situación de falta de candidatos, lleva a una apreciación de carácter subjetivo que envuelve la decisión de una arbitrariedad no acorde a la legalidad. Consideramos que la finalidad de la excepción queda anulada cuando en el proceso en concreto no se le da efectividad a la misma. Aunque sean numerosos los candidatos participantes, no se pueden controlar todas las circunstancias que pueden concurrir en el tiempo y que puedan afectar al movimiento de las listas de seleccionados. Incluso siendo poco probable que un llamamiento para la cobertura de un puesto de trabajo llegara hasta un candidato sin la acreditación del idioma, no puede garantizarse que no fuera a pasar, y es precisamente para evitar tal situación, por lo que se estableció la opción comentada. Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacerle llegar a la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a siguiente recomendación: Que se de eficacia a la excepción recogida en el punto 6 c) de las bases del Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos, por lo que se comunica la apertura de un plazo para solicitar plazas de interinidades y substituciones en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, procediendo a la valoración de los méritos de aquellos solicitantes que cumpliendo con los restantes requisitos, no acreditan el conocimiento del idioma gallego, pudiendo ser seleccionados en defecto de candidatos que lo acrediten Respuesta de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: recomendación aceptada. 15.- Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Pontevedra, en fecha 21 de noviembre de 2013, debido a la señalización vial utilizada para la regulación del tráfico (Q/806/13). En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia do escrito de D. ….., referente a la señalización vial utilizada para la regulación del tráfico en el Ayuntamiento de Pontevedra. Solicitado informe al ayuntamiento, con fecha 05-10-12, recibimos escrito en el que se señala que las señales de tráfico instalados por esa Administración Local se adaptan a lo pautado en la legislación de tráfico, que a su vez deriva de una regulación y recomendaciones internacionales sobre la materia (art. 55 de la Ley de Tráfico), en la que el contenido gráfico o visual es el principal sin que nos conste ninguna infracción de lo legislado al efecto, ni, en principio, indicaciones escritas en las señales que infrinjan lo referido en el precepto legal aludido. El ayuntamiento afirma que, para evitar cualquier tipo de disfunción o inseguridad, tiene trocado las señales que regulan la carga y descarga, incidiendo en su carácter prohibitivo para evitar cualquier tipo de error en el usuario de la vía que pueda afectar a los principios de presunción de inocencia o culpabilidad. El informe señala que la Constitución Española dispone en el artículo 3 que el castellano es la lengua oficial del estado, y que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus estatutos. En este sentido, el ayuntamiento indica que, tan "idioma español" sería el castellano como el gallego en esta Comunidad Autónoma, conforme a lo determinado en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Galicia, (Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Galicia), que lo configura como lengua propia de Galicia, y por lo tanto oficial junto al castellano, con el deber de los poderes públicos de protegerlo y promover su uso. Tras dejar constancia de las diferencias existentes entre las señales de tráfico y los paneles indicativo o complementarios, el informe recoge que una parte de la doctrina estima que el art. 138 del Reglamento de circulación representa una innovación y un exceso de la regulación legal que deriva del artículo 56 del Texto Articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 que no se refería más que al idioma de las señales, además de invadir competencias autonómicas de regulación de la lengua, sin el amparo de la legislación estatal y en patente contradicción con la jurisprudencia constitucional de reserva de ley formal para la legislación básica. Según lo anterior, el ayuntamiento asevera, previa invocación de los principios de la competencia, jerarquía y reserva formal de ley, que los paneles indicativos de las señales en este ayuntamiento, se adaptan a lo establecido, con rango de ley orgánica, en el Estatuto de Autonomía, y, en su desarrollo, en la Ley 3/1983 de normalización lingüística y en el art. 7 de la Ley 5/1997 reguladora de la administración local de Galicia, que también configura el gallego como lengua propia de la administración local gallega, que tiene el deber de impulsarlo y de que estén redactados en el todos los actos públicos y administrativos municipales, en este supuesto concreto, en el desarrollo de las competencias de este ayuntamiento en materia de ordenación de tráfico al amparo de la LRBRL. Más en concreto los paneles indicativos observan lo pautado en la Ordenanza municipal dictada en desarrollo de dicha legislación. Finaliza el ayuntamiento diciendo que, en definitiva, tanto la Ley 18/1989, de bases, como el posterior texto articulado se refieren a las "señales de circulación" y no a los "paneles de señalización de las vías públicas" o a las inscripciones de los "paneles complementarios", por lo que la misma conclusión podemos tirar que verbo de la referencia de la Legislación a la toponimia en el art. 138 in fine. En este sentido, mas lo dispuesto en el precepto invocado, el art. 18 de la Ordenanza municipal desarrolla el art. 10 de la Ley 3/1983 de normalización lingüística, y configura cómo única forma oficial de los topónimos la gallega, recordando, así mismo, que los actos y actuaciones administrativas son válidas en Galicia cualquier que sea la lengua oficial empleada. Tras la investigación realizada, en la que se evaluó el contenido de su queja, lo expuesto en el informe del citado órgano y la normativa vigente, debemos hacer una serie de consideraciones: 1.- En primer lugar, consideramos que la legislación aplicable en materia de tráfico es clara y no deja lugar a dudas en el sentido de que las señales de tráfico y los paneles indicativos deben constar, en nuestra Comunidad Autónoma, tanto en gallego como en castellano. Tal afirmación deriva clara y directamente de lo dispuesto en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 339/1990 por el que se aprueba la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que establece que “las indicaciones escritas de las señales se expresarán en el idioma español oficial del Estado”, e en el artículo 138 del Reglamento general de circulación, que recoge que “las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas, e inscripciones, figurarán en el idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la comunidad autónoma reconocida en el respectivo estatuto de autonomía, cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha comunidad”. Lo dispuesto en la normativa mencionada, vigente y aplicable en nuestro territorio, no admite otra interpretación que la indicada, esta es, que los textos recogidos en la señalización vial deben suscribirse en las dos lenguas cooficiales en Galicia, gallego y castellano. 2.- En segundo término, y dado la referencia del informe al posible “exceso de regulación” del Reglamento de circulación y la “invasión de competencias autonómicas de regulación de la lengua”, así como las alusiones del informe a la Ordenanza Municipal, tenemos que precisar lo siguiente: - Entre las competencias que el artículo 149.1 CE atribuye al Estado como exclusivas figura expresamente el tráfico y la circulación de vehículos a motor. La ausencia de cualquier otra precisión en el propio artículo 149.1.21ª de la Constitución, y de toda mención al tema del tráfico en el artículo 148.1, permite pensar que se trata de una materia en la que el Estado ostenta la totalidad de las funciones, tanto normativas como ejecutivas, que sobre la misma pueden ejercerse. Por esta razón, la competencia del Estado en esta materia, no se reduce o agota en la regulación contenida en la Ley de seguridad vial, sino que tiene capacidad para desarrollarla a través de los Reglamentos de ejecución de dicha ley. Lo anterior no obsta a que determinadas facultades en la materia puedan haber sido asumidas por algunas Comunidades, sobre la base de lo dispuesto en la Disposición Adicional 1ª, o transferidas a través de los mecanismos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 150. - En cuanto a los municipios, son las administraciones públicas que desempeñan un papel destacado en la resolución de la problemática actual del tráfico en las áreas urbanas. Y esto es así, no porque se considere que el tráfico urbano y su problemática que encierra forme parte del elenco natural de competencias que les corresponde privativamente, sino porque la circulación urbana constituye un asunto que afecta directamente al círculo de intereses de tales entes. La Constitución Española establece en su artículo 137 que los Municipios, al igual que los demás entes en que el Estado se organiza territorialmente disfrutan de “autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”, lo que debe entenderse como el derecho a participar o intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de intereses de los Entes locales. La Ley 7/1985 reguladora de las bases de régimen local, concreta en materia de tráfico tales intereses en su artículo 25, al establecer que el municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: (...) b) Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas. Así, en ejercicio de dicha competencia, y respetando lo dispuesto en la Ley de tráfico y seguridad vial y en el Reglamento de circulación, pueden regular la circulación urbana, y hacer frente a los específicos problemas que el tráfico presenta en sus núcleos urbanos, de la forma que consideren más conveniente y eficaz a sus respectivos intereses. - Por último, consideramos que no se invaden las competencias en materia de normalización lingüística, ya que lo dispuesto en la normativa estatal sobre tráfico no impide ni contradice el impulso del gallego como lengua cooficial de nuestra comunidad. Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacerle llegar al Ayuntamiento de Pontevedra la siguiente Recomendación: Que se adopten las medidas necesarias por el ayuntamiento para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y al artículo 138 del Reglamento de circulación, de modo que el texto de las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización y las inscripciones, esté rotulado tanto en castellano como en gallego Respuesta del Ayuntamiento de Pontevedra: recomendación no aceptada. 16.- Recomendación dirigida a la Consellería de Facenda, en fecha 25 de noviembre de 2013, debido a la relación definitiva de admitidos y excluidos del concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la administración especial de la Xunta de Galicia (Q/5562/13). En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. …., referente a la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad de pleno derecho de la Resolución del 12 de abril de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprobó la relación definitiva de admitidos y excluidos del concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Administración especial de la Xunta de Galicia. Solicitado el informe preceptivo de la administración competente, recibimos el documento, en el cual se nos indica que, en el Diario Oficial de Galicia núm. 75, del 18 de abril de 2013 se publica la Resolución del 12 de abril de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprobó la relación definitiva de admitidos y excluidos del concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la administración especial de la Xunta de Galicia, figurando el autor de la queja admitido en la misma. Sin embargo, con fecha 22 de julio de 2013 el Servicio de Provisión de la Dirección General de la Función Pública remite oficio al Servicio de Régimen Jurídico y Recursos manifestando que el interesado fue nombrado con carácter provisional el 19 de julio de 2010, estando pendiente de elegir destino definitivo, lo que es contrario a la base 1.3 de la orden de la convocatoria, por lo que se de la inicio al procedimiento de revisión de oficio para su exclusión de la lista definitiva de admitidos de dicho concurso de traslados. Asimismo se solicita la suspensión de la resolución por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos, sólo en lo que se refiere a admisión de D. ….. La Consellería de Facenda señala que, según los datos que constan en el registro central de personal, el interesado, con fecha 28-12-12, es decir, en la fecha de vencimiento del plazo otorgado por la referida Orden del 28 de noviembre de 2012 para la presentación de solicitudes para participar en el concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la administración especial de la Xunta de Galicia, se encuentra en el supuesto descrito en dicha Base I.3, a) del concurso, es decir, nombrado con carácter provisional, tal y como recoge el Anexo a la Orden del 12 de julio de 2010 por la que se procede al nombramiento como funcionarios/as del cuerpo facultativo superior de administración de la Xunta de Galicia, subgrupo Al, escala de arquitectos, de los/de las aspirantes que superaron el proceso selectivo convocado por la Orden del 21 de noviembre de 2008 (DOG núm. 136 do 19/07/2010), en el que consta el carácter provisional de ese nombramiento. Y en virtud de lo expuesto no puede participar en dicho concurso. Finalmente, la Dirección General de la Función Pública manifiesta que, contra la Orden del 28 de noviembre de 2012 por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la administración especial de la Xunta de Galicia, no consta que el interesado interpusiera recurso potestativo de reposición o bien contencioso-administrativo, por el que es conveniente considerar que se aquietó a lo establecido en dicha Orden, de modo que esta devino firme y consentida. Tras la investigación realizada, en la que se evaluó el contenido de su queja, lo expuesto en el informe del citado órgano, y la normativa vigente, tenemos que señalar que el problema está centrado en si el hecho de estar a ocupar un puesto por libre designación en la fecha de la convocatoria de dicho concurso le habilita para participar en el mismo, no siendo objeto de análisis el amparo legal de los supuestos concretos de utilización de la fórmula de la adjudicación de puestos en destino provisional. Dicho lo anterior, tenemos que recordar que, efectivamente, las bases de la convocatoria establecen específicamente la imposibilidad de participar en el concurso para aquellos nombrados con carácter provisional como consecuencia de la resolución de procesos selectivos. Ante esto, la consellería manifiesta que el D. ….,. se encuentra en este supuesto concreto, dado que fue nombrado con carácter provisional en el proceso de selección en el que había participado, tal y como recoge el Anexo a la Orden del 12 de julio de 2010 por la que se procede al nombramiento como funcionarios/as del cuerpo facultativo superior de administración de la Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de arquitectos, de los/de las aspirantes que superaron el proceso selectivo convocado por la Orden del 21 de noviembre de 2008, en el que consta el carácter provisional de ese nombramiento. Sin embargo, en la documentación examinada, consta que, coincidiendo con las de participación en el concurso objeto de esta queja, el interesado estaba ocupando el puesto de jefe de Servicio del Patrimonio Cultural, para el que fue nombrado por libre designación y con carácter definitivo. Así, parece claro que su situación de provisionalidad de D……,. varió en el momento en el que accedió a un nuevo puesto de trabajo a través de la fórmula de la libre designación, tal y como consta en su expediente administrativo. La consideración del carácter definitivo de su destino en los plazos de presentación de solicitudes de la convocatoria del concurso, determina que cumple con los requisitos exigidos para participar, pues la situación a tener en cuenta es la que existe en el momento de la mencionada convocatoria. Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacerle llegar a la Consellería de Facenda la siguiente Recomendación: Que se proceda a la paralización del procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad de pleno derecho de la resolución del 12 de abril de 2013 por el que se elevan a definitivas las relaciones de admitidos y excluidos en el concurso convocado por Orden de la Consellería de Facenda del 28 de noviembre de 2012 (DOG núm. 75 del 12 de abril) para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la administración especial de la Xunta de Galicia, en el que se refiere a la admisión al concurso de D. ….. Respuesta de la Consellería de Facenda: recomendación aceptada. 18.- Sugerencia dirigida a la Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza en fecha 29 de enero de 2013, debido al límite de edad como requisito en las pruebas selectivas de acceso a los cuerpos de policía local de Galicia (Q/243/13, Q/749/13, Q/5674/13, Q/5715/13 y Q/14410/13). En esta Institución se inició el expediente de queja como consecuencia del escrito de D. …..., referente a la limitación de edad como requisito en las pruebas selectivas de acceso a los cuerpos de policía local de Galicia. Solicitado informe a la Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, con fecha 03-01-12, recibimos escrito de la Secretaría General Técnica en el que se pone de manifiesto que la normativa de coordinación de policías locales de Galicia, desarrollada por la Ley 4/2007 y el Decreto 243/2008 es garante del derecho de acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, sin que sea de observar la vulneración de los citados principios con fundamento en la existencia de una limitación por razón de edad, ya que esa limitación es general y no discrimina directa o indirectamente a ninguna persona al no existir diferencia de trato, y está establecida por ley de acuerdo con las facultades que al efecto se concretan en el Estatuto Básico del Empleado Público, como norma más inmediata de aplicación al caso. A la vista de lo expuesto en el informe remitido por la consellería, y atendiendo a la reivindicación planteada por el interesado en su escrito, nuestras consideraciones al respecto deben partir del análisis de si el límite de edad establecido en la normativa referenciada obedece a una causa razonable y objetiva que justifique su existencia. Así, la posibilidad permitida por el propio artículo 56.1c) del Estatuto Básico del Empleado Público de utilizar la edad como límite para acceder a la función pública, pudiendo establecerse no solo una mínima sino también fijarse una máxima, debe estar en todo caso justificada desde el punto de vista de la igualdad para no vulnerar lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución española. La aparente justificación que podría amparar la imposición del límite de edad cuestionado parece encontrarse en el hecho de que, por la naturaleza de las funciones a desempeñar en el cuerpo o escala de policías, los que se integren en los cuerpos de seguridad no superen una edad que les haga inadecuados para cumplir las obligaciones derivadas del cargo. Sin embargo, entendemos que con carácter general, los requisitos de idoneidad o las condiciones de los aspirantes para el acceso a la Policía Local, que deben asegurar que estos ostentan y reúnen los requisitos de aptitud técnica, física o profesional necesarios para uno idóneo desempeño de las funciones legalmente atribuidas, ya vienen establecidos en las pruebas físicas y médicas previstas en la convocatoria, de tal manera que los que las superen debe considerarse que está en condiciones físicas idóneas para poder prestar el servicio. De esta forma, el límite de edad no aportaría argumentos esenciales y determinantes que valoren la capacidad para realizar las tareas del puesto con las garantías debidas, ya que tal función se cumple con la superación de los ejercicios físicos obligatorios. Reforzando el argumento anterior, tenemos que decir que es innegable y notorio, que hay personas con edades superiores al límite de edad establecido en la convocatoria objeto de la queja, que acreditan su participación en competiciones deportivas de alto nivel, en condiciones físicas incluso muy superiores a las que son ordinarias en personas más jóvenes. De esta forma, podría llegarse la situación de quedar excluidos de la convocatoria, por sobrepasar el límite de edad establecido, aspirantes que disponen de mejores condiciones físicas que los seleccionados, incumpliéndose el principio constitucional de mérito y capacidad. En la línea de la argumentación hasta aquí expuesta se encuentra la sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de fecha 21 de marzo de 2011, que declara nulo el requisito de edad establecido para el ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía. Además, es relevante el hecho de que en otros cuerpos como los de Bomberos o los de la Escala Ejecutiva de los Mozos de Escuadra no existe esta limitación, y que en otras Comunidades Autónomas como Andalucía o Valencia están eliminando tal requisito. Por último, tenemos que hacer mención al informe remitido por la propia Secretaría General Técnica de Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza con fecha de 29 de julio de 2011 en relación al expediente de queja A.4.Q/1350/11 relativo a la misma cuestión sobre la que versa la actual. En dicho informe, la consellería declaraba que “debería analizarse la actual normativa autonómica de coordinación de las policías locales (...) por si procede su modificación. En función de eso, previo el dictamen oportuno de la Asesoría Jurídica como también el parecer correspondiente de los órganos de representación del personal de policía local, se resolverá lo procedente”. Teniendo en cuenta lo anterior, parecería oportuno que por parte de la administración se hiciera mención al compromiso asumido en aquel momento, y a los motivos que justifiquen la no realización de la valoración que quedó pendiente, o en el caso de haberse hecho tal análisis, a las razones que expliquen la decisión de no proceder a la modificación de la normativa afectada. Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacerle llegar a la Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza la siguiente sugerencia: Que se adopten las medidas necesarias para proceder a la valoración de la posible modificación, o en su caso supresión, del límite máximo de edad establecido en el artículo 33 de la Ley 4/2007, del 20 de abril de Coordinación de Policías Locales de Galicia, y en el artículo 53 b) del Decreto 243/2008 del 16 de octubre, para poder participar en los procesos selectivos de acceso a los cuerpos de policía ocal de Galicia Respuesta de la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza: sugerencia aceptada. V- CONSIDERACIONES FINALES No cabe duda de que la actual situación socioeconómica influye de manera determinante en el incremento de la actividad supervisora que desarrolla el Valedor do Pobo, que ya tuvo su reflejo en el año 2012 y que ha continuado en el ejercicio 2013. Esta institución debe tener en cuenta que los problemas actuales de los ciudadanos exigen un especial esmero en el ejercicio de la labor de control sobre la actividad de las administraciones públicas, con el fin de garantizar el recto cumplimiento de las normas y el debido respeto de los derechos fundamentales y de las libertades públicas reconocidas en la Constitución Española. Tal y como avanzamos en la introducción de esta área, las trascendentales modificaciones normativas para la contención del gasto público afectan a las condiciones laborales de los trabajadores de las administraciones públicas, lo que ha provocado discrepancias en la aplicación de las mismas por parte de los afectados. La labor de la institución en este sentido debe ser escrupulosa a fin de controlar la correcta aplicación de medidas que ya de por sí pueden generar situaciones conflictivas. En la misma línea del apartado anterior, hay que señalar que las normas de adecuación del déficit público establecen también limitaciones severas para la oferta pública de empleo lo que, unido a la escasez de oferta laboral en el ámbito privado, provoca el incremento de aspirantes a las escasas plazas convocadas por las diferentes administraciones. Aunque nuestra labor de control en los procesos selectivos para acceder a una plaza en el sector público siempre ha sido rigurosa es cierto que, con el nivel de desempleo actual, los ciudadanos requieren con mayor intensidad de nuestra intervención. De todas formas, hay que destacar que, en la mayor parte de las quejas interpuestas en este sentido no se ha podido apreciar vulneración de los principios reguladores del acceso a la función pública y que, en los supuestos en los que podía reprocharse a la administración alguna irregularidad en su actuación, se ha recibido en la mayoría de los casos una pronta y satisfactoria respuesta administrativa ante la labor tuitiva desplegada por el valedor. Como venimos apreciando en años anteriores, ha sido habitual también durante 2013 que la administración proceda a remediar las infracciones cometidas en el ejercicio de sus atribuciones, en el momento en que recibe la solicitud de informe por parte de esta institución, sin que sea necesario llegar a emitir recomendación o sugerencia por nuestra parte. En este sentido, queremos hacer hincapié en que sería deseable que los organismos públicos atendiesen con mayor celeridad y rigor las reclamaciones de los ciudadanos, evitando dilaciones e intervenciones de otras instancias supervisoras, pues en más ocasiones de las deseadas, se produce una demora en el estudio del problema que obliga al afectado a solicitar nuestra ayuda. AREA DE URBANISMO Y VIVIENDA I- INTRODUCCIÓN En esta área confluyen dos grandes grupos de quejas que tratan de urbanismo y vivienda. Sin duda que existen obvias conexiones entre ambas materias, pero lo cierto es que en el tratamiento individual de las quejas en esta oficina del Valedor do Pobo observamos que en ambos grupos las quejas presentan, en general, un perfil muy diferente. A este respecto, la queja más habitual en materia de urbanismo se centra en el campo de la disciplina urbanística, y suele reflejar las dificultades con las que se encuentra el denunciante de una infracción urbanística para que la administración competente - en la gran mayoría de los casos, un ayuntamiento – tramite de manera eficaz los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística. Es decir, el núcleo duro de las quejas sobre urbanismo remite a un problema de funcionamiento eficaz de las administraciones públicas, en definitiva a un problema de buena administración. Sin embargo, en las quejas sobre vivienda, y de un modo general, se pone de manifiesto la frustración de las personas o grupos familiares por las dificultades con las que se encuentran para acceder a una vivienda, y ello a pesar de que el artículo 47 de nuestra Constitución declara expresamente que: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. En este sentido, las quejas sobre vivienda suelen remitir a la insatisfacción del reclamante en relación con una administración contemplada como prestadora de servicios, en este caso como prestadora de ayudas o subvenciones para el acceso a la vivienda. En definitiva, los reclamantes ponen de manifiesto que consideran insuficientes las ayudas públicas para acceso a la vivienda, máxime en este momento en el que la reducción del déficit fiscal ha conducido a la supresión de algunas de las ayudas públicas en materia de vivienda. En materia de urbanismo se advierte una clara preponderancia, como ocurre todos los años, de las quejas sobre disciplina urbanística, y desde la perspectiva del denunciante de una infracción, pero ello no obsta a que se reciban otro tipo de quejas. Así, en algunos casos se reciben quejas del propio promotor de la obra, bien porque no le conceden la licencia solicitada, o bien porque la obra ya construida -normalmente una vivienda- es objeto de una orden de demolición por no contar con licencia urbanística, o por excederse de la obra autorizada. También recibimos, aunque en un número bastante reducido, algunas quejas referidas a la tramitación de planes urbanísticos, pero en este ámbito nuestra capacidad de actuación se encuentra circunscrita a aspectos más bien procedimentales en lo que se refiere a la elaboración de los diferentes instrumentos de ordenación urbanística. A este respecto, los parámetros técnicos en los que se puedan basar aspectos tan relevantes como la clasificación y calificación urbanística de los terrenos afectados por un plan, y que dan lugar a quejas de los propietarios, no son objeto de nuestra supervisión. En efecto, en estos aspectos predomina la potestad discrecional de los ayuntamientos, supervisada en todo caso por la consellería competente de la Xunta de Galicia, en el momento actual la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Es precisamente el campo de la planificación urbanística uno de los principales objetivos de la anunciada reforma de la vigente Ley 9/2002 de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. En efecto, en octubre de 2013 la Xunta de Galicia remitió al Parlamento de Galicia el borrador de una nueva ley del suelo, que sustituirá a la actualmente vigente de 2002, que ya había sido objeto de reformas hasta en ocho ocasiones (sin contar las dos adecuaciones que tuvieron que realizarse a la normativa estatal). A pesar de estas sucesivas reformas, actualmente aún hay aproximadamente unos 244 ayuntamientos, de los 314 de toda Galicia, que no disponen de un plan urbanístico ajustado a la LOUGA de 2002. En este sentido, una de las principales preocupaciones de la nueva ley en gestación estriba en reducir notablemente los plazos actuales para la aprobación de un plan general de ordenación municipal, que actualmente de media se sitúa en los seis años. Desde esta perspectiva, en la nueva ley se pretende introducir un planeamiento básico como instrumento para la ordenación urbanística de los ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, que son alrededor de 244, y cuya redacción podrán encomendar a la Xunta de Galicia. La vivienda sin duda alguna constituye una necesidad básica de las personas. El uso y disfrute de una vivienda digna y adecuada constituye una de las bases indispensables, junto con el trabajo personal, que permite garantizar la libertad e igualdad de las personas de un modo real y efectivo. Es cierto, sin embargo, que no se configura como un derecho pleno en tanto que un ciudadano no puede exigir a las administraciones públicas que ineludiblemente le faciliten una vivienda. Se trataría más bien de un derecho de naturaleza prestacional, que debe traducirse por lo tanto en una actuación positiva de los poderes públicos dirigida a remover los obstáculos para garantizar una vivienda digna y adecuada a quien la necesita y no puede obtenerla razonablemente por otros medios. De las muchas quejas que recibimos en materia de vivienda, nuestra intervención se refiere casi exclusivamente a la problemática relacionada con las viviendas que gozan de algún tipo de protección pública. En relación con las viviendas privadas o de mercado libre sólo podemos intervenir en aquellos casos y aspectos en los que están sometidas a alguna normativa de naturaleza administrativa. Sin embargo, ya en el año 2012 desde esta oficina del Valedor do Pobo también realizamos actuaciones en relación con viviendas privadas, concretamente en aquellos casos en los que una familia se encontraba amenazada de desahucio de su vivienda habitual por consecuencia del impago de las cuotas del préstamo hipotecario. A este respecto, uno de los efectos más graves y evidentes de la crisis económica se refleja en la existencia de un buen número de familias que en relación con el préstamo hipotecario suscrito para su vivienda habitual soportan una carga financiera demasiado considerable en relación con los ingresos que perciben. En algunos casos se llega a una situación insostenible que en el marco de la crisis financiera y de empleo conduce inexorablemente a que la entidad acreedora inicie el procedimiento de ejecución hipotecaria, que puede consumarse con el desahucio de la vivienda familiar. En 2013 hemos seguido recibiendo quejas sobre desahucios de la vivienda habitual de aquellas familias que no han podido hacer frente al pago del préstamo hipotecario. En este sentido, continuamos nuestros contactos con colectivos sociales que se han implicado en este problema y a través de los mismos hemos contactado con los propios afectados para ofrecer nuestra mediación o intervención informal para tratar de resolver el problema de la amenaza de privación inmediata de su vivienda habitual. En esta área de urbanismo y vivienda hemos recibido en 2013 un total de 285 quejas, de las que 94 corresponden a urbanismo y 191 a vivienda. En 2012 habíamos recibido 187 quejas, de las que 80 correspondían a vivienda. En 2013 han aumentado las quejas de esta área alrededor de un 35 %, y además es el primer año en el que las quejas sobre vivienda superan a las de urbanismo. En todo caso, debemos subrayar que entre las 191 quejas de vivienda se contabilizan 36 que tratan todas ellas de un problema de adjudicación de viviendas de propiedad municipal en Ferrol, y también destaca el número de quejas referidas a los desahucios, que ha sido de 66 en total. Se ha convertido en residual, prácticamente, la presencia de las quejas recibidas respecto de los programas públicos de ayuda al alquiler de viviendas privadas: el Programa de la Renta Básica de Emancipación, y el Programa Aluga. El primero ha sido eliminado por el gobierno central, y el segundo se ha cerrado a la incorporación de nuevas viviendas, por estimarse que con las existentes en el programa se cubre la demanda de inquilinos que se quieran acoger al programa, que ha sufrido restricciones presupuestarias derivadas de la necesidad de enjugar el déficit fiscal. Lo cierto es que estas quejas que hasta 2012 habían tenido un especial protagonismo en materia de vivienda, ya habían experimentado un importante descenso en ese año, con 25 quejas referidas a la RBE y 5 al Programa Aluga. En 2013 sólo hemos recibido 7 quejas, y todas ellas referidas al programa Aluga. El resto de las quejas en materia de vivienda se refieren a asuntos muy heterogéneos como es el caso de incidencias en la adjudicación de viviendas de promoción pública, o de obras necesarias para el mantenimiento de estas viviendas, o problemas con el alquiler de estas viviendas de promoción pública. II- DATOS CUANTITATIVOS El número de quejas correspondientes al área de urbanismo y vivienda en el año 2013 fue de 285, entre las que se encuentra un grupo de 36 quejas referidas todas ellas a un problema de adjudicación de viviendas de propiedad municipal en Ferrol. De conformidad con lo anteriormente expuesto, el cuadro estadístico sería el siguiente: Total reclamantes Total asuntos Iniciadas 285 251 Admitidas 258 90 % 222 88 % No Admitidas 26 9 % 26 10 % Remitidas al Defensor del Pueblo 1 1 % 1 2 % En cuanto a la situación procedimental de las quejas admitidas a trámite es la siguiente: Total reclamantes Total asuntos Concluidas 125 9 % 125 56 % En tramite 133 91 % 97 44 % A lo largo de este año también han sido objeto de trámite diversas quejas presentadas en años anteriores: Año de presentación En trámite a 31-12-2012 Reabiertas Total Resueltas En trámite a 31-12-2013 2011 33 0 33 33 0 2012 76 15 91 78 13 III- ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN Trataremos en este apartado de perfilar los temas tanto de urbanismo como de vivienda en los que recayeron más quejas, destacando aquellos que sean más relevantes por su repercusión social. 1. Urbanismo En 2013 una inmensa mayoría de las quejas en materia de urbanismo (un 78%) se refieren a temas de disciplina urbanística. Las quejas que recibimos sobre esta materia aluden a las más diversas incidencias que pueden surgir en la tramitación de un expediente de reposición de la legalidad urbanística. A este respecto, hay quejas en las que se pone de manifiesto que aún presentada la denuncia por una presunta infracción urbanística la administración se demora en la apertura de una investigación preliminar y en su caso de un expediente de disciplina urbanística. También llegan muchas quejas a esta oficina del Valedor do Pobo en relación con los retrasos en la tramitación administrativa de los expedientes abiertos, lo que desemboca en muchos casos en la caducidad del procedimiento administrativo iniciado. Por último, dentro del amplio abanico de supuestos a los que nos referimos puede añadirse otro caso en el que suelen recaer muchas quejas, como es el referido al incumplimiento de las órdenes de demolición de obras ilegales e ilegalizables. El motivo de queja más habitual es el de aquellos que ven frustradas sus expectativas de una actuación eficaz de la administración que recibe la denuncia; una administración municipal en la mayoría de los casos. A este respecto, puede hacerse una primera distinción fundamental entre las quejas sobre disciplina urbanística, atendiendo a la fase del procedimiento administrativo en la que, por así decirlo, se produce el bloqueo o paralización del expediente. Así, pueden tratarse de demoras producidas en la tramitación del expediente de disciplina urbanística, o de supuestos de inejecución de órdenes de demolición de obras ilegales. Así pues, uno de los principales problemas de los que se reflejan en las quejas que llegan a esta oficina del Valedor do Pobo es el de las demoras producidas en la tramitación de los expedientes de disciplina urbanística. En relación con los casos que se han tramitado en esta oficina del Valedor do Pobo puede subrayarse que suelen apreciarse demoras injustificadas en la etapa inicial, en cuanto la denuncia se presenta en el ayuntamiento, o bien en los trámites inmediatamente posteriores de un expediente administrativo de esta naturaleza, como sería el trámite de la aportación por el interesado del proyecto técnico que le exige la administración para analizar la compatibilidad o no de la obra realizada con la normativa urbanística aplicable. Estas demoras, sin duda alguna, afectan de un modo sustancial al resultado final de las actuaciones administrativas que hayan de seguirse ante las posibles infracciones urbanísticas, ya que a falta de una actuación eficaz por parte de la administración puede ocurrir que las obras ilegales realizadas se conviertan en hechos consumados, con un difícil retorno a la legalidad. A este respecto, es necesario subrayar que la pasividad de la administración en la tramitación de este tipo de expedientes puede provocar la caducidad del procedimiento, lo que obligaría a abrir un nuevo expediente, siempre que esa pasividad no hubiese producido otra consecuencia más radical como sería la prescripción de la infracción urbanística. En este sentido, entre las quejas tramitadas en 2013 hemos tenido algún caso de caducidad del procedimiento abierto como consecuencia de una denuncia por infracción urbanística. También, como ha ocurrido otros años, se ha observado en muchas quejas el innecesario ofrecimiento por la administración, tanto al denunciante como al interesado, de trámites de alegaciones, que lo único que hacen es dilatar injustificadamente la resolución del expediente, produciéndose además la circunstancia de que en muchas ocasiones esta situación interina es aprovechada por el infractor para continuar con la obra ilegal y conseguir que se consolide el ilícito urbanístico. En este sentido, puede destacarse el hecho, que se ha observado en muchas quejas, de que la administración actuante no muestra la eficacia deseada en el mantenimiento y efectividad de las medidas cautelares para que no se consolide la obra ilegal. En relación con la relevancia práctica de estas demoras que a veces se observan en la tramitación de los expedientes de restauración de la legalidad urbanística debe subrayarse que en el artículo 210 de la vigente Ley 9/2002 de ordenación urbanística de Galicia, se establece el plazo de seis años para que la administración proceda a la apertura del correspondiente expediente de reposición de la legalidad, y que transcurrido este plazo sin que se abra el oportuno expediente una obra ilegal, por no ajustarse al planeamiento urbanístico, quedaría como una obra fuera de ordenación y no podría ser demolida aunque su propietario únicamente podría realizar en el futuro pequeñas reparaciones exigidas por razones de seguridad e higiene, pero en ningún caso obras de consolidación, de modernización o de cambio del uso existente. A lo largo de la tramitación de las quejas que tratan de esta problemática no es infrecuente que la administración, tras la solicitud de informe que le dirigimos, corrija los retrasos producidos en la tramitación de un expediente de reposición de la legalidad urbanística, por lo que en estos casos procederíamos a la conclusión cuando menos provisional del expediente de queja. Solamente en aquellos casos en los que se observa una actitud de pasividad por parte de la administración procederíamos en esta oficina del Valedor do Pobo a formular una resolución a la administración correspondiente. Aunque la mayoría de las resoluciones del Valedor do Pobo adoptadas en 2013 en materia de disciplina urbanística se refieren a casos en los que se pone de manifiesto la falta de efectividad de las resoluciones municipales de demolición de obras ilegales, también se adoptó alguna resolución en relación con demoras en la tramitación del expediente de disciplina urbanística, con anterioridad al acuerdo de demolición. Así, es el caso de la recomendación formulada al Concello de Muros (Q/279/12) en relación con obras consistentes en la construcción de una escalera de acceso a una vivienda y que ocupa dominio público municipal, y por la acumulación de escombros también en terrenos de dominio público. En el informe remitido por la administración municipal se señalaba que no constaba ninguna denuncia de la reclamante, y tampoco se había realizado ninguna inspección en el lugar de los hechos denunciados, siendo así que la reclamante nos había remitido fotocopias de varias denuncias presentadas. En consecuencia, desde esta oficina del Valedor do Pobo le formulamos al Concello de Muros una recomendación en los siguientes términos: “Que por parte de esa administración municipal se proceda a hacer efectiva la función inspectora para comprobar si hubo una infracción urbanística, en el caso denunciado por la reclamante, en particular en lo que se refiere a la ocupación de dominio público en las obras realizadas por la denunciada (ejecución de dos peldaños en una escalera de acceso a una vivenda) y también en lo que se refiere a la acumulación de escombros en zona de dominio público, y que en su caso se abra un expediente de reposición de la legalidad urbanística de apreciarse infracción urbanística”. En la respuesta remitida por el Concello de Muros consta la apertura de un expediente de reposición de la legalidad urbanística abierto por obras realizadas por la denunciada. También puede incluirse en este epígrafe el caso que dio lugar al expediente Q/2221/12, en relación con una queja por la pasividad del Concello de Portomarín en la tramitación de una denuncia por la ejecución por un vecino colindante de una caseta adosada a la propiedad de la reclamante y con salida de humos hacia la vivienda, y otra caseta para el perro también adosada a la propiedad de la reclamante. En la información remitida por el Concello de Portomarín se constataba la realización de las obras indicadas, y sin que constase la existencia de licencia. En consecuencia, desde esta oficina del Valedor do Pobo le formulamos al Concello de Portomarín un recordatorio de deberes legales en los siguientes términos: “Que por parte de esa alcaldía-presidencia y para el caso de que las construcciones denunciadas se encontrasen sin licencia o excedan de la licencia o licencias concedidas, se proceda a la apertura del correspondiente expediente de restauración de la legalidad urbanística, de acuerdo con lo previsto en los artículos 209 y siguientes de la Ley 9/2002 de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia”. A este respecto, recibimos un escrito del Concello de Portomarín en el que se indica que se procede a incoar un expediente de reposición de la legalidad urbanística en relación con las obras denunciadas. Otro de los principales problemas que se detectan en las quejas se refiere a la ineficacia de las administraciones públicas competentes para conseguir que se ejecuten las demoliciones de obras ilegales. Como ya indicábamos al comienzo de este apartado, además de las demoras en la tramitación de los expedientes con anterioridad a su resolución, constituye una queja frecuente la ineficacia de las administraciones municipales para conseguir que se ejecuten las demoliciones de obras ilegales. A la luz de las quejas tramitadas en esta oficina del Valedor do Pobo se puede observar como en ocasiones la ejecución de la resolución administrativa que obliga a la demolición total o parcial de unas obras se va retrasando en una secuencia de trámites dilatorios por parte del interesado, muchos de ellos no contemplados estrictamente en ninguna norma legal, sin que tampoco se lleven a cabo las medidas de ejecución forzosa previstas en la legislación de procedimiento común y en la propia legislación urbanística. En relación con las medidas de ejecución forzosa previstas en el artículo 209 de la Ley 9/2002 sobre ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, debemos hacer referencia a la ejecución subsidiaria por la administración y a las multas coercitivas. A este respecto, lo cierto es que la administración apenas recurre a la ejecución subsidiaria quizás por las dificultades prácticas para conseguir posteriormente del interesado el reembolso de los gastos ocasionados por la demolición. En el caso de optar por la ejecución subsidiaria, la administración por sí misma no ejecuta las obras de demolición, sino que abre un expediente de contratación para adjudicar las obras a un empresario, y dada la índole del trabajo encomendado puede encontrarse con dificultades para que las empresas del sector concurran a la adjudicación de la obra de demolición. Por consiguiente, son las multas coercitivas el expediente más utilizado por la administración para asegurar la efectividad de la orden de demolición, pero para que este mecanismo sea efectivo es necesario que se impongan y se cobren con suficiente diligencia, pues de no ser así todavía dilatarían más el proceso de restauración de la legalidad urbanística. En general, en relación con la tramitación de los expedientes de reposición de la legalidad urbanística conviene subrayar que cualquier demora injustificada tras la llegada de la denuncia al ayuntamiento, tiene una enorme relevancia sobre el resultado final de las actuaciones administrativas que hayan de seguirse ante las posibles infracciones urbanísticas, en la medida en que las obras realizadas se pueden convertir en hechos consumados de difícil retorno a la legalidad. En este sentido, una vez presentada la denuncia, el tiempo que tarde en emitirse el informe del arquitecto o aparejador municipal resulta fundamental para el éxito futuro del procedimiento administrativo que eventualmente se abra. Es cierto que no todos los ayuntamientos cuentan con los mismos medios para realizar estas inspecciones técnicas, pero no es menos cierto que, salvo etapas coyunturales, siempre existirá una cierta proporción entre el grado de conflictividad urbanística y los recursos con los que cuente el ayuntamiento para poner coto a las ilegalidades urbanísticas. Incluso en los ayuntamientos pequeños, que no suelen contar con un técnico de modo permanente, en la medida en que no se detecte una actividad urbanística significativa, no hay razones que puedan justificar un retraso en las labores de inspección. Es necesario subrayar que la pasividad de la administración puede llegar a producir la grave consecuencia de impedir la restauración de la legalidad urbanística por el transcurso del plazo de seis años desde la total terminación de las obras. A este respecto, en el artículo 210 de la vigente Ley 9/2002, de ordenación urbanística de Galicia, se establece este plazo de seis años para que la administración proceda a la apertura del correspondiente expediente de reposición de la legalidad. En este sentido, transcurrido este plazo sin que se incoase el oportuno expediente quedaría legalizada la obra presuntamente ilegal si la actuación es conforme con el ordenamiento urbanístico, y si la obra no se ajusta al planeamiento urbanístico, entonces quedaría como una obra fuera de ordenación. En este último caso la obra no podría ser demolida, aunque en un futuro su propietario sólo podría realizar pequeñas reparaciones exigidas por razones de seguridad e higiene, pero en ningún caso obras de consolidación, de modernización o de cambio del uso existente, o que representasen un aumento de valor a efectos expropiatorios. En relación con esta problemática, y como suele ocurrir todos los años, por parte de esta institución del Valedor do Pobo hemos formulado diversas resoluciones orientadas a conseguir la eficacia práctica de los acuerdos de demolición de obras ilegales. Entre los casos en los que se había constatado la inejecución de acuerdos de demolición de obras ilegales y que dieron lugar a resoluciones del Valedor do Pobo, podemos referirnos a un recordatorio de deberes legales dirigido al Concello de Forcarei (Q/888/12). En el caso descrito en esta queja la reclamante se refería a que una vecina colindante con su casa, sita en Soutelo de Montes, había tirado un muro de piedra antiguo que daba a un camino público y levantado en su lugar una pared de hormigón, y que adosados a esta pared había realizado un garaje y un galpón. Este expediente de queja ya había tenido como precedente otro expediente de queja por las mismas obras, y en este caso se quejaba la reclamante de que no se había procedido a la demolición de las obras consideradas ilegalizables (el muro descrito) pues el resto de las obras se habían legalizado. Una vez recabada información del Concello de Forcarei desde esta oficina del Valedor do Pobo le formulamos a este ayuntamiento un recordatorio de deberes legales en los siguientes términos: “Que por parte de esa administración municipal, y en la medida en que la promotora de las obras a las que se refiere la queja no procedió a ejecutar en las condiciones legalmente exigidas la demolición parcial que se establecía en el acuerdo municipal de legalización de obras, se le impongan las correspondientes multas coercitivas como medio de ejecución forzosa para el cumplimiento efectivo del acuerdo municipal dirigido a la restauración de la legalidad urbanística infringida.” A este respecto, recibimos un informe técnico del Concello de Forcarei en el que se indica que se derribó la parte superior del muro, quedando con una altura de dos metros, la mitad superior diáfana, por lo que las obras se consideraban legalizadas. En otra de las quejas (Q/973/12) sobre este mismo problema de las dificultades para la ejecución de una orden de demolición de una obra ilegal, le formulamos un recordatorio de deberes legales al Concello de Moaña. En esta queja se había puesto de manifiesto que la promotora de unas obras las había realizado sin licencia, y que además se trataba de unas obras ilegalizables, motivo por el cual se había acordado su demolición, pero sin que hasta el momento se llevase a cabo. Desde esta oficina del Valedor do Pobo le formulamos al Concello de Moaña un recordatorio de deberes legales en los siguientes términos: “Que por parte de esa administración municipal y en caso de constatarse nuevamente el incumplimiento por la entidad promotora de la orden municipal por la que debe demoler unas obras ilegales, se impongan las correspondientes multas coercitivas como medio de ejecución forzosa”. A este respecto, recibimos una respuesta del ayuntamiento en la que manifestaba que se le habían impuesto al interesado dos multas coercitivas. También formulamos al Concello de Vilagarcía de Arousa (Q/213/13) una recomendación, por consecuencia del retraso en la ejecución de una orden de demolición por la construcción ilegal de un muro y un enrejado de aluminio. En el recordatorio indicado le señalábamos al ayuntamiento: “Que por parte de esa alcaldía-presidencia, y atendiendo a la ejecutoriedad de los actos administrativos, se proceda a hacer efectiva la orden municipal de retirada del muro y enrejado de aluminio al que se refiere la presente queja, bien sea mediante la ejecución subsidiaria por ese Ayuntamiento, o bien procediéndose a la imposición de las multas coercitivas anunciadas en la propia orden administrativa de demolición, y que podrán reiterarse hasta el total cumplimiento de lo ordenado.” Con posterioridad a esta resolución recibimos un informe del ayuntamiento en el que se indicaba que un juzgado de lo contencioso-administrativo había dictado una resolución por la que se acordaba la medida cautelar de suspender la orden de ejecución de la demolición, que había sido impugnada por el afectado. En algún caso la administración opta por el sistema de ejecución subsidiaria, como ocurrió en la queja Q/174/13 en relación con unas obras ilegales de un cierre y un portalón en un núcleo del Concello de Marín, ya que la administración municipal se había inclinado en principio por la imposición de varias multas coercitivas, y finalmente había optado por el mecanismo de la ejecución subsidiaria, habiéndose presentado ya tres presupuestos en el expediente correspondiente, que estaba pendiente de un informe del interventor municipal. En otro caso similar que afectaba al Concello de Santiago de Compostela (Q/82/13), en relación con una edificación ilegal en la que se habían paralizado las obras, se había ordenado la liquidación provisional por los gastos de demolición de las obras, que posteriormente se paralizó al presentar la interesada una reforma del proyecto de demolición, pero al no completar la documentación requerida para el proceso de legalización, se reabrió la liquidación que estaba pendiente de cobro en vía ejecutiva. En algunas quejas se plantean situaciones directamente relacionadas con la tramitación de las licencias urbanísticas municipales, con la que necesariamente debe contar todo propietario que pretenda realizar una actuación urbanística en un determinado terreno. En este sentido, uno de lo principales problemas que suele plantearse en las quejas remite al hecho mismo de qué tipo de obras o actuaciones requieren una licencia urbanística, y también sobre los requisitos inherentes a la licencia, en particular sobre el proyecto técnico que debe acompañar a la licencia. En cuanto a las actuaciones materiales sobre los terrenos que requieren licencia urbanística, el artículo 194 de la vigente Ley 9/2002 incluye en su apartado 2 un amplio catálogo de actuaciones a las que se exige licencia, relación que se hace en extenso en el artículo 10 del Reglamento de disciplina urbanística de Galicia, aprobado por el Decreto 28/1999. En el último apartado de este artículo se indica expresamente que estarán sujeto a previa licencia, en general, todos los actos que señalen los planes, las normas o las ordenanzas. En alguna de las quejas que recibimos en esta oficina del Valedor do Pobo se aludía a la problemática de las licencias para construcción de una vivienda en el medio rural, que con la vigente Ley 9/2002 de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia se restringen, salvo supuestos muy excepcionales, al suelo de núcleo rural y zona de expansión del núcleo. En este aspecto precisamente pueden introducirse modificaciones con la nueva ley de ordenación urbanística en cuyo debate ya se ha entrado en el Parlamento de Galicia, y estas innovaciones podrían orientarse en orden a admitir determinadas actuaciones urbanísticas en el ámbito del suelo rústico de protección ordinaria, que actualmente estarían prohibidas. En todo caso, se mantendrá al parecer la regla general de excluir de este suelo rústico las edificaciones de uso residencial. El problema que se plantea actualmente con las edificaciones residenciales en el medio rural remite fundamentalmente a la problemática asociada a la delimitación del núcleo rural, siendo esta delimitación un aspecto muy debatido en los procesos de planificación urbanística, dando lugar a multitud de alegaciones en el trámite de información pública del plan urbanístico. También dentro de este apartado se han planteado otras quejas en las que surgen problemas muy diversos, como los que afectan a la concesión de licencias en terrenos en los que confluyen la normativa urbanística y las normas de protección del patrimonio histórico, o bien la normativa sobre protección del dominio público hidráulico. En esta materia referida a la tramitación de las licencias urbanísticas municipales puede hacerse referencia a una queja (Q/14285/13) que afectaba al Concello de Cabanas y se planteaba en relación con los modelos de solicitudes de licencias de obras, en los que se incluía la cesión de suelo urbano consolidado para otorgar permisos a obras del interior de las viviendas o del exterior, y sin que el formato dispusiera de una casilla en la que el solicitante podía confirmar o rechazar esta pretensión; indicaba el reclamante que en muchos casos ya se habían hecho las cesiones correspondientes. En la información facilitada por el Concello de Cabanas se indicaba que ya se había efectuado la modificación en los modelos según lo solicitara el reclamante. Por otro lado, también hay quejas que se refieren a la obligación legal de los propietarios de terrenos, solares o edificaciones de mantenerlos en condiciones de seguridad y salubridad. A este respecto, en 2013 hemos recibido algunas quejas en relación con edificaciones ruinosas en el medio rural, que se encuentran en estado de abandono por parte de sus dueños, que no acometen las obras necesarias para mantener esas edificaciones en condiciones de seguridad, de manera que no se generen situaciones de riesgo para los viandantes. En relación con esta materia podemos hacer referencia a una queja (Q/117/13) que afectaba al Concello de Teo, respecto de una resolución municipal que obligaba al desalojo inmediato de un inmueble afectado por una ruina inminente. El escrito que nos remitió el ayuntamiento venía acompañado de un amplio informe de la coordinadora de los servicios sociales municipales en el que se ponía de manifiesto que el único habitante de la vivienda, que había sufrido un grave incendio hacía unos años, tenía un arraigo muy fuerte en su vivienda y que la adopción de las medidas que correspondiesen en el ámbito urbanístico se acompañaban de medidas de asistencia social. También se plantea en otra queja (Q/341/13) el problema de una edificación en total estado de abandono en un núcleo rural del Concello de O Bolo, y que ya había sufrido un derrumbe parcial en las inmediaciones de un camino público. En la respuesta del ayuntamiento se indica que ya se procedió al vallado de la edificación y que se trataría de elaborar un proyecto técnico y adjudicación de las obras necesarias para resolver el problema denunciado. En relación con las quejas sobre problemas en materia de planificación urbanística, en 2013 apenas hemos recibido quejas sobre esta materia. A este respecto, es preciso subrayar que en este campo de la planificación urbanística, y como ya hemos señalado en informes anteriores, las posibilidades de intervención del Valedor do Pobo son mucho más restringidas que en materia de disciplina urbanística, ya que en materia de planificación urbanística entran en juego potestades municipales con un marcado carácter discrecional que en todo caso deberán supervisarse por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, y por otras consellerías, o bien por otras administraciones públicas, que deberán emitir informes sectoriales exigidos en la normativa sobre procedimiento de elaboración de los planes urbanísticos. 2. Vivienda En 2013 las quejas en materia de vivienda han superado a las quejas sobre urbanismo. Así, del total de quejas del área que suman un número de 285, se encuadran en el ámbito del urbanismo un número de 94, mientras que las quejas que afectan a temas de vivienda han sido 191. En todo caso, podemos subrayar que entre estas quejas de vivienda un buen número de ellas, hasta un total de 66, se refieren a casos de procedimientos ejecutivos de desahucio por impago de las cuotas de préstamos hipotecarios, y otro grupo importante de quejas, un total de 36, se refiere al problema de la adjudicación de viviendas de propiedad municipal en Ferrol. Sin embargo, en 2013 han descendido considerablemente el número de quejas referidas a las ayudas públicas para el alquiler de viviendas privadas. En un caso, como es el de las ayudas del programa de la renta básica de emancipación en este año de 2013 ya no se ha presentado ninguna queja, porque el programa citado se derogó con efectos desde 1-1-2012, y las últimas quejas recibidas en 2012 tenían ya un carácter residual. En el caso de las quejas referidas al programa Aluga también han descendido de una manera sustancial, aunque todavía nos llegan quejas a pesar de que este programa de ayudas se encuentra hoy muy restringido; en particular, las quejas se refieren en este caso a problemas derivados de la propia relación arrendaticia, y por lo tanto comunes a cualquier otro arrendamiento, como ocurre con las quejas de vecinos sobre presuntas molestias de inquilinos, o bien sobre vicisitudes del contrato de arrendamiento, como discrepancias sobre arreglos en la vivienda, o sobre el impago de recibos, o el cese anticipado de la relación arrendaticia. Sin embargo, apenas ha habido quejas sobre un aspecto tan importante como son los procedimientos de adjudicación de viviendas de protección pública, salvo algunos casos en los que personas que están inscritas en el Registro Único de Demandantes de Vivienda de la Comunidad Autónoma de Galicia manifiestan su disconformidad por el hecho de que no los convoquen para algún sorteo de viviendas protegidas o tarden en ofrecerles alguna vivienda del Programa Aluga. En todo caso, se trata de quejas que tienen una escasa incidencia numérica en el conjunto de la subárea de vivienda. En relación con este aspecto en concreto de la adjudicación de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, podemos hacer referencia a un grupo de quejas, hasta un total de 36, formuladas por vecinos de Ferrol que habían resultado adjudicatarios de viviendas sociales de titularidad municipal en el barrio de Recimil. Los reclamantes indicaban en sus quejas que formaban parte de familias, la mayoría de ellas en difícil situación económica y social, y que habían resultado adjudicatarios definitivos de viviendas sociales cuya entrega estaba sufriendo un retraso muy considerable, y que habían formulado una serie de quejas y demandas al ayuntamiento, que no habían sido atendidas. En el informe remitido por el ayuntamiento se indica que se encuentra con numerosos problemas a la hora de entregar inmuebles a aquellas familias que figuran en la lista de adjudicatarios de viviendas ya que las ocupaciones ilegales de inmuebles en el barrio citado se producen casi diariamente y de manera reiterada, por lo que, en primer término, se puso en marcha un censo para conocer exactamente el número de viviendas vacías con las que contar para adjudicar y el estado en el que se encuentran, para que no se produzcan situaciones como las de reubicar a familias en viviendas que no cumplan con las condiciones mínimas de salubridad, confortabilidad y seguridad. Con el escrito remitido se acompañaba también un informe elaborado por el Negociado municipal de Bienestar, así como un reportaje fotográfico del estado en que se encuentran algunas de las viviendas del citado barrio de Recimil, y que hacían imposible su entrega hasta que se acometiesen obras de mejora. En este apartado de vivienda haremos especial hincapié en los dos grupos de quejas a los que nos referíamos anteriormente: las quejas formuladas por familias afectadas por algún procedimiento de desahucio de la vivienda habitual por consecuencia del impago de las cuotas de un préstamo hipotecario, y las quejas que nos plantearon por la supresión de las ayudas de subsidiación de los préstamos hipotecarios para adquisición de viviendas protegidas. A este respecto, debemos subrayar que las medidas adoptadas para la reducción del déficit fiscal han desembocado, en el ámbito de la vivienda, en la disminución o supresión de determinadas ayudas públicas creadas para facilitar el acceso a la vivienda. En este sentido, recibimos en esta institución del Valedor do Pobo un buen número de quejas, hasta un total de 46, referidas a la supresión de las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos para adquisición de viviendas de protección pública. A este respecto, el artículo 35 del Real Decreto-ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (en adelante RD-L 20/2012), y bajo el epígrafe de plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012, dispuso lo siguiente: “A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley quedan suprimidas las ayudas de subsidiación de préstamos contenidas en el Real Decreto 2066/2008 por el que se regula el plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012. Así mismo no se reconocerán aquellas solicitudes que estén en tramitación y que no fueran objeto de concesión por parte de la comunidad autónoma". La entrada en vigor de esta norma legal se produjo el 15 de julio de 2012. En la aplicación de esta norma se presentó la duda de si la supresión de ayudas contemplada en el Real Decreto-ley 20/2012 abarcaba también las solicitudes de ampliación del período de subsidiación de los préstamos convenidos obtenidos por los compradores de viviendas protegidas al amparo de los planes estatales de vivienda anteriores al Plan 2009-2012. En este sentido, el Ministerio de Fomento no tardó en manifestar su postura en relación con esta cuestión en un oficio de fecha 31 de julio de 2012 dirigido a los órganos de las comunidades autónomas competentes en la materia, y bajo la rúbrica de “criterios de interpretación subsidiación y renta básica de emancipación Real Decreto-ley 20/2012.” En concreto, en relación con el problema que nos ocupa indicaba expresamente que: "No tendrán derecho a obtener la subsidiación de los préstamos convenidos, las resoluciones de renovación del derecho a obtener subsidiación por el comprador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43.3 del Real Decreto 2066/2008 y los artículos correspondientes de los planes anteriores, emitidas a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley ". En relación con esta problemática, y con anterioridad al grueso de las quejas recibidas en el mes de diciembre de 2013, recibimos en esta oficina del Valedor do Pobo un total de siete quejas presentadas sobre la denegación de estas ayudas (expedientes 2531/12, 2606/12, 2682/12, 2763/12, 2/13, 277/13 y 14282/13), algunas de las cuales fueron admitidas a trámite con la finalidad de conocer el contenido de la actuación de la administración autonómica en la tramitación y resolución de las solicitudes de ampliación del período inicial de subsidiación recibidas. Con este objetivo solicitamos información a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, en primer lugar y en relación con el expediente 2606/12 solicitamos información con fecha de 28-12-2012, y recibimos un informe del Instituto Galego de Vivenda e Solo de fecha de 14-1-2013 en el que se indicaba que desde la publicación del Real Decreto-ley 20/2012 se había suprimido la ayuda de subsidiación, y que de acuerdo con un criterio interpretativo del artículo 35 de este Real Decreto-ley el Ministerio de Fomento extendía esta supresión a los planes anteriores al 2009-2012. En base a eso, continuaba el informe, se procedía a la denegación de las solicitudes de prórroga o ampliación de subsidiación. En cualquier caso, continuaba el informe, “aquellas resoluciones que se dictaron con anterioridad al criterio dado por el Ministerio de Fomento y que resolvían concediendo la subsidiación, una vez que los interesados las presentaban en las entidades de crédito para que se hicieran efectivas, como deben requerir la conformidad previa del ministerio, que es finalmente quien las paga, este no la otorga y los interesados tampoco las perciben finalmente”. A este respecto, en otro informe del Instituto Galego de Vivenda e Solo del 1-2-2013, solicitado en relación con el expediente 2682/12, se indicaba expresamente lo siguiente: “teniendo en cuenta que por parte de varios afectados se informó al Instituto Galego de Vivenda e Solo de que una vez que los interesados presentaban estas resoluciones en las entidades de crédito para que se hicieran efectivas, como deben requerir la conformidad previa del Ministerio, que es finalmente quien las paga, este no la otorga y los interesados tampoco las perciben finalmente, se volvió a formular esta cuestión ante la Dirección General de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento y se está esperando instrucciones. Sin perjuicio de lo anterior, se considera que en este caso la comunidad autónoma no tiene capacidad para ejecutar las resoluciones, por ser el ministerio quien tiene que prestar la conformidad y pagar la subsidiación a través de las entidades financieras, y que los particulares deberían solicitar directamente al ministerio la ejecución de las resoluciones.” A la vista de los informes recibidos del Instituto Galego de Vivenda e Solo, procedimos a concluir nuestra intervención en el problema que motivó estas quejas, en la medida en que venía motivado por la aplicación de una norma estatal de acuerdo con el criterio interpretativo que sustentaba el Ministerio de Fomento, que es la administración a quien le compete hacer efectivas las ayudas de subsidiación de préstamos de viviendas protegidas. Sin embargo, posteriormente tuvimos conocimiento de que, a la vista de las quejas que iba recibiendo en relación con esta problemática, la institución del Defensor del Pueblo adoptó un nuevo criterio en relación con la cuestión controvertida descrita anteriormente. Inicialmente, atendiendo a las primeras quejas recibidas sobre esta problemática, por parte de la defensora del pueblo no se había entendido que en aquel momento hubiese una actuación administrativa irregular. En este sentido, se había comunicado a los reclamantes que con independencia del Plan estatal de vivienda al que se había acogido la vivienda adquirida en cada caso, la denegación de las solicitudes de subsidiación del préstamo que se encontrasen en proceso de tramitación en el momento de su entrada en vigor o que se presentasen con posterioridad, no constituía una infracción del ordenamiento jurídico que impidiese o menoscabase el ejercicio de un derecho. En la adopción del nuevo criterio la defensora del pueblo muestra su desacuerdo con el contenido del informe de la Abogacía del Estado del Ministerio de Fomento en el que se había fundamentado el criterio interpretativo indicado, en particular con la aplicación del principio general de interpretación que establece el artículo 3.1 del Código Civil para extender la aplicación de la norma del artículo 35 del citado Real Decreto-ley a todos los planes estatales de vivienda. Considera la defensora del pueblo que esa interpretación extensiva no resulta la más acomodada en la perspectiva de garantía de los derechos de los ciudadanos beneficiarios de ayudas de los planes estatales de vivienda anteriores. A este respecto, debemos subrayar que la interpretación del artículo 35 del Real Decreto-ley 20/2012 que mantiene la defensora del pueblo en las recomendaciones formuladas al Ministerio de Fomento es compartida por esta institución, y fue al parecer la que mantuvo inicialmente la administración autonómica, como se desprende de la tramitación llevada a cabo por esta institución del Valedor do Pobo en las quejas antes citadas 2606/12 y 2682/12, ya que en los informes remitidos se indicaba que antes de conocer los criterios interpretativos del Ministerio de Fomento, se consideró que aquel artículo 35 no afectaba a las solicitudes de ampliación del período de subsidiación de prestamos obtenidos al amparo de planes anteriores al plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012. En este sentido, entendimos que las solicitudes de ampliación del período de subsidiación de los préstamos obtenidos al amparo de planes estatales anteriores al plan 2009-2012, y hasta el 6 de junio de 2013, no debieron ser denegadas en aplicación del artículo 35 del RD-L 20/2012, sino que debían ser estimadas en la medida en que el solicitante cumplía los requisitos exigidos para ser beneficiario de la ayuda de subsidiación, y procediendo por tanto a su abono desde el momento de la concesión de la ampliación. Asimismo, entendimos que al oficio del Ministerio de Fomento en el que se explicita él criterio interpretativo restrictivo no se le puede otorgar el rango de disposición administrativa. En este sentido, la vinculación de la administración autonómica a la hora de llevar a cabo la función de reconocer el cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a las ayudas previstas se refiere a las normas de rango legal y reglamentario que habían sido aprobadas por el órgano competente y a través de los procedimientos correspondientes, pero no necesariamente a la interpretación que de las mismas se realice por la administración estatal. Coincidimos con la defensora del pueblo en que la interpretación extensiva de este precepto legal que propugna el Ministerio de Fomento, se aparta del sentido literal del precepto, y sustituye el que realmente se establece en el mismo por otra previsión distinta y amplia. Entendemos, a este respecto, que la mención genérica a los "planes estatales de vivienda" contenida en la exposición de motivos del Real decreto ley 20/2012, no puede justificar la interpretación extensiva, ya que el artículo identifica claramente y en dos ocasiones al plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012 cómo norma concreta donde se contienen las ayudas eliminadas. A este respecto, en la Ley 4/2013, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, en su disposición adicional segunda, se suprimieron expresamente las prórrogas o ampliaciones de estas ayudas, incluso para las concedidas en base a planes anteriores al del 2009-2012. En consecuencia, a partir de la entrada en vigor de esta ley (6-6-2013) quedó eliminada definitivamente la posibilidad de estimar las solicitudes de ampliación del período de subsidiación préstamos convenidos para la adquisición de viviendas protegidas. Es, precisamente, el contraste entre estas dos disposiciones legales lo que demuestra que el artículo 35 del Real-Decreto-ley 20/2012 no preveía la supresión de las ampliaciones del período de subsidiación de préstamos convenidos obtenidos al amparo de planes anteriores al plan estatal de vivienda 2009-2012. Una interpretación de este precepto como la realizada por la Administración del Estado haría innecesaria la nueva regulación contenida al respecto en la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013. Por otra parte, ya se dictaron algunas sentencias por juzgados de lo contencioso-administrativo en las que se estimaron las pretensiones de los demandantes contra resoluciones administrativas de las administraciones autonómicas respectivas. En estas resoluciones se denegara la prórroga o renovación de ayudas a la subsidiación de préstamos para la adquisición de viviendas protegidas, basándose en el criterio interpretativo del artículo 35 del Real Decreto-ley 20/2012. Así, en la sentencia 335/13 del Juzgado contencioso-administrativo nº 2 de Castellón, y en la sentencia 404/2013 del mismo juzgado y con los mismos argumentos que la primeramente citada. Además, y en el ámbito territorial de esta comunidad autónoma, podemos hacer especial referencia a la sentencia 288/2013 del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de Pontevedra, en la que se ordena la revocación de la resolución denegatoria de la prórroga de la subsidiación. Así las cosas, y como conclusión, entendemos que el artículo 35 del Real Decreto-ley 20/2012 no ampara la denegación de las prórrogas o ampliaciones de subsidiación de los préstamos obtenidos para la adquisición de viviendas protegidas al amparo de planes estatales anteriores al de 2009-2012. Desde esta perspectiva, la correcta aplicación de las normas que regulan estas ayudas de subsidiación exige que la administración autonómica proceda a revocar todas las decisiones denegatorias adoptadas en aquel sentido y a reconocer, sí procede, la ampliación solicitada en cada caso, todo eso al amparo de lo previsto en el artículo 105.1 de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. En todo caso, en esta Institución del Valedor do Pobo entendemos que la concesión de las ampliaciones solicitadas no dará lugar de manera automática al abono de las ayudas de subsidiación, y eso en la medida en que el Ministerio de Fomento mantenga su criterio de aplicación extensiva del artículo 35 del Real Decreto-ley 20/2012 a las ayudas concedidas al amparo de Planes de vivienda anteriores. A nuestro modo de ver, esta circunstancia no debe impedir que la administración autonómica reconozca debidamente los derechos de los ciudadanos en los términos contemplados en el ordenamiento jurídico. Desde esta perspectiva, y en el momento de elaboración del presente informe anual formulamos a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas la siguiente recomendación: “Considerando que el artículo 35 del Real Decreto-ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, no suprime la posibilidad de reconocer la prórroga o ampliación de los períodos de subsidiación de los préstamos convenidos para la adquisición de viviendas protegidas obtenidos al amparo de planes estatales de vivienda anteriores al plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012, entendemos que por parte de esa Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas deberían llevarse a cabo las siguientes actuaciones: Primero.- Ordenar a las jefaturas territoriales de esa Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.1 de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, procedan a la revocación de todas las resoluciones denegatorias de la ampliación del período inicial de subsidiación de los préstamos por adquisición de vivienda protegida adoptadas con anterioridad al 6 de junio de 2013. Segundo.- En todos los casos en que se revocaran estas resoluciones denegatorias, y en aplicación de la norma legal correspondiente al plan estatal de vivienda que dio base al reconocimiento de la ayuda de subsidiación préstamo convenido, comprobar en cada caso el mantenimiento del cumplimiento de los requisitos exigidos y, sí procede, reconocer la ampliación o prórroga solicitada en los términos indicados en el plan aplicable. Tercero.- Poner de manifiesto la problemática planteada por la diferente interpretación del precepto señalado ante el Ministerio de Fomento, con la finalidad de que la misma sea tratada, sí así se estima oportuno, en los órganos de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas (Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo y Comisión Multilateral de Vivienda, Urbanismo y Suelo).” Por último, haremos también una referencia, como ya hicimos en el informe anual de 2012, al problema de los desahucios de la vivienda habitual de los deudores hipotecarios. En 2012 tramitamos quejas en esta oficina del Valedor do Pobo en relación con este grave problema, que afecta a muchas familias que se encuentran con la amenaza de un inminente desahucio de su vivienda habitual. Esta situación tan agobiante para las familias afectadas comienza con el procedimiento ejecutivo emprendido en cada caso por la entidad financiera con la que han contraído un préstamo hipotecario, cuyas cuotas han dejado de pagar por la difícil coyuntura económica familiar. La situación actual caracterizada por un considerable incremento de los procedimientos de desahucio en relación con la etapa anterior a la crisis económica tiene su origen cercano en los errores cometidos en la etapa inmediatamente anterior que suele denominarse del boom inmobiliario. En esa etapa muchas entidades de crédito actuaron de un modo imprudente en la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda, ya que por una parte se sobrevaloró la capacidad de endeudamiento de los adquirentes de vivienda, construida sobre una bajada muy acentuada de los tipos de interés, y un alargamiento desconocido hasta el momento de los plazos de amortización de los créditos hipotecarios. Por otra parte, las entidades tasadoras no eran independientes de la entidad financiera que concedía el crédito, con lo que se tasaron al alza los inmuebles y se provocó un sobrecalentamiento del mercado que condujo inexorablemente al estallido de la burbuja inmobiliaria, y a una crisis sin precedentes de nuestro sistema financiero. Esta crisis financiera acabo desembocando, como todos sabemos, en una gravísima crisis económica, con aumento desbocado del desempleo, y por lo tanto la incapacidad de muchos deudores hipotecarios para hacer frente a sus compromisos crediticios. Esta gravísima crisis económica tiene una dimensión social evidente en situaciones como el grave problema de los desahucios, cuya repercusión va mucho más allá de la pérdida de la vivienda habitual y familiar, puesto que además, en muchos casos, se está creando una situación de insolvencia a largo plazo y con ella una casi inevitable exclusión social. Ante esta grave situación social que afecta a un buen número de familias surgieron iniciativas de colectivos ciudadanos de apoyo a las personas o familias afectadas por los desahucios, y también desde las administraciones públicas se tomaron medidas para tratar de resolver las situaciones más acuciantes. A este respecto, entre las medidas legislativas adoptadas por el gobierno central pueden citarse el Real Decreto-Ley 6/2012, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos que, entre otros aspectos, regula la posibilidad de la dación en pago de la vivienda, pero que ha resultado claramente insuficiente, fundamentalmente por los requisitos de ingresos económicos de la unidad familiar, por lo que se planteó la posibilidad de ampliar el margen de posibles beneficiarios. Posteriormente, se aprobó el Real Decreto-ley 27/2012, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios que establece la posibilidad de que se pueda suspender el lanzamiento por un plazo de dos años, aunque consideramos que deberían atenuarse los requisitos fijados en esta norma para las familias que puedan acogerse a esta posibilidad. El Real Decreto-ley 27/2012 encomienda al Gobierno que promueva con el sector financiero la constitución de un fondo social de viviendas en propiedad de las entidades de crédito y destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que ya hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario, cuando concurran las circunstancias personales, familiares y económicas previstas en él. Es necesario, que se agilice al máximo la constitución de este fondo social de viviendas, y entendemos que deberían poder acceder otras familias que hayan perdido su vivienda habitual como consecuencia de un desahucio, aunque no cumplan todos los requisitos establecidos en el real decreto. Posteriormente, se aprobó la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que como ya ocurriera con el Real Decreto-ley 6/2012, y con el Real Decreto-ley 27/2012, viene motivada por las circunstancias excepcionales que concurren en aquellos deudores hipotecarios que como consecuencia de la crisis económica y financiera, no pueden hacer frente a sus obligaciones por el préstamo hipotecario contratado para la adquisición de su vivienda habitual. La nueva norma pretende perfeccionar y reforzar el marco de protección de tales deudores con cuatro tipos de medidas. La primera de ellas, suspender por un plazo de dos años los desahucios de deudores hipotecarios en situación especial de riesgo de exclusión social (que ya se establecía en el RDL 27/2012). En segundo lugar, introduce mejoras en el mercado hipotecario a través de la modificación de su normativa, limitando en el caso de hipotecas constituidas sobre vivienda habitual los intereses de demora; prohibiendo la capitalización de esos intereses; aplicando el resultado de la ejecución hipotecaria, cuando fuera insuficiente para cubrir el total de la deuda garantizada, en último lugar a los intereses de demora, y fortaleciendo la venta extrajudicial de los bienes hipotecados y permitiendo al notario que pueda suspender la misma si las partes han cuestionado ante el órgano jurisdiccional competente que las cláusulas del contrato de préstamo hipotecario pudieran ser abusivas (como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013). En tercer lugar, modifica la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, con el fin de garantizar de manera adecuada los derechos e intereses de los deudores hipotecarios y agilizar y flexibilizar el procedimiento de ejecución hipotecaria, otorgando al juez la posibilidad de que, de oficio o a instancia de parte, pueda apreciar la existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo; estableciendo la posibilidad de condonar parte de la deuda remanente en el procedimiento de ejecución dineraria posterior a la ejecución hipotecaria de una vivienda habitual; permitiendo que el deudor participe en la revalorización futura de la vivienda ejecutada; estableciendo que el valor de tasación a efectos de subasta no podrá ser inferior al 75% del valor de tasación que sirvió para conceder el préstamo hipotecario, e incrementando el porcentaje de adjudicación del bien (la vivienda habitual) en el caso de que la subasta concluya sin postor al 70% del valor del bien por el que hubiese salido a subasta. Por último, modifica el RDL 6/2012 tanto por lo que respecta a su ámbito de aplicación como en las características de las medidas que puedan ser adoptadas, y reitera el mandato al Gobierno –ya contenido en el RDL 27/2012– para que impulse, con el sector financiero, la constitución de un fondo social de viviendas destinadas a ofrecer cobertura a las personas desalojadas de su vivienda habitual por impago de un préstamo hipotecario. En el informe anual de 2012 exponíamos brevemente las propuestas formuladas por esta Institución del Valedor do Pobo y que constaban por extenso en la página web desde el mes de diciembre de 2012. Entre aquellas propuestas pueden subrayarse las siguientes: debían articularse mecanismos adecuados para evitar que la situación de insolvencia sobrevenida desemboque en el impago y una posible ejecución hipotecaria. Desde esta perspectiva, entendíamos que debían fomentarse los procesos de renegociación de la deuda, y que para estos procesos de renegociación de las deudas hipotecarias, y dado que tendrían carácter voluntario para las entidades financieras, los poderes públicos deberían propiciar acuerdos de carácter general con las mismas. También aludíamos a que debería impulsarse la modificación de aquellas normas fiscales que pudiesen dificultar los acuerdos entre las dos partes, así como regularse en el ámbito competencial correspondiente un procedimiento específico para las situaciones de insolvencia personal y familiar. Por otra parte, también recordábamos en el informe anterior que debían constituirse oficinas de información y asesoramiento en las administraciones autonómica y municipales. Además, en relación con la dación en pago que evitaría que el deudor mantuviese una parte de la deuda hipotecaria con posterioridad a producirse el desahucio, y que podía considerarse como una solución justa en algunos casos, afirmábamos que la aplicación práctica del Real Decreto-ley 6/2012 que regula esta posibilidad resultaba claramente insuficiente, fundamentalmente por los requisitos de ingresos económicos de la unidad familiar, por lo que debería estudiarse la conveniencia de ampliar el margen de posibles beneficiarios. También hacíamos referencia en el informe anterior a la normativa procesal que rige el sistema de subastas, considerando que debería facilitarse el acceso de postores y también una mayor información a los posibles licitadores acerca del inmueble. Por otra parte, señalábamos que, como regla general, los jueces deberían ejercer un control de oficio sobre los aspectos de los créditos hipotecarios relacionados con las cláusulas abusivas y los intereses moratorios. Finalmente, para aquellas familias que ya habían perdido su vivienda habitual como consecuencia de un desahucio o por su entrega como dación en pago, resultaba necesario arbitrar los mecanismos para que tuvieran acceso a una vivienda mediante un alquiler social. Por otra parte, a lo largo de 2013 se han estado tramitando por esta oficina del Valedor do Pobo un buen número de quejas sobre casos particulares de desahucios de viviendas habituales de deudores hipotecarios, siendo algunas asociaciones o colectivos con los que hemos contactado los que nos han facilitado datos referidos a familias afectadas. En relación con estas quejas, en las que ofrecemos nuestra colaboración, en primer lugar recabamos información de las familias afectadas, y de los responsables de las asociaciones y colectivos que nos han dado a conocer los casos particulares de afectados. Con posterioridad, hemos contactado con diversas entidades bancarias solicitando su colaboración para, en primer lugar, conocer la situación de las unidades familiares afectadas en lo que se refiere al cumplimiento de sus obligaciones como deudor hipotecario, y en segundo lugar, para que la entidad bancaria exponga las posibles medidas que permitan aportar alguna solución al problema. En un primer momento, en las reuniones que tuvimos con representantes de las diversas entidades bancarias nos expusieron las líneas generales de las medidas que suelen arbitrar para tratar de evitar el desahucio o desposesión efectiva de la vivienda habitual. A este respecto, ante los primeros síntomas de que el deudor no puede hacer frente al cumplimiento de sus cuotas hipotecarias, las entidades suelen ofrecer una renegociación de la deuda, y se plantean la demanda judicial en un procedimiento ejecutivo solamente cuando se hace patente la imposibilidad del pago de la deuda, normalmente como consecuencia de una precaria situación económica de la familia. En este caso, y una vez que la vivienda se adjudica a la entidad bancaria en la correspondiente subasta judicial, se intenta la posibilidad de un alquiler a la familia afectada, intentándose evitar el desahucio efectivo. En posteriores reuniones, o bien intercambiando información a través de correos electrónicos, se han abordado desde esta oficina del Valedor do Pobo diversos casos concretos que nos habían llegado a través de asociaciones o colectivos implicados en la defensa de familias afectadas por desahucios, y de esta manera se han podido concretar medidas para evitar desahucios de viviendas ya inminentes. En este sentido, debe subrayarse que en todos los casos que pudimos tratar las entidades bancarias manifestaron que no ejecutarían la medida del desahucio hasta agotar todas las posibilidades de solución. A este respecto, hay que subrayar también que en muy pocos casos les era posible a los deudores hipotecarios acogerse a determinadas medidas como la dación en pago o la suspensión de la ejecución efectiva del desahucio, en tanto que las unidades familiares afectadas no reunían los requisitos y condiciones exigidas legalmente. Por otra parte, también en algunos casos se puso de manifiesto la dificultad añadida que suponía la existencia de ruptura de la unidad familiar en casos de separación o divorcio, lo que implicaba la imposibilidad en muchos casos de renegociación de la deuda. En relación con la colaboración prestada por las entidades bancarias, hemos de manifestar que a lo largo de 2013 cuatro entidades nos facilitaron los datos concretos (Banco Popular, BBVA, Caixabank, y Novagalicia Banco), en particular de índole económica y judicial, sobre cada uno de los casos que llegaron a esta oficina del Valedor do Pobo. En el caso del Banco de Santander acudió a la oficina del Valedor do Pobo facilitando datos sobre los casos expuestos, pero la mayoría de ellos de carácter general, pero sin aportar datos sobre los casos concretos que le expusimos. En otros casos, también se ha contactado con el director de la oficina o sucursal bancaria para conocer la situación de la familia afectada. IV- RESOLUCIONES DEL VALEDOR DO POBO 1.- Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Muros en fecha 18 de febrero de 2013, para que ejerza la función de inspección ante una presunta infracción urbanística (Q/279/12). En esta institución del Valedor do Pobo se abrió el expediente arriba indicado como consecuencia del escrito de queja presentado por Da. L..., con domicilio en la c.., en la localidad de Muros. En su escrito, esencialmente, nos indicaba que la madre de una vecina suya, Da M... realizó una edificación que ocupa suelo público con dos peldaños de una escalera y sin permiso de obra, y que a pesar de los diferentes escritos-denuncia presentados en ese ayuntamiento no se llevó a cabo la apertura de un expediente de disciplina urbanística. Señalaba también la reclamante en su queja que por otra parte esta misma señora realizó en terreno público unos rellenos con escombro, aumentando los que ya hiciera ese mismo ayuntamiento al ejecutar las obras para el alcantarillado, y que como consecuencia de estas actuaciones las aguas pluviales venían todas hacia el edificio donde reside. Considerando que esta queja reunía los requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la Ley del Valedor do Pobo, y que encontraba en principio cobertura constitucional derivada del artículo 103.1 de la Constitución, en el que se refiere a los principios de legalidad y de eficacia que deben regir las actuaciones de las administraciones públicas, se admitió a trámite y se promovió la investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos en que se basaba. En consecuencia, solicitamos de ese ayuntamiento que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley del Valedor do Pobo, nos facilitase información sobre el problema que motivó la queja, y en particular sobre los resultados de la inspección practicada en el lugar de los hechos denunciados y el acuerdo municipal pertinente en función de estos resultados, y también sobre si las obras denunciadas contaban o no con licencia municipal; por otra parte, también le solicitábamos información sobre la posible existencia de escombros en el lugar que indicaba la reclamante, y sobre los posibles daños que sufría por esta circunstancia. A este respecto, luego de reiterarle la petición de informe en dos ocasiones recibimos un escrito de esa Alcaldía del 15-11-2012 (RS nº 2439) que se acompaña de un informe del arquitecto jefe de la Oficina Técnica del Area de Urbanismo y en el que se indica expresamente lo siguiente: “Una vez consultados los archivos del ayuntamiento, se informa que, en relación al expediente de referencia no se encuentra ninguna denuncia o instrucción de expediente de reposición de la legalidad urbanística sobre el mismo”. En relación con el informe facilitado por ese Ayuntamiento, del que conviene destacar su brevedad, lo que no permite aclarar las circunstancias del problema que motivó la queja, y siendo así que afecta presuntamente a una materia tan sensible como es la protección del dominio público municipal, debemos destacar que además no se ajusta a la solicitud de informe, que tuvimos que reiterar, ya que en esta solicitud de información preguntábamos sobre los resultados de la inspección practicada en el lugar de los hechos denunciados y el acuerdo municipal pertinente en función de estos resultados. Sin embargo, del informe remitido se deduce que no debió realizarse una inspección en el lugar de los hechos denunciados, incluso se viene a indicar que no constan denuncias cuando es así que la reclamante aporta amplia documentación en la que constan varios escritos de denuncia presentados en ese Ayuntamiento, como es el caso de los escritos del 11-3-2010, del 2-8-2010, y del 7-2-2011. Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, estimamos en esta oficina del Valedor do Pobo que debemos hacer algunas consideraciones sobre el problema que motivó la queja. A este respecto, a la vista de que por la información de que disponemos no se llevó a cabo una inspección en relación con los hechos a los que alude la reclamante en su escrito de queja, o cuando menos no consta en el informe remitido, consideramos en esta oficina del Valedor do Pobo que respecto de las actuaciones previas o diligencias preliminares anteriores a la posible apertura de un expediente de reposición de la legalidad urbanística, debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 12 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993 en tanto que ni la Ley 9/2002 de ordenación urbanística de Galicia, ni el Reglamento de Disciplina Urbanística de Galicia, regulan este aspecto. A este respecto, el citado artículo 12 indica expresamente que: “1. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrán realizar actuaciones previas con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. 2. Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.” A este respecto, es conveniente subrayar que en la vigente Ley 9/2002, de ordenación urbanística de Galicia, se señala expresamente en su artículo 208, relativo a la inspección urbanística, que: “1. La inspección urbanística es la actividad que los órganos administrativos competentes en materia de edificación y uso del suelo tienen que realizar con la finalidad de comprobar que una y otro se ajustan al ordenamiento urbanístico. 2. El personal adscrito a la inspección y vigilancia urbanística, en el ejercicio de sus funciones, tendrá la consideración de agente de la autoridad y estará capacitado, con dicho carácter, para requerir y examinar toda clase de documentos relativos al planeamiento, para comprobar la adecuación de los actos de edificación y uso del suelo a la normativa urbanística aplicable y para solicitar de todas las partes relacionadas con cualquier actuación urbanística y de los Colegios Profesionales y cualquier otro de los organismos oficiales con competencia en la materia cuanta información, documentación y ayuda material precise para el adecuado cumplimiento de sus funciones.” 3. Los inspectores urbanísticos están autorizados para entrar y permanecer libremente y en cualquier momento en parcelas, construcciones y demás lugares sujetos a su actuación inspectora. Cuando para el ejercicio de esas funciones inspectoras fuese precisa la entrada en un domicilio, se solicitará la oportuna autorización judicial. 4. Los hechos constatados por el personal funcionario de la inspección y vigilancia urbanística en el ejercicio de las competencias propias en materia de disciplina urbanística gozan de valor probatorio y presunción de veracidad, sin prejuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o adjuntar los propios administrados.” Por otra parte, en relación con la acreditación de las circunstancias que permitirían adoptar una resolución sobre la apertura o no del expediente de reposición de la legalidad urbanística, estimamos que debe hacerse una valoración conjunta y ponderada de los distintos aspectos, tanto en lo que se refiere a las mediciones y comprobaciones físicas en el lugar de los hechos como en lo que atañe a la diversa documentación presentada y pruebas testificales. En consecuencia, a la vista de lo anteriormente expresado, y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 32.1 de la Ley del Valedor do Pobo, le formulamos a esa alcaldía del Concello de Muros la siguiente recomendación: “Que por parte de esa administración municipal se proceda a hacer efectiva la función inspectora para comprobar si hubo una infracción urbanística, en el caso denunciado por la reclamante, en particular en lo que se refiere a la ocupación de dominio público en las obras realizadas por la denunciada (ejecución de dos peldaños de una escalera de acceso a una vivienda) y también en lo que se refiere a la acumulación de rellenos también en zona de dominio público, y que en su caso se abra un expediente de reposición de la legalidad urbanística de apreciarse infracción urbanística. “ Respuesta del Concello de Muros: En la respuesta remitida por el Concello de Muros consta la apertura de un expediente de reposición de la legalidad urbanística abierto por obras realizadas por la denunciada. 2.- Recordatorio de deberes legales dirigido al Concello de Moaña en fecha 9 de abril de 2013, para que adopte las pertinentes medidas de ejecución forzosa en relación con un expediente de reposición de la legalidad urbanística (Q/973/12). En esta institución del Valedor do Pobo se abrió el expediente arriba indicado como consecuencia del escrito de queja presentado por Da. C... en el que, esencialmente, nos indicaba que su queja era producto del incumplimiento por parte de ese ayuntamiento de la demolición de una construcción (sita en el n°......, lindante con su propiedad) y que había denunciado por no haber solicitado la licencia de obra, y que transcurrido un tiempo recibió la confirmación por parte de ese ayuntamiento de que la mencionada construcción además de no tener licencia era "ilegal e ilegalizable", motivo por el cual se debía proceder a su demolición. Manifestaba también la reclamante en su queja que con fecha 28/01/2010 se le notificó a la denunciada la resolución de ese ayuntamiento, resolución n°32/2010 del día 21/01/2010, y que se le indicaba que de no cumplir dicha resolución se le impondrían multas coercitivas reiterables mensualmente hasta que llevasen a cabo la demolición del porche (construcción de ampliación de semisótano en vivienda unifamiliar de 90m2) que era el elemento "ilegal e ilegalizable". Indicaba también la reclamante que se imponían 2 multas coercitivas, la última con fecha 28/10/2010 y desde esa fecha no vuelve a ser informada de la situación del expediente administrativo al que se refiere la queja, y que volvió a ese ayuntamiento los días 12/07/2011, 20/09/2011, y 20/02/2012 presentando las correspondientes instancias pero que hasta el momento no se resolvió el problema que motivó su queja. Al considerar que esta queja reunía los requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la Ley del Valedor do Pobo, y que encontraba en principio cobertura constitucional derivada del artículo 103.1 de la Constitución, en el que se refiere a los principios de legalidad y de eficacia que deben regir las actuaciones de las administraciones públicas, se admitió a trámite y se promovió la investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos en que se basaba. A este respecto, y luego de reiterar nuestra petición de informe en dos ocasiones, y de solicitarlo también a través de comunicación telefónica con personal de ese ayuntamiento, recibimos un informe de ese Concello de Moaña de fecha del 4-12-2012 (RS nº 2882) y en el que se indica expresamente lo siguiente: “El pasado 26 de junio de 2012 esa institución solicitó información relativa a las gestiones llevadas a cabo por ese ayuntamiento con relación a la denuncia presentada por Da. C... por construcción de ampliación de semisotano en vivienda unifamiliar, en la C......, de Tirán. Ante esta petición pongo en su conocimiento que el Concello de Moaña resolvió incoar un expediente de reposición de la legalidad, expediente núm. 04/2009, al cual se adjunta copia.” A este respecto, de la documentación remitida por ese ayuntamiento y relativa al expediente nº 04/2009 no constan hechos nuevos en relación con los indicados por el reclamante en su escrito de queja, en el que ya alude a dos multas coercitivas impuestas por resoluciones del 28-9-2010 y del 28-10-2010. En este sentido, se pone de relieve que desde la última de las multas reseñadas el expediente administrativo correspondiente quedó paralizado, habiendo transcurrido prácticamente 30 meses desde esta última multa coercitiva. Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado estimamos en esta institución del Valedor do Pobo que deben hacerse determinadas consideraciones atendiendo a la legislación urbanística aplicable para situaciones como la que se constata en el presente caso. En sentido, es conveniente tener en cuenta que en el articulo 94 de la Ley 30/1992 sobre procedimiento administrativo común, se establece expresamente que los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo serán inmediatamente ejecutivos. En este precepto legal se citan varios supuestos excepcionales en los que no prevalecería este principio de ejecutoriedad de los actos administrativos, pero que en todo caso ningún de ellos afectaría al acuerdo municipal tomado en el expediente administrativo al que afecta la queja. A este respecto, en el supuesto de que el interesado no cumpla voluntariamente lo ordenado, como ocurre en el presente caso, establece la citada ley en su artículo 95 que “las administraciones públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos”. Entre los medios de ejecución forzosa a los que se refiere el artículo 96 pueden mencionar los de ejecución subsidiaria y multa coercitiva. En este sentido, esa administración municipal optó ya por uno de los mecanismos de ejecución forzosa mencionados, concretamente por la imposición de multas coercitivas, como se pone de manifiesto en el informe remitido desde ese ayuntamiento, pero luego se interrumpió la imposición de nuevas multas coercitivas, sin que conste causa justificada en el expediente. Así las cosas, en relación con la imposición de multas coercitivas, consideramos pertinente hacer referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional de fecha del 14-12-1988 (RTC 1988/239) en la que se subrayan las notas configuradoras de la multa coercitiva. Así, podemos destacar los siguientes aspectos: 1º) se requiere una específica previsión legal, no bastando la mera previsión de tal medio de ejecución forzosa en el art. 99 de la mencionada ley 30/1992, pues eso supondría una extensión implícita de una potestad administrativa contraria al principio de legalidad, artículo 9.3 de la CE; 2º) su posibilidad de imposición “inaudita parte”, por constituir ejecución de un acto anterior que le sirve de título; 3º) su compatibilidad con la potestad propiamente sancionadora de la administración; 4º) la necesidad de una concreción de la cuantía a imponer y en la forma y plazo fijado para el cumplimiento del fin que la multa pretende alcanzar, ya que no se puede desconocer que consiste en una medida de apremio económico, reiterada en lapsos de tiempo, y tendente a obtener la acomodación de un comportamiento obstructivo del destinatario del acto a lo dispuesto en la decisión administrativa previa, mediando la oportuna conminación al apercibimiento; carece por lo tanto, de la finalidad represiva que caracteriza a la multa sancionadora y presenta cierto carácter discrecional, que no arbitrario (art. 9.3 de la CE). Se señala, además, en relación con las multas coercitivas en una sentencia del Tribunal Supremo del 19-6-1987 (RJ 1987/6509) que: “...Pero además tales multas, que son reiterables, han de señalar un plazo para llevar a efecto la actuación que imponía el acto que se trata de ejecutar, plazo este que ha de ser “suficiente para cumplir lo ordenado” – art. 107.1 da Ley de procedimiento...”. A este respecto, entendemos que dado el incumplimiento por la interesada de la orden de demolición de las obras ilegales es conveniente que se impongan por ese Ayuntamiento las multas coercitivas necesarias para que el interesado ejecute la citada resolución. En consecuencia, a la vista de lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 32.1 de la ley del Valedor do Pobo, le formulamos a ese Concello de Moaña un recordatorio de deberes legales en los siguientes términos: “Que por parte de esa administración municipal y en caso de constatarse de nuevo el incumplimiento por la entidad promotora de la orden municipal por la que debe demoler unas obras ilegales, se impongan las correspondientes multas coercitivas como medio de ejecución forzosa.” Respuesta del Concello de Moaña: A este respecto, recibimos una respuesta del ayuntamiento en la que manifestaba que se le habían impuesto al interesado dos multas coercitivas. 3. Recordatorio de deberes legales dirigido al Concello de Forcarei en fecha 22 de abril de 2013, para que adopte las medidas de ejecución forzosa en relación con una orden de demolición (Q/888/12). En esta institución del Valedor do Pobo se abrió el expediente arriba indicado como consecuencia de un escrito de queja de Da. O... en el que, esencialmente, nos indicaba que una vecina colindante con su casa, sita en ……………, Soutelo de Montes, tiró un muro de piedra antiguo, de más de 70 años, que daba a un camino público, y en su sitio levantó una pared de hormigón, con piedras por el medio, y que en dicha pared hizo un garaje y un galpón. Anteriormente, el problema al que se refiere la queja dio lugar al expediente B.2.Q/1351/10, que se concluyó por esta oficina del Valedor do Pobo, y recibimos a este respecto un informe de ese ayuntamiento del 30-4-2012 (RS nº 1800, del 4-5-2012), en el que se ponía de manifiesto la legalización de las obras denunciadas. En este sentido, le comunicamos a la reclamante que una vez legalizadas las obras no era posible nuestra intervención, y que en su caso podría recurrir a la vía judicial. Sin embargo, en el acuerdo municipal de legalización de las obras constaba expresamente que el promotor de las obras “deberá adaptar la altura del muro de cierre existente en el C………………, a la altura legal establecida en el PGOM llevando a cabo las obras de demolición necesarias de forma que se cumpla una altura máxima de 2.00 m. para dicho muro, siendo diáfano su mitad superior”. A este respecto, le solicitamos a V.S. un informe complementario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley del Valedor do Pobo, sobre este último aspecto mencionado, y si efectivamente el promotor de las obras hiciera estas correcciones. En este sentido, recibimos un informe de ese ayuntamiento del 19-11-2012 (RS nº 2908, del 21-11-2012) y en el que se concluía lo siguiente: “Visitadas las obras en el día de la fecha, se hace constar que dicho muro cumple con la altura de dos metros, pero no cumple con la condición de que sea diáfano en su mitad superior, por lo que las actuaciones no fueron adaptadas a la legalidad en su totalidad.” A este respeto, es necesario subrayar que en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 12-4-2012 y en el apartado de conclusión se indicaba expresamente que: “las obras realizadas sin licencia o sin ajustarse a ella quedarán legalizadas una vez se proceda a adaptar la altura del muro de cierre existente en el C……………., a la altura legal establecida en el PGOM, llevando a cabo las obras de demolición necesarias de forma que se cumpla una altura máxima de 2.00 m. para dicho muro, siendo diáfana su mitad superior”. En este sentido, debemos destacar que en la medida en que las obras de demolición no se efectuaron de acuerdo con las exigencias y condiciones de la licencia de legalización acordada por ese ayuntamiento, desde esa administración municipal se deberían adoptar las medidas pertinentes para que el promotor de las obras cumpla con las previsiones del acuerdo municipal de legalización que implica como condición la necesaria demolición parcial del muro controvertido, a fin de que cumpla con los requisitos de construcción previstos en la normativa urbanística municipal. Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado estimamos en esta institución del Valedor do Pobo que deben hacerse determinadas consideraciones jurídicas aplicables a situaciones como la que se constata en el presente caso. En este sentido, es necesario tener en cuenta que en el artículo 94 de la Ley 30/1992, sobre procedimiento administrativo común se establece expresamente que los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo serán inmediatamente ejecutivos. En este precepto legal se citan varios supuestos excepcionales en los que no prevalecería este principio de ejecutoriedad de los actos administrativos, pero que en todo caso ninguno de ellos afectaría al citado acuerdo municipal. A este respeto, en el supuesto de que el interesado no cumpla voluntariamente lo ordenado, como ocurre en el presente caso, establece la citada ley en su artículo 95 que “las administraciones públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos”. Entre los medios de ejecución forzosa a los que se refiere el artículo 96 pueden mencionarse los de ejecución subsidiaria y multa coercitiva. En este mismo sentido, puede subrayarse que en el artículo 209, apartado 6, de la Ley 9/2002 de ordenación urbanística de Galicia y protección del medio rural se establece expresamente que: “ En el caso de incumplimiento de la orden de demolición, la administración municipal procederá a la ejecución subsidiaria de ella o a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas, reiterables mensualmente hasta lograr la ejecución por el sujeto obligado, en cuantía de 1.000 a 10.000 euros cada una”. A este respeto, debe subrayarse que si bien es cierto que por parte de la promotora se realizó la demolición exigida en el acuerdo municipal de legalización de obras, sin embargo no se hizo en las condiciones legales que se le exigieron, por lo que no hubo una ejecución idónea del acto administrativo aludido. En consecuencia, a la vista de lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 32.1 de la ley de Valedor do Pobo, le formulamos a ese Concello de Forcarei un recordatorio de deberes legales en los siguientes términos: “Que por parte de esa administración municipal, y en la medida en que la promotora de las obras a las que se refiere la queja no procedió a ejecutar en las condiciones legalmente exigidas la demolición parcial que se establecía en el acuerdo municipal de legalización de obras, se le impongan las correspondientes multas coercitivas como medio de ejecución forzosa para el cumplimiento efectivo del acuerdo municipal dirigido a la restauración de la legalidad urbanística infringida.” Respuesta del Concello de Forcarei: A este respecto, recibimos un informe técnico del Concello de Forcarei en el que se indica que se derribó la parte superior del muro, quedando con una altura de dos metros, la mitad superior diáfana, por lo que las obras se consideraban legalizadas. 4. Recomendación dirigida al Concello de Vilagarcía de Arousa, en fecha 9 de agosto de 2013, para que ejercite las medidas legalmente previstas de ejecución forzosa de una orden municipal de demolición de obras ilegales (Q/213/13). En esta institución del Valedor do Pobo se abrió el expediente arriba indicado como consecuencia del escrito de queja de Da. M..., con domicilio en C..............., Carril, Vilagarcía de Arousa, y en el que, esencialmente, nos indicaba que en su día había formulado denuncia urbanística ante ese Concello de Vilagarcía de Arousa por obras ejecutadas sin licencia ni autorización previa en suelo público, consistentes en construcción de un muro en plena calle, mediante base de hormigón y muros de bloque y rebocado de piedra con posterior colocación de una balaustrada de hierro, en C.............de Vilagarcía de Arousa. Manifestaba también la reclamante en su escrito de queja que según se hizo constar a ese ayuntamiento mediante escrito del 18-10-2010, con incorporación de fotografías de las obras y firmas de varias asociaciones de vecinos, que dichas obras suponen una ocupación de la vía pública, de doble circulación, causando un grave peligro para el tráfico de vehículos y para la integridad física de las personas que transitan por la zona. Indicaba también la reclamante que la ilegalidad de estas obras fue reconocida mediante Resolución de ese ayuntamiento de fecha del 21/10/2010, por la cual se resuelve ordenar a las copropietarias del inmoble, Dª. Mª. C.L.F. y Dª. D.P.L., la reposición de la legalidad urbanística mediante la demolición del muro y proceder a la ejecución forzosa de lo ordenado con apercibimiento de imposición de multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros. Sin embargo, señala que hasta el momento no se actuó en el sentido de poner fin a esta ilegal situación. Al considerar que esta queja reunía los requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la Ley del Valedor do Pobo, y que encontraba en principio cobertura constitucional derivada del artículo 103.1 de la Constitución, en el que se refiere a los principios de legalidad y de eficacia que deben regir las actuaciones de las administraciones públicas, se admitió a trámite y se promovió la investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos en que se basaba. A este respecto, recibimos un escrito de ese Concello de Vilagarcía de Arousa de fecha del 26-3-2013 (RS nº 3314, del 27-3-2013), que se acompaña de amplia documentación sobre el problema que motivó la queja. Entre esta documentación figura una resolución de la alcaldía-presidencia de ese ayuntamiento de fecha del 30-1-2013 por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por Da. M.... y doña C..., y atendiendo a un informe de la arquitecta municipal de 18/1/2013, se ordena a las interesadas para que, en el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la notificación de esta resolución, procedan a la retirada del muro y el enrejado de aluminio sito en el C................, conforme a lo establecido en el artículo 209.3 a) de la LOUGA. También se les advirtió a las interesadas que de no ejecutar lo ordenado en el plazo indicado, esa administración municipal procedería a la ejecución subsidiaria de ella o a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas, reiterables mensualmente hasta lograr la ejecución por el sujeto obligado, en cuantía de 1.000 a 10.000 euros cada una, conforme el art. 209.6 de la LOUGA. A la vista del anteriormente expresado, estimamos en esta institución del Valedor do Pobo que es conveniente hacer algunas consideraciones sobre los medios con los que cuentan las administraciones públicas para asegurar el cumplimiento de un acto administrativo. A este respecto, en el artículo 94 de la Ley 30/1992 sobre procedimiento administrativo común se establece expresamente que los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo serán inmediatamente ejecutivos. En este precepto legal se citan varios supuestos excepcionales en los que no prevalecería este principio de ejecutoriedad de los actos administrativos, pero que en todo caso ninguno de ellos afectaría a la citada resolución de esa alcaldía del 30-1-2013. En consecuencia, estimamos que esta resolución que imponía una orden de demolición de la obra ilegalizable realizada por Da. M.... y doña C..., era ya ejecutiva desde aquella misma fecha, y las interesadas tenían que proceder al derrumbamiento ordenado (retirada de muro y enrejado de aluminio) dentro del plazo de tres meses desde que le había sido notificada esta resolución municipal. A este respeto, en el supuesto de que el interesado no cumpliera voluntariamente lo ordenado, como ocurre en el presente caso, establece la citada ley en su artículo 95 que “las administraciones públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos”, y entre los medios de ejecución forzosa a los que se refiere el artículo 96 pueden mencionarse singularmente para este caso los de ejecución subsidiaria y multa coercitiva. La resolución de esa alcaldía del 30-1-2013 se refería alternativamente, para el caso de incumplimiento por el interesado, a la ejecución subsidiaria o a la imposición de multas coercitivas. En este sentido, debemos significarle que en un caso como el que motivó la presente queja y para restablecer la legalidad urbanística deberá esa alcaldía procurar de una manera eficaz que no se consolide la infracción urbanística Sin embargo, por la información que se nos facilitó por ese ayuntamiento, y lo que nos informó la reclamante, no se practicó la ejecución forzosa a través de la ejecución subsidiaria. Por otra parte, en relación con la imposición de multas coercitivas, consideramos pertinente hacer referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional de fecha del 14-12-1988 (RTC 1988/239) en la que se subrayan las notas configuradoras de la multa coercitiva. Así, podemos destacar los siguientes aspectos: 1º) se requiere una específica previsión legal, no bastando la mera previsión de tal medio de ejecución forzosa en el art. 99 de la mencionada Ley 30/1992, pues eso supondría una extensión implícita de una potestad administrativa contraria al principio de legalidad, artículo 9.3 de la CE; 2º) su posibilidad de imposición “inaudita parte”, por constituir ejecución de un acto anterior que le sirve de título; 3º) su compatibilidad con la potestad propiamente sancionadora de la administración; 4º) la necesidad de una concreción de la cuantía a imponer y en la forma y plazo fijado para el cumplimiento del fin que la multa pretende alcanzar, ya que no se puede desconocer que consiste en una medida de apremio económico, reiterada en lapsos de tiempo, y tendente a obtener la acomodación de un comportamiento obstativo del destinatario del acto a lo dispuesto en la decisión administrativa previa, mediando la oportuna conminación al apercibimiento; carece por lo tanto, de la finalidad represiva que caracteriza a la multa sancionadora y presenta cierto carácter discrecional, que no arbitrario (art. 9.3 de la CE). En consecuencia, a la vista de lo anteriormente expresado y de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.1 de la Ley del Valedor do Pobo, le formulamos a ese ayuntamiento una recomendación en los siguientes términos: “Que por parte de esa alcaldía-presidencia, y atendiendo a la ejecutoriedad de los actos administrativos, se proceda a hacer efectiva la orden municipal de retirada del muro y enrejado de aluminio a la que se refiere la presente queja, bien sea mediante la ejecución subsidiaria por ese ayuntamiento, o bien procediéndose a la imposición de las multas coercitivas anunciadas en la propia orden administrativa de derribo, y que podrán reiterarse hasta el total cumplimiento de lo ordenado.” Respuesta del Concello de Vilagarcía de Arousa: Con posterioridad a esta resolución recibimos un informe del ayuntamiento en el que se indicaba que un juzgado de lo contencioso-administrativo había dictado una resolución por la que se acordaba la medida cautelar de suspender la orden de ejecución de la demolición, que había sido impugnada por el afectado. 5.- Recordatorio de deberes legales dirigido al Concello de Portomarín, en fecha 9 de septiembre de 2013, para que proceda a la apertura de un expediente de reposición de la legalidad urbanística por unas obras realizadas sin licencia (Q/2221/12). En esta institución del Valedor do Pobo se abrió el expediente arriba indicado como consecuencia del escrito de queja presentado por Da. M..., con domicilio en C/... de Madrid. En su escrito, esencialmente, nos indicaba que el vecino que colinda con su vivienda, D. S... con domicilio en..., realizó obras en su vivienda quitando los marcos existentes entre las dos casas, por lo tanto no respetando la distancia existente que separaba ambas propiedades. Señalaba también en su queja la reclamante que los principales problemas que este hecho le está causando son los siguientes: 1) construyó una caseta con salida de humos directamente sobre la pared de su vivienda, por lo cual cada vez que se enciende la calefacción entran todos los humos de la combustión en su domicilio, siendo insoportable el olor y la mayor preocupación son los problemas de salud que pueden provocarles. 2) por otra parte, creó un espacio cerrado donde guarda los perros y una de las paredes es directamente la de su domicilio, no dejó ninguna distancia entre ambas propiedades, por lo que todas las heces desprenden un olor que tiene que sufrir a diario, sin contar con el ruido que ocasionan. Manifestaba también que había presentado escrito en ese ayuntamiento en la fecha del 22-8-2012, y que hasta el momento de presentarse la queja en esta oficina del Valedor do Pobo no había recibido contestación. Al considerar que esta queja reunía los requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la Ley del Valedor do Pobo, y que encontraba en principio cobertura constitucional derivada del artículo 103.1 de la Constitución, en el que se refiere a los principios de legalidad y de eficacia que deben regir las actuaciones de las administraciones públicas, se admitió a trámite y se promovió la investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos en que se basaba. En consecuencia, solicitamos del ayuntamiento que nos facilitase información sobre el problema que motivó la queja, en particular sobre los resultados de la inspección practicada en el lugar de los hechos denunciados por el reclamante, y el acuerdo municipal pertinente en consonancia con estos resultados. A este respecto, recibimos un escrito del ayuntamiento del 21-2-2013 (RS nº 126) que se acompaña de un informe de los servicios técnicos municipales en el que se indica expresamente lo siguiente: “Que a petición de Da. M..., se hizo visita de comprobación el día 7 de Febrero de 2013, a la finca situada en el polígono 25, parcela 599 y con referencia catastral: 27049A025005990000BP perteneciente a una parroquia en el Concello de Portomarín para evaluar su estado. Se comprobó que en la finca aneja a la anteriormente citada, situada en el polígono 25 parcela 598 y con referencia catastral: 27049A025005980000BQ del mismo ayuntamiento, se hicieron dos alpendres; uno con salida de humos sobre la fachada de la vivienda que hace la denuncia y otro para guardar perros, empleando una de las paredes de la vivienda que hace la denuncia como pared integrante del alpendre y no guardando ninguna distancia entre ambas propiedades. Se acompaña el informe con fotos realizadas en la fecha de la visita de comprobación de las fincas (Foto 1), de los alpendres de la finca colindante denunciados (Foto 2), de la vivienda denunciante (Foto 3) y de la vivienda denunciada (Foto 4)”. A la vista de lo anteriormente expresado consideramos en esta oficina del Valedor do Pobo que deben de hacerse algunas observaciones sobre el problema que motivó la presente queja, y teniendo en cuenta la normativa urbanística aplicable para este caso. En primero lugar, por la información que se remitió desde ese ayuntamiento, las actuaciones urbanísticas denunciadas (construcciones de dos alpendres) puede deducirse que carecían de licencia urbanística, o si la tenían excedían de las obras amparadas por la licencia, ya que como consta en el informe técnico no guardan ninguna distancia entre las propiedades de denunciante y denunciado. A este respecto, es conveniente subrayar que la vigente Ley 9/2002 de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia establece la exigencia de retranqueo a colindantes para cualquier edificación o construcción, cuando la obra se realice en suelo rústico o suelo de núcleo rural, y no así en suelo urbano, por la propia naturaleza de las cosas. En este sentido, aunque en el informe técnico aportado por ese ayuntamiento no se indica tampoco la clasificación de suelo en el que se ubican las obras realizadas, se deduce por las fotos que no es suelo urbano, por lo que sería de aplicación la normativa citada. En efecto, en el artículo 29.1.f) de la citada ley y en relación con las condiciones de edificación en suelo de núcleo rural se establece expresamente que: “Para las nuevas construcciones, serán obligatorios, excepto en alineaciones estables o consolidadas, los retranqueos mínimos con respecto a las vías de acceso, que en todo caso deberán separarse un mínimo de 4 metros del eje e la vía, y 3 metros con respecto al lindero posterior. En el caso de que se desease retroceder una edificación a los linderos laterales, este retranqueo deberá ser, como mínimo, de 3 metros”. Por otra parte, en relación con las obras en suelo rústico de protección ordinaria, se señala en el artículo 42.1.d) de la misma ley que: “ Los retranqueos de las construcciones a los lindes de la parcela deberán garantizar la condición de aislamiento y en ningún caso podrán ser inferiores a 5 metros.” Además, en las propias Normas Subsidiarias de Planeamiento de ese Concello de Portomarín de 24-10-1983, en su apartado normativo, y en el capítulo V sobre el cuadro de condiciones de edificación, epígrafe 2.1 se establece expresamente para las edificaciones unifamiliares aisladas que los retranqueos serán: “tres metros a cada lindero” . Así las cosas, entendemos que en el presente caso deberá aplicarse la normativa sobre disciplina urbanística contenida en la ley citada, y concretamente en la materia correspondiente a la protección de la legalidad urbanística, el artículo 209 se refiere a las obras sin licencia en curso de ejecución. Este artículo establece expresamente que: “1. Cuando se estuviesen ejecutando obras sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas en ellas, el alcalde dispondrá la suspensión inmediata de dichos actos y procederá a incoar el expediente de reposición de la legalidad, comunicándolo al interesado.” En este mismo artículo se hace también referencia a las medidas cautelares necesarias para garantizar la total interrupción de la actividad. Por otra parte, se establecen determinados trámites inexcusables, una vez instruido el expediente de reposición de la legalidad y después de la audiencia del interesado, debiéndose adoptar determinados acuerdos según las obras no fuesen legalizables por ser incompatibles con el ordenamiento urbanístico, o fuesen legalizables. Por otra parte, en el artículo 210 se establecen unos trámites similares para el caso de obras finalizadas sin licencia o incumpliendo las condiciones señaladas en ella. Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa alcaldía-presidencia del Concello de Portomarín el siguiente recordatorio de deberes legales: “Que por parte de esa alcaldía-presidencia y para el caso de que las construcciones denunciadas se encuentren sin licencia o excedan de la licencia o licencias concedidas, se proceda a la apertura del correspondiente expediente de restauración de la legalidad urbanística, de acuerdo con lo previsto en los artículos 209 y siguientes de la Ley 9/2002 de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia”. Respuesta del Concello de Portomarín: A este respecto, recibimos un escrito del Concello de Portomarín en el que se indica que se procede a incoar un expediente de reposición de la legalidad urbanística en relación con las obras denunciadas IV- CONSIDERACIONES FINALES A la luz de las quejas que en materia de urbanismo llegan a esta oficina del Valedor do Pobo podemos llegar a la conclusión de que la imagen que muchos tienen de la administración encargada de vigilar el cumplimiento de las normas urbanísticas, que en la mayoría de los casos es la administración municipal, es la de una administración muy premiosa en su reacción ante una obra ilegal. El contraste resulta evidente. Por una parte, un infractor escurridizo que, ante el mínimo atisbo de que puede verse envuelto en un expediente de disciplina urbanística, no duda en agilizar las obras para acabar cuanto antes, y después aguantar lo que venga parapetado en la tozuda realidad de los hechos consumados. Del otro lado, una administración provista aparentemente de un auténtico arsenal normativo y de nutridos departamentos de urbanismo, que deberían bastar para controlar al primero que tenga la osadía de saltarse las normas, pero que en la práctica actúa en muchas ocasiones tarde y mal ante los presuntos infractores. Podemos decir sin temor a equivocarnos, porque así lo reflejan la práctica totalidad de las quejas que llegan a esta oficina del Valedor do Pobo, que los que presentan una queja lo que realmente piensan es que la administración, dada su lentitud y pasividad, está más bien del lado del infractor y no del denunciante. En muchos casos esto no es así, pero la ineficacia de una administración ante los ilícitos urbanísticos da pie a que muchos lo vean como una suerte de complicidad, o al menos de negligencia consentidora que favorece al culpable de un ilícito urbanístico. Esto es lo que piensan muchos de los que presentan una queja en esta oficina del Valedor do Pobo, y algunas razones tendrán por la experiencia que viven. A la vista de lo que está ocurriendo en el imaginario de mucha gente en relación con la disciplina urbanística parece que la premisa fundamental en este terreno es la de conseguir que la administración se adelante a los hechos, y que la reacción jurídico-administrativa ante una infracción urbanística sea lo más rápida posible para evitar los hechos consumados, que serán después de muy difícil restauración. Esta consolidación de los ilícitos urbanísticos, como todos sabemos, acarrea consecuencias negativas de todo orden tanto en lo que se refiere a la racionalización de la propia actividad urbanística y su sostenibilidad ambiental, como en la ejecución de infraestructuras o prestación de servicios. En consecuencia, y lo hemos ya subrayado en anteriores informes, deben potenciarse al máximo las actuaciones de inspección urbanística, para tratar de ejercer un control de las actuaciones urbanísticas en su primera fase, en la medida en que es más fácil atajar una infracción urbanística en sus primeros pasos. Estaríamos mandando además un mensaje a futuros infractores de que no lo van a tener nada fácil. Por otra parte, y una vez iniciado el expediente de reposición de la legalidad urbanística, consideramos que la administración debe velar por la efectividad de las medidas cautelares necesarias para garantizar la total interrupción de la actividad, y si es el caso de que no se acate la orden de paralización imponer ya multas coercitivas en esa primera etapa del expediente administrativo. En general, deben agilizarse los trámites para evitar la indeseable consecuencia de la obra ilegal consolidada. En relación con la materia de vivienda, en este informe anual, y como ya lo habíamos destacado en el informe de 2012, nos sigue pareciendo relevante aludir al gravísimo problema de los desahucios de vivienda habitual por impago de la deuda hipotecaria, en tanto que se trata de un problema de plena actualidad y de gravísimo alcance social. Es evidente que no podemos permanecer inactivos ante esta problemática. En este sentido, en este año de 2013 hemos seguido en contacto con los colectivos sociales que tratan de este problema, y hemos llegado de esta manera a los afectados por un desahucio. En cuanto a la colaboración de las entidades acreedoras, en un primer momento se mostraron reticentes, posteriormente se celebraron varias reuniones en esta oficina del Valedor do Pobo con representantes de las entidades, aunque es bastante dificultosa la fluidez de estos contactos. Por último, en esta materia de vivienda también debemos aludir a la situación surgida con la supresión de las ayudas de subsidiación de los préstamos convenidos para la adquisición de viviendas de protección pública. En este caso, el problema que se planteó en un grupo de quejas que llegaron a esta oficina del Valedor do Pobo, era el que afectaba a aquellas familias que habían recibido la ayuda con anterioridad a la normativa que la suprimía, y a los que ahora se les denegaba la ampliación de esta ayuda porque se entendía que la supresión también afectaba a estos casos. No parecía justo que quién recibió una ayuda para adquirir una vivienda, porque cumplía entre otras las condiciones económicas exigidas, se le deniegue ahora la posibilidad de una prórroga en un momento de mayores dificultades económicas. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE I- INTRODUCCIÓN La oposición a determinados proyectos mineros destacó por su importante número de quejas, en especial las dirigidas contra el proyecto de explotación de Corcoesto. Ya el pasado año comenzamos a recibir quejas contra él y en el informe correspondiente formulamos algunas objeciones. Los motivos de las quejas fueron, básicamente, sus repercusiones negativas en la realidad social y económica, la falta de comunicación personal de la apertura del período de información pública, los informes científicos que advertían de la presencia de arsénico en la zona y de la contaminación del agua, que se trata de una zona ambientalmente protegida, y la falta de evaluación adecuada de los aspectos culturales. Después de analizar numerosas fuentes de información recibimos la comunicación de que la solicitud de explotación era finalmente denegada. Entonces comunicamos a los órganos intervinientes nuestras conclusiones, que trataremos en detalle en este informe. También recibimos quejas por otros proyectos mineros, fundamentalmente por el plan sectorial de actividades extractivas de Galicia y por un proyecto de mina de feldespato en Xinzo de Limia. Este último también fue rechazado, en este caso en el trámite de evaluación de impacto ambiental, que fue negativo. Se recibieron reclamaciones de organizaciones de defensa ambiental por falta de convocatoria periódica de los órganos de participación en materia de medio ambiente. Las circunstancias puestas de relieve en ellas fueron objeto de crítica en ocasiones anteriores. Volvimos a comprobar casos en los que no se habían cumplido las previsiones relativas a las convocatorias periódicas de estos instrumentos de participación. Por lo que se refiere a las normas reguladoras de la caza, actuamos para que, de acuerdo con la reclamación recibida, no se permitiera que a partir de los 14 años los menores pudieran participar en esa actividad. La Xunta aceptó nuestra argumentación y modificó su proyecto de ley, de tal forma que la versión finalmente aprobada en su proyecto de ley elevaba la edad legal para participar en batidas a los 16 años. También hemos constatado actuaciones inadecuadas en materia de aguas, vertidos, trato a animales domésticos y salvajes en cautividad, antenas de telefonía o por el retraso o la negativa a entregar información ambiental en poder de la administración. La inmensa mayoría de las numerosas quejas que conocemos por este motivo responden a la realidad. La administración debe corregir sus prácticas en este terreno, puesto que se constata su reticencia a entregar información ambiental y apenas conocemos situaciones en las que se haya entregado dentro del plazo legal. En materia de contaminación acústica debemos destacar que los incumplimientos que se detectan en este orden vulneran el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario del artículo 18.1 y 2 de la Constitución, y también otros derechos constitucionales (a la salud, del artículo 43, o a la calidad de vida, del artículo 45). Esta circunstancia ha propiciado que resulte común que su garantía llegue a plantearse en el ámbito penal y que se den condenas a los responsables de la contaminación acústica, tanto promotores de locales como autoridades o funcionarios. Se aprecia que ha aumentado la abstención municipal a la hora de afrontar sus responsabilidades en materia de ruidos. Destaca la alegación de que no se pueden realizar las preceptivas comprobaciones o mediciones. Algunos ayuntamientos ven en la crisis una disculpa para no dedicar sus esfuerzos a la lucha contra la invasión ruidosa de los domicilios y para no hacer frente a su obligación legal de evitarla. Resulta una imperiosa necesidad que los ayuntamientos cumplan con sus funciones de supervisión de los locales y que realicen mediciones cuando reciban denuncias o llamadas. La licencia les obliga a una constante vigilancia de los establecimientos; con su otorgamiento se abre una relación permanente entre la administración y su titular, que se concreta en una continuada labor tuitiva para que la actividad no resulte perjudicial. Por eso, no puede disculparse la falta de control de los locales que han autorizado. En algunas ciudades y villas continúan los efectos perjudiciales de la acumulación de locales en determinadas zonas residenciales, algo que debe tratarse con mayor eficacia. En la lucha contra el ruido no ha ayudado la modificación de algunas normas, como que se eliminara la necesidad de evaluación de incidencia ambiental para discotecas o pubs. Después se derogó la Ley 7/1997, de Protección contra la Contaminación Acústica, por medio de la Ley 12/2011, de medidas fiscales y administrativas, que anunció que se aprobaría otra norma sobre la materia en el plazo de un año, compromiso que no ha tenido efectividad hasta hoy. Ello trae consecuencias perjudiciales, por lo que seguimos reclamando que se cumpla con esa obligación legal y se apruebe una normativa que favorezca la garantía de los derechos fundamentales de muchas personas afectadas. Como aspecto positivo en materia de contaminación acústica, seguimos apreciando una creciente predisposición municipal para tratar los perjuicios de los botellones, lo que reclamamos desde hace tiempo. Muchos ayuntamientos han actuado eficazmente para perseguir esos botellones, aunque en otros casos todavía se permiten, con los consiguientes perjuicios en muchos órdenes (ruidos, menores ...). II. DATOS CUANTITATIVOS El número de quejas correspondientes al área de medio ambiente en 2013 fue de 804, 571 más que el pasado año. Se dio el curso que se describe a continuación: Total reclamantes Total asuntos Iniciadas 804 655 Admitidas 763 94 % 614 94 % No admitidas 41 6 % 41 6 % Remitidas al Defensor del Pueblo 0 0 % 0 0 % De las quejas que fueron admitidas, su estado es el siguiente: Total reclamantes Total asuntos Concluidas 704 92 % 555 90 % En trámite 59 8 % 59 10 % A lo largo de este año también han sido objeto de trámite diversas quejas presentadas en años anteriores: Año de presentación En trámite a 31-12-2012 Reabiertas Total Resueltas En trámite a 31-12-2013 2011 10 0 10 10 0 2012 42 0 42 42 0 III. ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN 1. Las numerosas reclamaciones en contra de los efectos ambientales del proyecto minero de Corcoesto y de otras minas Se iniciaron 628 expedientes de queja como consecuencia de escritos relativos a diferentes aspectos del proyecto de explotación minera de Corcoesto. También se conoció un expediente de queja de oficio de la Defensora del Pueblo, que lo archivó a la vista de las actuaciones previas de nuestra institución, en aplicación del principio de colaboración (Ley 36/1985, por la que se regulan las relaciones entre la institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas comunidades autónomas). La defensora reclamó conocer los detalles de los trámites de las quejas, de los que le dimos traslado. Por su parte, dos diputados del Parlamento de Galicia, al amparo de lo previsto en el art. 14.2 de la Ley 6/1984, del Valedor do Pobo, relativo a las iniciativas de los diputados ante él, promovieron también queja por el mismo motivo y reclamaron información sobre las actuaciones llevadas a cabo. Además, recibimos una iniciativa de la empresa promotora de la explotación, que fue respondida con el rechazo de sus pretensiones. En 2012 comenzamos a recibir quejas sobre este asunto y como valoración provisional indicamos en el informe correspondiente a esa anualidad (página 200) lo siguiente: "Este año se recibió un considerable número de quejas en contra de la posible instalación de una mina en Corcoesto, en Cabana de Bergantiños (Q/889, 896, 897, 898, 899, 2026, 2311, 2389 y 2767/12). Se referían a diferentes aspectos, como la deficiente evaluación de impacto ambiental de la actividad, sobre todo en lo relativo a las consecuencias sociales de la mina en un entorno humanizado, y a la evaluación arqueológica, ambas cuestiones pendientes de aclaración, puesto que los informes enviados hasta ahora no justificaron lo actuado. También se alegaba contaminación y mala gestión de los residuos, lo que fue contradicho por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, y está pendiente de aclaración definitiva”. El trámite de estas quejas continuó, se formuló una recomendación a la Consellería de Economía e Industria por las deficiencias en la evaluación de los elementos del patrimonio cultural (ver resolución nº 2 de esta área), que fue aceptada, y se recibieron muchas más, como señalamos. La investigación de los expedientes propició la llegada de una ingente cantidad de documentación técnica procedente del ámbito científico. Requerimos información en diferentes ocasiones a las Consellerías de Economía e Industria, de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, y de Sanidade, que nos remitieron sus informes. Una vez analizados se dedujo que algunos aspectos no habían sido aclarados convenientemente, por lo que requerimos nuevos informes a los mismos órganos. También se encargó un dictamen a un equipo del Departamento de Ingeniería Química de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidade de Santiago de Compostela, con el fin de aclarar algún aspecto técnico de diferentes cuestiones que eran interpretadas de forma muy distinta por cada una de las partes, en especial el relativo a la posible contaminación del agua de la zona por arsénico. Además, se tuvieron en cuenta diversos artículos científicos, como el firmado por los investigadores Marta Costas, Ricardo Prego, Ana V. Filgueiras y Carlos Bendicho, del Dept. de Química Analítica y Alimentaria de la Universidade de Vigo y del Centro Superior de Investigaciones Científicas; el realizado por profesores e investigadores de la Universidade de Santiago de Compostela que trata este tema; un tercer documento aclaratorio de la polémica técnica firmado por los autores del segundo artículo; y un informe del Centro Superior de Investigaciones Científicas, encargado por la Defensora del Pueblo. Finalmente se utilizaron diversos materiales relacionados con los objetos de las quejas, entre ellos informes encargados por los interesados, por organizaciones ambientales y por la propia empresa promotora. Una vez analizados los informes de las consellerías hicimos una primera evaluación y les indicamos que algunos aspectos no parecían adecuados, por lo que insistimos en la necesidad de aclararlos o corregidos. Así pues, nuestra posición respecto de esos aspectos resultó crítica, al no compartir la posición transmitida por la administración o entender que no se justificaba lo actuado. Se hizo una primera valoración crítica del tratamiento de las repercusiones sociales y económicas del proyecto; de la falta de notificación a los afectados del período de información pública; de la contaminación del agua en la zona; y del tratamiento de la zona como ambientalmente protegida. Por su parte, el contraste de las diferentes interpretaciones de los artículos científicos sobre la presencia de arsénico en la zona trató de hacerse mediante análisis propio, con el apoyo de un informe encargado. Cuando tuvimos los informes complementarios y los aportados por diferentes fuentes, como la propia promotora del proyecto o las organizaciones ambientales, trasladamos a la administración el criterio de que se observaron determinadas actuaciones aparentemente no adecuadas en el proceso. A través de manifestaciones en sede parlamentaria conocimos que la administración finalmente rechazó el proyecto, por lo que ya no resultaba preciso formalizar las actuaciones que se podrían deducir. Lo que conocimos en las quejas era un trámite global en el que existían diferentes actos de trámite de las dos consellerías que actuaban, el órgano sustantivo (Consellería de Economía e Industria) y el ambiental (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas); y dado el rechazo global del proyecto, éste tiene como consecuencia que decaigan todos los actos de trámite del mismo, entre ellos la evaluación ambiental. No resulta aplicable lo previsto para la posible caducidad de las declaraciones, puesto que la pervivencia durante un plazo se prevé para los casos en que se dio la autorización o aprobación del proyecto y no haya comenzado a ejecutarse (art. 14 del Real Decreto Legislativo 1/2008). La valoración realizada se puede dividir en los apartados que citamos. -Presencia de arsénico en la zona: Los reclamantes, entre los que se encuentran organizaciones contrarias al proyecto, manifiestan que de los artículos científicos firmados por los investigadores del Departamento de Química Analítica y Alimentaria de la Universidade de Vigo y del CSIC, y por profesores e investigadores de la Universidade de Santiago de Compostela, se colige que la zona presenta altas concentraciones de arsénico y que esa circunstancia está relacionada con las actividades mineras, de lo que resulta un argumento en contra de volver a la actividad minera en la zona, puesto que se produciría una mayor movilización del arsénico presente en la naturaleza del lugar. Del examen de los primeros informes aportados por la administración autonómica se dedujo que la interpretación respecto del contenido de los artículos en tela de juicio era discrepante. La Xunta interpretaba que de los estudios científicos invocados debía deducirse que la zona de Corcoesto presenta de forma natural arsénico en concentraciones variables y que no existen evidencias de que dichos niveles sean consecuencia de la actividad humana. Cuando la posición de la administración se hizo pública algunos afectados y entidades reafirmaron su interpretación contraria a la que hizo la consellería respecto de los estudios científicos, como sucedió con la Sociedade Galega de Historia Natural, que también promovió una queja. Al margen del examen directo de las diferentes fuentes en tela de juicio, dado el carácter eminentemente técnico de la controversia formulada por nuestra parte se requirió el informe del equipo de la Universidade de Santiago de Compostela al que nos hemos referido. En él se indica que los artículos ponen de manifiesto una elevada concentración de arsénico y que todos los autores coinciden en que los altos niveles de arsénico de la zona tienen un origen natural. Esto, que confirma la posición de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, debe matizarse, puesto que ese origen natural no contradice que la actividad minera anterior no haya aumentado los niveles sobre todo en la zona de los sedimentos del río Anllóns, como indican los estudios. La explotación favorece su aportación al medio debido a diferentes circunstancias que se detallan (modificación del suelo, fraccionamiento, movimientos del material, aumento de la aireación ...), lo que hace aumentar la biodisponibilidad del arsénico. Por tanto, si bien se confirma lo expuesto por la administración autonómica respecto del evidente origen natural del elemento, la manipulación de los procesos minero y productivo influye en el aumento de la disponibilidad o movilización del arsénico. En un sentido parecido se pronuncia el artículo aclaratorio de los autores de la segunda de las publicaciones que eran objeto de discrepancias técnicas; la aclaración señala: “¿Es el arsénico presente en los suelos de Corcoesto y los sedimentos fluviales del Anllóns de origen geológico o natural? Sí, sin duda. ... pero esto no significa que no sea un problema o que sea inocuo. (...) si este arsénico se moviliza. (...) Esta movilidad aumenta drásticamente cuando las condiciones ambientales se modifican: cambios en el pH ... Aunque el arsénico presente exhiba poca movilidad, la gran cantidad de material que sería almacenado podría traducirse en que la cantidad neta de arsénico movilizado, y por consiguiente los aportes netos de arsénico a los cursos de agua naturales, sería muy alta. (...) “¿Las pasadas actividades mineras en la zona causaron una movilización del arsénico? Sí. Los estudios de perfiles de sedimentos ... y de datación realizados en el río Anllóns ... sugieren que las actividades mineras del pasado promovieron una movilización de arsénico, basándose en los enriquecimientos de arsénico observados en sedimentos correspondientes al período de actividad minera”. Después de señalar que el arsénico es de origen natural, coincidiendo con lo aportado por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, destaca también que “la intervención humana ha exacerbado la contaminación por arsénico. (...) la minería de oro se ha asociado frecuentemente a la contaminación por arsénico y son numerosos los casos a nivel global, incluyendo los denominados países desarrollados, entre ellos Australia, Estados Unidos, Canadá y España, donde las explotaciones de extracción de oro han causado una liberación y redistribución de arsénico al medio ambiente (...)”. Así pues, siendo acertada -y concordante con los estudios- la afirmación de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de que el origen del arsénico es natural, no obstante debe también afirmarse que la actividad minera y los procesos de explotación no resultan neutros a estos efectos, sino que aumentan los niveles disponibles. El informe del Centro Superior de Investigaciones Científicas coincide básicamente con lo expuesto hasta ahora; señala que el origen es natural y también que “las mayores concentraciones de As-D se midieron en el área de Corcoesto” y que “se han señalado recientemente concentraciones de As-D mayores en algunos manantiales y aguas subterráneas”. Es cierto que las circunstancias de la anterior explotación y sus posibles consecuencias ambientales no tienen porqué coincidir con las de la explotación que se pretendía. Con todo, resultaba un deber derivado del principio de prevención que, antes de una eventual aprobación -lo que ahora se descarta-, se deben determinar con exactitud las posibles relaciones de causa y efecto entre las concentraciones de arsénico y la anterior explotación. -La evaluación del complejo, la utilización de cianuro y sus riesgos: El análisis de los aspectos ambientales pareció poner el acento en el proceso específicamente minero, cuando lo que se analizaba en realidad era un proceso más complejo. Los aspectos ambientales del proceso productivo parecen más relevantes que los del proceso minero por su impacto y su permanencia en el tiempo en forma de residuos. El impacto más significativo del proceso se deriva de la utilización del cianuro y de la permanencia de las balsas de los residuos; el riesgo de la permanencia se pone de relieve con los accidentes de este tipo de industria. Junto con los riesgos asociados a la extracción a cielo abierto, el principal peligro de la fase productiva del proyecto es la utilización de cianuro. Al respecto se pronunció el Parlamento Europeo, que aprobó una resolución (05-05-2010) sobre la prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea. Aprobó que el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea, establecidos en la directiva de aguas, esto es, conseguir su buen estado químico y proteger los recursos hídricos y la diversidad biológica, sólo puede lograrse mediante una prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro; pide a la Comisión Europea que proponga la prohibición completa del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea antes de finales de 2011, puesto que es la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación por cianuro procedente de las actividades mineras, y que, al mismo tiempo, proceda a una evaluación de impacto común; ...; pide a la comisión y a los estados miembros que no presten apoyo, de forma directa o indirecta, a ningún proyecto minero en la unión en que se empleen tecnologías mineras a base de cianuro, hasta que sea aplicable la prohibición general, ni respalden proyectos de esas características en terceros países; ...; pide a la comisión que proponga una modificación de la legislación vigente sobre la gestión de los residuos de las industrias extractivas, con el objeto de exigir que todas las empresas explotadoras estén obligadas a disponer de un seguro para las indemnizaciones por daños y para cubrir todos los gastos de las medidas de reparación destinadas a restaurar el estado ecológico y químico original en caso de accidente por funcionamiento defectuoso. Posteriormente la Comisión Europea no aceptó esa iniciativa política del Parlamento Europeo y por tanto no concretó las medidas reclamadas; no obstante, a la hora de evaluar las quejas recibidas tuvimos muy presente la resolución, dada la naturaleza parlamentaria de esta institución. Sería conveniente que se examine y resuelva sobre la propuesta, la prohibición del cianuro. -La evaluación ambiental y la autorización ambiental integrada: De resultar aprobado el proyecto, al promotor le quedaría como trámite previo la Autorización Ambiental Integrada, que debería solicitar de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas y en el curso de la cual deberían concretarse determinados aspectos del proceso productivo. No obstante, al margen de la legalidad de la forma de proceder que tratamos (primero evaluación ambiental y después autorización integrada), nos pareció más adecuado un trámite simultáneo, en el que la evaluación se incluyera como trámite de la Autorización Ambiental Integrada. De lo contrario el órgano ambiental podría verse condicionado por lo ya resuelto sin contar con todos los elementos de juicio, por haber hecho la evaluación con un tratamiento insuficiente y desligado de la autorización integrada. La solución apuntada, esto es, el tratamiento conjunto, es la adoptada por alguna normativa autonómica y la más coherente con la normativa nacional, sin perjuicio de reconocer que resulta ciertamente confusa. Así se manifiesta la mejor doctrina que analiza este problema, por ejemplo, el Prof. Rosa Moreno (AAI y EIA: un enfoque integrado, 2003). La tramitación simultánea es la práctica más adecuada, tal y como se puso de relieve en el caso que examinamos. -Contaminación de las aguas de la zona: Relacionado con la presencia de arsénico está el reconocimiento de que las aguas subterráneas de algunos terrenos de la zona se encuentran afectadas por altas cantidades de dicho elemento. En varios los niveles son significativamente superiores a los permitidos. Para el tratamiento del problema sanitario detectado -las aguas en tela de juicio se usan para consumo humano, del ganado y para riego- la Consellería de Sanidade se dirigió al Concello de Cabana de Bergantiños para que adoptara las medidas previstas en el Real Decreto 140/2003, informara a los usuarios de que no deben consumir el agua y recomendara que sólo sea empleada para aseo o limpieza. Esta consellería respondió diligentemente a la petición de aclaraciones de los aspectos citados. Señaló que su control se limita a los puntos de abastecimiento con vigilancia sanitaria y que las respuestas a los aspectos tratados deberían aportarlas otros órganos. Señaló que “se instó a los Concellos de Coristanco, Cabana de Bergantiños y Ponteceso a que identificaran los abastecimientos de agua de consumo humano de la parroquia de Corcoesto y las parroquias adyacentes que estén incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto y, por último, se les instó a estos 3 ayuntamientos a que informen a la población, en general, del riesgo que puede suponer el consumo de agua de sus pozos privados sin analizar, y que recomienden que se realice como mínimo un análisis de control de arsénico de los manantiales. La Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, a través de la Xefatura Territorial de Sanidad de A Coruña, está realizando el seguimiento de todas las actuaciones aplicadas por dichos ayuntamientos”. Incluso de no conocerse la relación causa-efecto entre la actividad minera y la contaminación, el hecho indiciario de su coincidencia debería obligar a hacer efectivo el principio de precaución para el caso de continuar la tramitación -cosa que, como vemos, no sucede-, de tal forma que se estudie adecuadamente lo sucedido y se asegure que se adoptan medidas adecuadas, lo que no se aclaró. -Explotación minera a cielo abierto: La extracción del mineral se realiza mediante la apertura de bancos a distintos niveles y voladuras. Por tanto, el medio elegido era agresivo respecto del paisaje y de otros factores. -La afectación a zona ambientalmente protegida: La afectación, aunque sea indirecta o posible, de zonas ambientalmente protegidas (en este caso Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección de las Aves) debería ser objeto de evaluación específica; debería constar de forma expresa que se acredita el plus de protección que requiere la circunstancia. -Falta de tratamiento adecuado de las consecuencias del proyecto en los sectores económicos de la zona: Un importante número de afectados alegó que no se había dado un adecuado análisis de las repercusiones del proyecto en la realidad socioeconómica y de la población, en especial en lo que se refiere a las afecciones que sufrirán las explotaciones y la industria maderera y ganadera. Confirmando lo anterior, no se apreció un análisis detallado de este importante aspecto; en el estudio sólo se destacaban los evidentes aspectos positivos, fundamentalmente en materia de empleo, pero no los potenciales perjuicios sociales. Se aportaron informaciones técnicas de los afectados, pero en el tratamiento de las alegaciones no se hace una valoración de la incidencia socioeconómica que fue puesta de relieve o alegada. Es lógico que los afectados reclamen el análisis de esos efectos y el pronunciamiento de la administración al respeto, incluido un análisis comparativo beneficios/costes. Tal propuesta tiene respaldo legal en el art. 1.3 del Real Decreto Legislativo 1/2008, que señala que “la evaluación del impacto ambiental identificará, describirá y evaluará de forma apropiada ... los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre los siguientes factores: a) el ser humano ... d) la interacción entre los factores mencionados anteriormente”. Por tanto, para el caso de que el proyecto prosperara, algo ahora descartado, debería haberse valorado la incidencia en las personas afectadas, no sólo en los aspectos sanitarios o estrictamente ambientales, sino en cualquiera de los órdenes de su vida, entre los que se encuentran de forma destacada el social y el económico, que resultan inseparables de los demás, como se desprende del texto legal citado. -La falta de notificación a los afectados: Los reclamantes señalan que las administraciones públicas deberían haber asegurado la participación real y efectiva de las personas interesadas en el procedimiento que tratamos, lo que incluiría el aviso individual del trámite del proyecto. El art. 9.3 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de Evaluación de Impacto Ambiental, señala que “el órgano sustantivo informará a las personas interesadas ... del derecho a participar en el correspondiente procedimiento y del momento en el que pueden ejercitar tal derecho. La notificación indicará la autoridad competente a que se deben remitir las observaciones y alegaciones en las que se concrete tal participación y el plazo en el que deberán ser remitidas. Dicho plazo no será inferior a 30 días”. Los informes aportados por la administración no aclararon que se hubieran dado esas notificaciones individuales a los afectados; de eso debe deducirse que implícitamente se confirma lo indicado en las quejas. Debe tenerse en cuenta que el análisis ambiental hecho y sobre todo su resultado tiene un carácter discrecional, por lo que el margen de la administración es amplio; precisamente por esa razón es imprescindible su sometimiento estricto a condiciones procedimentales que respondan a las garantías de los potenciales afectados y del público en general. -La protección del patrimonio cultural: A través de una queja (Q/2122/12) se confirmó que el estudio arqueológico aportado por la empresa era antiguo, por lo que esta se comprometió a aportar uno complementario y a atender las posibles instrucciones de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Lo indicado no se correspondía con lo legalmente previsto (art. 7 del Real Decreto Legislativo 1/2008), que obliga a que los estudios de impacto incluyan la “... evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre ... los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico artístico y el arqueológico”. Los estudios posteriores no subsanan el defecto que supone la carencia del estudio de impacto, que salió a información pública sin incluir una parte preceptiva de forma adecuada. Por esa razón formulamos una recomendación para que se exigiera que los estudios tengan el contenido legalmente establecido, de tal forma que cuando salga la información pública se encuentren completos; y que para tratar los efectos del estudio incompleto conocido en la queja, se evalúen las consecuencias jurídicas de lo tratado. La necesidad de dar cuenta de la efectividad de lo recomendado decayó por el rechazo global del proyecto. -Otros aspectos relevantes: Según algunas quejas, la empresa promotora remitió a los propietarios de los montes una carta certificada donde les habla de la expropiación forzosa de los montes. En ella la empresa alude expresamente al proceso expropiatorio. Las quejas refieren que la consellería permite esta mala práctica por parte de estas empresas sabiendo que a día de hoy aún no cuentan con la autorización de la Xunta. En relación a esta actuación de la empresa en la negociación para la adquisición de tierras mediante el aviso o la amenaza de la expropiación, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas señala que tal circunstancia “no forma parte del trámite de evaluación ambiental del proyecto”. Ese tipo de actuaciones previas resultan frecuentes por parte de empresas que actúan amparadas a los efectos que tratamos por sistemas o declaraciones que permiten la posible expropiación de los bienes afectados, aunque es evidente que resultan reprochables en el mismo sentido que indican las quejas, puesto que el proyecto no había sido autorizado cuando la empresa se dirigió a los propietarios. Un aspecto no aclarado es la base del procedimiento que conocemos: las concesiones mineras que la empresa cita como vigentes en su estudio. Las fechas de las mismas resultan llamativas (1912 y 1926), por lo que, en el caso de aprobación -lo que finalmente no sucede- resultaría preciso aclarar la situación de las mismas, aparentemente afectadas por circunstancias de caducidad. Además, un importante número de quejas reclaman la declaración de bien de interés cultural de determinados lugares de la zona. Las solicitudes se encuentran en curso y, dado el rechazo del proyecto, esta circunstancia ya no resulta relevante. Como conclusión, las personas que promovieron las quejas estaban demandando la preservación de unos intereses especialmente protegidos en la Constitución Española, que ampara el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y a la protección y mejora de la calidad de vida (art. 45). A la vista de las numerosas fuentes de información recabadas hicimos las anteriores valoraciones y las dirigimos a los órganos de la administración competentes en el procedimiento, fundamentalmente las Consellerías de Economía e Industria y de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. En el procedimiento la primera participó como órgano sustantivo, esto es, como el que decide finalmente, y la segunda como órgano ambiental, que decide respecto del acto de trámite incardinado en el procedimiento global, la evaluación ambiental. Fueron muchas las actuaciones llevadas a cabo para la defensa del interés general. Dado que finalmente el proyecto fue rechazado por el órgano decisorio, ya no resulta preciso formular resolución formal, sin perjuicio de que quede constancia de las valoraciones hechas y de que se les dio el curso adecuado, siendo el resultado final que el proyecto decayera. Otro proyecto minero que generó contestación fue el de una posible explotación en Xinzo de Limia (Q/2712/12). Tras la investigación realizada se denegó la solicitud minera examinada, coincidiendo con el criterio expuesto en la queja. El proyecto no superó la evaluación de impacto ambiental. En la queja Q/13424/13 la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) reclamó contra la concesión de ayudas a la Cámara Oficial Minera de Galicia (153.608,80 €) para el “Anteproyecto del plan sectorial de actividades extractivas de Galicia: análisis, incidencia y diagnóstico del sector minero”. Señala que solicitó información ambiental sobre el proyecto y sobre sus ayudas públicas y no la consiguió. También rechazaba el plan promovido por la Consellería de Economía e Industria y reclamaba que se elaborara uno nuevo teniendo en cuenta criterios ambientales y que no se encarguen este tipo de trabajos a quien tiene un interés parcial en el sector. La respuesta de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas confirmó que se está tramitando la evaluación ambiental estratégica del plan y que ADEGA había presentado alegaciones con el mismo contenido. En la actualidad seguimos con el curso de la queja para conocer las razones por las que se encargó el proyecto de plan a la entidad mencionada y las circunstancias económicas del encargo. En otro caso la misma organización reclamaba a la Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas de la Consellería de Economía e Industria que informara sobre determinados permisos mineros en tramitación en Galicia (Q/34/13). En primer término indicó que esa información no estaba amparada por el derecho reconocido en la Ley 27/2006; sin embargo, le indicamos que la información era de relevancia ambiental y por tanto encajaba en el marco de la norma. Entonces indicó que los interesados deberían consultar los datos en una página web, pero la propia página señalaba que sus datos son meramente informativos (no oficiales) y están sujetos a revisión, por lo que pueden contrastarse en las delegaciones de la consellería. Finalmente se respondió que se proporcionarían los datos reclamados por parte de cada Xefatura Territorial, con lo que se entiende aceptado el criterio transmitido. En otro caso la reclamación de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza hacía referencia a catas mineras en un monte gravemente afectado por incendios en Monterrei y Laza. La empresa buscaba minerales como el tantalio y el wolframio. Los vecinos señalaban a esa organización que las actividades producen daños. Se solicitó información sobre las posibles autorizaciones o las intervenciones de la Xunta, puesto que la ley no permite el cambio de uso en 30 anos (Q/13427/13). Al cierre del informe estamos a la espera de concretar la información y actuaciones de la administración y con ello nuestra valoración y en su caso recomendación. 2. La convocatoria de los órganos de participación La participación ciudadana en materia de medio ambiente es un derecho que se articula, entre otros medios, a través de la participación de las organizaciones sociales en órganos consultivos relacionados con las políticas públicas del sector. La participación social específicamente referida a la protección ambiental la encontramos regulada en diferentes directivas comunitarias y también en la Ley 1/1995, de protección ambiental de Galicia, que enumera entre los principios que la inspiran los de publicidad, participación y transparencia administrativa, que se mencionan en su art. 2.i. El Convenio Aarhus, sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, ratificado por España, señala como objetivo de los estados firmantes la protección del derecho de cada persona, tanto de las generaciones presentes como futuras, a vivir en un medio ambiente adecuado (artículo 1), para lo cual se exige a las partes, entre otras cosas, “la participación del público en la toma de decisiones”. Según señala el preámbulo del convenio, todos los ciudadanos, y las organizaciones no gubernamentales en particular, tienen un importante papel en la protección del medio; pero para poder desempeñarlo y hacer valer el derecho a vivir en un medio ambiente que garantice la salud y el bienestar, se debe establecer como premisa que esos mismos ciudadanos tengan acceso a la información y se encuentren facultados para participar en la toma de decisiones. Además, el respeto a los principios de información y participación permite tomar mejores decisiones, aplicarlas más eficazmente y, en general, ayuda a las autoridades públicas. El programa de acción de la ONU sobre medio ambiente y desarrollo de 1992 propugna la creación de vías de participación de las organizaciones no gubernamentales en la elaboración y ejecución de políticas orientadas al desarrollo sostenible. Sin embargo, en diferentes ocasiones hemos comprobado el incumplimiento de la obligación de realizar las convocatorias legalmente previstas de los órganos de participación social en materia de medio ambiente. Así, en la queja Q/141/12 la asociación ADEGA reclamó por ese incumplimiento en los órganos de los que forma parte en representación de los colectivos ambientalistas gallegos. Se produce en el Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sustentable, que debe reunirse semestralmente (art. 9 del Decreto 74/2006), pero cuya última junta fue el 21-2-12. También en el Observatorio Galego da Biodiversidade, con deber legal de reunirse una vez al año (art. 4 del Decreto 260/2007). La última junta fue el 22-12-10. El Consello da Rede de Parques Naturais de Galicia debe reunirse semestralmente (art. 10 del Decreto 148/2007), pero no hubo ninguna convocatoria desde su constitución. Con las respuestas aportadas por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestrutura se confirmó lo indicado en la queja, puesto que ni se daba cuenta de las convocatorias periódicas de los distintos órganos ni se señalaba cuando estaba previsto convocarlos, salvo en el caso del Observatorio Gallego de la Biodiversidad. Esas circunstancias resultaban llamativas si tenemos presente que esta institución ya tuvo ocasión de conocer y confirmar quejas por motivos similares y de formular recomendaciones aceptadas. Las quejas Q/403/2000 y Q/505/2005 se referían a la junta de gobierno del organismo autónomo Augas de Galicia, con recomendación para que se corrigiera la situación, como consta en nuestro informe del 2005. Otras se referían a la ausencia de convocatoria de otros órganos de participación social incardinados en la consellería, como el anterior Consello Galego de Medio Ambiente (Q/991/2002) o el Observatorio Galego de Educación Ambiental (Q/1105/03); los expedientes también finalizaron con recomendaciones. Por lo señalado formulamos una nueva recomendación a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas con el siguiente contenido: Que se dé estricto cumplimiento a las previsiones de la normativa relativa a las convocatorias periódicas de todos los órganos administrativos a través de los que se produce la participación social en la gestión de los asuntos públicos en materia de medio ambiente. La consellería aceptó plenamente lo recomendado y se comprometió a darle cumplimiento, a lo que permanecemos atentos para confirmar la efectividad de lo recomendado. 3. El ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental El cumplimiento de las obligaciones que conciernen a la administración en materia de información ambiental resulta fundamental para la protección del medio y en general del interés público. La Ley 27/2006, de los Derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, es transposición de las directivas comunitarias que dan efectividad al Convenio de Aarhus. A través de las quejas comprobamos que son comunes las denegaciones infundadas o los retrasos a la hora de responder a las solicitudes de información ambiental en poder de la administración; no suelen respetarse los plazos establecidos por dicha ley, que prevé una rápida respuesta y entrega; debe responderse en un mes, facilitarse en el formato solicitado o más adecuado, sobre todo en versión informática, y no es preciso demostrar un interés específico. Pero las entregas se retardan u obstaculizan mediante exigencias inadecuadas. Por eso, debe mejorarse la agilidad en la respuesta y la entrega. Tampoco parece adecuado pedir aclaraciones sin que al tiempo se proporcione información sobre los aspectos más claros de la petición, solicitar el pago de cantidades no previstas (las entregas telemáticas deben ser gratuitas, como también las fotocopias de menos de 20 páginas), o justificar la falta de respuesta o la demora desproporcionada en la falta de medios, puesto que la información se debería encontrar en formatos que permitan su fácil gestión, manejo y entrega. Como es habitual, este año también tuvimos que enfrentar un buen número de demoras en las respuestas que las administraciones deben proporcionar a las solicitudes de información en materia de medio ambiente. En casi todas las quejas, la mayoría promovidas por la Asociación de Defensa Ambiental de Galiza (ADEGA), los retrasos se confirmaron, pero también se logró que la información se diera finalmente, aunque con la demora apuntada. Como ejemplo de queja por falta de respuesta en plazo se cuenta la que ADEGA nos trasladó sobre su solicitud para conocer las circunstancias de unas catas mineras en Xinzo de Limia (Q/5086/13), ya citada en el primer apartado. Se confirmó que no se había dado la respuesta, aunque sí se dio después por medio del informe requerido con motivo de la queja, algo que resulta habitual. No obstante, lo que conocimos con la queja (en esta y en la práctica totalidad) puso de relieve el retraso y que después de la queja no se suele dar una comunicación directa de la información, a pesar de que resulta una obligación. Dado que la información se proporciona de forma indirecta, a través del informe que se nos remite, solemos indicar a las organizaciones reclamantes que tienen derecho a recibir una comunicación directa y que si la precisan para formular alegaciones o recursos, entonces la reclamaremos de forma urgente. En otras solicitudes de información ambiental apreciamos las mismas circunstancias (retraso, falta de comunicación directa ...), aunque conseguimos la rectificación que tratamos. Sucedió, por ejemplo, en las quejas Q/100/13, Q/109/13, Q/155/13, Q/160/13, Q/422/13, Q/423/13, Q/424/13, etc. En ocasiones las quejas se refieren a denuncias que reclaman una respuesta que no se ha producido. En estos casos reclamamos a la administración que dé la preceptiva respuesta al denunciante, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1398/1993, de la Potestad sancionadora, y que además informe del curso del expediente en los casos en los que a la condición de denunciante se sume la de interesado, algo que debe interpretarse con generosidad cuando se trata de denuncias interpuestas por organizaciones de defensa del medio ambiente. 4. La reforma de la ley de caza y la protección de los menores Por lo que se refiere a las normas reguladoras de la caza, actuamos para que, de acuerdo con una reclamación recibida (Q/1776/12), no se permita que a partir de los 14 años los menores puedan participar en esa actividad. Sugerimos a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que se mantuviera el límite de edad actualmente establecido en la legislación gallega sobre caza, que consideramos concordante con los criterios inspiradores de la legislación comunitaria, que habla de menores de 18 años sin señalar límite mínimo de edad y es restrictiva respecto de la adquisición y tenencia de armas de fuego por los menores. La consellería aceptó nuestra argumentación y modificó su anteproyecto de ley, de tal forma que la versión finalmente aprobada en el proyecto elevaba la edad legal para participar en batidas a los 16 años; señaló que era consciente de que debe buscarse un necesario equilibrio entre el ejercicio de la caza y la protección de los menores y que el Gobierno (de la Xunta) dispuso ... la modificación de la edad mínima ... dejando la de dieciséis años actualmente vigente ... recogiendo, en este sentido, la sensibilidad por usted demostrada con ocasión del expediente Q/1776/12. Por su parte, las asociaciones de cazadores reclamaron por otro aspecto de la tramitación de la reforma de la ley de caza (Q/299/13), en concreto por su deseo de que se diera respuesta a sus alegaciones. Después de analizar los argumentos de los promotores de la queja y de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas concluimos que debía responderse a las alegaciones. Los procedimientos de información pública deben ser objeto de respuesta (art. 86.3 de la Ley 30/1992) y esta consulta se refería a la elaboración de una disposición de carácter general relacionada con el medio ambiente (art. 16 de la Ley 27/2006), por lo que al adoptar la decisión deben ser tenidos en cuenta los resultados de la participación pública. Por tanto, al margen de la respuesta sobre los aspectos alegados por cada colectivo o ciudadano, resulta preciso que se informe al público en general de las decisiones y sus motivos, que deben transmitirse o ponerse a disposición del público. La consellería había indicado que las observaciones presentadas en el proceso de información pública habían sido tenidas en cuenta, puesto que la Dirección Xeral de Conservación da Natureza había elaborado un informe sobre su resultado en el que se especifican las alegaciones asumidas, las rechazadas y sus motivos. Pero añadía que la ley no exige la publicación del informe y que de publicarse se podría vulnerar la normativa sobre protección de datos. Por nuestra parte concluimos que se debía haber dado publicidad al informe. Lo previsto en la ley de información ambiental debe considerarse una ampliación de lo previsto para los procedimientos de información pública, por lo que su resultado debe trasladarse al público en general y no sólo a los reclamantes. Además, la objeción respecto de la necesidad de protección de los datos personales de los alegantes no resultaba adecuada, puesto que es perfectamente salvable. La consellería finalmente aceptó los argumentos que le trasladamos y anunció que publicaría el informe de las alegaciones en su web, evitando la identidad de los alegantes que lo fueran a título personal. 5. La necesidad una normativa autonómica contra la contaminación acústica Como adelantamos, en la lucha contra el ruido no ha ayudado la derogación de algunos instrumentos legales útiles; para los locales ruidosos se eliminó la necesidad de la antigua licencia de actividades clasificadas, más adelante llamada en Galicia evaluación de incidencia ambiental, y se derogó la Ley gallega 7/1997, de Protección contra la Contaminación Acústica, la primera de este tipo en España, y con ella también ciertas disposiciones reglamentarias que se habían demostrado adecuadas. La ley gallega sobre contaminación acústica fue derogada por la Ley 12/2011, de medidas fiscales y administrativas, aunque con el anuncio de que se aprobaría una alternativa en el plazo de un año, compromiso legal que aún no ha tenido efectividad. La aplicación con carácter único de la ley estatal del ruido resulta insuficiente sin el complemento de la anterior regulación, puesto que aquella es transposición de una directiva comunitaria que parte de la base de la preexistencia de estándares de protección ahora derogados. Por ello, de nuevo afirmamos la necesidad de que se cumpla el compromiso legal tratado y se promueva y apruebe una normativa que favorezca la garantía de los derechos fundamentales afectados. La existencia de una legislación clara es requisito para garantizar los derechos de los ciudadanos perjudicados por algunas salas de fiestas, discotecas, pubs o actividades similares. Por su parte, las licencias de actividad clasificada de los locales de ocio han sido los instrumentos preventivos más eficaces ante los potenciales perjuicios de los locales ruidosos. El Decreto 133/2008, de la evaluación de incidencia ambiental, excluyó a los locales de ocio de este requisito, con lo que ha rebajado el nivel de protección de los potenciales afectados. Ello sucedió a pesar de que la exclusión era ilegal, por contradecir la entonces vigente ley gallega de protección contra la contaminación acústica, tal y como pusimos de relieve en anteriores informes. Su legalidad sigue siendo dudosa, puesto que permanece la ley gallega de protección ambiental, que contiene definiciones de las actividades que precisan esa evaluación que no permiten excluir locales como los pubs o las discotecas, que sin duda encajan en esas definiciones, por ejemplo las de las actividades molestas o insalubres, idénticas a las que contenía el anterior reglamento de actividades clasificadas (RAMINP) y que hacían necesaria la evaluación de esos establecimientos. Una de las medidas que deberían poder aplicar los ayuntamientos para luchar contra los graves perjuicios de las zonas saturadas por contaminación acústica -algo que trataremos con más detalle- es la disminución de horarios en ellas. Sin embargo, con razón señalan que no pueden por razones legales. Sería conveniente que se estableciera un horario de cierre más restrictivo para los locales ubicados en ellas, como se hace ya en algún lugar o imponen algunas sentencias, o al menos que se habilitara a los ayuntamientos para que reduzcan los horarios en esas zonas. Se trataría de una medida paliativa de los prejuicios que sufren los vecinos y de estímulo para la autolimitación de las actividades. Durante la vigencia de las zonas saturadas se ha puesto de manifiesto que no resulta eficaz lo que se viene haciendo comúnmente, la prohibición de nuevas licencias. Por ello reclamamos que para dar una mayor protección al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio (art. 18. 1 y 2 de la Constitución) y a otros derechos constitucionales (arts. 43 y 45 de la Constitución) se examine la posibilidad de modificar la orden reguladora de los horarios de los locales de ocio con el fin apuntado (queja de oficio Q/251/13). La Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza respondió positivamente e indicó que en la actualidad se tramita un posible ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia, en fase de borrador; y respecto de la posibilidad de reducir los horarios en las zonas saturadas o contaminadas por ruidos o permitir que lo hagan los ayuntamientos, se indica que la norma permitirá realizar ampliaciones o reducciones del marco general de horarios con carácter excepcional y por determinados motivos, con lo que en principio debe concluirse que se atendió el criterio expresado por nuestra parte. Así, esperamos que en el plazo más breve posible se habilite esa posibilidad y comience a aplicarse, lo que será positivo para el control de la contaminación acústica precisamente donde resulta más difícil. En materia de horarios también es muy necesario que se eleven las posibles sanciones, puesto que apenas tienen carácter disuasorio, y que se establezca la posibilidad de que la reincidencia se tenga en cuenta en mayor medida, puesto que la citada falta de carácter disuasorio y la escasa aplicación de esa agravación por reincidencia hacen que las sanciones de este tipo apenas solventen los graves problemas que padecen los vecinos. Una gran parte de las quejas por ruidos resaltan que no sólo los sufren, sino que además lo hacen más allá del horario permitido, con lo que su perjuicio se prolonga de forma interminable. Los ruidos y el desconocimiento de la hora a la que acabarán crea una razonable angustia en las personas que sufren esta situación, que se convierte en algo verdaderamente difícil de soportar a largo plazo. También comprobamos que muchos ayuntamientos no comprueban los horarios alegando que eso es competencia de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que no tienen policía local, o no la tienen de noche, o que lo hace la Guardia Civil, cosa no del todo cierta, como hemos comprobado, puesto que los agentes de ese cuerpo no tienen expresamente atribuida esa función, con lo que se denuncia en ocasiones y en otras no, o sólo se acude para restituir el orden inmediato, sin denuncia administrativa que disuada al responsable de seguir comportándose de esa manera. Por ello resulta necesario clarificar la función de comprobar los horarios para que en ningún caso resulte un vacío en su control, como sucede en ocasiones, tal y como comprobamos. 6. La necesidad de que los ayuntamientos comprueben los niveles de ruido cuando se denuncian Como adelantamos, se aprecia que han aumentado los ayuntamientos que informan de que no hacen mediciones de ruidos, alegando que no cuentan con medios humanos y/o técnicos, o que sus policías locales no están preparados para inspeccionar la transmisión de ruido o medir sus niveles. Algunos señalan que cualquier intervención de este tipo es cara y que en tiempo de crisis no consideran adecuado dedicarle recursos. Ven en la crisis una disculpa para no hacer frente a su obligación legal. Sin embargo, tal alegación no resulta justificativa de la abstención en el cumplimiento de un deber, sobre todo teniendo en cuenta que ningún ayuntamiento de los que argumentan de esa forma ha llegado a justificar que dedique todo su presupuesto a gastos preceptivos en términos legales y nada a gastos no preceptivos. Dado que atender la obligación legal a la que nos referimos es prioritario respecto de cualquier gasto no obligado, la pretendida justificación no parece atendible, y así se lo señalamos a algún ente local. En más de una ocasión se corrigió la forma de actuar citada. Resulta una imperiosa necesidad que los ayuntamientos cumplan con sus funciones de supervisión de los locales y que realicen mediciones en cuanto reciban las llamadas o denuncias. La licencia les obliga a una constante vigilancia de los establecimientos; con su otorgamiento se abre una relación permanente entre la administración y su titular, que se concreta en la continuada labor de vigilancia de la administración para que la actividad no resulte perjudicial. En ningún caso puede disculparse la falta de control de los locales que se han autorizado. Lo más llamativo es que las respuestas y otras informaciones que nos dan cuenta de la falta de mediciones no sólo llegan de ayuntamientos con escasos recursos, como los de las pequeñas localidades, sino también de ciudades como Santiago de Compostela o Pontevedra. La falta de medición y por tanto de actuación eficaz contra los locales ruidosos viene acompañada de razonables quejas por los graves perjuicios de las víctimas. Por ello, es necesario solucionar esta carencia cuanto antes. En Santiago de Compostela conocemos problemas en este sentido desde hace tiempo. Se nos informó de un contrato que abordaría esta cuestión, pero al parecer no está resultando eficaz, cosa previsible. Es evidente que en las ciudades deben ser los agentes de la policía local los que realicen esta labor, como sucede ordinariamente en todas. Ya el pasado año le habíamos formulado una recomendación a su ayuntamiento por los perjuicios ocasionados por un local y por la falta de comprobación de los ruidos transmitidos. Recomendamos la realización de las mediciones precisas para comprobar adecuadamente y corregir los ruidos transmitidos a las viviendas. Respondió aceptándola y se comprometió a iniciar los trámites pertinentes para corregir los problemas que el local pueda causar mediante la inspección de los usos permitidos por la licencia y con cambios en el ayuntamiento que permitan realizar las mediciones de ruidos que se necesiten. Sin embargo, en esa y en otras ocasiones conocimos que las mediciones se hacen contadas veces y de forma poco adecuada o eficaz para comprobar y comenzar a solucionar los problemas que se denuncian. En el caso de Pontevedra se nos indicó (Q/2104/11) que el problema era que los policías locales no tenían suficientes conocimientos para realizar esa labor; sin embargo, tal cosa se había indicado ya hacía tiempo y en cualquier caso era responsabilidad del propio ayuntamiento solventarla cuanto antes. Localidades más pequeñas también se han visto afectadas por la falta de mediciones, a lo que en ocasiones se suman aparentes desajustes en el funcionamiento del local respecto de lo autorizado en su licencia. Es lo que comprobamos en Ribeira (Q/2054/12), a cuyo ayuntamiento le recomendamos que si después de aclarar el aparente desajuste de la actividad del local aún persistían las molestias, entonces cumpla su deber de comprobar el nivel de ruido transmitido a las viviendas afectadas y adopte las medidas correspondientes (ver resolución nº 1 de esta área), lo que aceptó, al tiempo que dio cuenta de la efectividad de lo recomendado, por lo que en principio dimos por solventado el problema por el que se reclamaba. En parecidos términos formulamos la recomendación que dirigimos al Concello de Fene (Q/2324/12; ver resolución nº 11 de esta área). Añadimos que las mediciones se debían hacer en el preciso momento de la llamada, cuando el local está perjudicando con niveles inadecuados de ruido, cometiendo una infracción administrativa, y que se evite la presencia de personas consumiendo o molestando a las puertas del local y el funcionamiento con las puertas cerradas después de sobrepasado el tiempo de obligado desalojo. Aceptó lo recomendado y nos dio cuenta de su actividad para cumplirlo, con lo que en principio consideramos que se puso solución al problema. También resultó adecuada la actuación del Concello de Sanxenxo en relación con cuatro locales de Portonovo (Q/1810/12, Q/1979/12, Q/2009/12 y Q/2140/12); habíamos recomendado que se corrigiera el desajuste de algunas licencias y que se midiera el ruido transmitido. Se aceptó y se dio cuenta del cierre de los cuatro establecimientos. Por falta de comprobación adecuada del nivel de ruido transmitido formulamos recomendaciones, por ejemplo, al Concello da Pobra do Caramiñal, al que indicamos que debía realizar las mediciones requeridas por los afectados mediante llamada de denuncia, hacerlo en el preciso momento en que se da la denuncia, y sancionar las infracciones que se detecten (Q/2156/12 y Q/692/12; ver resolución nº 6 de esta área). Aceptó la recomendación y tuvo efectividad. Nos vimos obligados a recomendar algo similar al Concello de Xinzo de Limia; debía hacer las mediciones cuantas veces se reclamaran por los afectados mediante llamadas a la policía local y en condiciones adecuadas (Q/13399/13; resolución nº 10 de esta área). Al cierre del informe esperamos una respuesta definitiva y el anuncio de la solución. Por circunstancias similares formulamos una recomendación al Concello de Gondomar (Q/341/12; ver resolución nº 4 de esta área), en concreto para que adopte las medidas necesarias para cumplir de forma estricta su función legal de control de los ruidos y compruebe y en su caso evite el ruido mediante las mediciones cuantas veces sean requeridas por los afectados mediante llamada de denuncia; que se hagan en el preciso momento en que se da esa denuncia; que se sancionen las infracciones que se detecten; y que se comprueben los incumplimientos de horario. En este caso la solución aplicada por el ente local no fue tan positiva como en los casos precedentes, puesto que después de casi un año no se conoce la efectividad de la recomendación o la solución del problema. Después de insistir por nuestra parte en la necesidad de actuar en el sentido indicado el ayuntamiento indicó que requería información a los servicios municipales y a la Guardia Civil para conocer las medidas a adoptar. Tampoco tenemos una respuesta adecuada del Concello de Arteixo, al que recomendamos que habilitara los medios técnicos y humanos precisos para realizar las mediciones de ruidos reclamadas por los afectados, que esas mediciones las haga en condiciones adecuadas y cuando los vecinos las solicitan, y cuantas veces se reclamen (Q/111/13; ver resolución nº 9 de esta área). Respondió que no podía realizar esas comprobaciones por no disponer ni de material ni de personal cualificado, con lo que no se daba solución al problema, razón por la que al cierre de este informe insistimos en la necesidad de resolverlo mediante las medidas precisas de autoorganización del ente local para dotarse de los instrumentos que permitan cumplir con sus obligaciones en este terreno. Las situaciones que conocimos en Sarria resultaron peores. La queja Q/1951/11 versaba sobre la falta de actuación adecuada del Concello de Sarria, al que fue necesario formular un recordatorio de deberes legales para que cumpliera su función legal de control de los ruidos de los locales amparados por licencias de funcionamiento del propio ente local, de tal manera que se garanticen los derechos de los afectados; y para que comprobara los niveles de ruido transmitidos a las viviendas de los afectados cuantas veces se requieran a través de llamadas por estar sufriendo en ese momento niveles superiores a los permitidos (ver resolución nº 5 de esta área). No se dio solución al problema y el ente local rechazó el recordatorio de deberes legales de forma implícita -con incumplimiento del deber de responder a la resolución-, razón por la cual destacamos esta circunstancia, de acuerdo con lo previsto en el art. 33 de la ley reguladora del Valedor do Pobo. Como señalamos en algunas recomendaciones de las reseñadas, las mediciones deben hacerse de forma adecuada. En los informes al Parlamento de Galicia indicamos a diferentes ayuntamientos que las comprobaciones de las transmisiones de ruidos a las viviendas deben hacerse en el preciso momento en que tal cosa se denuncia por parte de los afectados, es decir, cuando el local está perjudicando con niveles inadecuados de ruidos, cometiendo con eso una infracción administrativa. Esta comprobación debe hacerse cuando se de la denuncia, puesto que en otro momento carece de sentido o puede tener otro diferente a la comprobación de una infracción, que debe hacerse siempre en tiempo real. Además, tal necesidad -hacer las mediciones cuando avisen los reclamantes- se deduce de la naturaleza de las licencias de los locales, de funcionamiento, lo que obliga a los ayuntamientos a hacer una vigilancia continuada de los establecimientos con licencia de este tipo. 7. La necesidad de corregir los efectos de las zonas saturadas por contaminación acústica La concentración de locales hace que los problemas de ruido sean mayores y de más difícil solución. Los ayuntamientos no suelen resolver estas situaciones y la consecuencia es que los habitantes de esas zonas ven seriamente perjudicados sus derechos. Normalmente sólo se prohíben más licencias, lo que hace que no disminuya el ruido. Centrar la actuación en una mera prohibición de nuevas licencias es claramente inadecuado. Cuando la declaración formal de la zona como contaminada por ruidos se ha dado hace tiempo demandamos del ayuntamiento de que se trate que aclare el grado de eficacia de las medidas aplicadas. Normalmente hay que reclamar más medidas, más vigilancia y recordar que corregir el nivel de contaminación declarado oficialmente no es una opción, sino una obligación. En las zonas con apariencia de encontrase contaminadas por ruidos recomendamos que se examine si se dan las condiciones para que sean declaradas como acústicamente contaminadas y que en caso positivo se adopten las medidas previstas. Así sucedió en Monforte de Lemos. En esta localidad hace tiempo advertimos al ayuntamiento que los problemas de la concentración de la calle Duquesa de Alba no habían tenido solución (Q/2522/11 y Q/2103/12). Al comprobar muchas de las circunstancias de las quejas formulamos al Concello de Monforte de Lemos una recomendación para que adoptara con urgencia las medidas necesarias para cumplir de forma estricta su función legal de control de los ruidos y las condiciones de los locales amparados por licencias de funcionamiento expedidas por el propio ente local, de tal manera que se garanticen los derechos fundamentales de los afectados, especialmente el derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario; que se decida si la zona debía ser declarada acústicamente saturada o contaminada por ruidos, de acuerdo con lo expresado por el propio ayuntamiento, y que se adopten las medidas adecuadas para que se corrija el nivel de ruidos conocido en la zona; que se evite el ruido en la calle como consecuencia de la presencia de muchas personas a altas horas de la madrugada en la zona; que realicen las mediciones de ruidos en viviendas que fueran requeridas por los afectados mediante llamada de denuncia; que se sancionen las infracciones que se detecten; que se comprueben los incumplimientos de horario en el momento que corresponda, sin esperar a uno posterior al señalado como hora de cierre de cada local; y que también con urgencia se determine con precisión y de forma exhaustiva si los locales de la zona cuentan con licencia de funcionamiento y ajustan su forma de funcionar a lo habilitado por cada una. Ya el pasado año señalamos que habíamos entrado en contacto directo con el ayuntamiento y que se había comprometido a solventar el problema. Al cierre de este informe conocemos que se están cumpliendo algunos de los compromisos municipales, puesto que el ente local había hecho diversas mediciones en viviendas, había iniciado expedientes sancionadores a diferentes pubs, les había impuesto sanciones, había denunciado el incumplimiento de su horario e incluso había cerrado uno de los locales infractores. Además, anunciaba que iba a continuar con su labor de control y corrección de las infracciones. En Vigo conocimos que el ayuntamiento sigue actuando para solventar los problemas detectados en las zonas acústicamente saturadas de la ciudad, aunque él mismo reconoce que su actuación continuada no va a significar que dejen de producirse infracciones relacionadas con ruidos en esas zonas. No obstante, insistimos en que es necesario dar continuidad a la labor municipal que disuada a los infractores (Q/1504/10 y Q/5702/13) En Santiago el pasado año habíamos tenido que reclamar del ayuntamiento que se controlara adecuadamente el nivel de contaminación acústica derivada de la saturación de locales en una zona del casco histórico y que en el caso de que no se rebajara el nivel reconocido en la declaración se aplicaran otras medidas para lograr el objetivo de situar los ruidos en niveles acordes con la legalidad (Q/942/12). Este año recibimos la aceptación de lo recomendado. El Concello de Santiago de Compostela se comprometió a controlar los conciertos en locales no habilitados para ofrecerlos y a corregir mediante sanción las infracciones. Al cierre del informe permanecemos atentos al cumplimiento del compromiso municipal. 8. Los locales que no se ajustan al tipo de licencia que tienen A través de las quejas comprobamos que el desajuste entre la actividad real de los locales y lo previsto en sus licencias resulta muy común; es una forma de eludir los estrictos controles preventivos que se realizan mediante las licencias de funcionamiento. Por ello, deben detectarse a través de los actos de comprobación propios del procedimiento de licencia, y, para el caso de detectarse posteriormente, en ese preciso momento deben perseguirse mediante la sanción de la infracción que suponen y evitando de forma inmediata que el fraude continúe. En las zonas saturadas este fenómeno resulta común, pero también se comprueba en locales fuera de aquellas. En la mayoría de los casos estas quejas coinciden en alegar también que no se comprueban adecuadamente los ruidos, por lo que las recomendaciones para corregir ese motivo y el desajuste de las licencias real van unidas. Se dirigieron, como vimos, a los Concellos de Ribeira (Q/2054/12; ver resolución nº 1 de esta área) y Fene (Q/2324/12; ver resolución nº 11 de esta área).Fueron aceptadas y tuvieron efectividad. Por el contrario, en la queja Q/2327/11, promovida contra la actuación del Concello de Sarria, formulamos una resolución para que se actuara adecuadamente en el tratamiento del problema y se corrigiera el aparente funcionamiento irregular de los establecimientos examinados, derivado de su desajuste en relación con lo permitido en las licencias, lo que además traería como consecuencia añadida un fraude en materia de horarios (ver resolución nº 3 de esta área). Como había sucedido con este mismo ayuntamiento en otra queja, también en este caso incumplió su deber legal de aclarar las circunstancias contenidas en la resolución y por tanto la rechazó implícitamente, lo que destacamos como comportamiento reprochable (art. 33 de la ley reguladora del Valedor do Pobo). Este año conocimos quejas por esta causa en Portonovo (Q/1810/12, Q/1979/12, Q/2009/12 y Q/2140/12); se reclamó por la pasividad municipal después de las abundantes denuncias por ruidos provocados por locales que funcionaban como pubs sin serlo. Los informes del Concello de Sanxenxo parecían confirmar los motivos de las quejas, pero sin mencionar una reacción adecuada para corregir los hechos denunciados, que se producían de forma continuada, por lo que indicamos al ente local las actuaciones que considerábamos necesarias. Le formulamos una recomendación que entre otras cosas reclamaba que corrigiera la inadecuada concesión municipal de licencias de cafetería con equipos musicales, que no se admiten para este tipo de locales (según el catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas y la ordenanza de ruidos del Concello de Sanxenxo). El ente local la aceptó e informó de que los cuatro establecimientos denunciados ya estaban cerrados, con lo que en principio entendimos solventados los problemas que generaban, sin perjuicio de que más adelante se hagan precisas nuevas actuaciones. También se detectaron desajustes de licencias en las quejas ya citadas que afectaban a la actividad del Concello de Monforte de Lemos. Como vimos, este ente local reaccionó adecuadamente y en sus últimas respuestas da cuenta de determinadas medidas para solucionar definitivamente este y el resto de los problemas detectados. 9. La contaminación acústica ocasionada por el botellón y el consumo a las puertas de los locales Como expresamos en la introducción y también en otros informes, cada vez apreciamos una mayor concienciación municipal respecto de la necesidad de tratar los perjuicios que producen los botellones. La mayoría de los ayuntamientos con quejas por este motivo han aceptado las diferentes recomendaciones que les formulamos para proteger los derechos de los vecinos, lo que no implica que desaparecieran todos los problemas relacionados con este fenómeno. Sigue habiendo ayuntamientos que lo consienten a pesar de sus perjuicios, a los que recordamos que con esa actitud se perjudican derechos fundamentales. También hemos recordado a los ayuntamientos que en determinados casos se perjudica el interés superior del menor no impidiendo su participación en los botellones. Mediante diferentes resoluciones hemos procurado que se evite el consumo de alcohol por menores en los botellones. En otras ocasiones el ruido en la calle proviene de los clientes de los establecimientos y de la falta de actuación adecuada de sus propietarios y de los ayuntamientos. Lo comprobamos en una queja relativa a un local de Pontevedra (Q/2104/11), que el año pasado había dado lugar a una recomendación para evitar el consumo por los clientes a las puertas del establecimiento y las molestias provocadas por la concentración de personas perturbando al vecindario con ruidos evitables, tal y como se prevé en la ordenanza municipal (ver resolución nº 10 del área de medio ambiente del informe de 2012). Por nuestra parte insistimos ante el ayuntamiento para que se diera cumplimiento a lo recomendado, pero en la última respuesta insistió en que su tesis, que resulta imposible evitar este tipo de molestias, aunque al menos en este caso se comprometió a realizar una consulta a la asesoría jurídica. Le indicamos que su propia ordenanza obliga a evitar estas conductas y que se trata de proteger derechos fundamentales, de aplicación directa, cuyas implicaciones resultan de obligado cumplimiento. 10. Los ruidos desproporcionados ocasionados por algunas fiestas Las fiestas que periódicamente se celebran en todas las localidades producen molestias a los vecinos, por lo que debe procurarse que se minimicen o se limiten en un entorno adecuado y se señale un horario y los límites de ruido, de tal forma que esos perjuicios no resulten desproporcionados; si los ayuntamientos planifican estas condiciones y se comprometen firmemente a hacer cumplirlas no suelen darse quejas. De no imponerse las prevenciones citadas resultan comunes las protestas y hasta las demandas judiciales que persiguen la garantía de los derechos de las víctimas del ruido. Así se reconoce en la jusrisprudencia sobre la materia. Este año conocimos otro caso similar a los que tratamos habitualmente por molestias provocadas por instalaciones de recintos feriales, las de las fiestas patronales de Portonovo (Q/5404/13). La víctima indicaba que el pasado año los ruidos habían sido desproporcionados y se habían denunciado y comprobado, pero el ayuntamiento no había tomado las medidas adecuadas, por lo que sospechaba que este año también sufriría los mismos perjuicios. Había tenido que acudir a urgencias y le habían prescrito medicación continuada. Como respuesta el ayuntamiento anunció una serie de medidas limitativas de los ruidos con las que la afectada había mostrado su acuerdo. Así, se entendió confirmado el motivo de la queja en relación con las fiestas celebradas y solventado respecto de las próximas celebraciones. La persona perjudicada no nos dio cuenta de nuevos incidentes. 11. La gestión de las aguas continentales En esta materia tratamos de conocer el cumplimiento de las garantías legales contra la contaminación de las aguas continentales. En numerosas ocasiones a esta circunstancia se une la queja sobre la no potabilidad del agua utilizada para consumo mediante captaciones de uso privativo, o la mala calidad de la suministrada mediante los servicios municipales. Este último caso fue el que conocimos en sendas quejas relacionadas con el suministro municipal en Punxín. Al hacerse pública la supuesta contaminación del agua de la traída municipal iniciamos una investigación de oficio (Q/14318/13), a la que después unimos la recibida de los afectados (Q/14506/13) En la noticia que dio lugar a la queja de oficio se señalaba que las autoridades del pueblo ocultaron durante meses que el agua estaba contaminada con arsénico. Además, los vecinos sufrieron un considerable aumento del precio del agua después de la privatización del servicio para entregarlo a Aquagest por 25 años. El incremento fue del 300 %, a lo que se añade que la empresa recibe 107.000 euros al año de la administración como complemento. El arsénico está en los acuíferos de los que se nutren grifos y fuentes de varias aldeas, pero lo más llamativo es que a pesar de esa realidad la empresa concesionaria sigue cobrando sus recibos cada trimestre. Con la información suministrada por el ayuntamiento se confirmó la presencia de arsénico en el agua del suministro municipal en unos niveles superiores a los permitidos, algo detectado desde hace tiempo. La situación de falta de suministro adecuado (sólo para unos usos, pero no para consumo) permanecía. Por tanto, debería plantearse una eventual compensación por el anterior suministro inadecuado (con arsénico) o incompleto (para usos limitados). El servicio debería garantizar una calidad que no se daba, a pesar del precio que pagaban los vecinos de forma directa (tasa o precio público) e indirecta (subvención). El ayuntamiento alegaba que la principal causa de la subida había sido el saneamiento y vertido y que fue la empresa la que promovió la ordenanza correspondiente. Sin embargo, no se aportaban detalles que permitieran conocer que esos servicios se prestaran de forma adecuada y que justificaran una subida tan grande. Por todo ello al cierre del informe reclamamos al Concello de Punxín que aclare básicamente la fecha de detección de la contaminación, la posibilidad de compensar a los usuarios por la falta de suministro adecuado, la fijación de la tasa o precio público y su justificación, la comprobación de las inversiones comprometidas por la empresa, y las actuaciones por un eventual incumplimiento. Por tanto, seguimos interesando una solución al perjuicio detectado. 12. La protección de los espacios naturales, la flora y la fauna Algunos ciudadanos y tres corporaciones locales (Concellos de Cervantes, Pedrafita do Cebreiro y Navia de Suarna) reclamaron por el borrador del plan de recuperación do oso pardo en Galicia. Señalaban que las medidas de protección provocarían daños económicos e inconvenientes en la vida diaria de las personas que viven en la zona y en sus propiedades privadas, por lo que reclamaban un estudio de impacto económico e indemnizaciones o compensaciones. Sin embargo, la respuesta de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas puso de relieve que la planificación protectora que tratamos resulta un acto debido o una obligación legal, puesto que el oso pardo es una especie en peligro de extinción. Las medidas previstas son similares en las diferentes zonas habitadas por el oso, las comunidades. del Cantábrico, y derivan de una común estrategia para su conservación en España (Comisión Nacional de Protección da Naturaleza). Además, lo previsto en el proyecto de decreto apenas establece ampliaciones de las medidas protectoras o nuevas Iimitaciones, y sí concreciones de las ya vigentes en el actual plan. Además, el motivo de la queja era un proyecto que podría concretarse en esos términos o modificarse de acuerdo con estas o otras alegaciones. La consellería señaló que “se intentará obtener el mayor nivel de consenso posible con los habitantes del ámbito del plan y armonizar sus intereses con los compromisos que tiene asumidos nuestra Administración para la conservación de la especie. En dicho procedimiento se prevé tener en cuenta y dar respuesta a las alegaciones presentadas en el procedimiento”. La respuesta de la consellería se ajustaba a lo legalmente procedente y además, en lo que se refería a posibles compensaciones, se comprometía a intentar consensuar el contenido del plan, por lo que consideramos adecuada su actuación. En este apartado destaca la investigación que llevamos a cabo para esclarecer el impacto de las obras del AVE en Laza (Q/14565/13). La Sociedade Galega de Historia Natural denunció la destrucción injustificada de una masa de 4.000 árboles autóctonos, algunos centenarios, por la apertura de escombreras y pistas para esas obras, circunstancia que también recogieron algunos diarios. En los pueblos que circundan el Parque Natural do Invernadoiro se están entubando arroyos, invadiendo bosques, acumulando restos de obra, etc.. La declaración de impacto ambiental de la obra preserva el bosque, pero la adjudicataria dice necesitar más espacio y pretende afectar gravemente a la masa protegida. Otras organizaciones ambientales denuncian que la administración “deja hacer”. Los vertidos provocados por este tipo de obra suelen ser inversamente proporcionales al presupuesto, según los ambientalistas, y en ésta se aplicó un ahorro de 575 millones, de lo que deducen que se ajustó el gasto a costa del medio ambiente. La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ya reconoció daños que deben restaurarse. Las administraciones estatal y autonómica reciben denuncias por obras no autorizadas en la declaración ambiental y que afectan a un lugar ambientalmente protegido. Por ello a finales de año requerimos información a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas y al cierre del informe esperamos que se aclaren los medios aplicados para dar cumplimiento a las medidas de protección del espacio protegido y para reclamar el cumplimiento de la declaración ambiental al promotor de la obra. 13. Quejas no admitidas a trámite En este apartado se recogen las quejas que no fueron admitidas a trámite por no reunir los requisitos formales establecidos en el artículo 18 de la ley reguladora del Valedor do Pobo, o por concurrir cualquiera de las circunstancias enumeradas en los artículos 20 y 21 del mismo texto legal. Las circunstancias que motivan con mayor frecuencia la no admisión a trámite son el conocimiento judicial presente o pasado de la queja; la no actuación previa de la administración; la ausencia de indicios de actuación irregular de la administración; la falta de competencia territorial; y la naturaleza jurídico-privada del problema. En cualquier caso, siempre se comunica la inadmisión de la queja y se especifica el motivo concreto de esa decisión, informando al interesado de lo más oportuno en la defensa de sus derechos o intereses legítimos, si observamos la existencia de una actuación alternativa que pueda promoverse. Todas las quejas de esta área no admitidas a trámite se referían a un espectáculo taurino que tiene lugar en la Comunidad de Castilla y León con supuesto maltrato a animales. IV- RESOLUCIONES DEL VALEDOR DO POBO 1.-Recomendación dirigida al Concello de Ribeira el 2 de enero de 2013 debido a los perjuicios y molestias ocasionados por un establecimiento (Q/2054/12). En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de Dª … debido a los perjuicios y molestias ocasionados por un establecimiento de Ribeira. En su escrito, esencialmente, nos indican que el Ayuntamiento de Ribeira y la Policía Local de dicho ayuntamiento hacen caso omiso de las peticiones de que intervengan en un caso de incumplimiento de la normativa con daños para los vecinos. El bar Capri, sito en la calle …. y con licencia de café-bar, incumple de forma sistemática el horario de cierre (establecido a las 2:30 durante la semana y a las 3:00 los fines de semana), y además ponen la música a un volumen más alto del permitido, incluso más allá del horario de cierre. En los casos en que la Policía Local interviene, muchas veces después de haberlos llamado varias veces en la misma noche, en ocasiones incluso a las 5 de la mañana, sólo informan al dueño o al camarero de que deben cerrar, sin más consecuencias para el bar, a pesar de su incumplimiento sistemático del horario de cierre y del nivel de volumen permitido. Ocurre lo mismo que con el bar "Blue Shell", ya denunciado al Valedor do Pobo en 2005 -C.6.Q/636/05-; el local es el mismo, con otro dueño y otro nombre, pero la actuación negligente por parte del Ayuntamiento y de la Policía Local es la misma, señala. Además de no intervenir contra el reiterado incumplimiento del horario, una de las agentes de la Policía Local le dijo literalmente "que me fuera a vivir a otro sitio" si me molestaba el ruido nocturno; en otras ocasiones en que llamó de madrugada a la Policía Local, debido a que el bar continuaba abierto y con música alta hora y media después del horario de cierre establecido, el agente de guardia le dio información engañosa, diciendo que podía cerrar a la hora que quisiera por estar en fiestas durante la Fiesta de la Dorna. En otra ocasión llegaron a colgarle el teléfono sin más explicaciones. Había informado en el Ayuntamiento de que es objeto de constantes insultos y provocaciones tanto por parte del dueño del bar y de su clientela habitual, teniendo incluso en una ocasión que llamar a la Policía Nacional a las 9 de la mañana, al enfrentarse el dueño y una clienta cuando salían del local después de estar toda la noche en él continuando la fiesta a puerta cerrada. Todo esto le consta tanto a la Policía Local como al Ayuntamiento, sin que hagan nada para atajar ni el incumplimiento de la ley ni actitudes incívicas semejantes, señala. Su hijo, residente en la vivienda, presentó una queja al Ayuntamiento pidiendo que se le hiciera cumplir al bar "Capri" el horario y la normativa referida a los ruidos. Tras acudir, como otras muchas veces, a la oficina de la Policía Local, tras otra noche en que ninguno de sus agentes hizo acto de presencia para hacer cumplir la ley tras la llamada, dijeron que habían recibido la queja, pero la actitud negligente continúa siendo la misma. En el bar Capri han organizado karaokes y fiestas diurnas de incluso diez horas, ocupando gran parte de la calle y sin contar con ningún permiso especial, con el consecuente alboroto, y con una actitud abiertamente desafiante hacia su persona por parte del dueño y los clientes habituales del bar, sin que, una vez más, el Ayuntamiento y la Policía Local tomaran cartas en el asunto a pesar de ser avisados. Dos de los residentes en la vivienda, el marido y la madre, de edad avanzada, padecen enfermedades graves diagnosticadas, y la imposibilidad de descansar por el ruido y por el estrés continuo agravan sus padecimientos, teniendo que ser trasladados en ocasiones a urgencias, donde les suministran calmantes. Adjunta documentación médica al respecto. Ante eso solicitamos información a ese Ayuntamiento sobre si el establecimiento tiene licencia de funcionamiento, y, en su caso, de qué tipo (bar, pub ...); sobre si cumple las condiciones del tipo de licencia con que cuente, en su caso, aclarando especialmente si, para el caso de ser un sencillo bar, como señala la interesada, prescinde de la música y cierra en el horario que le corresponde, de acuerdo con esa categoría; sobre las causas de la falta de intervención y respuesta después de las denuncias de la interesada, en el caso de confirmarse tal circunstancia; sobre la comprobación de los ruidos transmitidos a la vivienda, de tal forma que, en el caso de ser preciso, se sancionen y eviten, con el fin de garantizar el derecho fundamental previsto en el art. 18 de la CE; y sobre las demás circunstancias que se consideren relevantes para la completa valoración del objeto de la queja que ya nos la remitió. El informe municipal ya se recibió y en él se señala lo siguiente: “En relación a sus escritos y requerimiento de actuación en relación a la queja promovida por …, debido a las molestias ocasionados por el bar denominado Capri, le informo que dicho local está sometido a un estricto control por parte de la Policía Local y fruto del mismo, le remito copia de la denuncia cursada por la Policía local contra el bar Capri.” La documentación remitida consiste en un informe de la policía local de 31 de marzo de 3012 en el que se indica que recibieron hasta 3 llamadas de un vecino; da cuenta de las propias llamadas y de que la policía acudió a indicar al causante del ruido que bajase el volumen en dos ocasiones, sin que conste denuncia ni medición, y después de eso, a la 01.45, que el mismo reclamante formula denuncia por contaminación acústica, sin más, es decir, sin que la policía comprobase lo denunciado y levanta la correspondiente acta de infracción, en su caso. En otra ocasión (02-03-12) se indica que los agentes recibieron varias llamadas de vecinos por la celebración de un concierto sin autorización, sin que conste ninguna actuación al respeto. En la última ocasión se envía una denuncia de 02-09-12 por incumplimiento del horario del local, en la que se indica que estaba abierto a las 5 de la mañana; no obstante, no se conoce nada respecto del ruido y la presencia de música, a pesar de que expresamente se indica que el establecimiento funcionaba con ella. Una vez examinado el contenido de la queja y del informe municipal se deduce que se confirma lo expuesto en aquella, esto es, que el bar, con licencia de café-bar, incumple el horario de cierre, utiliza música y además la ponen a un volumen alto. No obstante, la policía local no interviene adecuadamente después de las llamadas de noche; sólo informa de que debe bajar el volumen, sin más consecuencias, a pesar del incumplimiento sistemático que suponen la presencia de música, el volumen de esta y el horario de cierre. Así pues, el establecimiento no parece ajustarse a lo previsto en su licencia de sencillo café-bar, puesto que funciona como un pub. Desde que se confirmó tal circunstancia procedía el ajuste a la legalidad de forma inmediata y la sanción de la infracción correspondiente; no obstante, el ayuntamiento no da cuenta de ninguna de las dos cosas. En lo relativo al ruido, llama la atención que el ayuntamiento no corrigiese el funcionamiento del establecimiento con música y que no se dé cuenta de mediciones en las viviendas de los afectados, a pesar de que constan denuncias. Las actividades clasificadas precisan la correspondiente licencia municipal de funcionamiento, autorización antes otorgada segun lo establecido en el RAMINP de 1961 (Decreto 2414/1961) o en el Decreto 133/2008, de evaluación de incidente ambiental, y ahora la licencia de apertura. A través de este instrumento de control preventivo y continuado se protege el interés público, haciendo compatibles la actividad, por una parte, y la evitación de las molestias desproporcionadas, por otra, otorgando las licencias solamente cuando eso sea posible en función de las circunstancias particulares del supuesto y con las medidas correctoras previstas para garantizar la ausencia de perjuicios. Una de las condiciones que deben cumplir los locales autorizados es el ajuste al tipo de licencia que les fue concedida, de tal modo que sus actividades no superen los parámetros manejados a la hora de conceder las licencias de funcionamiento. Con el otorgamiento de la licencia no termina la labor del ente local; esta abre una relación continuada en el curso del cual la administración local tendrá por función garantizar en todo momento el interés público, principalmente el de los vecinos inmediatos, lo que, según reiterada jurisprudencia, constituye una condición implícita de toda licencia municipal de funcionamiento. Y, como ya tratamos, una de las condiciones que deben cumplir los locales autorizados es el ajuste estricto al tipo de licencia que les fue concedida, de tal modo que sus actividades no sobrepasen de los parámetros manejados a la hora de conceder las respectivas licencias de funcionamiento. Lo comprobado supone una desatención de las funciones municipales contempladas en el art. 25 de la LRBRL, que establece que “el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del estado y de las comunidades autónomas, en las siguientes materias: f) protección del medio ambiente”. El ciudadano que promovió la queja está demandando la preservación de unos intereses especialmente protegidos en la Constitución Española, que ampara los derechos a la intimidad personal y familiar (art. 18.1), a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2), a la protección de la salud (art. 43.1), y el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y a la protección y avance de la calidad de vida (art. 45.1 y 2). Como consecuencia de las citadas disposiciones constitucionales, los poderes públicos tienen la obligación principal de proteger los derechos mencionados, según lo establecido en el artículo 53 del Texto Fundamental. En el supuesto que conocemos, de la información disponible parece deducirse que el Ayuntamiento de Ribeira actuó de forma insuficiente y se abstuvo de adoptar las medidas adecuadas. Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese Ayuntamiento de Ribeira la siguiente recomendación: Que con urgencia se dé cumplimiento a las responsabilidades municipales en relación a la contaminación acústica que sufre la reclamante y se corrija y en su caso se sancione el funcionamiento del establecimiento objeto de la queja sin ajustarse a lo habilitado en su licencia, de sencillo café-bar, evitando que utilice música y funcione hasta altas horas de la madrugada; y que si después de tal medida aún persisten las reclamaciones por ruidos, entonces se dé cumplimiento al deber municipal de comprobar el nivel de ruido transmitido a la vivienda o viviendas afectadas y se adopten las medidas que se deduzcan de esas comprobaciones. Respuesta del Concello de Ribeira: recomendación aceptada. 2.-Recomendación dirigida a la Consellería de Economía e Industria el 28 de febrero de 2013 debido al trámite de autorización de una explotación minera (Q/2122/12). En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de Dª ... referente al trámite de autorización de una explotación minera. En su escrito, esencialmente, nos indica que vio el artículo publicado en el diario La Voz de Galicia (edición de Bergantiños) el 30 de agosto de 2012, relativo al proyecto de mina a cielo abierto que la empresa Río Narcea Gold Mines, S.L. pretende llevar a cabo en la parroquia de Corcoesto, Cabaña de Bergantiños. En él se dice que "la Dirección General de Patrimonio exigió el estudio para confirmar que los montones de tierra hallados son sólo el resultado de pequeñas excavaciones que se realizaron en busca de oro...". Denuncia que los interesados en dicho procedimiento desconocen a qué se refiere tal exigencia; la única documentación que se puso de manifiesto al público en el trámite de alegaciones fue un requerimiento de la Dirección General de Patrimonio para que la empresa hiciera un nuevo estudio arqueológico, ya que el presentado era de 2001 y por tanto desfasado. Dada la contradicción que se pone de manifiesto, reclama una pronta respuesta que aclare eso y se informe del motivo que llevó a ocultar tal exigencia por parte de la Dirección General de Patrimonio, señala. Reclama el resultado del dicho estudio arqueológico para que el público en general e interesados en particular podan hacer alegaciones. Hay referencia de restos de cerámica en el lugar de Santa Marina de asentamientos prerromanos, y restos romanos en la parroquia. Deben ser valorados por un experto independiente y que haga públicas la datación y las medidas adoptadas al respecto por la Consellería de Cultura, señala. Ante eso solicitamos información en diferentes ocasiones a la Consellería de Economía e Industria (CEI), y también a la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria (CCEOU). La primera ya nos remitió el último informe requerido. En el mismo se señala lo siguiente: “En respuesta a su atento oficio de fecha 12 de diciembre de 2012, dictado en el expediente con referencia C.6.Q/2122/12, le comunicamos lo siguiente: 1º.- De las comunicaciones previas existentes, se desprende que obra en su poder la documentación e informes generados durante la tramitación del expediente de impacto ambiental del proyecto para la mina de oro de Corcoesto (promovido por la empresa MINEIRA DE CORCOESTO, S.L.U., antes denominada RÍO NARCEA GOLD MINES, S.L.U.) y, relativos a la protección del patrimonio cultural; esto, sin perjuicio, claro está, de que precise mayores o nuevas aclaraciones o remisiones complementarias de documentación, que le serán facilitadas en el momento que nos lo requiera. Pues bien, se acompaña como anexo a este escrito, las páginas 168 y 169 del estudio de impacto ambiental presentado y, expuesto a información pública, en el que la propia empresa reconoce lo siguiente: Como quiera que la superficie del presente proyecto comprende zonas en el prospectadas en el año 2001, se ha solicitado una nueva prospección arqueológica en el área de explotación acorde con el proyecto actual. Si de la nueva prospección arqueológica, una vez concluida, se determinara la presencia de bienes de interés cultural o, la necesidad de adoptar medidas protectoras o correctoras, las mismas serían atendidas en la forma y con la extensión que la Dirección General de Cultura establezca en el procedimiento correspondiente. Acompaña ya después, un plano en el que refleja la superficie del proyecto actual y la de la prospección arqueológica realizada en el año 2001. Por tanto, es evidente que lo que se expuso a información pública durante el trámite de evaluación de impacto ambiental, fue el estudio arqueológico del año 2001, para una zona diferente, tal y como expresamente reconoció la propia empresa. 2º.- Todos los informes posteriores al trámite de información pública, por lo que parece desprenderse de su oficio, obran ya en su disposición. Además, en el caso concreto de la alegante, cabe indicar que D. ... tomó vista en el expediente contra el que dirige su queja, el 24 de septiembre de 2012, el 25 de octubre de 2012 y, el 5 de noviembre de 2012, pudiendo, por lo tanto, acceder y obtener copia completa de cuantos estudios y documentos relativos al patrimonio cultural obran en el expediente. 3º.- Por último, cabe destacar que en respuesta a las alegaciones referidas a la necesidad de un nuevo trámite de información pública, la empresa promotora del expediente, en la página 211 del escrito de respuesta a las dichas alegaciones, registrado el 30 de agosto de 2012, respondió lo siguiente: El sometimiento o no a un nuevo trámite de información pública, de un estudio de impacto ambiental y, también en general, de un procedimiento administrativo, depende de que tras el primer trámite de información pública, se produjeran modificaciones sustanciales. Así lo estableció reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo Sala 3º, sec. 3º, S 1-7-2009, rec. 381/2007, Sala 3º, sec. 5º, S 3-3-2004, rec. 1123/2001, Sala 3º, sec. 5º, S 30-10-2003, rec. 7460/2000 y en el incluso sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en sentencias de la secc 2º S 10-5-2012, n° 473/2012, rec. 4461/2008 y S 21-6-2012, en el 656/2012, rec. 4471/2008. Traemos a colación parte del argumento contenido para un supuesto idéntico a lo que aquí nos ocupa, por la sentencia del Tribunal Supremo Sala 3º, "Ese nuevo trámite de información pública, tras las citadas aclaraciones y complementos, no está previsto expresamente en ninguna de las dos normas. Pudiera darse el caso, no obstante, que el estudio de impacto sometido a información pública, adoleciese de tan graves defectos de contenido, que ni tan siquiera se pudiese identificar y denominar como tal estudio de impacto ambiental de modo que el trámite previsto en el citado artículo 17 y 29.3 más que un complemento fuese el autentico planteamiento del estudio. En estos casos sí podría afirmarse que el estudio había sido hurtado al trámite de información pública y ello pudiera conducir a la nulidad o anulabilidad del procedimiento. Pero, tales circunstancias no concurren en este caso. Efectivamente, el estudio sometido a información pública fechado en octubre de 1997 incluye el análisis de la vegetación y de la fauna (páginas 3-38 y siguientes), así como el impacto sobre ello (páginas 4-1 y siguientes) y las medidas correctoras (páginas 5-7 y siguientes), es decir incluye el contenido contemplado en el citado artículo 12.3.c). Por lo tanto solo de complemento o aclaración puede ser calificado el informe que aporta ... en fecha 13 de mayo de 1998, tras el requerimiento que le hace el órgano administrativo.” Desde esta administración, se consideró que los estudios complementarios y posteriores al trámite de información pública, no son modificaciones sustanciales del estudio de impacto ambiental presentado y publicitado, máxime si atendemos al contenido de estos y a sus conclusiones. Cumplieron con la finalidad de ayudar a la administración ambiental y substantiva a tomar una mejor decisión en lo que se refiere a la protección del patrimonio cultural, cumpliendo así con su objetivo y finalidad esenciales. La alegante, en ningún modo se le acusó de indefensión o se le ocultaron documentos, pues los tuvo a su disposición y obtuvo copia de ellos.” Anteriormente no se había aclarado el adecuado tratamiento del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la explotación minera de Corcoesto. La queja se refiere a la falta de documentación adecuada en el trámite de información pública de ese procedimiento en lo que afecta al análisis del patrimonio cultural. La CCEOU señaló que el estudio de impacto ambiental (EIA) debería incorporar un estudio específico del impacto del proyecto sobre el patrimonio cultural realizado por técnicos competentes en la materia y donde sean establecidas las posibles aficiones en ese patrimonio. La documentación arqueológica expuesta al público no coincidía con la allegada a la Dirección General del Patrimonio Cultural para emitir informe, por lo que entiende que debería ser la Dirección General de Industria, Energía y Minas quien informara al respecto, puesto que era el órgano substantivo. En contra de eso la CEI señaló que la queja está relacionada con la protección del patrimonio de un proyecto en información pública, por lo que la comprobación de las circunstancias y la adopción de medidas son competencia de la Dirección General de Patrimonio; “este técnico no conoce circunstancias que se consideren relevantes para la completa valoración del objeto de la queja. La queja debe remitirse a la Dirección General de Patrimonio”, señala. Lo expuesto ponía de relieve una contradicción entre ambas consellerías. Ahora se responde por parte de la CEI señalando que el estudio arqueológico aportado por la empresa para incorporar en el EIA era antiguo y no coincidía con el proyecto, por lo que aquella se comprometió a aportar un complementario -de impacto arqueológico- y a atender las posibles instrucciones de la CCEOU en el procedimiento correspondiente. Sin embargo, lo indicado no parece corresponderse con lo legalmente previsto; el art. 7 de la ley de evaluación de impacto ambiental señala que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) deberán incluir al menos los siguientes datos: “... Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la población, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico artístico y el arqueológico. Asimismo, se atenderá a la interacción entre todos estos factores”. Por tanto, resulta necesario que en el propio estudio se incluya esa concreta cuestión, lo que parece que no se hizo, sino, por el contrario, una remisión al futuro tanto del estudio actual como de las determinaciones al respecto, lo que no es correcto. Lo indicado por la empresa y que traslada la consellería se refiere a un supuesto diferenciable; alude a complementos posteriores al estudio y que se hagan precisos por exigencias de avance o por cambio de circunstancias. Resultarían eso, complementos, y por tanto no desvirtúan lo adecuado del primero estudio. En este caso lo que se plantea es el incorrecto tratamiento desde el primero estadio del estudio, cuando se conocía que no se había dado con la conformación legalmente prevista, que incluía un estudio arqueológico del actual proyecto. Las indicaciones de la CCEOU y la posterior corrección acreditan el dicho. La exigencia de la adecuada configuración del EIA correspondía al órgano substantivo del procedimiento ambiental que tratamos, que era la CEI. En el supuesto que conocemos, de la información disponible -sin perjuicio de posibles informaciones añadidas o matizaciones a la disponible- se deduce que la CEI no adoptó las medidas adecuadas para que el EIA que salió la información pública se había conformado adecuadamente, puesto que no incluía una parte preceptiva, de acuerdo con la legislación vigente. El principio constitucional de eficacia en la labor de las administraciones públicas (art. 103.1 CE) no parece haberse aplicado con rigor en el tratamiento de esta problemática. Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese Consellería de Economía e Industria la siguiente recomendación: Que en los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental en los que ese órgano tenga la consideración de substantivo se exija que el previo estudio de impacto ambiental tenga el contenido legalmente establecido, de tal forma que cuando salga a información pública se encuentre completo; y que, para tratar los efectos del estudio incompleto conocido en la presente queja, se evalúen las consecuencias jurídicas del tratado. Respuesta de la Consellería de Economía e Industria: recomendación aceptada. 3.-Recomendación dirigida al Concello de Sarria el 1 de marzo de 2013 debido al funcionamiento irregular de determinados locales (Q/2327/11). En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. ... debido al funcionamiento irregular de determinados locales en Sarria. En su escrito, esencialmente, nos indica que se da un total incumplimiento de los horarios de cierre, así como de las licencias de algunos locales de ocio de Sarria, situados en las calles …... Lleva la gerencia de la Discoteca y Sala de Fiestas Litmar, con más de 30 años. Están en total desacuerdo con los horarios de cierre de los locales en las calles anteriormente mencionadas. Además de incumplir los horarios de cierre, muchos de ellos carecen de licencia para la actividad que están desarrollando, practicando así una competencia desleal. Algunos, como el Pub Ambar, Deja Vu, Con el2, entre otros, incumplen, fin de semana tras fin de semana, los horarios de cierre, y algunos actúan con licencias de Tablao Flamenco o sinceramente Café-Bar, no adaptándose a los horarios ni la actividad a las que se dedican. El 22 de noviembre se reunieron con el alcalde y diferentes concejales del Ayuntamiento de Sarria, llegando a la conclusión que por el bien del ocio en Sarria, todos los locales nocturnos, así como cafeterías y restaurantes, debían de ceñirse al horario y licencia que cada uno posee y revisar las licencias de alguno de estos para adaptarlas a las nuevas. Se exponen a la posibilidad de realizar una reunión con todos los locales en el propio ayuntamiento para informar a todos estos que deben poner al día sus licencias y cerrar en los horarios marcados por la Xunta de Galicia, y así poder trabajar todos legalmente, a lo que ellos contestan con un no rotundo, y les dicen textualmente que denuncien. Ante eso requerimos del ayuntamiento que nos facilitase información sobre el problema que motivó la queja, en particular sobre la comprobación de las circunstancias mencionadas, sobre si los locales citados cuentan con licencia de funcionamiento, y, en caso positivo, de qué tipo (bar, pub, tablao ...), y sobre si los locales con licencia adaptan su forma de funcionar al habilitado en su licencia. Tuvimos que reiterar el requerimiento varias veces y finalmente se respondió, pero de forma inadecuada, lo que obligó a volver a requerir el informe. En esta ocasión también fue preciso reiterar el requerimiento, hasta que el ente local respondió, en primero término, que “se da por enterado” del escrito remitido por esta institución, a los efectos de tener en cuenta la “recomendación efectuada” en la queja; sin embargo, no se formuló tal recomendación, sino que se requirió información complementaria. En lo que se refiere a los aspectos de fondo, el ayuntamiento sólo daba cuenta de un trámite interno realizado (dar traslado de la queja al Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento a los efectos de recabar la información solicitada al respecto de la tramitación de las correspondientes licencias municipales de los establecimientos denominados PUB AMBAR, DEJA VU y CON El2), lo que no aclaraba esos aspectos de fondo que eran motivo principal de la queja. A la vista de lo anterior requerimos nuevamente informe complementario para que con urgencia se facilitase aclaración sobre los extremos pendientes desde hacía mucho. De nuevo fue preciso reiterar varias veces ese requerimiento. Finalmente se recibió un informe municipal; el ayuntamiento traslada fotocopias de las licencias de los tres locales, que al parecer son el Ambar (cafe-cantante), CON El2 (tablao flamenco), y otro sin identificar en las fotocopias (con licencia de sencillo bar), aunque en el listado aportado se menciona el Deja Vu, por lo que era de suponer que se trata de ese local. Lo remitido son fotocopias, no el informe requerido. En lo que se refiere a las licencias y al ajuste de las mismas a la actividad real de los locales, el ayuntamiento sólo de la cuenta de la primera circunstancia, pero no de la segunda, a pesar de que se pedía. El ayuntamiento no aclaró nada sobre el cumplimiento de las condiciones de las licencias; sólo se señala el tipo de licencia con que cuenta cada local, pero sin mencionar que se había comprobado que las condiciones de cada una se cumplen, lo que, a la vista tanto de las denuncias como de los nombres comerciales no parece darse. En lo que se refiere al cumplimiento de los horarios el ayuntamiento seguía sin concretar las medidas. Por lo anterior requerimos nuevo informe, que tuvo que reiterarse, como había sucedido también en las anteriores ocasiones. El ente local respondió: “En virtud de lo ordenado por el Sr. alcalde, pongo en su conocimiento que la Junta de Gobierno Local, en su sesión común realizada el día 14 de NOVIEMBRE de 2.012, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 16.- ESCRITOS DEL VALEDOR DO POBO. E) QUEJA FORMULADA POR D. ...( ..: C. 6. Q/2327/11). Visto el escrito remitido por el VALEDOR DO POBO en relación con el expediente que se tramita a instancia de D. ..., por causada de la queja formulada en relación con el funcionamiento de diferentes establecimientos de hostelería sitos en la calle Rías Baixas de Sarria; la Junta de Gobierno, en votación común y por unanimidad, acordó manifestarle al Valedor do Pobo que el Ayuntamiento de Sarria realizará cuantas actuaciones sean precisas en aras al cumplimiento por parte de los establecimientos denunciados de la normativa vigente en materia de ruidos y de horarios de apertura de establecimientos.” Dado lo inconcreto de la respuesta -y el resto de las circunstancias de la queja, que ya se trataron- nos pusimos en comunicación directa (vía telefónica) con el ente local, y finalmente concertamos una entrevista con el alcalde, que finalmente indicó que concretaría lo expresado a través de nuevo informe. No obstante, tal informe no se recibió, con lo que seguimos sin tener noticia concreta de lo que hizo el ente local en relación con las aparentes irregularidades que tratamos, que se conocen desde hace mucho tiempo. Las actividades clasificadas precisan la correspondiente licencia municipal de funcionamiento como instrumento de control preventivo, y con el otorgamiento de la licencia no termina la labor del ente local. La licencia abre una relación continuada en el curso de la cual la administración local tendrá por función garantizar en todo momento el interés público. Uno de los principales objeto de control es la adecuación de la actividad real al tipo de licencia que se tenga, con el fin de evitar fraudes. Sin embargo, de la información obrante se deduce que dicha labor no se dio por parte del Ayuntamiento de Sarria, o al menos no la trasladó como respuesta de la queja. Eso suponen una desatención de las funciones municipales relativas a las actividades con licencia y de las contempladas en el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, que establece que “el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, nos tener de la legislación del estado y de las comunidades autónomas, en las siguientes materias: f) protección de en medio ambiente”. El principio constitucional de eficacia en la labor de las administraciones públicas (art. 103.1 CE) no fue aplicado con rigor en el tratamiento de esta problemática, a la vista de la insuficiencia de las actuaciones municipales y fundamentalmente por la abstención en la adopción de las medidas adecuada. Por todo lo señalado hasta ahora considerara necesario, en aplicación del dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese Concello de Sarria la siguiente recomendación: Que con urgencia se actúe adecuadamente en el tratamiento del problema que se pone de relieve en la presente queja y que en consecuencia se revise y corrija, de ser el caso, el aparente funcionamiento irregular de los establecimientos objeto de la presente queja, derivado del posible desajuste del funcionamiento de los locales en relación con su licencia, lo que traería como consecuencia un fraude en materia de horarios, y de los demás locales de ese término municipal que se vean afectados por la misma irregularidad. Respuesta del Concello de Sarria: recomendación no aceptada. 4.-Recomendación dirigida al Concello de Gondomar el 26 de marzo de 2013 debido a los ruidos producidos por un local de hostelería (Q/341/12). En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de Dª ... debido a los ruidos producidos por un local de hostelería de Gondomar. En su escrito esencialmente nos indica que en el bajo de su edificio hay abierta una tapería sin licencia municipal que ocasiona molestias. Al no haber aislado correctamente el local escucha en su piso (2°) el arrastre de las sillas, mesas, barriles o cualquier otro elemento que sea susceptible de ser arrastrado. Esto se ve agravado por el hecho de que el local incumple el horario que tiene en el proyecto para la solicitud de la licencia. Puede estar escuchando ruidos a las tres de la mañana. La policía local se desentiende del caso porque dice que es un problema político. Después de las 22:30 horas tiene que avisar a la Guardia Civil por no haber policía local por las noches, que dice que no es competencia suya y por lo tanto no aparece. Están en una situación de total indefensión y su derecho al descanso está totalmente cercenado, señala. Además instalaron una chimenea que no tiene suficiente altura y provoca olores en los áticos. En el ayuntamiento de Gondomar hay abundante documentación sobre dichas quejas. La comunidad de propietarios ha presentado cerca de 40 escritos desde el mes de marzo de 2011: informes de arquitectos, solicitudes de contestación a nuestras alegaciones, y últimamente dos solicitudes de cierre. No recibieron ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento de Gondomar. El proyecto dice que el local no tendrá ni música ni TV, pero lo cierto es que sí lo tiene y se pusieron después de tener pasadas las pruebas acústicas. El horario que aparece en el proyecto dice que no habrá actividad entre las 24:00 y las 8:00 de la mañana, pero a las 3:00 de la madrugada están casi todos los días haciendo la limpieza (con la consiguiente molestia para nuestro descanso). Con respecto a la chimenea, el proyecto dice que volará 1 metro tirando por lo alto de la cumbre del edificio y la realidad es que está 80 cm. aprox. por debajo. Además esta chimenea pasa por delante de la terraza del ático y está anclada a elementos no estructurales, con el consiguiente peligro de derrumbamiento. Ante eso requerimos informe a ese ayuntamiento, que en un primero término no respondió a lo específicamente requerido por nuestra parte; remitió una resolución municipal de suspensión del plazo de un procedimiento de nulidad de pleno derecho, como si esta institución fuera interesada en ese procedimiento, pero no remite el informe requerido de acuerdo con el art. 22 de la Ley 6/1984, y con eso dejaba sin aclarar las circunstancias objeto de la queja. Por esa razón requerimos que se respondiera adecuadamente. Entonces el ayuntamiento respondió con el envío de una resolución que de nuevo no respondía a lo específicamente requerido. Remitió una resolución municipal de rechazo de la declaración de nulidad de pleno derecho de la licencia, como si esta institución fuera interesada en el procedimiento. De lo que se queja la interesada -desde hace mucho tiempo- es de las concretas molestias que le causa el establecimiento, como consta al ayuntamiento desde que le requerimos el informe correspondiente. A cuyo objeto, requerimos una respuesta expresa y clara a lo específicamente demandado hace tiempo; dadas las circunstancias formulamos al ayuntamiento un recordatorio de deberes legales (todos los organismos y dependencias administrativas a los que el Valedor les recoja datos sobre la tramitación de las quejas tienen el deber de remitirle estos informes “en el plazo de quince días”, y la negativa o descuido de cualquier organismo, funcionario o de sus superiores responsables al envío de los informes solicitados podrá ser considerada por el Valedor do Pobo de Galicia como hostil y entorpecedora de sus funciones, haciéndola pública de inmediato y destacando tal calificación en su informe anual o especial, si es el caso, al Parlamento) y una advertencia (si en el plazo máximo de quince días a contar desde la fecha de este escrito no se recibe en esta institución el informe adecuado, que una vez más le requerimos, procederemos a hacerle la declaración de hostil y entorpecedor de sus funciones en cuanto se refiere a la tramitación de la presente queja). Sin embargo, la respuesta municipal de nuevo dejó sin aclarar algunos extremos de la reclamación, puesto que sólo daba cuenta de aspectos formales, fundamentalmente la existencia o no de licencia de actividad y de un conflicto respecto de la nulidad de la licencia de obra. Aunque lo informado resulta confuso, parece que el establecimiento no cuenta con licencia de actividad y sí de obra, aunque con el intento de declararla nula. El informe añade que se daría traslado a esa institución de lo que sucediese “a los efectos oportunos”, pero no se hizo. No se aclaró nada respecto del resto del objeto de la queja, tal y como quedó definido a través del requerimiento de informe de hace más de un año. El ayuntamiento no señala nada respecto de la comprobación de los ruidos, el incumplimiento de los horarios, la falta de atención por parte de la policía local, la chimenea sin suficiente altura y que provoca olores en los áticos, y la falta de respuesta a la comunidad de propietarios, que ha presentado cerca de 40 escritos. El proyecto del local no prevé ni música ni TV, pero sí tiene. El horario que aparece en el proyecto dice que no habrá actividad entre las 24:00 y las 8:00 de la mañana, pero a las 3 de la madrugada están casi todos los días haciendo la limpieza. El proyecto de la chimenea dice que volará 1 metro tirando por lo alto de la cumbre del edificio, pero está 80 cm. por debajo, pasa por delante de la terraza del ático, y está anclada a elementos no estructurales, con el consiguiente peligro. Por lo señalado, de nuevo requerimos que se aclarase el objeto de la queja. El Concello de Gondomar nos remitió el último informe demandado y en este se señala lo siguiente: “ASUNTO.- REQUIRIMENTO DE INFORMACIÓN DEL VALEDOR DO POBO EN RELACIÓN A SU PROCEDIMIENTO CON REF. C.6.Q/341/12. A la vista del último requerimiento de esa institución, y mediante el presente escrito, le informo de lo siguiente: -recibido su requerimiento, se dio traslado de la reclamación presentada por la interesada a la policía local de este ayuntamiento, con el fin de que informara sobre las denuncias presentadas en ese departamento en relación a los ruidos advertidos por la denunciante contra el local en tela de juicio. El oficial de policía con núm. 114006, emitió el siguiente informe: "... en el tema de ruidos esta policía no dispone de sonómetro para realizar dicha medición. Que sobre el horario de cierre y ruidos esta policía no dispone de servicio de noche por falta de efectivos y el servicio es de 8.00 a 22.00 horas." En este ayuntamiento no disponemos de servicio nocturno de policía por lo que no podemos controlar el cumplimiento del horario de dicho local. Las denuncias se remiten a la Guardia Civil, quien colabora con este ayuntamiento en relación a dichos hechos. En relación a la falta de atención a los propietarios, este ayuntamiento inició procedimiento de revisión de licencia, tal y como habían solicitado en su día alguno de los vecinos de la comunidad de propietarios. Dicha licencia finalmente no fue declarada nula, ya que el dictamen del Consejo consultivo fue desfavorable. Hasta ahora no se adoptaron medidas de restauración de la legalidad ya que la actividad y la obra estaban amparadas por licencia, y la comprobación final del local y las medidas correctoras habían sido informadas favorablemente por el arquitecto municipal. -En relación al asunto de la chimenea, se dará traslado hoy mismo a la oficina técnica para que informe sobre el estado actual de la misma y si está ajustada a proyecto. En cuanto dicho informe sea emitido, se pondrá en conocimiento de esa institución. -El estado actual de la licencia de actividad es la siguiente: consta otorgada una licencia de legalización de actividad y obra de bar tapería. Dicha licencia fue revisada y dicho procedimiento finalizó con la consideración por el Consejo consultivo y posterior acuerdo plenario, de que la licencia no era nula. El ayuntamiento a fecha de hoy no inició el procedimiento de declaración de lesividad, por lo que incluso por lo de ahora el acto de otorgamiento de licencia de legalización de actividad y obra está vigente, sin perjuicio de que deba otorgarse la licencia definitiva de actividad de acuerdo con el informe técnico municipal de comprobación de las medidas correctoras.” Una vez evaluada toda la actividad municipal señalada en los informes aportados se deduce que el ayuntamiento sigue sin aclarar sus necesarias actuaciones para la determinación de lo procedente. Fundamentalmente no aclara que se había dado comprobación de los perjuicios denunciados y la respuesta a las denuncias formuladas; no se aclara la utilización de la TV, a pesar del proyecto, el cumplimiento de horario y el estado de la chimenea. Así, no hace comprobaciones sobre los niveles de ruido transmitido a las viviendas, quizás la circunstancia más grave. No se da cuenta de una adecuada actuación municipal para la preceptiva comprobación del funcionamiento legal del local, al que sin embargo se concedió licencia. Los locales tienen licencia de actividad concedida por el ente local, lo que les permite funcionar como establecimientos potencialmente molestos. Pero este tipo de licencias son de funcionamiento, por lo que de acuerdo con su naturaleza y con reiterada jurisprudencia, con el otorgamiento de ellas no termina la labor del ente local; la licencia abre una relación continuada en el curso de la cual la administración local tendrá por función garantizar en todo momento el interés público, principalmente EL de los vecinos inmediatos, lo que, según reiterada jurisprudencia, constituye una condición implícita de toda licencia municipal de funcionamiento. La desatención de estos deberes legales puede dar lugar a la responsabilidad municipal, como reiteradamente viene determinando la jurisprudencia. El art. 25 de la LRBL establece que “el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del estado y de las comunidades autónomas, en las siguientes materias: f) protección del medio ambiente”. Por tanto, la tarea de control de estas cuestiones es competencia municipal, sin que en ningún caso pueda justificarse su desatención. Para el caso de no contar con medios comunes, entonces el ayuntamiento debe procurarlos de forma inmediata a través de los medios precisos (comisiones de servicio...), puesto que se trata de ejercer funciones preceptivas e irrenunciables, que debe cubrir en todo caso antes que cualquier otra no preceptiva. Lo contrario puede dar lugar a responsabilidad económica o de otro tipo. No puede descargarse la responsabilidad en una fuerza de seguridad que no atiende este tipo de asuntos, sino otros que, aunque pueden llegar a estar relacionados con el funcionamiento del local, sin embargo no son los propios de los ayuntamientos; a cuyo objeto, con razón la propia interesada ya había señalado desde el primero momento en la queja que la Guardia Civil dice que no es competencia suya y por lo tanto no aparece. Lo mismo puede decirse de los posibles olores y su evitación. La ciudadana que promovió la queja demanda la preservación de unos intereses especialmente protegidos en la Constitución Española, que ampara los derechos a la intimidad personal y familiar (art. 18.1), a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2), a la protección de la salud (art. 43.1), y el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y a la protección y avance de la calidad de vida (art. 45.1 y 2). Como consecuencia de las citadas disposiciones constitucionales, los poderes públicos tienen la obligación principal de proteger los derechos mencionados, segundo el establecido en el artículo 53 del Texto Fundamental. En el supuesto que conocemos, de la información disponible se deduce que el Ayuntamiento de Gondomar no adoptó las medidas precisas para proteger los derechos constitucionales citados anteriormente, que están siendo objeto de menoscabo. Así pues, el principio constitucional de eficacia en la labor de las administraciones públicas (art. 103.1 CE) no fue aplicado con rigor en el tratamiento de este problema, a la vista de la insuficiencia de las actuaciones municipales y fundamentalmente por la abstención en la adopción de las medidas adecuadas. Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar al Ayuntamiento de Gondomar la siguiente recomendación: Que con urgencia el ayuntamiento adopte las medidas necesarias para cumplir de forma estricta su función legal de control de los ruidos y en general de las condiciones de los locales amparados por licencias de funcionamiento expedidas por el propio ente local, de tal manera que se garanticen los derechos fundamentales de los afectados, especialmente el derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario (art. 18. 1 y 2 CE); y que se compruebe y en su caso se evite el ruido, y eso mediante las mediciones en las viviendas cuantas veces sean requeridas por los afectados mediante llamada de denuncia, que se hagan en el preciso momento en que se da la denuncia, que se sancionen las infracciones que se detecten, y que también se comprueben los incumplimientos de horario en el momento que corresponda. Respuesta del Concello de Gondomar: recomendación pendiente. 5.-Recordatorio de deberes legales dirigido al Concello de Sarria el 27 de marzo de 2013 debido relativo al incumplimiento de determinadas normas y a las molestias ocasionadas por algunos locales de ocio (Q/1951/12). En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. ... relativo al incumplimiento de determinadas normas y a las molestias ocasionadas por locales de ocio en Sarria. En su escrito, esencialmente, nos indica que su queja se debe a la pasividad del Ayuntamiento ante las denuncias de los vecinos por los horarios de los locales nocturnos, el volumen con el que trabajan, puertas abiertas, pasando el ruido a las calles, sin licencia e incumpliendo las normas por rutina. Al Ayuntamiento no le importa nada el descanso del fin de semana de sus ciudadanos, señala; hacen llamadas a la policía local que no se atienden, quejas oficiales que no reciben respuesta, etc. En su caso vive en un edificio que soporta dos locales de ocio y uno más en el edificio contiguo, y se escucha la música perfectamente en el tercer piso. Su caso es desesperante y pide ayuda para no tener que empezar un litigio contra el Ayuntamiento y ocupar la justicia con casos en los que el Ayuntamiento tendría que actuar de oficio. Ante eso requerimos del Ayuntamiento de Sarria que nos había facilitado información sobre el problema que motivó la queja, pero no respondió en mucho tiempo; fue preciso recordarle su deber legal de colaborar en las investigaciones de esta institución y advertirle de su posible declaración como hostil y entorpecedor de la labor de la institución e incluso realizar llamadas para urgir su envío. Finalmente el ente local respondió que la junta de gobierno local ... acordó ... solicitar del Valedor do Pobo que nos indique, individualizadamente, el nombre de los establecimientos hosteleros sobre los que se formulan las quejas y el motivo de ellas, todo esto con la finalidad de dar cumplimiento a lo requerido por esa institución. Por tanto, el ayuntamiento no respondía a lo requerido, a pesar del tiempo transcurrido. En la queja se trasladaba al ayuntamiento la dirección del afectado, por lo no podía compartirse el alegato municipal de que el requerimiento o la queja resulten indefinidos; tanto los locales (los del edificio) como los motivos quedan perfectamente identificados, con necesidad de aclaración municipal. Por lo anterior de nuevo requerimos respuesta al ayuntamiento, que después de un tiempo nos indicó que acordó ... darse por enterado del escrito remitido por el Valedor do Pobo y ... se procederá a la realización de cuantas actuaciones sean precisas en aras al cumplimiento por parte de los establecimientos denunciados de la normativa en materia de horarios de cierre de locales de ocio, y ... dar traslado de la queja al Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento a los efectos de recabar la información solicitada .... Se apreció con claridad que el ente local no concretaba las actuaciones respeto al cumplimiento de los horarios y las medidas que se adoptaron ante las comprobaciones; que, en lo relativo a las necesarias comprobaciones de los niveles de ruido transmitido, tampoco concretaba el actual cumplimiento del deber municipal de controlar los ruidos; y que no aclaraba nada respecto de las licencias de los locales y el cumplimiento de las condiciones de las mismas, en el caso de tenerla, puesto que únicamente anunciaba la realización de un trámite interno (traslado de la queja a Urbanismo). Ante eso requerimos que se respondiese a lo requerido. Dicha respuesta sólo se recibió después de un tiempo considerable. El ayuntamiento traslada fotocopias de las licencias de los tres locales objeto de la queja, el Glas (cafetería-pub), el ubicado en el ….. (cafetería especial pub), y el ubicado en la calle … (café-concierto). Lo remitido consistía en unas fotocopias, pero no en el informe requerido; no se aclaraba el ajuste de las licencias a la actividad real de los locales; no se aclaraba qué tipo de licencia tiene el Glas de entre las que se mencionan en el catálogo de actividades (decreto 292/2004); en materia de horarios, no se concretaban las actuaciones y medidas; y por lo que se refiere a las necesarias comprobaciones de los niveles de ruido transmitido no concretaba nada. Por esa razón, una vez más intentamos una respuesta adecuada del ente local al problema objeto de la queja, pero después de un tiempo el resultado fue el mismo. El ayuntamiento respondió: “16.- ESCRITOS DEL VALEDOR DO POBO. F) QUEJA FORMULADA POR D. ...(EXPTE.: C. 6. Q/1951 /11). Visto el escrito remitido por el VALEDOR DO POBO en relación con el expediente que se tramita a instancia de D. ..., por causa de la queja formulada en relación con el funcionamiento de diferentes establecimientos de hostelería de Sarria; la Junta de Gobierno, en votación común y por unanimidad, acordó manifestarle al Valedor do Pobo que el Ayuntamiento de Sarria realizará cuantas actuaciones sean precisas en aras al cumplimiento por parte de los establecimientos denunciados de la normativa vigente en materia de ruidos y de horarios de apertura de establecimientos. A la vista de la reiterada falta de concreción de lo aportado por el ayuntamiento nos pusimos en comunicación directa con él, y en diferentes ocasiones con el alcalde, con el que aun tuvimos entrevistas personales para reiterar la necesidad de responder adecuadamente y sobre todo de solucionar los problemas puestos de relieve. Sin embargo, no se recibió nueva comunicación, por lo que resulta evidente que no se aclaró el objeto de la queja y sobre todo no se dio cuenta del cumplimiento de los deberes municipales respeto del problema traslado por el afectado. En lo relativo al aspecto formal de la queja, no se dio cumplimiento a la necesaria información a esta institución, incumpliendo lo previsto en el art. 22 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, que les impone a todos los organismos y dependencias administrativas a los que el Valedor les recabe datos sobre la tramitación de las quejas el deber de remitirle estos informes. Lógicamente, esto deber lleva implícita que la respuesta sea congruente con lo concretamente requerido, cosa que, como vemos, no hizo el ayuntamiento. En lo relativo al fondo del asunto, se ponen de relieve deficiencias a la hora de abordar la función legalmente encomendada al ente local. En lo relativo a las licencias de los locales, el ayuntamiento no comprobó que los titulares de las mismas cumplan sus condiciones. Además, no se acaba de entender qué tipo de licencia tiene el local Glas de entre las que se mencionan en el catálogo de actividades (decreto 292/2004) -se mencionan dos-, lo que es especialmente relevante tanto a los efectos del tipo de actividad con que puede contar el local como con respeto a su horario. El tratamiento general de este aspecto -los horarios- también adolece de claras deficiencias; el ente local dijo que haría lo que fuera preciso, pero no concretó nunca esas actuaciones y sobre todo las medidas que se adoptaron ante las comprobaciones. En lo relativo al aspecto más básico, las necesarias comprobaciones de los niveles de ruido transmitido a las viviendas, el ente local había señalado hace tiempo que firmaría un convenio con la Diputación Provincial para la prestación de asistencia técnica para la medición e inspección en materia de contaminación acústica, pero en ningún momento concretó nada respecto de las mediciones pendientes, aspecto principal de la queja y sobre todo de la garantía de los derechos que pueden estar siendo vulnerados. La supuesta falta de medios no puede servir de justificación para no dar cumplimiento indefinidamente a una función municipal, sobre todo toda vez que esta (el tratamiento administrativo de las actividades clasificadas y de la contaminación acústica) se atribuye a los ayuntamientos desde hace muchísimo tiempo. Por eso, en caso de contar con medios escasos o limitados para abordar la función, el ayuntamiento debe habilitarlos de forma urgente o por lo menos en un plazo prudencial. Se pidió colaboración, pero, al margen del resultado de esta, en cualquiera caso debería ponerse en marcha la solución definitiva a las carencias; en ningún caso puede considerarse adecuada la no realización de las comprobaciones, que tienen carácter preceptivo. Dado que las mediciones tienen por fin legal comprobar infracciones administrativas que son objeto de denuncia, deberían hacerse en el preciso momento en que se están dando las molestias, esto es, en el momento en que los afectados denuncian que están sufriendo las molestias, y no esperando a otro día para hacer una medición en otras circunstancias, y deben hacerse cuantas sean necesarias. Las actividades clasificadas precisan la correspondiente licencia municipal de funcionamiento, instrumento de control preventivo a través del cual se protege el interés público, haciendo compatibles la actividad, por una parte, y la evitación de las molestias desproporcionadas, por otra, otorgando las licencias solamente cuando eso sea posible en función de las circunstancias particulares del supuesto y con las medidas correctoras previstas para garantizar la ausencia de perjuicios. Pero con el otorgamiento de la licencia no termina la labor del ente local. La licencia abre una relación continuada en el curso de la cual la administración local tendrá por función garantizar en todo momento el interés público, principalmente el de los vecinos inmediatos, lo que, según reiterada jurisprudencia, constituye una condición implícita de toda licencia municipal de funcionamiento. Lógicamente, en este orden se enmarcan los deberes de comprobaciones de las posibles inmisiones acústicas. La actuación municipal, o, mejor dicho, su abstención, supone una desatención de las funciones municipales relativas a las actividades con licencia. El art. 25 de la LRBL (Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local) establece que “el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del estado y de las comunidades autónomas, en las siguientes materias: f) protección del medio ambiente”. Esa desatención puede dar lugar a la responsabilidad municipal, como reiteradamente viene determinando la jurisprudencia al juzgar supuestos similares. El principio constitucional de eficacia en la labor de las administraciones públicas (art. 103.1 CE) no fue aplicado con rigor en el tratamiento de esta problemática, a la vista de la insuficiencia de las actuaciones municipales y fundamentalmente por la abstención en la adopción de las medidas adecuada. Esto es especialmente grave si tenemos en cuenta que el cumplimiento de los deberes del ayuntamiento resulta preciso para preservar los derechos de los vecinos afectados, en concreto el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario (art. 18.1 y 2 CE), y otros derechos de diferente naturaleza (arts. 43 y 45 CE). Las inmisiones ruidosas en los domicilios resultan una clara conculcación de esos concretos derechos, incluido el derecho fundamental citado, de acuerdo con reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y otros órganos jurisdiccionales. La desatención puede generar responsabilidad de diferente tipo, incluso en el ámbito penitenciario. Por todo lo señalado hasta ahora considerara necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese Concello de Sarria los siguientes recordatorios de deberes legales: Que con urgencia se dé estricto cumplimiento a lo previsto en el art. 22.1 de la Ley del Valedor do Pobo, que impone a todas las administraciones gallegas la remisión de los informes que requiera esta institución, lo que implica que esos informes sean congruentes con lo requerido y por esto respondan de forma clara y suficiente, lo que no sucedió en el presente caso. Que con urgencia el ayuntamiento adopte las medidas necesarias para cumplir de forma estricta su función legal de control de los ruidos y en general de las condiciones de los locales amparados por licencias de funcionamiento expedidas por el propio ente local, de tal manera que se garanticen los derechos fundamentales y de otra naturaleza de los afectados. Que con urgencia se actúe adecuadamente en el tratamiento del problema objeto de la queja y en consecuencia se compruebe y se corrija el funcionamiento de los establecimientos tratados en el caso de comprobarse que funcionan sin ajustarse a las condiciones de su licencia. Y que también con urgencia se comprueben los niveles de ruido transmitidos a las viviendas de los afectados; que tales comprobaciones se den cuantas veces se requieran por los afectados a través de llamadas por estar sufriendo en ese momento niveles superiores a los permitidos; y que se hagan de forma adecuada, esto es, en ese preciso momento, cuando se producen los hechos que supuestamente constituyen infracción administrativa. Respuesta del Concello de Sarria: recomendación no aceptada. 6.-Recomendación dirigida al Concello de A Pobra do Caramiñal el 3 de abril de 2013 debido a los ruidos de dos actividades, una discoteca y una instalación de baile (Q/2156/12 e 692/12). En esta institución se iniciaron expedientes de queja como consecuencia de los escritos de queja de Dª ... referente a los ruidos de dos actividades, una discoteca y una instalación de baile, en A Pobra do Caramiñal. En el escrito que dio lugar a queja Q/2156/12 nos indica que anteriormente había promovido la queja Q/46/11, referente a los ruidos procedentes de una discoteca de A Pobra. Del último informe municipal relativo a la misma se dedujo que, en lo que se refiere a la transmisión de altos niveles de ruido a las viviendas, el ayuntamiento entendía que la forma de comprobar tal circunstancia sería realizar una medición en el interior de ellas, pero la interesada no deseaba tal cosa. Concluimos que las mediciones deberían hacerse en el momento en que avisen los afectados de que se está produciendo el ruido que denuncian; la medición hecha de forma adecuada sería un instrumento eficaz para exigir las responsabilidades que correspondan y hacer corregir la actividad irregular que se desarrolle. El otro aspecto destacable de la queja era el funcionamiento de la terraza como espacio complementario de la actividad, lo que resultaría irregular. El ayuntamiento señalaba que no se utilizaba la terraza como anexo, ya que pertenece a otro local que lo explota en calidad de bar de copas. Lógicamente, esta explicación no resultaba justificativa; debería descartarse la comunicación entre la terraza y la discoteca, puesto que esta debe permanecer estanca para que el ruido no salga al exterior -no hay doble puerta en ese punto-, y aun para el caso de descartarse la comunicación, habría que conocer si el local de copas usa el espacio exterior y molesta al vecinos. Ahora la afectada nos indica que nunca le ofrecieron hacer una medición en el interior de su casa. Estuvo más de un año llamando a la policía todos los fines de semana. Se acercaban al lugar, hablaban con el propietario, bajaba un poco la música, y en cuanto marchaban la volvía a subir. No puede decir si el ruido procede de la puerta, de la terraza o de ambos. La empresa que les hizo la medición acústica recomendaba tener todas las puertas cerradas y mejorar su estanqueidad y decía que de todas las puertas que tenía ninguna era estanca y nunca se hizo nada al respecto. Una temporada tuvieron un portero en la calle el cual abría y cerraba cuando entraban y salían clientes, pero luego ya la puerta estaba siempre abierta; conciertos autorizados por el Ayuntamiento los cuáles se realizaban en la terraza situada tras el local, que eran verdaderas pesadillas, señala; algarabías en la calle. Se vieron obligados a abandonar la casa e irse a una de alquiler. La terraza está en la parte de atrás, cubierta en parte por una gran carpa. Se accede desde el bar y de la discoteca a través de una puerta de corredera simple, no hay doble puerta y ya funcionaba antes de abrir el bar de copas. El proyecto que figuraba en el expediente ponía superficie construida 135,44 m2, superficie útil al público 225,00 m2, superficie útil al personal 140,00 m2, aseos 30,00 m2, superficie útil total 395,00 m2. Señala que no cuadra, siempre entendió que en una construcción la superficie útil era algo menos que la construida. Según el vecindario la cosa no cambió mucho. A las 3 de la madrugada del sábado la puerta estaba completamente abierta, sin portero y saliendo un importante nivel de ruido. Dª ... -… cuya vivienda linda con el local y la terraza, le contó que a ella la matan sobre todo los conciertos de rock que a menudo se celebran en la terraza hasta altas horas. No puede dormir ni en la planta de arriba ni en la de abajo y la casa le tiembla. Llama a la policía para denunciar ese hecho y el incumplimiento de horario. Dª …, esposa de D. … …, residentes en el 16 de la misma calle, oyen ruidos que les despiertan y no dejan dormir; también llamaron a la policía en alguna ocasión. D. ..., propietario de la vivienda…, dice que su casa está bien aislada, pero que igual oye ruidos tanto de música como de la gente. Siempre que está en fin de semana llama a la policía porque no pueden dormir y se queja del incumplimiento de horario. Cierran la puerta principal a la hora, pero luego la gente llega, llama a la puerta y le abren; antes de las 9 no se desaloja nunca el local, señala. Ante eso solicitamos información al Concello da Pobra do Caramiñal, que ya nos la remitió. En la misma se señala lo siguiente: “Recibido con fecha de hoy escrito de ese Organismo reiterando informe solicitado a esta Alcaldía en relación con el expediente de referencia, tengo que comunicarle que el mismo fue emitido con fecha 23 de noviembre del pasado año 2012 y remitido a esa Institución con fecha 27 del mismo mes por medio de escrito n° registro de salida 4571. Le junto fotocopia del mismo así como de acuse de recibo el día 28 del pasado mes de noviembre y firmado por ....” “Expediente: C.6.Q/46/11. En relación a la comunicación recibida en este Ayuntamiento y remitida por el Valedor do Pobo de fecha 18 de septiembre de 2012, reiterada mediante oficio de 18 de octubre de 2012, en la que se insta a aclarar la información enviada desde este Ayuntamiento en una comunicación anterior, relacionada con los hechos sobre los que versa el escrito de queja presentado por Dña. ... (Ref.: C.6.Q/46/11), se EXPONE: 1. Relativo al nivel de ruidos alegados por la denunciante, y a las mediciones ejecutadas por esta corporación reiteramos que este Ayuntamiento realizó las mediciones desde el exterior de la discoteca de ruidos pertinentes a fin de comprobar si efectivamente se sobrepasaban los niveles de contaminación acústica, llegando incluso a ofrecerle a ... realizar dicha medición desde su hogar, insistiendo en que ésta rehusó dicho ofrecimiento. 2. Con respecto a las quejas efectuadas por el resto de vecinos que se manifiesta en el informe, insistimos en esta respuesta al Valedor que no constan a este Ayuntamiento ninguna otra queja a este respecto por ningún otro vecino. 3. Referente a los ruidos que se alega se producen a consecuencia de la apertura de las puertas, volvemos a manifestarnos como en comunicaciones anteriores, habiéndose adjuntado ya informe de la Policía, matizando que las aglomeraciones de personas puestas de manifiesto por doña E. se dan en momentos eventuales de la noche, a la entrada y salida de personas del local, no constando a la Policía, otros incidentes de mayor entidad. Es consciente esta Alcaldía que en alguna ocasión puede producirse ruido en el exterior, al entrar o salir personas del local, pero como se le manifestó en las ocasiones anteriores, la Policía Local no tiene denuncias al respecto. 4. Relativo a la duda que se plantea por parte del Valedor do Pobo en su escrito, nos manifestamos nuevamente acerca de la no utilización de la terraza como anexo de la discoteca, ya que la misma pertenece a otro local que la explota en calidad de bar de copas. 5. En cuanto a lo relatado en el último informe del Valedor, no consta a este Ayuntamiento la situación puesta de manifiesto y que la puerta permaneciera abierta toda la noche, permitiendo la salida de un importante nivel de ruido, y en tal caso, insistimos en que no consta que éste sea el comportamiento habitual en el local, y que en tal caso ésta habría sido una circunstancia eventual. En cumplimiento de la Ley 6/1984, de 5 de junio del Valedor do Pobo, y en cuanto a la colaboración demandada es cuanto corresponde informar, estando a su disposición para aclarar estos y cuantos aspectos puedan ir surgiendo acerca de éste y otros asuntos.” Es de señalar que ya con ocasión de la anterior queja indicamos que sería preciso realizar una o más mediciones de ruidos en el interior de la vivienda. Esas mediciones se hacen adecuadamente en el momento en que avisan los afectados de que está produciéndose el ruido desproporcionado que denuncian. El aparente funcionamiento de la terraza como espacio complementario de la actividad de la discoteca resultaría irregular. El Ayuntamiento señalaba que no se utiliza la terraza como anexo, ya que pertenece a otro local que lo explota en calidad de bar de copas. Lógicamente, esa explicación no resultaba justificativa. Del último informe remitido por el ente local se deduce ahora que no se dieron las mediciones necesarias desde el primero momento, como se había señalado, y que no se ofreció esa posibilidad o que al menos se ofreció tarde, después de que la afectada hubiera decidido trasladarse de casa debido a los ruidos que sufría por causa de esa actividad y también de la otra de la que tenemos constancia a través de la queja Q/692/12. El ente local indica que ofreció la medición, pero no lo acredita documentalmente y haciendo constar cuándo se dio tal oferta y las condiciones de la oferta -que deberían ser las indicadas en la anterior queja-; la interesada señala que no se ofreció. Por tanto, y sin perjuicio de una posible prueba de la oferta de medición adecuada, cosa que no aporta el ente local, todo parece apuntar a que, de ofrecerse la medición, como afirma el ayuntamiento, esa oferta se dio después de que la afectada trasladara su domicilio por los ruidos sufridos. En lo que se refiere a la terraza, las explicaciones anteriores y la actual no resultan adecuadas, puesto que no se descarta que se utilice de la forma por la que se reclama; el ente local insiste en alegar la “no utilización de la terraza como anexo de la discoteca, ya que la misma pertenece a otro local que la explota en calidad de bar de copas”. Esa circunstancia -que la terraza sea de un o de otro local- no descarta en absoluto el motivo de la queja, que es que se utiliza de noche en ambiente abierto y por tanto con mucho ruido, lo que el ente local ni descarta ni impide. Por lo que se refiere a las reclamaciones de otros afectados, el ente local parece identificar “denuncia” con “denuncia por escrito”; sin embargo, las denuncias formuladas a través de llamadas a la policía local cuando se sufren ruidos también son denuncias (transmisión de la noticia a la autoridad competente de hechos que podrían ser constitutivos de infracción administrativa), y en ese sentido otras personas pudieron hacer tales denuncias, según se expresa en la queja. El ayuntamiento no desmiente que las personas que se mencionan habían llamado a la policía local, pero sí que “hubieran denunciado”, posiblemente por el error mencionado. El otro motivo de queja de la reclamante es la Q/692/12, también por ruidos; indicaba que desde el pasado verano viene padeciendo un serio problema debido a la pasividad del Concello da Pobra do Caramiñal. Abrieron un local en el bajo en el que se imparten clases de batuka y, además, se celebran aniversarios. Repetidamente se había quejado al ayuntamiento, tanto en persona como por escrito, del tremendo ruido procedente del local (música, algarabías, grito... ). Llamó a la policía solicitando que acudieran a su domicilio a fin de verificar ruidos, pero en ningún momento lo hicieron. Se dirigió al ayuntamiento varias veces por escrito solicitando que se tramitase licencia como actividad molesta, pero sólo obtuvo el silencio como respuesta, señala. No sabe siquiera si tiene licencia. Los hechos afectaron a su salud y a la de su familia, por lo que se vieron obligados a irse a vivir de alquiler, pero eso no puede ser la solución, señalaba. El ayuntamiento respondió con un primer informe que no aclaraba los dos principales motivos de la queja, esto es, la ausencia de licencia de funcionamiento y la falta de comprobación de la transmisión ruidos a la vivienda. Efectivamente, el ente local confirmaba que el establecimiento no contaba con licencia para la actividad que en este momento desarrolla, lo que era una seria irregularidad, y a pesar de eso no anunciaba actuación alguna para corregir tal circunstancia. Además, no se comprobó la principal consecuencia perjudicial del funcionamiento del local, la transmisión de ruidos a la vivienda, puesto que no daba cuenta de realización de la medición en la vivienda, como se reclamaba; sí había hecho una al parecer en el local, lo que no aclaraba las circunstancias de la queja, salvo el alto nivel de ruido en el interior -como es lógico, dada la actividad-. Por lo anterior requerimos informe complementario del ayuntamiento, que en esta ocasión aclaró que la licencia del establecimiento se concedió finalmente el 5 de julio de 2012, lo que confirmaría que la actividad funcionó sin ella durante casi un año. A pesar de eso el ayuntamiento no daba cuenta del levantamiento de acta de infracción y de la apertura de expediente sancionador. Por lo que se refiere a las mediciones, el ayuntamiento presentó dos que realizó la policía local los días 19 y 20 de octubre en las habitaciones de la vivienda de la afectada, dando como resultado 36, 37 y 34 dB en la tarde del primero día, y 31 y 28 en el segundo, aunque ya con la actividad cesada. De lo anterior se deduce que en la primera medición se sobrepasaron los niveles permitidos, y el segundo día la medición resultó ociosa, puesto que el local no tenía actividad. Como se subrayó en numerosas ocasiones a diferentes ayuntamientos, resulta evidente que las mediciones deben realizarse en el preciso momento en que se reciben las llamadas de denuncia por los afectados, puesto que se trata de comprobar una infracción administrativa, lo que no puede suceder en otro momento. Además, deberían expresarse las circunstancias apreciadas por los agentes, en especial si en la vivienda se siente la música y en general el ruido del establecimiento, cosa que no se hace. Eso parece corresponderse con la apreciación de la afectada, que en diferentes ocasiones manifestó en llamadas telefónicas que la medición se hizo sin clientes y que además, al ser advertida la presencia policial, el nivel de ruido era muy inferior al habitual. Por tanto, seguía sin concretarse el realizado polo ayuntamiento para evitar la transmisión de ruidos a la vivienda; el ayuntamiento daba cuenta de una medición, pero sin indicar el hecho al respecto, y no daba cuenta de su disposición a medir cuándo había recibido llamadas por ruidos, esto es, cuando se sufran las molestias denunciadas. A la vista de lo indicado de nuevo requerimos informe complementario. En él se señala lo siguiente: “En contestación al escrito de ese Organismo de fecha 7 del pasado mes de enero, que tuvo entrada en este Ayuntamiento el día 9 del mismo mes con registro de entrada 139, le comunico lo siguiente: El local al que este expediente se refiere está situado en el bajo de un edificio que a su vez se encuentra en un bloque de viviendas sito en la … no constando ninguna otra denuncia por cualquier otro vecino afectado más que la de la Sra. ... y la de la comunidad de propietarios y en concreto de la propietaria de la vivienda … del edificio (se junta copia). Las mediciones realizadas por la Policía Local, tras la llamada de la Sra. R. dan como resultado, como máximo, de 36,1 a 37 dB, con la actividad funcionando y de 31,6 dB sin actividad. Decir también que la actividad se está desarrollando en horario comercial, es decir, cuando el ruido exterior por circulación de vehículos y otros, es igual o superior al de la actividad. De todas formas, con esta misma fecha se le requiere a la Policía Local para que nuevamente haga las comprobaciones necesarias en distintas horas del día para comprobar la veracidad de la denuncia y preservar el descanso de la denunciante, y una vez realizadas las mismas, si le comunicará a ese organismo de forma inmediata.” Es de subrayar que después de un tiempo considerable no se recibió nada más del ente local, a pesar de lo expresado. Como se dijo, el ente local realizó comprobaciones -aunque en cierta forma cuestionables- respecto del ruido que se denuncia. El ayuntamiento aportó dos hechas por la policía local en las habitaciones de la vivienda de la afectada, con el resultado de 36, 37 y 34 dB, un día, y 31 y 28 en el otro -indica que con la actividad cesada, pretendiendo que eso sería el “ruido de fondo”-. Además, no se hacen constar todas las circunstancias propias de un acta esclarecedora de los hechos, como las circunstancias apreciadas por los agentes, en especial si en la vivienda se siente la música y en general el ruido del establecimiento. Tampoco se hace constar cómo se hizo la medición, sobre todo si la misma se hizo sin que se hubiera apercibido la actividad de la presencia de la policía. La afectada señala que una medición se hizo después de pedir a los clientes que habían salido. Tampoco se hizo la medición en el momento en que la afectada había sufrido los ruidos que venía denunciando, sino que, según indica, dado que ya había abandonado su casa, fue el ayuntamiento quien la llamó para hacerla por la mañana, sin que ella supiera el ruido que se hacía entonces; sin embargo, las mediciones deben realizarse en el preciso momento en que se reciben las llamadas de denuncia por los afectados, puesto que se trata de comprobar una infracción administrativa, lo que no necesariamente sucede en otro momento. En cualquiera caso, en la primera medición se sobrepasaron los niveles permitidos, pero no se corrige tal circunstancia, y además no se dieron las mediciones en el momento adecuado, incluso al punto de que la interesada se vio en la necesidad de abandonar su casa, a la vista de la falta de actuación eficaz del ayuntamiento para aclarar el nivel de ruido transmitido a ella y, en su caso, para sancionarlo y corregirlo. La conclusión es que no se hicieron mediciones adecuadas en los locales en el momento en que eran precisas y no se aclararon los otros motivos de denuncia, como era el funcionamiento exterior de la discoteca -o de otro local- o el funcionamiento sin licencia de la escuela de baile, lo que dio como resultado que la afectada y su familia abandonaran la casa de su propiedad, según manifiestan. Después se hicieron mediciones, pero de forma que no pueden considerarse concluyentes; no se hacen cuando se denuncia por los afectados, es decir, en el preciso momento en que los locales están perjudicándoles con niveles inadecuados de ruidos, cometiendo con eso una infracción administrativa. La comprobación debe hacerse cuando se da la denuncia, puesto que en otro no tiene sentido; la comprobación del aislamiento a los efectos de establecer las condiciones de funcionamiento es algo claramente diferente, puesto que esas condiciones se pueden alterar o defraudar posteriormente, con lo que las comprobaciones de las denuncias deben hacerse en todo caso. Además, las actas adolecen de las carencias que se mencionaron. La naturaleza de las licencias de funcionamiento de los locales obligan a los ayuntamientos a hacer una vigilancia continuada de los establecimientos con licencia. A través de este instrumento de control preventivo y continuado se protege el interés público, haciendo compatibles la actividad, por una parte, y la evitación de las molestias desproporcionadas, por otra, otorgando las licencias solamente cuando eso sea posible en función de las circunstancias particulares del supuesto y con las medidas correctoras previstas para garantizar la ausencia de perjuicios. Pero con el otorgamiento de la licencia no termina la labor del ente local. La licencia abre una relación continuada en el curso de la cual la administración local tendrá por función garantizar en todo momento el interés público, principalmente el de los vecinos inmediatos, lo que, según reiterada jurisprudencia, constituye una condición implícita de toda licencia municipal de funcionamiento. Una de las condiciones que deben cumplir los locales autorizados es el ajuste estricto al tipo de licencia que les fue concedida, de tal modo que sus actividades no sobrepasen los parámetros manejados a la hora de conceder las respectivas licencias de funcionamiento. Lo anterior supone una desatención de las funciones municipales contempladas en el art. 25 de la LRBRL (Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local), que establece que “el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del estado y de las comunidades autónomas, en las siguientes materias: f) protección del medio ambiente”. Esa desatención puede dar lugar a la responsabilidad municipal, como reiteradamente viene determinando la jurisprudencia. La ciudadana que promovió la queja está demandando la preservación de unos intereses especialmente protegidos en la Constitución Española, que ampara los derechos a la intimidad personal y familiar (art. 18.1), a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2), a la protección de la salud (art. 43.1), y el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y a la protección y avance de la calidad de vida (art. 45.1 y 2). Como consecuencia de las citadas disposiciones constitucionales, los poderes públicos tienen la obligación principal de proteger los derechos mencionados, según lo establecido en el artículo 53 del Texto Fundamental. En el supuesto que conocemos, de la información disponible parece deducirse que el Concello da Pobra do Caramiñal no adoptó todas las medidas a su alcance para proteger los derechos constitucionales citados anteriormente y que están siendo objeto de menoscabo. Así pues, el principio constitucional de eficacia en la labor de las administraciones públicas (art. 103.1 CE) no parece haberse aplicado con rigor en el tratamiento de esta problemática, a la vista de la insuficiencia de las actuaciones municipales y fundamentalmente por la abstención en la adopción de las medidas adecuadas. Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese Concello da Pobra do Caramiñal la siguiente recomendación: Que con urgencia el ayuntamiento adopte las medidas necesarias para cumplir de forma estricta su función legal de control de los ruidos y en general de las condiciones de los locales amparados por licencias de funcionamiento expedidas por el propio ente local, de tal manera que se garanticen los derechos fundamentales de los afectados, especialmente el derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario (art. 18. 1 y 2 CE). Que por parte del ente local se realicen las mediciones de ruidos en viviendas que sean requeridas por los afectados mediante llamada de denuncia, y que se hagan en el preciso momento en que se da la denuncia, que se sancionen las infracciones que se detecten. Y que se evite la utilización nocturna de la terraza que se menciona en el caso de suponer una fuente de ruidos, como es previsible que lo sea de confirmarse su uso como servicio complementario de un local de copas. Respuesta del Concello da Pobra do Caramiñal: recomendación aceptada. 7.-Recomendación dirigida a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras el 13 de agosto de 2013 debido la falta de convocatoria periódica de los órganos de participación en materia de medio ambiente. (Q/141/12). En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. ..., …, debido a la falta de convocatoria periódica de los órganos de participación en materia de medio ambiente. En su escrito, esencialmente, nos indica que se incumple la periodicidad de las convocatorias de los organismos consultivos ambientales de los que ADEGA forma parte en representación de los colectivos ambientalistas gallegos. Se produce en el Consejo Gallego de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (COGAMADES), que tiene deber legal de reunirse semestralmente (art. 9 del decreto 74/2006). La última junta fue el 21-2-12. También en el Observatorio Gallego de la Biodiversidad, con deber legal de reunirse una vez al año (art. 4 Decreto 260/2007). La última junta fue el 22-12-10. El Consejo de la Red de Parques Naturales de Galicia tiene deber legal de reunirse semestralmente (art. 10 del decreto 148/2007); no hubo ninguna convocatoria desde su constitución. ADEGA entiende que la administración incurre en un comportamiento contrario a derecho que merma los derechos de representación e información que asisten a la entidad y por extensión al conjunto de las organizaciones ambientalistas gallegas a las que representa en estos organismos consultivos. Ante eso requerimos información a esa consellería, que ya nos la remitió, aunque con un retraso considerable; fue preciso recordar el deber legal de colaborar en las investigaciones de esta institución. En el informe se señala lo siguiente: “En relación al escrito de fecha 6 de mayo de 2013, por lo que se aportaba una queja formulada por F. E. S., en representación de ADEGA, sobre el incumplimiento en la periodicidad de las convocatorias de los organismos consultivos ambientales en los que forma parte ADEGA: Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sustentable (COGAMADES), Observatorio Galego da Biodiversidade y el Consello Rede Parques Naturais, le aporto informes al respecto enviados por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza y por la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental. Lo que le comunico en cumplimiento de lo establecido en la Ley 6/1984, del 5 de junio”. (Secretaría Xeral de Calidade e Evaluación) Habiéndose solicitado informe en el marco del expediente referenciado, tramitado por el Valedor do Pobo a instancia de D. ... en calidad de representante de ADEGA, en relación con el incumplimiento de la periodicidad de las convocatorias de varios organismos consultivos ambientales entre los que se cita el Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sustentable cuya gestión se atribuye a este centro directivo, hay que señalar: Desde el año 2009, el Pleno del Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sustentable viene siendo convocado, de conformidad con sus funciones, para la presentación y debate de las iniciativas surgidas en la Xunta de Galicia con respecto a disposiciones normativas o instrumentos de planificación con relevancia en el campo ambiental, entre los que cabe mencionar los siguientes: -Propuesta de ampliación de la Red Natura 2000. -Planes de conservación de diversas especies amenazadas. -Proyecto de Decreto por lo que se aprueba el reglamento del régimen económico y financiero del canon del agua y del coeficiente de vertido a sistemas públicos de depuración de aguas residuales. -Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia. - Proyecto de Decreto por lo que se aprueba el Estatuto de Augas de Galicia. - Proyecto de Decreto por el que se regula la colaboración de la Administración Hidráulica de Galicia en la ejecución y explotación de infraestructuras hidráulicas en el ámbito de las entidades locales de Galicia. - Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento marco del Servicio Público de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Galicia. -Proyecto de Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020. -Trabajos de las Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia. -Trabajos del Plan de Ordenación del Litoral de Galicia. -Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 9/2002, del 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. -Anteproyecto de Ley de Aguas de Galicia. -Proyecto de Decreto por lo que se declara la ampliación del Parque Natural de la Baixa Limia - Serra do Xurés. -Proyecto de Decreto por el que se declara la zona de especial protección para las aves de A Limia. Las juntas del pleno celebradas en ese período se programaron intentando agrupar de manera racional las citadas iniciativas según iban surgiendo de los respectivos órganos que los promueven, primando la voluntad de dotar de efectivo contenido y suficiente enjundia a las reuniones, sobre la observancia meramente formal de la frecuencia semestral señalada por el Decreto 74/2006: En todo caso, no se efectuaron solicitudes de los miembros para la inclusión de otros asuntos en el orden del día que pudieran haber justificar la convocatoria de más reuniones. Por otra parte, es necesario señalar que, más allá del Pleno del COGAMADS, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas viene manteniendo un permanente contacto con las entidades e instituciones de la sociedad civil representadas en el Consejo y, muy especialmente, con los cuatro colectivos ecologistas presentes en el órgano, a los que se dirigen consultas nominativas específicas en el marco de los procedimientos de evaluación ambiental de planes y programas o de proyectos.” (Dirección Xeral de Conservación da Natureza) “Con relación a la queja C.6.Q/141/13 del Valedor do Pobo formulada por D. F. E. S. en representación de ADEGA, sobre el incumplimiento en la periodicidad de las convocatorias de los organismos consultivos ambientales, se informa de lo siguiente: Con fecha 2 de agosto de 2007 se publica en el DOG el Decreto 148/2007, del 19 de julio, por el que se determina la creación, composición y funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Naturales de Galicia. En la parte expositiva del decreto se dice que: "La red de parques naturales de Galicia estará integrada por los espacios naturales que sean declarados parques naturales y que hasta el día de hoy son: el Monte Aloia, el complejo dunar de Corrubedo y lagunas de Carrexal y Vixán, la Baixa Limia-Serra do Xurés, O Invernadoiro, Serra da Enciña de Lastra y As Fragas do Eume", y que "la configuración de una Red de Parques Naturales de Galicia persigue conseguir un estado de conservación favorable de los elementos que componen la biodiversidad que contienen, así como el idóneo desarrollo sostenible dentro de las singularidades y particularidades de cada uno de ellos". El decreto tiene por objeto la creación del Consello da Rede de Parques Naturais de Galicia, que ejercerá las funciones de información y asesoramiento de las juntas consultivas de los parques naturales de Galicia en el ejercicio de sus competencias, coordinación de la gestión individual de los espacios naturales y promoción de políticas públicas de conservación y desarrollo sostenible de general aplicación a todos los parques naturales. Las Juntas Consultivas son los órganos para la colaboración en la gestión de los espacios naturales protegidos y para canalizar la participación de los propietarios y de los intereses sociales y económicos dentro de la zona de influencia de cada parque natural según el artículo 42 de la ley 9/2001, de conservación de la naturaleza, que las define, si bien el texto de la ley de conservación de la naturaleza no establece la periodicidad con que las juntas deben ser convocadas. La CMATI está aplicando su esfuerzo en impulsar el funcionamiento regular de las Juntas Consultivas, hoy por hoy se está revisando la composición de los miembros y los Presidentes de todas las Juntas Consultivas, regulados en el Decreto 265/2007, del 28 de diciembre, por el que se modifica la composición de las juntas consultivas de los parques naturales de Galicia, para su adaptación a la nueva estructura de la Administración autonómica y de sus consellerías, una vez establecida la renovación de la composición de las juntas consultivas, es pretensión de la consellería que estas se reúnan por lo menos una vez al año. Igualmente, con relación al Consello da Rede de Parques Naturais se replanteará su composición con el desarrollo de la noticia normativa del Patrimonio Natural y la Biodiversidad que pretende impulsar la consellería, tras lo que se impulsará su regular funcionamiento. Del mismo modo, con relación al Observatorio gallego de la biodiversidad, que la Dirección general de Conservación de la Naturaleza ha previsto convocar a este órgano consultivo a lo largo del presente año y señalar al respecto que aunque no se convocó una reunión común en el pasado año, se han efectuado consultas a los respectivos miembros en relación a varios planes de conservación de especies amenazadas que se están tramitando. En relación con el incumplimiento de la periodicidad de COGAMADES, no es competencia de esta Dirección General.” Una vez examinado el contenido de las respuestas aportadas parece deducirse que se confirma lo indicado en la queja, puesto que la consellería no da cuenta de las convocatorias periódicas de los distintos órganos de participación ambiental a los que se refiere la reclamación. Después de un tiempo considerable no desmiente lo indicado, por lo que en principio -a falta de posibles aclaraciones- debe entenderse que lo confirma; tampoco señala cuando está previsto convocarlos, salvo en el caso del Observatorio Gallego de la Biodiversidad, que se convocará en lo que resta de año, por lo que sigue sin conocerse el momento en que finalmente se cumplirán las previsiones respecto de los otros dos órganos colegiados. La consellería señala que las juntas del COGAMADES se convocan agrupando las iniciativas a tratar según van surgiendo y pretendiendo que tengan contenido, primando tal criterio sobre “la observancia meramente formal de la frecuencia semestral señalada por el Decreto 74/2006”; que mantiene permanente contacto con las entidades representadas en el Consello, “y muy especialmente con los cuatro colectivos ecologistas presentes en el órgano”; que el Consello da Rede de Parques Naturais se replanteará en su composición, tras lo que se impulsará su regular funcionamiento; y que el Observatorio Galego da Biodiversidade será convocado “a lo largo del presente año”, pero no se convocó el pasado, aunque “se han efectuado consultas a los respectivos miembros en relación a varios planes de conservación de especies amenazadas que se están tramitando”. Los argumentos justificativos de las faltas de convocatorias periódicas no resultan adecuados, puesto que las mismas resultan incondicionales y se rigen únicamente por un criterio temporal, de acuerdo con la normativa que se cita. La participación orgánica concreta el derecho que se atribuye a las organizaciones sociales para formar parte de los diferentes órganos consultivos relacionados con las políticas públicas medioambientales. Con la situación confirmada implícitamente en la respuesta conocemos incumplimientos de las disposiciones legales en este orden. La participación social específicamente referida a la protección ambiental la encontramos regulada en diferentes directivas comunitarias y también en la Ley gallega 1/1995, de protección ambiental, que enumera entre los principios que la inspiran los de publicidad, participación y transparencia administrativa, que se mencionan en el art. 2.i). El Convenio Aarhus, sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, ratificado por España, señala como objetivo de los estados firmantes la protección del derecho de cada persona, tanto de las generaciones presentes como futuras, a vivir en un medio ambiente adecuado (artículo 1), para lo cual se exige a las partes, entre otras cosa, “la participación del público en la toma de decisiones”. Según señala el preámbulo del convenio, todos los ciudadanos, y las organizaciones no gubernamentales en particular, tienen un importante papel en la protección del medio; pero para poder desempeñarlo y hacer valer el derecho a vivir en un medio ambiente que garantiza la salud y el bienestar, se debe establecer como premisa que esos mismos ciudadanos tengan acceso a la información y se encuentren facultados para participar en la toma de decisiones. Además, el respeto a los principios de información y participación permite tomar mejores decisiones, aplicarlas más eficazmente, y, en general, ayudan las autoridades públicas. El Programa de Acción de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 propugna la creación de vías de participación de las organizaciones no gubernamentales en la elaboración y ejecución de políticas orientadas al desarrollo sostenible. Las circunstancias puestas de relieve hasta ahora resultan especialmente negativas se tenemos presente que esta institución ya tuvo ocasión de conocer y confirmar quejas con un objeto similar. Las Q/403/2000 y Q/505/2005 se referían a la junta de gobierno del organismo autónomo Augas de Galicia, con recomendación para que se corrigiese la situación, como consta en el Informe al Parlamento del 2005. Otras se referían a la ausencia de convocatoria de otros órganos de participación social incardinados en la consellería, como el anterior Consello Galego de Medio Ambiente (Q/991/2002) o el Observatorio Galego de Educación Ambiental (Q/1105/03); los expedientes se finalizaron con recomendaciones. En esta ocasión volvemos a encontrarnos con supuestos en los que no se dio cumplimiento a las previsiones de convocatorias periódicas de los instrumentos de participación social en materia de medio ambiente. Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas la siguiente recomendación: Que se dé estricto cumplimiento a las previsiones de la normativa relativa a las convocatorias periódicas de todos los órganos administrativos a través de los que se produce la participación social en la gestión de los asuntos públicos en materia de medio ambiente. Respuesta de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: recomendación aceptada. 8.-Recomendación dirigida al Concello de Ourense el 27 de agosto de 2013 debido a los perjuicios ocasionados por una actividad de tintorería (Q/2486/12). En esta institución se inició procedimiento de queja como consecuencia del escrito de D. ... debido a los perjuicios ocasionados por una actividad de tintorería. En su escrito nos indicaba que como administrador de la comunidad de propietarios de la c/ … reclama debido a inoperatividad del Concello de Ourense ante la problemática surgida con el local comercial sito en el edificio…denunciaron a la tintorería que realiza sus trabajos en el bajo, pero no tienen respuesta alguna del ayuntamiento. Según rezan los escritos remitidos al Ayuntamiento, la referida tintorería vierte cenizas y humo por una de las fachadas del edificio, y tras ser notificado, sigue sin ser corregido el problema. Solicitan la intervención para que se ponga solución definitiva al problema. Ante eso requerimos informe al ayuntamiento, pero el primer informe municipal no aclaraba las circunstancias de la queja. En ella se indicaba que denunciaron a la tintorería del bajo, pero no tienen respuesta del Ayuntamiento. No obstante, el ente local no aclaraba que se había respondido a la denuncia, a pesar de que se requería. Además, se denunciaba que la tintorería vierte cenizas y humo por una de las fachadas del edificio, pero el problema no se corrige. Al respeto el ente local únicamente indicaba que el establecimiento cuenta con licencia, aunque no de que tipo (anterior RAMINP ...) y que se cumplía las condiciones establecidas tanto en el proyecto como en las medidas correctoras. Al margen de los aspectos formales señalados, lo más importante era que no se indicaba nada respecto de la necesaria comprobación de lo específicamente denunciado, que son los perjuicios y molestias indicados. El ente local únicamente señalaba que el expediente se encuentra pendiente de un informe técnico del aparejador municipal en relación con las molestias que se denunciaban, sin que después se hubiera recibido nueva comunicación. Por lo anterior de nuevo nos dirigimos al ente local, que en esta ocasión aclaró que la licencia se concedió al amparo del RAMINP; se indica que el proyecto se había remitido a la Comisión Provincial de Medio Ambiente y esta acordó lo procedente al amparo del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, e informó favorablemente el proyecto de la actividad, condicionado al cumplimiento de las medidas correctoras del proyecto aprobado. Sin embargo, no se aclaró que se hubiera dado la licencia definitiva o de funcionamiento después de la comprobación de la adecuada aplicación de las previsiones del proyecto y de las medidas correctoras (art. 34 RAMINP). En lo relativo a las molestias en general, en particular a los olores que sufren en la comunidad, se denunciaba que se sufren en el portal -y aunque los cristales se encuentran llenos de vapor por la mañana-. El olor, que indican que es “inaguantable”, hizo que llamaran a la policía local, que levantó atestado. El vertido se da desde la fachada posterior, lo que hace que los olores, humo y cenizas lleguen al patio de luces y al portal. También denunciaron los ruidos de las máquinas fuera y dentro del horario de trabajo, y que los desagües de la tintorería se hacen mediante la tubería del edificio. Al respecto el informe municipal señaló que cuándo se acudió no se comprobaron tales cosas; sí se señalaba que en la fachada posterior existen unas canalizaciones que proceden del interior, posiblemente de ventilación, y que la conexión a la tubería está prevista en el proyecto. Lo indicado en el informe del ayuntamiento no era óbice para que en cualquier otro momento diferente al de la “inspección visual” se puedan comprobar las circunstancias reiteradamente denunciadas; sería preciso que se hubiera entrado en contacto con los denunciantes y afectados para ir a comprobar en el preciso momento en que se habían dado los problemas, principalmente a la mañana. Respecto de esta concreta circunstancia -olores y vapor- las denuncias indican que se comprobó y levantó atestado por la policía local, y sin embargo en el informe no se señala nada al respecto. Además, deberían aclararse la legalidad de la salida exterior y sobre todo si por ella sale en algún momento de la actividad lo que indican los afectados. En lo relativo al vertido a las canalizaciones de la comunidad, al margen de que se hubiera encontrado tal cosa en el proyecto, debe indicarse si tal circunstancia es adecuada y en todo caso evita que se transmitan molestias a los vecinos, que no tendrían por qué soportarlas. Y en lo que afecta a los ruidos, debería aclararse si se hicieron mediciones en las viviendas de los afectados en el momento en que estos avisan porque es entonces cuando sufren esos ruidos. Respecto al aspecto formal de la queja, esto es, la falta de respuesta a las denuncias, seguía sin darse cuenta de esa preceptiva respuesta. A la vista de todo lo indicado nos vemos precisados de insistir en la necesidad de aclarar todos los aspectos de la queja que eran competencia del ayuntamiento, que debería dar cuenta de las medidas que correspondiesen. Ese informe complementario, el tercero, ya se recibió. Una vez evaluado su contenido se deduce que de nuevo no se aclaran las cuestiones objeto de la queja; el informe consiste en la remisión a otro del aparejador municipal en el que este menciona que la aclaración de algunas de las cuestiones pendientes no son función de él, sin que tampoco el ayuntamiento aporte respuesta adecuada de quien corresponda, puesto que lo único que aporta es el mencionado informe del aparejador. En lo que se refiere al fondo del asunto, se insiste en mencionar que en la visita no se detectaron cenizas, humos y gases en el portal, la escalera y la fachada del edificio, y que no existe normativa que permita intervenir en contra de esas circunstancias, sugiriendo que debería tratarse desde el ámbito sanitario; y, finalmente, en lo que se refiere al aspecto formal, esto es, la ausencia de la debida respuesta, no se aclara que esta finalmente se hubiera dado. Las actividades clasificadas precisan la correspondiente licencia municipal de funcionamiento, autorización otorgada antes según lo establecido en el RAMINP de 1961 (Decreto 2.414/1961), como al parecer sucedió con esta actividad, y ahora mediante el procedimiento regulado en el Decreto 133/2008. A través de este instrumento de control preventivo y continuado se protege el interés público, haciendo compatibles la actividad, por una parte, y la evitación de las molestias desproporcionadas, por otra, otorgando las licencias solamente cuando eso sea posible en función de las circunstancias particulares del supuesto y con las medidas correctoras previstas para garantizar la ausencia de perjuicios. Pero con el otorgamiento de la licencia no termina la labor del ente local. La licencia abre una relación continuada en el curso de la cual la administración local tendrá por función garantizar en todo momento el interés público, principalmente el de los vecinos inmediatos, lo que, según reiterada jurisprudencia, constituye una condición implícita de toda licencia municipal de funcionamiento. Lo actuado por el ente local para garantizar el buen funcionamiento y la consiguiente ausencia de perjuicios y molestias no resulta adecuado. En primer término, después de diferentes requerimientos dejando patente las aparentes carencias de esa actuación, el ente local al parecer aún no respondió formalmente a la denuncia, y sobre todo no da cuenta de comprobación concluyente de las circunstancias que reiteradamente fueron objeto de denuncia y queja; únicamente se indica que se fue una vez -no cuando los afectados avisan de que los perjuicios se hacen patentes- y no se apreciaron, por lo que por nuestra parte indicamos al ayuntamiento que debería entrarse en contacto con los afectados para acudir en el momento en que esos perjuicios se den; tal forma de proceder resulta precisa en estos supuestos, en los que deben comprobarse circunstancias en tiempo real o en el preciso momento en que suceden, no en otro; sin embargo, el último informe no da cuenta de que tal cosa se hubiera hecho o se vaya a hacer en breve. Por lo que se refiere a la falta de parámetro legal que permita una actuación respecto de los concretos motivos de queja, esta alusión resulta inadecuada, puesto que, como señalamos, se trata de la preservación del interés público, en especial el de los vecinos inmediatos, lo que debe concretarse en la garantía permanente de la ausencia de perjuicios y molestias que no tienen porqué soportarse; en términos más sencillos, resulta evidente que si en el momento de la solicitud de licencia se hubieran conocido las molestias que ahora se tratan, aquella resultaría denegada, salvo su adecuada corrección. Los afectados demandan la preservación de un interese especialmente protegido en la Constitución Española, que ampara el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y a la protección y mejora de la calidad de vida (art. 45.1 y 2 CE). Como consecuencia de lo anterior, los poderes públicos, y entre ellos las administraciones locales, tienen la obligación principal de proteger los derechos mencionados, según lo establecido en el artículo 53 del Texto Fundamental. En el supuesto que conocemos, de la información disponible parece deducirse que el Concello de Ourense no adoptó todas las medidas a su alcance para proteger los derechos citados, que pueden estar siendo objeto de menoscabo. Así pues, el principio constitucional de eficacia en la labor de las administraciones públicas (art. 103.1 CE) no parece haberse aplicado con rigor en el tratamiento de esta problemática, a la vista de la insuficiencia de las actuaciones municipales y fundamentalmente por la abstención en la adopción de las medidas adecuadas. Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese Concello de Ourense la siguiente recomendación: Que con urgencia se proceda a comprobar de forma adecuada la presencia de las circunstancias perjudiciales reiteradamente denunciadas por los vecinos afectados por la actividad en tela de juicio, y que se haga cuantas veces resulten necesarias para confirmar o descartar de forma suficientemente motivada esas circunstancias; y que también con urgencia se proceda a responder de forma adecuada a la denuncia de los reclamantes. Respuesta del Concello de Ourense: recomendación pendiente. 9.-Recomendación dirigida al Concello de Arteixo el 13 de noviembre de 2013 debido a los perjuicios y molestias por el funcionamiento de un local de ocio (Q/111/13). En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de Dª ... referente a perjuicios y molestias por el funcionamiento de un local de ocio en Arteixo. En su escrito, esencialmente, nos indica que antes había promovido la queja C.6.Q/2237/07, relativa a las molestias provocadas por el local Bata de Guata. De la información aportada entonces se dedujo que el local no contaba con licencia y que se encontraba en tramitación una solicitud para convertirse en café-concierto. El técnico actuante propuso la suspensión de las actuaciones y la apertura de un expediente de reposición de la legalidad. El establecimiento llevaba funcionando irregularmente dos años. De prosperar eso lo previsible era que se hubiera solucionado el problema objeto de la queja. Ahora señala que sus vecinos y ella no aguantan la situación provocada por el local. En numerosas ocasiones se quejaron al Concello de Arteixo porque no hacía nada por remediarlo; alega que no puede hacer la prueba de medición acústica y dicen que contrate a un particular para realizarla. La medición acústica que hizo el local para tener licencia no superó los límites establecidos, pero la hicieron sin gente en el local, a las 9 de la mañana y sin ningún tipo de actuación, por lo que no refleja la realidad. Remite fotos en las que se puede observar el frente del local, que son cristales sin insonorizar, donde sitúan la terraza bajo unos soportales; durante todo el día, desde su apertura hasta el cierre, ocupan a mayores el espacio de una obra pegada a uno de sus laterales, que lleva 13 años en construcción, teniendo grave peligro para la gente, ya que sólo cuenta con la estructura. Cada vez que realizan una actuación/concierto/espectáculo, para que quepa más gente en el local, sacan los muebles a la terraza, quedando a la vista de la gente. Ya que su aforo es de 93 personas; los días de concierto se supera con mucho y el ayuntamiento hace la vista gorda. Durante un tiempo, más o menos un año, no tuvieron problemas acústicos, ya que no realizaban ningún tipo de actividad que no fuera el de una sencilla cafetería. Eso cambió en el momento que el Concello de Arteixo les concedió la licencia. Realizan conciertos y espectáculos de martes y jueves. Cada vez que se llama a la policía se escucha perfectamente la música y la letra del cantante, pero no se soluciona. Las quejas se remiten al concejal, pero no hace caso. No pasan las revisiones de los filtros del aire; si no lo hacen le vibra la casa. El vecino el 1º-C escucha en el almacén el continuo movimiento de botellas y cajas cuando reponen por las noches; y el vecino del 1º-A , que trabaja a turnos, ya puso quejas en el ayuntamiento y está harto del ruido de la puerta de la entrada principal. La farmacia pegada al local huele a comida, por lo cual preguntan reiteradas veces por donde pasa la salida de humos, no teniendo contestación ni del ayuntamiento ni de los dueños. Reclama que se actúe; que cumplan las normas o se revoque la licencia del local, ya que es insoportable poder vivir con semejante ruido. En algunas ocasiones no se puede ni mantener una conversación en el piso. Ante eso requerimos información en diferentes ocasiones a ese ayuntamiento. En la primera ocasión se señalaba que “... le adjunto copia de las actuaciones practicadas. Al mismo tiempo, le significo que de las actuaciones que a tal efecto se vayan produciendo por esta administración se le dará puntual traslado”; indicamos que no aclaraban los extremos de la queja, puesto únicamente se aportaban instrucciones dadas a determinados departamentos municipales, pero no el resultado, esto es, el informe propiamente dicho y que había sido objeto de nuestro requerimiento el pasado 24 de enero. Además, se remitían fotocopias, y no el informe expresamente requerido sobre aspectos también concretos. Ante eso requerimos aclaración sobre los extremos pendientes. Del examen de la documentación –en el informe- remitida como respuesta a lo anterior se dedujo que se ordenó a los responsables del local que se justificase el correcto del sistema de evacuación de humos; que se hizo una medición acústica en el local, aunque poniéndolo en conocimiento “de las partes implicadas” -se supone que la orden se dirigió a los servicios municipales, aunque no se indicaba-; y que informe sobre el cumplimiento de las condiciones de la licencia de café-concierto. Después de eso no se recibió nada más, por lo que no se conocían las circunstancias que se reclaman en la queja desde hacía mucho tiempo. Llamaba la atención la previsión respecto de la medición mencionada, que sería una, a pesar de que, según la queja, las infracciones por inmisiones de ruidos en las viviendas son abundantes, y se avisaría al supuesto infractor, lo que hacía que previsiblemente no tendría valor para garantizar los derechos de los denunciantes, que reclaman que se hiciera cuando se dé su concreta llamada por encontrarse afectados por la invasión ilegítima de los ruidos, con vulneración de derechos fundamentales (art. 18. 1 y 2 CE). Lo actuado respecto del aislamiento del local no exime de la necesidad de comprobar las denuncias concretas, como se deduce de la naturaleza de la licencia (de funcionamiento). De nuevo requerimos del ayuntamiento que con urgencia se facilitase aclaración sobre los extremos pendientes, en concreto sobre la comprobación de las circunstancias mencionadas en la queja; sobre las condiciones de la licencia -garantía de insonorización adecuada, etc.-; sobre las causas por las que no se hacen mediciones de ruidos transmitidos a las viviendas afectadas cuando se denuncien las concretas molestias, a pesar de resultar obligado para el ayuntamiento; sobre los incumplimientos de aforo; sobre las condiciones de evacuación de gases; y en general sobre la garantía de respeto a la intimidad personal y familiar en el domicilio de los afectados. El informe municipal ya se recibió y en él se señala, básicamente, que el local tiene licencia municipal; que aportó certificado del cumplimiento de las condiciones acústicas; que la afectada “en ningún momento aportó pruebas documentales o de otra índole que avalen el contenido de sus denuncias”; que carece de medios para hacer mediciones con rigor y por esa razón se reclamó la medición de la que ya se había dado cuenta, realizada una empresa homologada; que se justifique avisar a los afectados de la medición programada; y finalmente, en lo que se refiere a la evacuación de gases, se remite un informe de la Consellería de Economía e Industria que aún no se conoce. Con el fin de complementar la información recibida nos pusimos en comunicación directa con el ayuntamiento. En él se subrayó de nuevo que, en lo que se refiere a las necesarias mediciones para comprobar las transmisiones de ruidos, en la actualidad no existe la posibilidad de hacerlas en el sentido mencionado en las comunicaciones transmitidas por nuestra parte debido a que el ayuntamiento no tiene ni aparato de medición ni personal que se considere habilitado para eso, aunque se mostró disposición para corregir tal carencia. En numerosas ocasiones hemos indicado a los ayuntamientos que las mediciones resultan necesarias para comprobar y sancionar las infracciones por ruidos, que causan evidente menoscabo en el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad personal y familiar (art. 18. 1 y 2 CE) y en otros derechos constitucionales, y para disuadir a los responsables de seguir haciéndolo. Deben hacerse en el preciso momento en que los afectados avisan a los agentes responsables del acto, que acudirían de forma discreta -si no lo hacen de esa manera no podrán comprobar la supuesta infracción- y cuantas veces sea preciso hasta hacer valer el efecto disuasorio de las consecuencias legales previstas para infracciones que suelen repetirse noche tras noche, convirtiendo la situación que padece el ciudadano afectado, en el caso de confirmarse, en una conculcación habitual de sus derechos. Por contra, una medición programada a los efectos de comprobar el nivel de aislamiento acústico -una condición previa al funcionamiento- no empiece la necesidad evidente de medir cuantas veces se denuncien ruidos desproporcionados en las viviendas. Por lo que se refiere a la celebración de conciertos o espectáculos, la vigilancia municipal, además de referirse al control de ruidos transmitidos, de acuerdo con lo expresado hasta ahora, debe también dirigirse a descartar en todo caso los extremos que se mencionan en las quejas y se denuncian, esto es, que el local incumple sus previsiones de aforo mediante el desalojo del mobiliario; el local debe respetar las exigencias de aforo y permanecer en condiciones estancas (doble puerta y con ellas cerradas, con las ventanas cerradas, sin uso de la terraza ...), puesto que en caso contrario los perjuicios por los que se reclama serían evidentes. Finalmente, en lo que se refiere a la mención municipal a la aportación de medios de prueba por parte de la denunciante, resulta claro que tal exigencia no resulta adecuada, puesto que, tal y como venimos indicando, se trata de la comprobación de eventuales infracciones administrativas, de lo que resulta la necesidad y el deber de la administración competente de comprobarlas por sus propios medios, denunciar, en su caso, y actuar de oficio para corregir las actuaciones infractoras. Las actividades clasificadas precisan licencia municipal de funcionamiento, autorización otorgada según lo establecido en el anterior RAMINP y ahora en el Decreto 133/2008, del 12 de junio, por el que se regula la evaluación de incidente ambiental. A través de este instrumento de control preventivo y continuado se protege el interés público, haciendo compatibles la actividad, por una parte, y la evitación de las molestias desproporcionadas, por otra, otorgando las licencias solamente cuando eso sea posible en función de las circunstancias particulares del supuesto y con las medidas correctoras previstas para garantizar la ausencia de perjuicios. Pero con el otorgamiento de la licencia no termina la labor del ente local. La licencia abre una relación continuada en el curso de la cual la administración local tendrá por función garantizar en todo momento el interés público, principalmente el de los vecinos inmediatos, lo que, según reiterada jurisprudencia, constituye una condición implícita de toda licencia municipal de funcionamiento. Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese Concello de Arteixo la siguiente recomendación: Que con urgencia se habiliten los medios técnicos y humanos precisos para realizar las mediciones de ruidos que sean reclamadas por los afectados en sus viviendas, y que esas mediciones se hagan en las condiciones adecuadas que se mencionan; que cuando los vecinos soliciten mediciones por denunciar la transmisión de ruidos, aquellas se den cuantas veces se reclamen, de tal forma que se garanticen los derechos potencialmente afectados de los reclamantes y especialmente su derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario. Respuesta del Concello de Arteixo: recomendación pendiente de efectividad 10.-Recomendación dirigida al Concello de Xinzo de Limia el 21 de noviembre de 2013 debido a los perjuicios ocasionados por diferentes locales de ocio (Q/13399/13). En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. ... debido a los perjuicios ocasionados por diferentes locales de ocio de Xinzo de Limia. En su escrito, esencialmente, nos indica que al lado de su casa hay 3 locales dedicados al ocio nocturno que están haciéndoles la vida imposible. Estos locales son clientes de la asesoría del alcalde y amigos de él, según señala; son el bar "UP", el bar "Chaman Blues" y el Pub "Flumen Oblivionis". Con el respaldo del alcalde los horarios de cierre y de emisión de ruidos no van con ellos; cierran cuando quieren, hacen el ruido que quieren y nadie toma medidas; hay más gente que denunció los hechos y no se les hizo caso, igual que a ella. Dos de esos locales ni tan siquiera tienen licencia como pub, sino de café-bar, pero su horario es igual o superior al de los pubs. El local "Chaman Blues", por ejemplo, cuando abrió no tenía licencia y estuvo abierto durante cuatro meses sin las autorizaciones pertinentes. Denunció los hechos y le dijeron en el ayuntamiento que iban a precintar el local, cosa que nunca ocurrió, ni le requirieron absolutamente nada a ese local. El hecho de ser cliente de la asesoría del alcalde no debería evitar cumplir la ley, señala. El local ni está insonorizado, ni tiene las medidas legales, ni la actividad que realiza es legal. El bar "UP" aun es peor. El ayuntamiento ya no solo es que haga caso omiso a las reclamaciones por ruidos y escándalo público por la vía del dialogo, sino que por si fuera poco divulga otra vez los datos de las personas que llaman para requerir la presencia de la Policía Local. Los ruidos y los problemas que se montan en la calle impidiendo el descanso de las personas y familias es bochornoso. Destrucción de la propiedad privada, gritos, peleas, roturas de los buzones, destrucción de cerraduras para poder acceder a las casas, etc. Este local en los últimos veinte días, por culpa de la Policía Local, está siendo un sin vivir. La Policía le dijo quien estaba llamando porque no podía dormir y porque estaba incumpliendo los horarios de cierre dada la categoría del local y uno de los propietarios hasta llegó a agredirle físicamente primero y después pasó la destrucción de sus propiedades, como puede verse en las denuncias que adjunta. La Policía Local es capaz como se demostró de poner a un vecino como yo de esta villa en peligro. Tiene ataques continuados contra su propiedad. Se siente inseguro, sin respaldo por las autoridades del ayuntamiento. Si no cumplen las normas y los ciudadanos no pueden descansar en sus casas con las familias. Son gente humilde y sencilla que viven como cualquiera otra persona, pero no permiten que tengan los derechos más elementales. Lleva 4 años y medio tratando de que se hagan mediciones de ruidos en la propiedad para que ellos mismos vean de una vez por todas el infierno que vive y que sus quejas son tan reales como el hecho del poco caso que le hacen, dándole largas, diciendo que la máquina está estropeada, cosa que es mentira, que no está la persona, o que hay mucha gente en la calle para hacer la prueba. Cada día una cosa distinta para no hacer su trabajo. Cuatro años después aparecen agresiones y demás con destrucción en su propiedad. Adjunta documentación para comprobar lo que expone. Además el 21/06/12 hizo un escrito solicitando poner delante de su casa unas jardineras como efecto decorativo, pero también tratando que los vehículos no estacionasen delante de la vivienda e impidan el acceso. No se lo permiten porque la calle donde vive es peatonal y por lo tanto no se puede circular ni estacionar. No obstante, por dicha calle circulan vehículos en doble dirección y estacionan vehículos. Esto ocurre 24 horas al día y los 365 días del año. El ayuntamiento dice que si hay algún coche que moleste que los avise. Lleva 4 años avisando de este hecho y cuando la Policía Local se digna a venir lo único que hace es buscar a los dueños por los bares de la zona o decirle que coja por el hueco para entrar su casa, y se tiene algo en contra de la gente que estaciona su vehículo delante de ella. No tenía que haber vehículos ni circulando ni estacionando, pero el ayuntamiento hace la vista gorda. Ante eso requerimos información al Concello de Xinzo de Limia, que ya nos la remitió. Una vez evaluado el contenido del informe municipal se deduce que se responde por medio de un extenso escrito de la policía local, que básicamente menciona que algún establecimiento tiene licencia municipal, aunque solo uno la tendría Flumen Oblivionis pub, mientras que los otros dos la tendrían para sencillos café-bar; lo Chaman Bles carece de licencia en la actualidad y además, de concederse, solo sería para bar, como dijimos; el Flumen no la tiene ,puesto que se menciona que es provisional, lo que significa que no podría haber iniciado su actividad sin la comprobación final, y en esa situación se encontraría desde 2005; se formularon denuncias contra lo Up por incumplimiento de su horario y contra lo Llaman Blues por carecer de licencia y ocupar la vía pública, y al respecto se remite algún documento sobre tales circunstancias, pero sin concretar el resultado final de los expedientes que sean de competencia municipal; el Flumen no tiene denuncias; habitualmente no se pueden realizar las mediciones de ruidos en viviendas debido a que existe mucho ruido de fondo, por tratarse de una zona con muchos locales de ocio y por tráfico u otros motivos; por carencia de personal las mediciones solo pueden hacerse en fin de semana; carecen de sonómetro, puesto que está en revisión -no se señala durante cuánto tiempo se dio esa circunstancia-; y se da cuenta de una medición positiva, aunque sin concretar el resultado del correspondiente expediente. Así pues, no se aclara la aparente situación irregular de los dos locales que tienen licencia (o la solicitaron) para ser sencillos bares, a pesar de que expresamente se había requerido tal aclaración al mencionar que debía identificarse el tipo de licencia (bar, pub ...) y el cumplimiento de sus condiciones, en especial evitando que los que sean sencillos bares o cafés tengan música y cierren a altas horas de la madrugada. El establecimiento Up cuenta con licencia de sencillo café-bar, y lo Llaman Blues ni tan siquiera la tiene, aunque la pidió; no obstante, funcionan como pubs, de acuerdo con las denuncias y quejas, no desmentidas por el ente local. Estas aparentes irregularidades se denuncian por el promotor de la queja, pero ni se aclaran por el ayuntamiento ni se anuncia su corrección. Tampoco se aclara la situación irregular del pub Flumen, que tiene licencia provisional, según el policía local, lo que significaría que el ente local no habilitó su funcionamiento actual, de acuerdo con la normativa que regía este tipo de trámites en el momento correspondiente. Las actividades clasificadas precisan una licencia municipal de funcionamiento. A través de este instrumento de control preventivo y continuado se protege el interés público, haciendo compatible la actividad con la evitación de las molestias desproporcionadas, otorgando las licencias sólo cuando eso sea posible en función de las circunstancias. Pero con el otorgamiento de la licencia no termina la labor del ente local. Pero además, la licencia abre una relación continuada en el curso de la que la administración local tendrá por función garantizar en todo momento el interés público, principalmente el de los vecinos inmediatos, lo que, según reiterada jurisprudencia, constituye una condición implícita de toda licencia municipal de funcionamiento. Una de las condiciones que deben cumplir los locales autorizados es el ajuste estricto al tipo de licencia que les fue concedida, de tal modo que sus actividades no excedan de los parámetros manejados a la hora de concederles las respectivas licencias de funcionamiento. No obstante, algunos de los locales objeto de la queja funcionaban y funcionan sin ajustarse a lo permitido por la licencia con que cuentan. Efectivamente, resta por aclarar lo actuado en relación con los locales que cuentan con licencias para funcionar cómo sencillos bares, cafeterías o similares, por lo que no pueden realizar su labor con música y con un horario amplio, entre otras muchas razones debido a que en el momento del ejercicio del control preventivo realizado, es decir, en el procedimiento de la licencia, los promotores y las administraciones intervinientes no garantizaron la inocuidad del local en esas condiciones de uso, al figurar otras bien distintas. Las exigencias ambientales para este tipo de locales son menos rigurosas, por lo que si posteriormente no ajustan su modo de funcionar a lo verdaderamente habilitado, pueden causar importantes perjuicios, y, en cualquiera caso, están incumpliendo las condiciones de la licencia municipal que poseen. El ente local tampoco aclara cómo impide que los clientes de los locales permanezcan a las puertas de los mismos a altas horas de la madrugada, algo no permitido -los locales nocturnos deben funcionar de una manera estanca- y claramente perjudicial, tal y como alega razonablemente el reclamante. Al contrario, esa circunstancia -a abundante presencia de gente en la zona- sirve para que la policía local se considere imposibilitada de hacer mediciones adecuadas del ruido transmitido a las viviendas, cuando en realidad debería impedirse -con carácter previo a la medición- que se transmitan ruidos por esa causa perfectamente evitable (los clientes a las puestas de los propios locales). Tal y como expresamos, en el informe local se da cuenta de alguna medición de hace tiempo. No obstante, además de ser antigua, sobre todo no se concreta su resultado, esto es, el curso dado al expediente por esa supuesta infracción y lo resuelto al respecto por el ayuntamiento, competente en esa materia. Finalmente, en lo que se refiere a la necesidad de hacer las mediciones que se reclaman por el afectado, es de subrayar que resulta obligado para el ayuntamiento comprobar adecuadamente el nivel de ruido transmitido a las viviendas y corregir, en su caso, la contaminación acústica transmitida por los locales objeto de la queja o por cualquier otra causa evitable. En numerosas ocasiones hemos indicado a los ayuntamientos que las mediciones resultan necesarias para comprobar y sancionar las infracciones por ruidos, que causan evidente menoscabo en el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad personal y familiar (art. 18. 1 y 2 CE) y en otros derechos constitucionales, y para disuadir a los responsables de seguir haciéndolo. Deben realizarse en el preciso momento en que los afectados avisan a los agentes responsables del acto, que acudirían de forma discreta -si no lo hacen de esa manera no podrán comprobar la supuesta infracción- y cuantas veces sea preciso hasta hacer valer el efecto disuasorio de las consecuencias legales previstas para infracciones que suelen repetirse noche tras noche, convirtiendo la situación que padece el ciudadano afectado, en el caso de confirmarse, en una conculcación habitual de sus derechos. El artículo 25 de la LRBRL establece que “el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: f) Protección del medio ambiente”. En lo supuesto que conocemos, de la información disponible se deduce que el Concello de Xinzo no adoptó todas las medidas a su alcance para proteger los derechos constitucionales a la intimidad personal y familiar (art. 18. 1), a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2), al medio ambiente adecuado y a la calidad de vida (art. 45), y a la protección de la salud (art. 43). Así pues, el principio constitucional de eficacia en la labor de las administraciones públicas (art. 103.1 CE) no parece haberse aplicado con rigor en el tratamiento de esta problemática, a la vista de la insuficiencia de la actuación municipal. Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese Concello de Xinzo de Limia la siguiente recomendación: Que con urgencia se adopten las medidas precisas para evitar y corregir la actual actividad de los locales que funcionan sin licencia o sin ajustarse al tipo de licencia con que cuentan, de café-bar, puesto que aparentemente funcionan como pubs; que también con urgencia se detalle el curso dado al expediente municipal por ruidos comprobados o por el funcionamiento sin licencia de los locales objeto de la queja; que también con urgencia se eviten los ruidos provocados por la concentración de personas en la vía pública a las puertas de los locales y la altas horas de la madrugada; y que se realicen mediciones de ruido en la vivienda del afectado cuantas veces las reclame con llamadas a la policía local, y que esas mediciones se hagan en las condiciones adecuadas que se citan en esta resolución. Respuesta del Concello de Xinzo de Limia: recomendación pendiente de efectividad. 11.-Recomendación dirigida al Concello de Fene el 30 de diciembre de 2013 debido a los perjuicios y molestias ocasionados por un local (Q/2324/12). En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. ... referente a los perjuicios y molestias ocasionados por un local de Fene. Anteriormente había promovido la queja C.6.Q/841/12, referente a los perjuicios ocasionados por un local de Fene, el café Fussión. El ente local aclaró que el establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento y, en el caso de tenerla en el futuro, esta sería para funcionar como cafetería, y no como pub. Por esa razón el Ayuntamiento instó verbalmente a los responsables del local a que ante las molestias puestas de manifiesto por el vecindario cesen las mismas, “advirtiendo de la ilegalidad de mantener abierto el local sin licencia de actividad”. Lógicamente, esa actuación verbal no resultaba adecuada, puesto que debería haberse concretado en un requerimiento formal y en su caso en la apertura del correspondiente expediente sancionador y en la adopción de las medidas que hubieran correspondido (orden de cese ...). Además, también deberían haberse informado todas las circunstancias denunciadas, en especial la comprobación del nivel de ruido transmitido a las viviendas, el consumo en la calle y el incumplimiento del horario, pero no se hizo. No obstante, nos pusimos en contacto con el interesado, que entonces indicó que la situación había mejorado, pero el local seguía funcionando. También nos dijo que habían promovido unos alegatos en contra de la apertura del establecimiento. A la vista de eso procedemos al archivo provisional de la queja. Ahora el interesado señala que el 15 de junio del 2012 se realizó la última reunión de la comunidad, en la que se presentó D. ..., propietario del Café-Bar Fussion, con su abogado y su tío. Se leyeron los alegatos que presentó la comunidad en el ayuntamiento por el abogado y la gestoría, donde se exponen todos los incidentes que tiene el local, entre ellas que la licencia que tiene es de acondicionamiento, pero no de apertura. El propietario del bar quiso llegar a un acuerdo para que retirasen los alegatos; el negocio no molestaría con la música por miedo a que le clausuraran el local. Luego de unos días volvieron a la misma situación y sufrieron las mismas molestias; la música se sigue escuchando por las noches (más los fines de semana), con el que su hijo, que tiene once meses, no duerme, se despierta sobresaltado y con ansiedad, con lo que se perjudica el bienestar de un menor. Incluso el propietario del 1° B, situado en la parte trasera del edificio, se presentó en varias ocasiones quejándose de la música y haciéndolo constar a la comunidad. El problema se agrava en el momento en el que el propietario de dicho local lleva la situación a un problema personal; le denunció por pérdidas en el negocio, por acoso, porque afirmaba que no le dejan desarrollar su trabajo, que sacaban fotos a sus clientes y que le pedían dinero a cambio de que no le cerrasen el local, siendo todo falso. En el juicio en el Juzgado de Paz de Fene salió absuelto. En la madrugada del 2 de septiembre la casa quedó vacía y el 15 una pariente encontró que no se podía acceder porque la cerradura tenía pegamento Loctite. Una pareja de la Guardia Civil subió al domicilio y vio la situación, se procedió a poner la denuncia, sin pruebas de que hubiera sido el propietario, pero con firmes sospechas, afirma. El 19 de septiembre por la noche regresaron después de un largo viaje y no pudieron acceder al domicilio con el bebé. Descubrieron que también habían echado pegamento Loctite en el buzón. Se dedica a acosarles, observándoles en la calle, se pasea por delante de la casa por el día y por la noche, dando vueltas alrededor del vehículo, timbra el domicilio a cualquier hora, sobre todo por la noche, despertando al hijo; hay un menor por medio a quien molesta y acosa. El 20 de septiembre acude su esposa al Cuartel de la Guardia Civil de Fene exponiendo el problema que sufren, pero le dicen que es cosa de la Policía Local, donde siempre les aseguran que es asunto del ayuntamiento, pues ellos no tienen medidores de sonido y cierran a las 21:00 horas. Aún están esperando respuesta sobre los alegatos presentados al Ayuntamiento. La madre del propietario tiene conocidos en el cuartel de la Guardia Civil. Echaron para atrás la denuncia porque les indicaron que no daban nombres, pero se presentó el propietario del local acusándoles: sabemos que fuiste tú. Esa misma noche le llamaron al cuartel para ser informado de una nueva denuncia en su contra y para pasar por allí la mañana del 21 de septiembre. El 21 de septiembre, después de estar en el cuartel de Fene, fue la Guardia Civil de Pontedeume a presentar su denuncia por los daños sufridos en el domicilio -necesitamos una que certifique lo que sucedió para presentar al seguro- y exponen el acoso en la persona de mi mujer. Esa misma noche timbra en el domicilio y se pasea por delante de la vivienda y coche. La noche del 22 de septiembre el propietario del 10 vuelve a escuchar la música por la noche, pues el local tiene muchas veces las puertas abiertas. La situación es insostenible; aun no recibieron respuesta del Ayuntamiento, cuando el local tiene una cerradura preventiva desde junio o julio. Sigue realizando sus funciones y haciéndoles la vida imposible. Reclaman la protección del Defensor como Defensor del Menor. Ante eso requerimos información en diferentes ocasiones a ese ayuntamiento. Después de diferentes requerimientos este indicó al titular del establecimiento que existen reclamaciones por ruidos e incumplimiento de horarios y le requirió que se ajuste a la licencia concedida, de sencilla cafetería, pero sin que se mencione que se hubiese comprobado ninguna de las circunstancias indicadas, especialmente el desajuste del funcionamiento real del establecimiento respecto a la licencia y también los ruidos. Para conocer la efectividad de la medida municipal, fundamentalmente si el establecimiento estaba funcionando como una cafetería sin música, nos pusimos en comunicación directa con el reclamante, que nos indicó que los problemas seguían siendo los mismos y que en el fin de semana el local continuaba con música a alto volumen, que se transmitía a su vivienda, y con fiestas o espectáculos no autorizados, como venía haciendo hasta ahora. Por lo anterior de nuevo requerimos del ayuntamiento que con urgencia facilitase aclaración, que ya remitió. El informe municipal señala básicamente que el 18 de octubre se comprueba, por orden de la alcaldía, si la actividad de la Cafetería Fussión se adapta a la licencia concedida, sobre todo en lo relativo a los ruidos y a la utilización de música amplificada, por mor de las denuncias presentadas en reiteradas ocasiones por el reclamante. Se realizó un dispositivo con cuatro policías locales, dos de uniforme y dos de paisano, de 22:30 a 02:00. Los policías de paisano realizaron rondas a pie por las cercanías del local, mientras que los uniformados patrullaban por las cercanías. No escucharon ningún tipo de música amplificada ni cualquiera otro tipo de sonido que hubiera podido causar molestias a los vecinos, a pesar de que el local parecía tener el aforo completo y también había clientes en la terraza exterior. En el mismo tramo horario estuvo en el domicilio del denunciante una empresa especializada para realizar una medición de ruido, con un resultado negativo, lo que consta en la documentación enviada. Puestos en contacto con el afectado, nos indicó que el día de la comprobación no existía problema alguno, puesto que el responsable del local o bien estaba avisado o bien se apercibió del dispositivo. Ese día no se puso la música, a pesar de que grabaron para un programa de TV sobre locales nocturnos, lo que demostraría que es a eso a lo que se dedica, y no a la actividad propia de una cafetería. Añadió que ahora el problema de la transmisión de ruidos se da en menor medida, sobre todo porque la música no se pone todos los días, sino solo algunos viernes y sábados, pero no todos -de forma aleatoria-. Sin embargo, cuando se hace sonar se hace a un volumen muy alto y molesta de forma importante, tal y como se viene denunciando. Además, el establecimiento prolonga su jornada hasta muy tarde, dejando que los clientes permanezcan hasta las 6 algunos días tanto dentro, con las puertas cerradas, como fuera, consumiendo lo adquirido en el local y molestando en la calle. De lo anterior se deduce que con la última comprobación que se traslada el ente local demuestra buena disposición para realizar los trabajos precisos de su competencia en aras a determinar los hechos denunciados y actuar en consecuencia. No obstante, la labor realizada es insuficiente debido a que no se adecúa a las necesidades para este tipo de supuestos. El que el ayuntamiento realizó fue un dispositivo programado que incluyó una comprobación sonométrica en la vivienda del afectado. En numerosas ocasiones hemos señalado en los Informes al Parlamento de Galicia y a diferentes ayuntamientos que las comprobaciones de las transmisiones de ruidos a las viviendas deben hacerse en el preciso momento en que tal cosa se denuncia por parte de los afectados, es decir, cuando el local está perjudicando con niveles inadecuados de ruidos, cometiendo con eso una infracción administrativa. Esta comprobación debe hacerse cuando se de la denuncia, puesto que en otro momento carece de sentido o puede tener otro diferente a la comprobación de una infracción, que debe hacerse siempre en tiempo real. Además, tal necesidad -de hacer mediciones cuando avisen los reclamantes- se deduce de la naturaleza de las licencias de los locales, de funcionamiento, lo que obliga a los ayuntamientos a hacer una vigilancia continuada de los establecimientos con licencia de este tipo. Por lo que se refiere a la presencia de música, que el establecimiento sigue utilizando, según el afectado, también debería hacerse el mismo tipo de comprobación, esto es, acudir allí cuando él, que es el que conoce la situación en cada momento y por tanto sabe cuando se producen hechos que pueden ser infracción (en este caso, utilizarla sin estar previsto para este tipo de licencia), llama para realizar la comprobación. Por lo que se refiere a la comprobación de los horarios y a la presencia de clientes en el interior y en el exterior a altas horas de la madrugada, debemos señalar lo mismo, esto es, que resulta precisa la comprobación de esos supuestos hechos en el preciso momento en que se denuncien, para que, en el caso de comprobarse, se inicie el correspondiente expediente sancionar tantas veces se den los hechos, hasta que finalmente se produzca el efecto disuasorio asociado a las comprobaciones y sanciones de los hechos que constituyen infracción. Al respecto del problema general es de señalar que lo mismo se conoce desde hace más de un año y sin embargo aún no encontró solución, según lo afectado, a pesar de la última actividad municipal, que se aproxima a la solución, aunque con los matices que mencionamos. Es de destacar que la situación afecta a derechos fundamentales, tal y como reconoce la jurisprudencia; pueden estar siendo perjudicados los derechos a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio. Además, uno de los afectados en la vivienda es un menor, cuya protección en todos los ámbitos (salud, sueño, descanso, educación ...) debe resultar prioritaria. El ciudadano que promovió las quejas está demandando la preservación de unos intereses especialmente protegidos en la Constitución Española, que ampara los derechos a la intimidad personal y familiar (art. 18.1), a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2), a la protección de la salud (art. 43.1), y el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y a la protección y mejora de la calidad de vida (art. 45.1 y 2). En el supuesto que conocemos, de la información disponible parece deducirse que el Concello de Fene no adoptó todas las medidas precisas para proteger los derechos citados anteriormente. Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar al Concello de Fene la siguiente recomendación: Que con urgencia se realicen las comprobaciones de utilización de música en la actividad y las mediciones de ruidos que sean precisas porque el afectado llame a la policía -o a quien el ente local determine- para indicar que sufre los perjuicios que viene denunciando desde hace tiempo; que las mediciones se den en el preciso momento de la llamada, cuando el local está perjudicando con niveles inadecuados de ruidos, cometiendo una infracción administrativa; que en su caso se actúe para corregir y sancionar las infracciones; que se compruebe también y en su caso se evite la presencia de personas consumiendo o molestando a las puertas del local y el funcionamiento con las puertas cerradas fuera del horario permitido después de sobrepasarse el tiempo de obligado desalojo. Respuesta del Concello de Fene: recomendación aceptada. 12.Recomendación dirigida al Concello de Sanxenxo en fecha 17 de junio de 2013, debido a las molestias por ruidos producidas por el establecimiento.(Q/2140/12, Q/1979/12, Q/2009/12 y Q/1810/12). En esta institución del Valedor do Pobo se abrieron los expedientes arriba indicados como consecuencia de varios escritos de queja presentados, respectivamente, por Dª ..., respecto de las molestias por ruidos producidas por el establecimiento denominado “IPUB” (C.2.Q/1810/12); por Dª. ... y otros, respecto de molestias similares producidas en los establecimientos denominados “BOULEVARD”, “FRIENDS”, “NORAT” y “IPUB” (C.2.Q/1979/12); por D. ..., también por los mismos motivos en relación con la actividad del establecimiento denominado “BB2” (C.2.Q/2009/12), y por Dª. ..., también por las molestias por ruidos producidos por el establecimiento “BOULEVARD” (C.2.Q/2140/12). Al considerar que estas quejas reunían los requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la Ley del Valedor do Pobo, y que encontraban en principio cobertura constitucional derivada de los artículos 18, 1) y 2), y 45 de la Constitución, se admitieron a trámite y se promovió la investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos en que se basaban. A este respecto, en relación con la queja C.2.Q/1810/12 recibimos un primer informe de ese Concello de Sanxenxo del 18-7-2012 (RS nº 1599) en el que se indicaba expresamente lo siguiente: “El citado establecimiento IPUB obtuvo licencia municipal provisional el 02 de julio de 1998, para Café-Bar, siendo titular de la misma la mercantil ....; y licencia municipal definitiva el 14 de julio de 1998. Por Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Sanxenxo de 11 de junio de 1999 se autorizó el cambio de actividad de café-bar a cafetería de una taza, en el citado establecimiento sito en el C… de Portonovo, luego de la solicitud de la mercantil .... El 24 de marzo de 2009 se produce un cambio de titularidad de la licencia municipal en favor de la mercantil ... El 25 de febrero de 2011 cambia de nuevo la titularidad de la licencia municipal, pasando la misma a la mercantil ..., que es titular en la actualidad. En su momento, por la mercantil interesada se aportó informe sobre la medición del aislamiento del local a ruido aéreo, de 29 de junio de 2006, en el que se indica su cumplimiento. (Se adjunta copia). El 20 de julio de 2006, por el Arquitecto Técnico municipal se informa de la instalación y verificación del limitador-sonógrafo en la cadena de sonido. (Se adjunta copia). Desde el último cambio de titularidad, al establecimiento de referencia se le incoaron cuatro expedientes sancionadores por infracción del horario de cierre, el 013-11 IH, 016-11 IH, 024-11 IH y 006-12 IH. De dichos expedientes se le dio traslado a la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, a los efectos de su competencia; para, en su caso, imponer sanciones graves por reiteración de sanciones leves, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Además, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la contaminación acústica del Concello de Sanxenxo, en concreto en su artículo 10.2 en su último párrafo que establece que los dispositivos, (sonógraforegistrador), deberán enviar los datos al sistema de inspección diariamente, considerándose la falta de recepción de los mismos así como la existencia de cualquier incidencia, que atañe al funcionamiento correcto del dispositivo, como suficiente para la suspensión preventiva de la actividad; se incoaron dos expedientes de suspensión preventiva de la actividad; en concreto el 001-11 SON, que se inicia por Resolución de la Alcaldía de 07 de julio de 2011 y finaliza por Resolución de la Alcaldía de 14 de julio de 2011; y el 001-12 SON que se inicia por Resolución de la Alcaldía de 02 de mayo de 2012 y finaliza por Resolución de la Alcaldía de 23/05/2012. Sobre la celebración de una fiesta tropical en el citado establecimiento, en la noche del sábado al domingo del 16 de junio de 2012, debe indicarse que no fue cierto que se celebrara la misma.” La información facilitada por ese ayuntamiento confirmó uno de los aspectos principales de la queja, esto es, el funcionamiento irregular del establecimiento, que tiene licencia de simple café-bar o cafetería, pero sin embargo funciona con música y como pub -como por otra parte se deduce claramente por su nombre comercial-. Esa circunstancia tiene importantes consecuencias perjudiciales: ruido, horario, instalaciones, como doble puerta, etc.-. Sin embargo, no se aclaraba en el informe que ese ayuntamiento hubiera dado adecuada respuesta a las denuncias de los afectados; en especial no aclaraba que se hubiera comprobado adecuadamente los niveles de ruido transmitido en las viviendas, a pesar de las numerosas denuncias promovidas. Esto tiene especial relevancia, es necesario subrayar, puesto que esa transmisión puede suponer la conculcación de derechos fundamentales -derecho a la preservación de la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario, art. 18. 1 y 2 CE- y de otros derechos constitucionales -arts. 43 y 45 CE-. En lo relativo a la doble puerta, tampoco se aclara esta cuestión, posiblemente porque el local formalmente es una cafetería, actividad a la que debiera ceñirse, lo que no sucede. En lo que hace referencia a la necesidad de tener un limitador y sonógrafo-registrador, ese ayuntamiento no mencionaba en el informe remitido si había comprobado el adecuado funcionamiento del primero, y sobre todo no aclara lo sucedido con el segundo; únicamente señalaba que como consecuencia de sus resultados se dieron lo que llama “suspensiones preventivas”, lo que seguramente hacía referencia a incumplimientos en los niveles permitidos, pero no aclaraba cuántos y con qué niveles, y sobre todo no indicaba cuál había sido el resultado de los expedientes sancionadores que se habían incoado por tal motivo, puesto que se trataría de infracciones administrativas con medidas cautelares de suspensión (“preventiva”, se señalaba por ese ayuntamiento). Respecto de la supuesta celebración de una fiesta, ese ayuntamiento señalaba en su informe que no se había celebrado (“no fue cierto que se celebrara la misma. Se adjunta informe de los Agentes de la Policía Local del Concello de Sanxenxo”). Sin embargo, el parte de la policía local señalaba que no tuvo constancia de la celebración de ningún concierto en el local y que no recibió queja o aviso, lo que es algo ciertamente diferente. Los reclamantes señalaban que se había celebrado, tal y como estaba anunciada, y que en ese ayuntamiento les habían dicho que la prohibirían. Los vecinos pudieron no llamar debido a que habitualmente no se acude a comprobar o no se actúa adecuadamente para impedir este tipo de situaciones, según indican. Sin embargo, ya antes habían advertido de que se celebraría, por lo que parecería lógica la comprobación. Por todo lo señalado, se hizo preciso requerir de ese ayuntamiento un informe complementario para la aclaración sobre los extremos mencionados y sobre todos los ya contenidos en el anterior requerimiento dirigido a ese ayuntamiento. A este respecto, recibimos un segundo informe de ese Concello de Sanxenxo del 10-10-2012 (RS nº 2003) en el que se indicaba expresamente lo siguiente: “Como ya se dijo con anterioridad, el citado establecimiento obtuvo licencia municipal provisional el 02 de julio de 1998, para Café-Bar, siendo titular de la misma la mercantil I., S. L., y definitiva el 14 de julio de 1998. Por Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Concello de Sanxenxo de 11 de junio de 1999 se autorizó el cambio de actividad de café-bar a cafetería de una taza, en el establecimiento sito en la C…. de Portonovo, luego de la solicitud de la mercantil .... El 24 de marzo de 2009 se produce un cambio de titularidad de la licencia municipal en favor de la mercantil .... El 25 de febrero de 2011 cambia de nuevo la titularidad de la licencia municipal, pasando la misma a la mercantil ... En su momento, por la mercantil interesada se aportó informe sobre la medición del aislamiento del local al ruido aéreo, de 29 de junio de 2006, en el que se indica su cumplimiento. Dicho informe se refiere a la transmisión del ruido, estableciendo un límite de decibelios permitidos. El 20 de julio de 2006, por el Arquitecto Técnico municipal se informa de la instalación y verificación del limitador-sonógrafo en la cadena de sonido. El establecimiento tiene instalado un equipo de control de sonido, (sonómetro y Limitador) Equipo TR039071, en cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la contaminación acústica del Concello de Sanxenxo, limitándose a 80 decibelios la emisión sonora, en base al informe de la medición del aislamiento acústico aportado. Desde el último cambio de titularidad, al establecimiento de referencia se le incoaron cuatro expedientes sancionadores por infracción del horario de cierre, el 013-11 IH, 016-11 IH, 024-11 IH e 006-12 IH. De dichos expedientes se le dio traslado a la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a los efectos de su competencia, para en su caso imponer sanciones graves por reiteración de sanciones leves, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Además, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la contaminación acústica del Concello de Sanxenxo, en concreto en su artículo 10.2 en su último párrafo que establece que los dispositivos, (sonógrafo-registrador), deberán enviar los datos al sistema de inspección diariamente, considerándose la falta de recepción de los mismos así como la existencia de cualquier incidencia, que atañe al funcionamiento correcto del dispositivo, como suficiente para la suspensión preventiva de la actividad; se incoaron dos expedientes de suspensión preventiva de la actividad, precisamente por constatarse la manipulación de los citados aparatos. El establecimiento no tiene obligación de disponer de doble puerta, por el tipo de licencia que posee. La licencia de cafetería permite tener equipos de sonido en los establecimientos, que no deberán emitir a más decibelios de los autorizados. En todo caso, la citada licencia tiene la limitación horaria fijada por la Orden de 16 de junio de 2005, por la que se determinan los horarios de apertura y cierre de espectáculos y establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Galicia, establece como horario máximo de cierre para la categoría denominada Cafetería, las 03,00 horas, ampliándose dicho horario hasta las 03,30 horas las noches de los jueves al viernes, del viernes al sábado, del sábado al domingo y del domingo al lunes. La misma ampliación se aplicará las noches anteriores a los festivos y las de los festivos. El control del cumplimiento del horario se llevará a cabo por la Policía Local del ayuntamiento. Su incumplimiento da lugar a la incoación de expedientes sancionadores, como más arriba se indicó. En cuanto al informe policial del 19 de junio de 2011, sobre la celebración de una fiesta en el establecimiento de referencia, en el que indican que no tuvieron constancia de la celebración de la misma, debemos estar a lo establecido en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, formalizados en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio; si bien, dicha presunción lo es iuris tantum y no iuris et de iure, por la denunciante nunca se aportó prueba en contrario que había acreditado sus manifestaciones. Debemos manifestar cierta curiosidad por la reiteración de denuncias sobre el establecimiento referido, cuando en las proximidades de la vivienda de la denunciante, y de su establecimiento de hostelería, se encuentran cuando menos cuatro locales con licencia de Café-Bar Categoría Especial o Pubs.” Por otra parte, en relación con la queja C.2.Q/1979/12 recibimos también un informe de ese Concello de Sanxenxo de fecha del 11-10-2012 (RS nº 1994, del 15-10-2012) en el que se indica expresamente lo siguiente: “El establecimiento denominado BOULEVARD obtuvo licencia municipal provisional el 06 de octubre de 1999, para Cafetería de una taza, sito en ... Portonovo, siendo titular de la misma D. ..., y definitiva el 15 de mayo de 2002, en la tramitación del expediente 466-24/98. La citada licencia, por cambio de titularidad, es transmitida a D° ..., manteniendo la calificación de Cafetería de una taza. (Expte.: 466-24/98). De nuevo, se transmite la citada licencia, por cambio de titularidad de 30 de abril de 2012, en favor de D. ... (expte.: 466-24/98). Debe indicarse que, la licencia concedida cumplía los parámetros fijados por la legislación urbanística y sectorial de aplicación, vigentes en el momento de su concesión. El establecimiento tiene instalado un equipo de control de sonido, (sonómetro y Limitador) Equipo TR039071, en cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la contaminación acústica del Ayuntamiento de Sanxenxo. Por cuanto el incumplimiento del horario de cierre, debe reseñarse que, revisados los archivos municipales, el establecimiento tiene incoado un expediente sancionador en dicha materia en el año 2010, y dos en el año 2011. Por lo que se refiere a la incoación de expedientes sancionadores por la superación de los decibelios permitidos, tiene incoado uno en el año 2010 u otro en el año 2011. Además, en el año 2010 se le suspendió preventivamente la actividad por manipulado del equipo de control de sonido (sonómetro-limitador). Se denuncia el incumplimiento del Código Técnico de la Edificación, por lo que debe indicarse que el mismo no estaba en vigor en el momento de concesión de la licencia, por lo que no es de aplicación. - El establecimiento denominado FRIENDS obtuvo licencia municipal de obra e instalación por Resolución de la Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 19 de octubre de 2005 y licencia de puesta en funcionamiento por Resolución de la Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 04 de mayo de 2006, en un establecimiento sito en la C/...de la villa de Portonovo (Sanxenxo), para Bar, en la tramitación del expediente 829-22/05, siendo su titular la mercantil .... Debe indicarse que, la licencia concedida cumplía los parámetros fijados por la legislación urbanística y sectorial de aplicación, vigentes en el momento de su concesión. El establecimiento tiene instalado un equipo de control de sonido, (sonómetro y Limitador) Equipo TRO38780, en cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la contaminación acústica del Concello de Sanxenxo y, con una limitación de 80 decibelios, fijados por la Delegación Provincial de Medio Ambiente. En cuanto al incumplimiento del horario de cierre, debe reseñarse que, revisados los archivos municipales, el establecimiento tiene incoado un expediente sancionador en dicha materia en el año 2007, otro en 2008 y dos en el año 2009. Por lo que se refiere a la incoación de expedientes sancionadores por la superación de los decibelios permitidos, tiene incoado uno en el año 2008. Además, al citado establecimiento le fue suspendida preventivamente la actividad en el año 2008 y 2012, luego de la comprobación de la manipulación de los aparatos de control de sonido (sonómetro y Limitador). Se denuncia el incumplimiento del Código Técnico de la Edificación, por lo que debe indicarse que el mismo no estaba en vigor en el momento de concesión de la licencia, por lo que no es de aplicación. - El establecimiento denominado NORAT obtuvo licencia municipal el 18 de mayo de 1990, para un Bar de 4° Categoría (expte. A024/90), y licencia provisional por cambio de categoría de la licencia para Cafetería 1 ° Especial el 14 de diciembre de 1995 y definitiva el 30 de julio de 1997, en un establecimiento sito en el C/… de la villa de Portonovo (Sanxenxo), en la tramitación del expediente 331-6/95, siendo su titular D° D. N. P.. Debe indicarse que, la licencia concedida cumplía los parámetros fijados por la legislación urbanística y sectorial de aplicación, vigentes en el momento de su concesión. El establecimiento tiene instalado un equipo de control de sonido, (sonómetro y Limitador) Equipo TR038780, en cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la contaminación acústica del Concello de Sanxenxo y, con una limitación de 80 decibelios, fijados por la Delegación Provincial de Medio Ambiente. En cuanto al incumplimiento del horario de cierre, debe reseñarse que, revisados los archivos municipales, el establecimiento tiene incoado tres expedientes sancionadores en dicha materia en el año 2008, dos en el año 2009, diez en el año 2010, ocho en el año 2011 y, hasta el momento actual uno en el año 2012. Se denuncia el incumplimiento del Código Técnico de la Edificación, por lo que debe indicarse que el mismo no estaba en vigor en el momento de concesión de la licencia, por lo que no es de aplicación. Además, en relación con la queja C.2.Q/2009/12 recibimos un informe de ese Concello de Sanxenxo de fecha del 11-10-2012 (RS nº 1994, del 11-10-2012) en el que se indica expresamente lo siguiente:: “El citado establecimiento BB2 obtuvo licencia municipal provisional el 02 de marzo de 1996, para Café-Bar de Categoría Especial, siendo titular de la misma la mercantil ..., y definitiva el 31 de julio de 1996, en la tramitación del expediente .... La citada licencia, por cambio de titularidad del 03 de septiembre de 1998, es transmitida a la mercantil G.M., S. L., manteniendo la calificación de Café-Bar Categoría Especial. (Expte.: ...). De nuevo, se transmite la citada licencia, por cambio de titularidad de 05 de febrero de 2007, en favor de la mercantil S.P., S. L. (expte.: ..). Debe indicarse que, la licencia concedida cumplía los parámetros fijados por la legislación urbanística y sectorial de aplicación, vigentes en el momento de su concesión. El establecimiento tiene instalado un equipo de control de sonido, (sonómetro y Limitador), en cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la contaminación acústica del Ayuntamiento de Sanxenxo. La queja presentada indica que el establecimiento carece de licencia de PUB, disponiendo de cafetería; lo cual no es veraz, pues como se indica mas arriba, obtuvo la licencia de Café-Bar Categoría Especial que es asimilable a PUB. Por canto al incumplimiento del horario de apertura, debe reseñarse que, revisados los archivos municipales, el establecimiento no ha incoado ningún expediente sancionador en dicha materia, en los años 2009, 2010, 2011 y 2012. Así mismo, tampoco cuenta con incoación de expedientes sancionadores por la superación de los decibelios permitidos. Se denuncia el incumplimiento del Código Técnico de la Edificación, por lo que debe indicarse que el mismo no estaba en vigor en el momento de concesión de la licencia, por lo que no es de aplicación. En todo caso, el interesado que formula la queja, en ningún momento presenta prueba alguna de los hechos denunciados, invirtiendo la carga de la prueba en la Administración.” Por otra parte, en relación con la queja C.2.Q/2140/12 recibimos también un informe de ese Concello de Sanxenxo de fecha del 16-10-2012 (RS nº 2002, del 19-10-2012), que coincide con el informe del expediente C.2.Q/1979/12, por lo que no es necesario reiterarlo aquí. A la vista de lo anteriormente expresado, estimamos que deben hacerse algunas consideraciones atendiendo a la normativa jurídica que debe tenerse en cuenta en relación con la problemática expuesta. Los reclamantes que promovieron las quejas están demandando la preservación de unos intereses especialmente protegidos en la Constitución Española, que ampara los derechos a la intimidad personal y familiar (art. 18.1), a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2), a la protección de la salud (art. 43.1), y el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado y a la protección y mejora de la calidad de vida (art. 45.1 e 2). Como consecuencia de las citadas disposiciones constitucionales, los poderes públicos tienen la obligación principal de proteger los derechos mencionados, según lo establecido en el artículo 53 del Texto Fundamental. En este sentido, es conveniente subrayar que por lo que se refiere a nuestra Comunidad Autónoma el Decreto 292/2004, de 18 de noviembre, por lo que se aprueba el Catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Galicia, establece en su artículo 2 que: “1.Todas las licencias y autorizaciones que se otorguen por las administraciones locales y autonómica para la celebración de espectáculos públicos, desarrollo de actividades recreativas o de apertura de establecimientos públicos dedicados a esta materia, deberán ajustarse, en cuanto a su denominación y definición, a las recogidas en este catálogo. Los números identificativos de la actividad o espectáculo recogidos en esta norma deberán figurar en las licencias otorgadas por los ayuntamientos. 2. En las licencias que concedan los ayuntamientos deberán constar con exactitud los espectáculos o actividades a que se dedique el establecimiento o recinto.” Por otra parte, en el Catálogo que figura como anexo al articulado de este Decreto 292/2004 se indican expresamente una enorme variedad de categorías de actividades, locales o establecimientos. En el apartado 2.6, referido a las “Actividades de ocio y entretenimiento”, consistentes en la realización de celebraciones, disfrute del tiempo libre, y la práctica de cualquier acción que tenga como fin el entretenimiento de las personas, se recogen varios tipos de establecimientos, entre ellos (apartado 2.6.4) los denominados Pubs: “establecimientos públicos fijos e independientes dedicados exclusivamente al servicio de bebidas. Pueden disponer de ambientación musical por medios técnicos, pero sin pista de baile”. Además, en este mismo catálogo en el apartado de “Actividades de restauración (2.7)” que aparecen definidas como “las que tienen por objeto la prestación de servicio de bebidas y comida elaborada para su consumo en el interior de los locales”, se recogen también varios tipos de establecimientos, entre los que se encuentran el bar o café-bar (2.7.2) y la cafetería (2.7.3). A la vista de esta normativa general aplicable en nuestra Comunidad Autónoma una cafetería se considera un establecimiento de restauración, y no un establecimiento de ocio y entretenimiento, lo que sin embargo se podría decir de un pub, en el que se podría disponer de ambientación musical por medios técnicos. En consecuencia, la instalación de aparatos para reproducir música sería incompatible con el concepto de cafetería, tal y como se define en el Catálogo referido. Por otra parte, en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la contaminación acústica de ese Concello de Sanxenxo (publicada en el BOP de Pontevedra de 14-3-2006) se indica expresamente en el Anexo III relativo a las Definiciones y Clasificaciones por Grupos de las diferentes actividades de entretenimiento y ocio, en el apartado 1.7 se señala expresamente que: “Como regla general, en el interior de los locales donde se desarrollen actividades del Grupo I, que tengan por finalidad fundamental la reunión de personas para charlar, tomar una consumición o comer, no se permitirá la instalación de aparatos de reproducción de música ni videos-musicales”. En este sentido, el café-bar y la cafetería figuran en el citado Grupo I. En la Ordenanza Municipal, sin embargo, los establecimientos con categoría de Café-bar especial figuran clasificados, junto con los pubs y cervecerías de más de 100 m2, en el Grupo II, por lo que este tipo de establecimientos quedarían fuera de la prohibición antes citada del apartado 1.7 del Anexo III. En este sentido, en los establecimientos con esta categoría que se mencionan en las quejas (es el caso de los locales “BB2” y “NORAT”) estaría permitida la instalación de aparatos de reproducción de música y vídeos-musicales. En los supuestos a los que se refieren las quejas presentadas, en los informes aportados no se indica si la licencia se concedió después de seguir los trámites previstos en el RAMINP. Por tanto, a falta de otra explicación de ese ayuntamiento, todo parece indicar que la licencia que se otorgó se trata de una licencia de cafetería que no se contemplaría como una licencia de funcionamiento, por tanto sujeta al procedimiento entonces regulado en el RAMINP, lo que exigía el correspondiente proyecto que garantizase la inocuidad del establecimiento potencialmente molesto, la apertura de un trámite de información publica, la notificación individual a los vecinos inmediatos, la licencia de obra (provisional, sin permiso para funcionar) con las medidas correctoras que se habían determinado, la comprobación por técnico municipal de la adecuada ejecución de lo exigido, y la licencia definitiva. Una de las condiciones que deben cumplir los locales autorizados es el ajuste al tipo de licencia que les fue concedida, de tal modo que sus actividades no superen los parámetros manejados a la hora de conceder las licencias de funcionamiento. A este respecto, los locales que cuentan con licencias para funcionar como simples bares, cafeterías o similares no pueden realizar su labor con música y con un horario amplio, entre otras muchas razones porque en el momento del ejercicio del control preventivo, es decir, en el procedimiento de la licencia, los promotores y las administraciones intervinientes (ayuntamiento y Consellería de Medio Ambiente) no garantizaron la inocuidad de los locales en esas condiciones de uso, al preverse otras. Las exigencias ambientales para este tipo de locales son menos rigurosas, por lo que si posteriormente no ajustan su modo de funcionar a lo verdaderamente habilitado, pueden causar importantes perjuicios, y, en cualquiera caso, están incumpliendo las condiciones de la licencia municipal que poseen. Este tipo de establecimientos, excepto los ya señalados de “BB2” y “NORAT” no pueden contar con música, ni pretender ejercer como pubs. Al respeto ya tuvimos ocasión de señalar en anteriores ocasiones que la denominación café-bar hace referencia a locales que no pueden incluir en su actividad equipos de música, incluso en los supuestos en que se encuentran mencionados en los proyectos (véase la recomendación y sugerencia incluidas en el Informe Anual al Parlamento de Galicia 2002: 249 y ss). Así se desprende de la diferenciación que realizan las variadas normas reguladoras de la materia, como puede ser el catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Galicia (Decreto 292/2004), el Real decreto 2816/1982, del 27 de agosto, por el que se aprueba el reglamento general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas, o las diferentes órdenes de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza que vienen regulando los horarios de apertura y cierre de los locales. El Decreto 292/2004 cita las salas de baile o fiestas, las discotecas, los pubs y los karaokes como establecimientos con ambientación musical, y, al contrario, al mencionar las cafeterías, cafés o bares no señala que tengan esa característica, la ambientación musical, por lo que la diferencia resulta clara. Por otra parte, debe de subrayarse que, a pesar de la anterior circunstancia y de las denuncias y quejas de los interesados, en la información remitida por ese ayuntamiento sigue sin aportarse ningún elemento relativo a la comprobación y, en su caso, corrección, de los ruidos que son objeto tanto de las denuncias de los reclamantes en los casos que motivaron las quejas, comprobaciones que necesariamente se debieran hacer en el preciso momento en que se dé la supuesta infracción, y cuantas veces se den las molestias nocturnas, a los efectos de comprobar y valorar la eventual reincidencia en el comportamiento infractor. En consecuencia, además de la obligación apuntada en el párrafo anterior, el ayuntamiento debería tener en cuenta que con el otorgamiento de la licencia no termina la labor del ente local. La licencia abre una relación continuada en el curso de la cual la administración local tendrá por función garantizar en todo momento el interés público, principalmente el de los vecinos inmediatos, lo que, según reiterada jurisprudencia, constituye una condición implícita de toda licencia municipal de funcionamiento. Todo lo anterior supone una desatención de las funciones municipales contempladas en el art. 25 de la LRBL, que establece que “el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del estado y de las comunidades autónomas, en las siguientes materias: f) protección del medio ambiente”. Y esa desatención puede dar lugar a la responsabilidad municipal, como reiteradamente viene determinando la jurisprudencia al juzgar supuestos muy similares. Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacerle llegar a ese Concello de Sanxenxo la siguiente recomendación: Que con urgencia se proceda a corregir la inadecuada concesión municipal de licencia de cafetería (sería el caso de los establecimientos “IPUB”, “BOULEVARD” y “FRIENDS”) con la autorización de instalación de equipos de sonido, que no se admiten para este tipo de locales ni en el Decreto de la Xunta de Galicia 292/2004, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas, ni tampoco en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la contaminación acústica de ese Concello de Sanxenxo, y que se corrija el funcionamiento irregular de estos establecimientos derivado de tal circunstancia. Que, por otra parte, en relación con los establecimientos que por estar clasificados como Café-bar de categoría especial (sería el caso de los establecimientos “BB2” y “NORAT”) y por lo tanto estarles permitido instalar aparatos de reproducción de música y vídeos-musicales, se atiendan puntualmente las denuncias de los reclamantes por molestias provocadas por ruidos procediéndose a la medición mediante sonómetros en los domicilios afectados cuando sea requerida por los interesados, para la comprobación efectiva de las molestias denunciadas. Respuesta del Concello de Sanxenxo: recomendación aceptada. V- CONCLUSIONES FINALES La oposición a los proyectos de plan de ordenación minera y de determinadas explotaciones ha tenido una relevancia considerable en nuestra actividad en materia de medio ambiente, como lo prueban las casi 650 quejas que hemos conocido por este motivo. Destacaron las muchas quejas recibidas contra el proyecto de mina de oro de Corcoesto, que argumentaban que con él se darían perjuicios sociales y económicos, más contaminación del agua y daños en la zona protegida, y que el proceso de análisis ambiental no había cumplido algún requisito del trámite de información pública o que la evaluación de los aspectos culturales fue inadecuada. Algunas de estas circunstancias fueron confirmadas en las investigaciones, tal y como destacamos en nuestras respuestas. También confirmamos la realidad de un buen número de quejas por deficiencias en materia de participación ciudadana y acceso a la información medioambiental en poder de las administraciones. Los órganos consultivos y de participación social en esta materia no se convocaron en los plazos previstos, circunstancia que conseguimos corregir después de la correspondiente recomendación. Esa falta de convocatorias periódicas fue detectada en ocasiones anteriores, por lo que debe ponerse especial atención en la planificación de sus convocatorias y en que se cumplan los roles que les atribuye la normativa. En cuanto al ejercicio del derecho a acceder a la información ambiental en poder de las administraciones de una forma rápida y sin trabas hemos apreciado un buen número de retrasos, finalmente corregidos con el curso de las quejas. La reforma prevista de la ley de la caza contemplaba una rebaja de la edad a partir de la cual se permite asistir a las cacerías. Ello nos llevó a reclamar de la Xunta que no se hiciera tal cosa. Se aceptó nuestra argumentación y por ello se modificó el proyecto de ley, de tal forma que la versión finalmente elevada al Parlamento de Galicia fijaba la edad legal en 16 años, lo que finalmente se aprobó. También conocimos actuaciones inadecuadas en materia de ruidos, vertidos o protección de los espacios naturales. La mayoría de las quejas tratadas tuvieron una solución satisfactoria, aunque en algunas hemos constatado que esa corrección se ha dado tarde y que los perjuicios sufridos por los reclamantes se deberían haber evitado mediante una actuación diligente. Esto se aprecia de forma especial en materia de contaminación acústica, donde algunos ayuntamientos siguen teniendo un comportamiento insatisfactorio. Esto pasó a pesar de que los incumplimientos en materia de ruidos suponen la conculcación del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario (art. 18.1 y 2 de la Constitución) y de otros derechos constitucionales (a la salud, art. 43; o a la calidad de vida y al medio ambiente adecuado, art. 45). Como aspecto positivo en materia de contaminación acústica seguimos apreciando una buena predisposición municipal para tratar los perjuicios de los botellones o las zonas acústicamente contaminadas, lo que reclamamos desde hace tiempo. Muchos ayuntamientos han actuado para evitar o disminuir los efectos negativos de esos fenómenos, aunque es cierto -como ellos mismos señalan- que una actuación sostenida en el tiempo sólo podrá mejorar la situación, pero no evitar todas las posibles infracciones. En algunos continúan los problemas de ruido en la vía pública como consecuencia de esos dos fenómenos, con importantes perjuicios para los vecinos afectados. ÁREA DE EDUCACIÓN I- INTRODUCCIÓN La inestabilidad de nuestro sistema educativo, tanto en la enseñanza obligatoria y el bachillerato como en la educación superior, va camino de convertirse en un problema crónico. Es evidente que la calidad de un sistema educativo requiere, además de una ingente asignación presupuestaria, una clara voluntad política –un amplio pacto de Estado sobre el modelo de educación que debe promoverse–, comprometiendo el esfuerzo de todos los sectores implicados en la enseñanza y de la sociedad en su conjunto. Mejorar los resultados de la acción educativa depende de una clara planificación de objetivos y recursos, del acuerdo social sobre el modelo y de la estabilidad del marco normativo. La situación que vivimos en nuestro país parece ir en la dirección contraria. El debate político y social generado este año al hilo de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa es una muestra elocuente de esta situación. La educación – en rigor, el modelo educativo- es un tema politizado en exceso. Son los partidos políticos quienes capitalizan el debate sobre el modelo de educación mientras en la sociedad, en general, se detecta un alto grado de desinformación y, en amplios sectores, de indiferencia. Solo los colectivos directamente afectados (profesores, estudiantes, sindicatos de enseñanza…) han organizado movilizaciones, y queda desdibujado el papel esencial que la sociedad debe desempeñar para educar. Quizá debamos reflexionar sobre el sentido profundo del proverbio africano que dice que para educar a un niño, hace falta la tribu entera. Los ciudadanos parecen haber interiorizado su función secundaria en la educación y asumen como algo inevitable que el modelo educativo cambiará cuando cambie el partido político en el gobierno. Ven con resignación que desde 1970 hayamos tenido ocho leyes orgánicas que han modificado el sistema educativo no universitario y cuatro leyes orgánicas en materia de universidades. Los profundos desacuerdos sobre el currículo escolar, la estructura de las enseñanzas, las lenguas vehiculares, la enseñanza religiosa o los conciertos educativos, con mensajes confusos sobre propósitos privatizadores, y la decisión de derogar la ley si se produce un cambio del partido político en el gobierno, generan en la sociedad una actitud de desesperanza e impotencia que no contribuye a un clima de decidido compromiso social para conseguir una educación de calidad. Por otra parte, cuando no se garantiza la prioridad del presupuesto educativo y se producen constantes restricciones en la organización prestacional de este derecho fundamental, todo el sistema se resiente. Los expertos que analizan las perspectivas de nuestro país en términos de crecimiento económico y creación de empleo subrayan, sin excepción, que uno de los obstáculos principales es la falta de un proyecto estratégico en educación, que pasa, de forma imprescindible, por invertir en la formación necesaria para competir en la moderna economía del conocimiento. La reducción de las partidas presupuestarias destinadas a educación en los últimos años (las partidas destinadas a educación en los Presupuestos de Galicia para el ejercicio 2013 disminuyeron un 4,3%, con lo que se dispuso de 96,5 millones de euros menos) va en el mismo sentido que los presupuestos generales del Estado, en los que disminuyó un 14,4%. Todo ello ha supuesto que la inversión pública en el sistema educativo se sitúe por debajo de la media de la OCDE. En el caso español, el aumento del gasto por alumno de educación infantil, primaria y secundaria en los últimos 10 años ha estado siempre por debajo de la media de la OCDE y de la UE. Solo el gasto por alumno en educación superior ha aumentado en valores por encima de la media de la OCDE y UE. No obstante, las universidades del Sistema Universitario de Galicia han recibido 371,5 millones de euros, un 5% menos que en 2012. Además de estas dificultades financieras, el SUG acusa los mismos problemas que el resto del sistema universitario español en términos de calidad y eficiencia. Una de sus consecuencias más llamativas es la dificultad de las universidades españolas para alcanzar puestos relevantes en las clasificaciones internacionales de los centros superiores de excelencia, o su presencia en esas clasificaciones muy por detrás de países que no son comparables al nuestro en tradición universitaria, sin perjuicio de que los indicadores y criterios empleados para ordenar estas listas sean, en ocasiones, discutibles. En nuestra comunidad se han ido consiguiendo todos estos años logros importantes en aspectos que afectan al contenido esencial del derecho fundamental a la educación: oferta de plazas en los centros de enseñanza, profesorado, becas y ayudas, atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, contratos-programa enfocados a la mejora del éxito escolar, el Plan LIA de bibliotecas escolares o la ampliación del Espazo Abalar. Es evidente que algunas personas han percibido una disminución de las prestaciones que venían recibiendo como consecuencia de los inevitables ajustes derivados de la disminución del presupuesto educativo, pero, en líneas generales, el servicio público de la educación se ha mantenido en niveles adecuados. La percepción social es distinta, en cambio, si nos referimos a los recursos educativos complementarios. Este año los problemas no han surgido, como en años anteriores, del transporte escolar, sino de la entrada en vigor del nuevo Decreto 132/2013, de 1 de agosto, por el que se regulan los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la consellería con competencias en materia de educación. Aunque nos referiremos a algunos problemas concretos que se han generado en su aplicación cuando analicemos nuestra actividad de supervisión, es necesario adelantar que, con carácter general, el espíritu de la nueva normativa se ajusta mejor al carácter compensatorio de las desigualdades que inspira este tipo de recursos o servicios complementarios. Parte de la base de desvincular la condición de usuario legítimo del transporte escolar de la condición de usuario gratuito del comedor y establece el pago de cuotas de comedor en atención a la capacidad económica real de las familias determinada por su renta per cápita. Esta configuración, correctamente aplicada, evita que el presupuesto educativo se vea gravado con la gratuidad del comedor para familias de rentas altas o muy altas, establece un sistema de bonificaciones a las rentas medias en función del número de hijos y un criterio de exención total en función de ciertas condiciones socioeconómicas. Con ocasión del examen de algunas quejas, analizaremos determinadas situaciones problemáticas que se han detectado. En el ámbito de la educación superior, la situación es muy distinta. La universidad sigue inmersa en un proceso de cambios estructurales y conceptuales muy profundos que no han ido acompañados de la financiación necesaria ni del imprescindible compromiso de la comunidad educativa para impulsar con éxito un nuevo paradigma de educación superior. Y lo que es peor, no parece que tengamos claro cuál debe ser este paradigma, las líneas maestras que definan qué tipo de educación superior pretendemos y qué recursos son imprescindibles. Se aprecia en la legislación en materia de estudios superiores un alto grado de improvisación y descoordinación que genera para muchos estudiantes situaciones problemáticas o, en ocasiones, claramente lesivas. En el informe anual de 2013 deseamos llamar la atención sobre dos de ellas: los títulos propios y las condiciones en las que se imparten algunos masters, que examinaremos con detalle en el apartado dedicado a nuestra actividad de supervisión. A los constantes cambios normativos que se producen en las cuestiones dependientes de la legislación estatal básica hay que sumar la Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia, que entró en vigor en el mes de julio. En cuanto a la colaboración de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria con este comisionado, hay que poner de manifiesto un retraso casi sistemático en el envío de los preceptivos informes y un nivel muy bajo de aceptación de las recomendaciones y sugerencias formuladas. II- DATOS CUANTITATIVOS El número de quejas recibidas a lo largo del año 2013 en el área de educación no universitaria y educación superior fue de 2864. Como ha sucedido en otras áreas de supervisión de la actividad administrativa, se han presentado quejas múltiples de idéntico objeto en las que una determinada medida, decisión o actuación administrativa afectaba a una pluralidad de ciudadanos. El número de quejas por asuntos que afectaban de forma individual a la persona promotora de nuestra actividad de supervisión ascendió a 178. A todos estos expedientes se les dio la siguiente tramitación: Total reclamantes Total asuntos Iniciadas 2864 178 Admitidas 2860 99,86 % 174 97,75 % No admitidas 4 0,14 % 4 2,25 % Remitidas al Defensor del Pueblo 0 ----- 0 ------ La situación de las quejas admitidas a trámite es la siguiente: Total reclamantes Total asuntos Concluidas 2389 83,53 % 67 38,50 % En trámite 471 16,47 % 107 61,50 % El escaso número de expedientes inadmitidos a trámite obedece a los siguientes motivos: -una queja se refería a la impugnación judicial de la convocatoria de becas por parte del Ministerio de Educación. -otra queja impugnaba las pruebas para la obtención de certificados de aptitud de profesores de formación vial convocadas por la Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. -otra queja no admitida se refería a la obligatoriedad del abono del seguro escolar, trasladándola a la interesada la normativa de aplicación. -por impugnación de calificaciones en la Universidad de Vigo, remitiéndole al procedimiento legalmente establecido. A lo largo de este año, se continuó y se concluyó la tramitación de expedientes iniciados en años anteriores. III- ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN Como acabamos de señalar, se promovieron en este año varias quejas múltiples que tenían un objeto idéntico a las que haremos referencia en este apartado. Al margen de estas reclamaciones que afectaban a amplios colectivos de ciudadanos, la tipología de las quejas en el área de educación, como es habitual, es muy heterogénea. En el ámbito de la enseñanza no universitaria se han promovido quejas en materia de escolarización, recursos educativos complementarios, becas y ayudas, acoso escolar, horarios de profesorado, atención a necesidades específicas de apoyo educativo, dotaciones e instalaciones educativas, ciclos de formación profesional, y enseñanzas de régimen especial (escuelas oficiales de idiomas y conservatorios de música, principalmente). En el ámbito de la educación superior se han planteado quejas por problemas de gestión académica (notas medias, convocatorias de ayudas de formación post-doctoral); la financiación del Sistema Universitario de Galicia; la aplicación de reducciones salariales a personal investigador contratado con cargo a proyectos de investigación; irregularidades en la gestión, coordinación e impartición de cursos de master; irregularidades en determinados títulos propios de las universidades o la problemática surgida con los títulos superiores de enseñanzas artísticas, en concreto, con el de conservación y restauración de bienes culturales. 1. Recursos educativos complementarios Los asuntos en los que se presentaron un número elevado de quejas con un objeto idéntico se refieren, de modo particular, a los recursos educativos complementarios. En anteriores informes señalábamos que el derecho a la educación, que es un derecho fundamental de libertad reconocido en los textos internacionales y constitucionales, tiene una dimensión prestacional que, en determinadas situaciones, forma parte del contenido esencial, pero en otras tiene un carácter accesorio. Son muy complejas las situaciones subjetivas que pueden derivarse en esta materia pero, de entre ellas, y en una situación de reducción presupuestaria, resulta urgente distinguir las prestaciones exigibles sobre la base del derecho subjetivo constitucional –que impone obligaciones públicas directas–, de aquellas otras que tienen una naturaleza complementaria y contribuyen al bienestar de los ciudadanos pero cuya satisfacción no forma parte, en sentido técnico-jurídico, del contenido esencial del derecho fundamental a la educación. Los servicios de transporte escolar y comedor han nutrido un porcentaje muy elevado de los expedientes de queja tramitados otros años en el área de educación. Como hemos puesto de manifiesto en anteriores informes, lo que en momentos más expansivos ?desde el punto de vista del gasto público? podía ser atendido con un relativo esfuerzo presupuestario, sobrecarga ahora de modo insostenible las cuentas de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria y ha llevado a modificar la normativa sobre los criterios de acceso y subvención del servicio. A) Comedores escolares El Decreto 132/2013, de 1 de agosto, por el que se regulan los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la consellería con competencias en materia de educación ha dado lugar a diversas quejas motivadas por el hecho de que, al desvincularse el servicio de comedor del transporte escolar y determinarse la obligación de pagar el servicio en función de la capacidad económica real de la unidad familiar, ciertos usuarios que habían disfrutado de gratuidad total se veían obligados al pago de las cuotas. Consideramos, sin embargo, que el nuevo sistema se ajusta más a la naturaleza compensatoria del servicio de comedor escolar. Se recibieron en esta institución varias quejas que manifestaban su desacuerdo con la nueva normativa en materia de comedores escolares, en particular, con la cuantía fija del precio público establecido; con la imposibilidad de llevar la comida de casa, y con la determinación del ejercicio fiscal tenido en cuenta para el cálculo de la renta familiar. Con motivo de la interposición de esos escritos de queja iniciamos las actuaciones oportunas ante la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. En los informes recibidos se manifestaba que el nuevo decreto fija como importe máximo del precio público —tarifa que se debe abonar por cada día en que se utilice el servicio— la cantidad de 4,50 €. Dicha cifra resulta de dividir el coste económico del servicio entre el número de usuarios y el número de días de funcionamiento, fijado en 175, cifra que constituye el precio medio del menú en los comedores escolares gestionados por la Xunta. En los comedores de gestión directa, el coste económico se determina por la suma de los siguientes costes: materias primas y material fungible, equipamiento del comedor, gas para las cocinas, nóminas y derechos sociales del personal laboral de la Xunta, compensaciones económicas del personal de dirección, del personal encargado y de las personas que colaboran en la atención del comedor y los costes proporcionales de luz, gas, agua y seguros. Cuando la gestión de los comedores escolares es indirecta, mediante la contratación del servicio a empresas de catering, al precio global de cada contrato se le añaden las compensaciones económicas abonadas al personal de dirección de los centros y los costes proporcionales de mantenimiento ya referidos anteriormente. Los restantes importes de 1 € y 2,50 € se establecieron tomando como referencia los datos suministrados por el Instituto Galego de Estatística obtenidos de la encuesta de condiciones de vida en Galicia. En efecto, se tomaron como base los datos estadísticos relativos al número de hogares gallegos con algún hijo menor de edad o mayor discapacitado comprendidos en los grupos de tramos de renta anual per cápita referidos al ejercicio fiscal de 2011. Atendiendo, pues, a la realidad sociodemográfica existente, se señalaron tres grupos diferenciados: aquellos hogares con un único menor en edad escolar (67,4%); aquellos en los que hay dos menores en edad escolar (28,3%) y las familias numerosas (4,3%). Por último, combinando la estructura familiar con la variable de la renta neta per cápita, se diseñaron los intervalos de renta recogidos en el Decreto 132/2013, con el objetivo final de garantizar la progresividad del sistema de cobro por el servicio. La consellería pone de relieve en su informe que “la progresividad y la solidaridad económica del sistema se refleja en los últimos datos de recaudación correspondientes a este mes de diciembre que señalan que el 78,206 % de los usuarios utiliza el comedor de manera gratuita; el 5,458 % paga 1 euro; el 3,357 % abona 2 euros y el 12,093 % de los usuarios paga 4,50 euros por su menú diario”. Finalmente, se indica que el referido Decreto 132/2013, en su artículo 16, se adapta al concepto de unidad y de renta familiar fijado por la Agencia Tributaria para la tributación del IRPF, circunstancia obligada por el mecanismo previsto en dicho Decreto para la fijación de la cuantía de los precios públicos mediante las autodeclaraciones correspondientes y la posterior comprobación administrativa, a través del cruce de los datos obtenidos por dicha Agencia en las campañas del IRPF. Del análisis de las quejas, se podían extraer tres cuestiones principales: 1ª.- la desvinculación del transporte y el comedor eliminando la gratuidad automática de este último recurso para todos los alumnos transportados, aunque no el derecho a ser usuarios legítimos del comedor. 2ª.- la posibilidad de no hacer uso del comedor estableciendo otras alternativas, como llevar la comida de casa. 3ª.- los criterios empleados en el Decreto 132/2013, por el que se regulan los comedores escolares, para señalar los precios públicos, las bonificaciones y las exenciones de pago. a- Desvinculación del transporte y el comedor, eliminando la gratuidad automática de este último recurso para todos los alumnos usuarios de transporte escolar En cuanto a este primer punto, con motivo de la tramitación de algunos escritos de queja sobre el mismo asunto, la consellería informó que el nuevo Decreto 132/2013, modifica algunas previsiones recogidas al respecto en la normativa anterior, partiendo de la situación y del modelo de comedor existente. La consellería sostenía en su informe que el comedor escolar surge como un recurso educativo complementario de carácter voluntario, que se vincula al pago de un precio público, fijado en base a los distintos niveles de renta neta de la unidad familiar, calculados de acuerdo con los principios generales de solidaridad y progresividad. El Decreto 132/2013, si bien sigue estableciendo una vinculación entre los recursos complementarios de transporte y comedor escolar, elimina la gratuidad automática del comedor para los usuarios legítimos del transporte. Así, aunque prevé una preferencia en el acceso al comedor para los usuarios legítimos del transporte, el pago del precio público por el servicio de comedor escolar se fija únicamente en función de la renta neta de la unidad familiar del ejercicio anterior, que sitúa a los usuarios en los distintos tramos de ingresos fijados por el Decreto. La nueva norma, según la consellería, pretende romper con situaciones injustas y poco solidarias que se daban con el anterior Decreto, ahora derogado. La condición de usuario legítimo del transporte escolar, de acuerdo con la normativa vigente que le es aplicable, se adquiere por tener la residencia familiar habitual a más de 2 kilómetros de distancia del centro escolar que corresponda al alumno, según las áreas de influencia fijadas por la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Esta circunstancia objetiva, de carácter físico o espacial, no establece ninguna otra distinción en cuanto a la situación económica familiar de los alumnos que usan el transporte, de forma que viajan en transporte escolar niños pertenecientes a unidades familiares con rentas bajas y medias, y niños pertenecientes a familias de rentas elevadas o muy elevadas. Hasta ahora, el hecho de ser usuario legítimo del transporte suponía de manera automática ser usuario gratuito de comedor. A partir de la regulación de los comedores escolares efectuada en el año 2007, los usuarios del comedor que no eran usuarios del transporte y tenían determinados niveles de renta abonaban unas aportaciones económicas en concepto de tarifas y precios públicos por la utilización del servicio. Este sistema, vigente desde 2007 hasta el curso actual, generó situaciones de grave injusticia que el nuevo Decreto evita, de acuerdo con el criterio de la Administración educativa ya que, en definitiva, el hecho decisivo del pago no era la renta familiar, sino la distancia física entre el colegio y el lugar de residencia. Así, personas con rentas medias residentes cerca del centro escolar pagaban el comedor y otros con rentas elevadas o muy elevadas, residentes en núcleos o urbanizaciones distantes más de 2 kilómetros del centro educativo, recibían el servicio gratuitamente, con cargo al presupuesto público sufragado por todos los contribuyentes gallegos. La consellería sostiene que el nuevo Decreto 132/2013, pretende finalizar con estas situaciones injustas, vinculando el pago de los precios públicos por el servicio de comedor escolar a la renta neta de la unidad familiar. Los motivos por los que los alumnos transportados, a pesar de tener preferencia en el acceso al comedor como usuarios legítimos, pueden tener que hacer frente a las cuotas de comedor fijadas en función del nivel de renta de sus familias, parecen razonables. Esta institución ha conocido muchas quejas de padres y madres de alumnos que, con bajos o muy bajos niveles de renta familiar, pagaban el comedor por no tener que utilizar el transporte, en tanto que alumnos con altos niveles de renta que residían a más de 2 kilómetros del centro escolar y utilizaban el transporte, eran usuarios gratuitos. b- Posibilidad de no hacer uso del comedor estableciendo otras alternativas, como llevar la comida de casa En cuanto a este segundo punto, relativo a otras opciones propuestas en los escritos de queja como la de llevar la comida de casa y calentarla en el centro, la consellería trasladó a esta institución los aspectos tomados en consideración, en particular, los peligros y consecuencias negativos que se señalan a continuación. Desde siempre se llevó a los colegios comida fría en formato pequeño, especialmente para los períodos diarios de recreo. Lo que no se considera aconsejable es introducir y comer en los centros escolares menús respecto de los que no se puede garantizar sus condiciones antes del consumo, ni la trazabilidad de sus componentes y cuyo proceso de calentamiento puede producir accidentes, especialmente a los alumnos más pequeños. Además, el necesario consumo separado de los alimentos traídos de casa y de los servidos en el comedor, exigido por la vigente normativa sanitaria, originaría situaciones de desventaja y discriminación entre los escolares, que perturbarían la buena convivencia en los centros de enseñanza. De hecho, ésta ha sido una cuestión muy debatida en el ámbito de las diversas administraciones educativas. Las soluciones adoptadas no son tampoco coincidentes. En determinadas comunidades autónomas se estableció con carácter general la habilitación de espacios en los centros para calentar y consumir el almuerzo llevado de casa. No ha sido una decisión pacífica y ha sido muy discutida por las comunidades educativas afectadas. En otros casos, se aplicó el mismo criterio que recoge la consellería en su informe. La normativa sanitaria no permite que en los centros escolares puedan ser introducidos alimentos cocinados que no estén bajo la responsabilidad de los gestores del comedor, sea la propia consellería en los comedores de gestión directa o la empresa concesionaria en los de gestión indirecta. Tampoco cabe desestimar los riesgos en la manipulación de hornos microondas u otros aparatos eléctricos o de gas por los propios alumnos, y muy particularmente, los más pequeños. Hacer responsables a los propios niños de la conservación de ciertas comidas que hay que mantener refrigeradas hasta su consumo, los problemas de conservación de los alimentos en los períodos de calor o la vigilancia de los comensales para asegurar la ingesta de los alimentos son también problemas que no presentan soluciones sencillas. Hay otro factor que debe ser considerado y es que compartir espacio del comedor entre los alumnos usuarios del servicio y quienes llevan la comida desde sus casas impediría o dificultaría mucho el control del alumnado con alergias o intolerancias alimentarias, más problemáticas en edad infantil, lo que puede tener, según los casos, consecuencias graves o fatales. Hay que tener en cuenta que lo que podría aplicarse, con mínimas cautelas, a los escolares de más edad no vale para los más pequeños, por lo que las familias mostrarían también su desacuerdo por no tratarse a todos los alumnos por igual en el caso de poder llevar el menú de casa. La necesaria separación del alumnado a la hora de comer para el consumo del menú servido en el comedor o de los alimentos llevados de casa no parece, en absoluto, una consecuencia positiva ya que puede crear entre el alumnado una percepción de desigualdad o falta de recursos que perjudica a los propios niños. La razón de fondo para regular estas alternativas sería la imposibilidad objetiva de hacer frente las cuotas del comedor. Sin embargo, del análisis de la normativa reguladora se desprende que el abono del servicio toma en consideración únicamente el nivel de la renta familiar o circunstancias objetivas que disminuyen la renta disponible, como ser miembro de familias numerosas, por lo que, con carácter general, no se puede considerar que la nueva reglamentación perjudique a las familias con menos recursos. De hecho, en las estadísticas facilitadas por la consellería, como se aprecia en el informe, se ha incrementado el número de usuarios con gratuidad total del comedor en cifras bastante superiores a las estimaciones iniciales de la administración educativa. c- Criterios empleados en el Decreto 132/2013, por el que se regulan los comedores escolares, para señalar los precios públicos, las bonificaciones y las exenciones de pago En cuanto a este tercer punto, se planteaban varias cuestiones. Sobre el concepto de unidad familiar, el nuevo decreto regulador del comedor escolar es claro en lo relativo a la obligatoriedad de utilizar los conceptos tributarios establecidos en la normativa del impuesto sobre la renta para la aplicación de los precios públicos, ya que las autoliquidaciones son comprobadas mediante los datos fiscales que constan en la Agencia Tributaria. Para quienes tienen que hacer frente al gasto del comedor escolar, hay que partir de la base de que las cuotas que deben abonar por sus hijos usuarios del comedor están correctamente calculadas de acuerdo con los niveles de renta familiar, según los datos concretos de sus autoliquidaciones sobre la renta familiar anual neta per cápita. Este dato es el que determina el acceso a la gratuidad y a las bonificaciones del comedor escolar, así como la fijación de las cantidades que se deben abonar en concepto de precios públicos y de las tarifas del comedor escolar, en los casos en los que la renta anual de la familia supere ciertos límites. En líneas generales, los nuevos criterios que establece el decreto son los siguientes: Serán usuarios gratuitos de los comedores escolares: – Los alumnos que cursen la enseñanza básica y el segundo ciclo de educación infantil pertenecientes a unidades familiares que se encuentren en situación socioeconómica de exclusión social certificada por los servicios sociales autonómicos o municipales correspondientes. – Los alumnos que cursen la enseñanza básica y el segundo ciclo de educación infantil que se encuentren en situación de acogimiento residencial o familiar. – Los alumnos que cursen la enseñanza básica y el segundo ciclo de educación infantil con un grado de discapacidad declarado igual o superior al 33 %. – Los alumnos que cursen la enseñanza básica y el segundo ciclo de educación infantil pertenecientes a unidades familiares víctimas de terrorismo o de violencia de género acreditada documentalmente. – Los alumnos que cursen la enseñanza básica y el segundo ciclo de educación infantil pertenecientes a unidades familiares con una renta familiar anual neta per cápita inferior a 7.000 euros. – El personal de cocina durante los días de desempeño efectivo de su trabajo. – Los cuidadores, educadores y auxiliares de enfermería que, durante el almuerzo y los períodos de tiempo anterior y posterior a él, atiendan a los alumnos de educación especial, en el tiempo de desempeño efectivo de su trabajo en el comedor escolar. – El personal funcionario y laboral de la Xunta de Galicia destinado en los centros de enseñanza con responsabilidades en la organización de los comedores escolares o en el cuidado de los alumnos comensales, durante los días de asistencia efectiva al comedor. – Los padres, madres, tutores legales y acogedores familiares de alumnos matriculados en enseñanza básica y segundo ciclo de educación infantil que colaboren en la atención de los alumnos comensales durante los días en que se desarrolle su colaboración efectiva. El uso del comedor escolar en los supuestos no descritos con anterioridad dará lugar al abono total o parcial de este servicio en los términos que se establecen en la norma. Con objeto de facilitar al alumnado con pleno derecho el acceso a este servicio, la consellería asume, total o parcialmente, su coste en los siguientes supuestos: Serán beneficiarios de bonificación para comedor, excepto en la cuantía de un euro que se abonará por día de servicio, los alumnos cuya renta familiar neta anual per cápita se encuentre en los siguientes casos: • Unidades familiares con un único menor que curse enseñanza básica obligatoria y/o segundo ciclo de educación infantil: Renta anual neta per cápita de 7.000,01 a 8.000,00 €. • Unidades familiares con dos menores que cursen enseñanza básica obligatoria y/o segundo ciclo de educación infantil: Renta anual neta per cápita de 7.000,01 a 8.000,00 € • Unidades familiares con tres o más menores que cursen enseñanza básica obligatoria y/o segundo ciclo de educación infantil: Renta anual neta per cápita igual o superior a 7.000,01 €. Serán beneficiarios de la bonificación para comedor, excepto en la cuantía de 2,50 euros de abono por día de servicio, los alumnos cuya renta familiar neta anual per cápita se encuentre en las siguientes condiciones: • Unidades familiares con un único menor que curse enseñanza básica obligatoria y/o segundo ciclo de educación infantil: Renta anual neta per cápita de 8.000,01 a 9.000,00 € • Unidades familiares con dos menores que cursen enseñanza básica obligatoria y/o segundo ciclo de educación infantil: Renta anual neta per cápita de 8.000,01 a 9.000,00 €. El consejo escolar de cada centro docente informará a las familias sobre el servicio de comedor escolar prestado en el centro, para que puedan beneficiarse, en su caso, de las bonificaciones. A los efectos del decreto, como dijimos, el concepto de unidad familiar es el definido en la normativa del impuesto de la renta de las personas físicas. A los efectos del acceso a la gratuidad y a las bonificaciones del comedor escolar, así como para la fijación de las cantidades que se deben abonar en concepto de precios públicos y de las tarifas del comedor escolar, la renta familiar anual neta per cápita se obtendrá por la suma de las rentas de cada uno de los miembros de la unidad familiar, correspondientes al ejercicio fiscal anterior al año natural en que dé comienzo el curso escolar, calculadas de la manera siguiente: Se sumará la base imponible general con la base imponible del ahorro, excluyéndose los saldos netos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales correspondientes a los ejercicios anteriores. De este resultado se restará la cuota líquida resultante de la autoliquidación. El principal problema que se plantea es que los datos fiscales no son oficiales hasta que ha concluido el período de presentación de las declaraciones de la correspondiente campaña de renta, por lo que, en la práctica, la situación económica familiar tenida en cuenta para el cómputo se remonta, de hecho, casi dos años atrás. Esta situación es considerada injusta por muchas familias. En esta institución hemos instado a la consellería a ajustar los datos de la renta que hay que comunicar, no solo en materia de comedores sino para otras prestaciones o programas como la gratuidad de libros de texto, a la situación económica real de la familia en el curso escolar en el que se piden las subvenciones que, efectivamente puede ser muy distinta de la capacidad económica del ejercicio fiscal anterior. Lamentablemente, el nivel de ingresos de muchas familias ha empeorado notablemente en los últimos meses. Sin embargo, la consellería justifica su criterio por los siguientes motivos: -el preámbulo del Decreto señala literalmente que destaca “entre los cambios organizativos abordados, la simplificación del procedimiento de admisión en el comedor escolar y, consiguientemente, la minoración de las tareas administrativas que, al respecto, hasta ahora se asignaban a los centros de enseñanza, así como la reducción de la documentación que deben presentar los solicitantes de plazas de comedor. En efecto, las posibilidades que ofrecen las plataformas telemáticas actuales permiten la presentación de auto-declaraciones de datos personales y de renta, que serán comprobados por la Administración educativa, tras la autorización de las familias. En este sentido, el recurso a la Plataforma tributaria estatal necesariamente exige utilizar los datos de renta disponibles en ella, que son los del ejercicio fiscal anterior al año natural de presentación de las solicitudes de plazas de comedor”. Cuando se hace la reserva de plaza en el centro para los alumnos ya escolarizados en él (febrero-marzo) o cuando se solicita una plaza nueva (marzo), no existen aún datos de renta del ejercicio fiscal del año natural en el que comienza el curso. Por lo tanto, los únicos datos oficiales son los del ejercicio fiscal anterior al año natural de presentación de las solicitudes de comedor. Esta institución aprecia que, en efecto, se trata de un mecanismo muy imperfecto porque con frecuencia, esos datos de renta ya no son reales ni reflejan la situación económica actual de la familia pero la consellería alega la imposibilidad de hacer las comprobaciones a las que legalmente está obligada de otro modo por no tener datos oficiales. Por tanto, entendemos que cuando las condiciones económicas son notoriamente inferiores a las del ejercicio fiscal anterior, podrían establecerse otros mecanismos de comprobación o justificación de la situación económica de la familia en el momento de solicitar las ayudas. Este criterio ha sido acogido en la actual regulación de los comedores escolares. En su artículo 14.2 establece que la administración educativa podrá, durante el curso escolar, ajustar los importes de los precios públicos y tarifas fijados de acuerdo con las nuevas situaciones de las rentas familiares netas per cápita, derivadas de una disminución de ingresos que suponga el cambio del tramo de renta autodeclarado previamente, como consecuencia de la acreditación de situaciones de paro de duración superior a seis meses de cualquier miembro de la unidad familiar. La nueva regulación parece ajustarse mejor a las necesidades económicas reales de las familias, que son las que justifican la subvención de este recurso educativo complementario que tiene un carácter compensatorio de las desigualdades a través de la reducción del precio o incluso, de la gratuidad del servicio. B) Transporte escolar Este ha sido un ámbito tradicional de interposición de escritos de queja, referido habitualmente a situaciones particulares en las que la familia se consideraba perjudicada o no se daba adecuada respuesta al problema del desplazamiento del alumno. Este año no ha sido así. Prácticamente no ha habido que tramitar quejas individuales sobre problemas de transporte. En cambio, se ha registrado una queja múltiple de idéntico objeto (D.3.Q/1918/13 a D.3.Q/3724/13) que terminó dando solución al problema de modo efectivo y respondiendo a las demandas de los interesados. Las quejas se referían a un problema de horarios escolares en rutas compartidas de transporte entre tres ayuntamientos: Allariz, Xunqueira de Ambía y Baños de Molgas, en la provincia de Ourense. Hasta este año, las horas de entrada de los colegios eran las siguientes: Baños de Molgas, a las 9:30 h; Xunqueira de Ambía, a las 10:00 h y Allariz, a las 10:30 h. Este último horario suponía graves problemas de conciliación laboral. Los padres del colegio de Allariz solicitaron un cambio en el horario escolar, para que se adelantase la hora de entrada. Se concedió el cambio pero, para ello, se modificaron también los horarios de los otros dos colegios, retrasando la entrada de ambos, y estableciendo las 10:15 horas como entrada para los dos centros. Uno de problemas planteados en la queja derivaba, precisamente, de la hora de entrada. Resultaba imposible que un autobús pudiera estar en Xunqueira de Ambía y en Baños de Molgas a la misma hora, después de haber hecho la ruta correspondiente en cada ayuntamiento ya que en ningún momento se afirmó que se autorizaría otra línea más. En consecuencia, los niños de Xunqueira tendrían que esperar veinte minutos fuera del centro o los de Baños de Molgas llegar tarde al colegio. El retraso de la hora de entrada a los centros hacía muy difícil la conciliación laboral y familiar. En Baños de Molgas y Xunqueira de Ambía no hay aula de espera ya que, debido al reducido número de alumnos, el coste resulta elevado. Por otra parte, se ponía de relieve el perjuicio que suponía para los propios escolares. El retraso de la salida afectaría a las actividades extraescolares (algunas las realizan en otros ayuntamientos), al tiempo para hacer las tareas escolares en casa y a los períodos de descanso con sus familias. Además, al no modificarse las líneas existentes, tendrían que estar esperando en la puerta del colegio hasta la hora de entrada, en las adversas condiciones climáticas del invierno. Una de las soluciones que se propuso fue contratar una línea más de autobús, línea que los alcaldes de ambos pueblos estaban dispuestos a costear pero esta petición no fue inicialmente atendida. Ante esta situación nos pusimos en contacto con la consellería y se solicitó informe sobre los distintos hechos denunciados en los escritos de queja y, en particular, sobre: a) Los motivos por los que consideraba adecuado que los tres ayuntamientos (Allariz, Baños de Molgas y Xunqueira de Ambía) compartieran transporte, aunque se tuviera que retrasar una hora la entrada en el colegio del alumnado de Allariz respecto del de Baños de Molgas. b) Los motivos por los que se consideraba preciso afectar a los horarios de entrada de los otros dos colegios para resolver favorablemente la solicitud de cambio de horario formulada por las madres y padres del colegio de Allariz. c) Bajo qué presupuestos se consideraba posible establecer un nuevo horario simultáneo para Baños de Molgas y Xunqueira de Ambía retrasando los horarios de ambos centros y sin aumentar las unidades de transporte operativas cuando, con el mismo transporte, había 30 minutos de diferencia con el horario vigente hasta la fecha. La consellería envió en agosto su informe. En primer término, aclaraba que en la Jefatura territorial de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en Ourense se celebraron dos reuniones iniciales con los representantes del ANPA del CEIP Padre Feijoo, de Allariz, los días 11 de enero y 7 de febrero de 2013. Posteriormente, y dado que el cambio horario para el CEIP de Allariz implicaba reorganizar necesariamente el transporte escolar de la zona con incidencia en los horarios del IES de Allariz, del CEIP de Xunqueira de Ambía y del CEIP de Baños de Molgas, se convocaron desde la Jefatura territorial cuatro reuniones más con los representantes de los ayuntamientos y de las ANPAS respectivas los días 8 de abril, 20 de mayo, 29 de mayo y 10 de junio de 2013. Al final de estas reuniones, la administración educativa aceptó la nueva propuesta horaria efectuada por las ANPAS y procedió a reorganizar el transporte escolar en el sentido acordado. Por último, en una reunión celebrada en la sede de la consellería, en Santiago de Compostela, presidida por el conselleiro, los alcaldes de Xunqueira de Ambía y de Baños de Molgas y los representantes de las ANPAS de los colegios de dichas localidades, manifestaron su conformidad y total satisfacción con los nuevos horarios establecidos para los centros, que son compatibles con una organización eficiente y racional del servicio de transporte escolar de la zona. La administración educativa tuvo en cuenta los razonamientos de las personas representantes de las ANPAS, de los alcaldes de los ayuntamientos y de las personas titulares de las direcciones de los centros para conseguir finalmente una solución consensuada que contó con la conformidad de todas las partes implicadas. Los nuevos horarios acordados para el curso 2013-2014 son los siguientes: el CEIP de Allariz, de 9.15 a 15.45; el CEIP de Xunqueira de Ambía, de 9.30 a 16.00 y el CEIP de Baños de Molgas, de 9.30 a 16.00 h. Finalmente, el horario del instituto de educación secundaria de Allariz se fijó desde las 8.30 hasta las 14.10 (los lunes, de 8.30 a 17.40). Se consideró adecuado que el transporte escolar esté compartido entre los tres centros puesto que sus horarios permiten configurar el servicio de transporte de forma combinada, de modo que un mismo vehículo presta servicio a distintos centros educativos compatibles entre sí, por itinerario y horario, optimizando así el recurso. Esta opción racionaliza al máximo las rutas de transporte escolar logrando un uso más eficaz y eficiente de los vehículos que prestan el servicio, lo que se traduce en un ahorro importante de fondos públicos. En el supuesto que dio lugar a las quejas, el cambio de horario previsto en el CEIP de Allariz para el curso 2013/2014 supone una reestructuración del transporte escolar basada en el interés público, derivado de la implantación de un horario más acorde a las necesidades del CEIP de Allariz, que cuenta con una matrícula de 450 alumnas y alumnos, y que, sin afectar al horario del CEIP Padre Crespo, de Baños de Molgas (33 alumnos y alumnas), solo requiere una leve modificación del horario del CEIP de Xunqueira de Ambía (48 alumnas y alumnos), y del instituto de educación secundaria de Allariz, todas ellos acordados con sus respectivas comunidades escolares. En líneas generales, dicha reestructuración consiste en desligar las rutas del CEIP de Allariz de las de los CEIPs de Xunqueira de Ambía y de Baños de Molgas, reorganizando las prestaciones incluidas en los contratos existentes, e independizar el transporte para el CEIP Padre Crespo, de Baños de Molgas. Con esta reorganización se obtiene un importante ahorro económico, pese a que está previsto instaurar dos servicios nuevos para atender en exclusiva el transporte del CEIP Padre Crespo, de Baños de Molgas. En definitiva, la solución pactada resultaba técnicamente viable, satisfacía las expectativas de las comunidades educativas implicadas y permitía un ahorro importante en el coste del transporte escolar en la zona, con una mayor eficiencia en la asignación de los recursos económicos públicos. Esta institución celebra que haya sido posible conseguir un acuerdo sobre estas rutas de transporte escolar que sea aceptable para las familias, los centros educativos y las administraciones implicadas. El transporte escolar en Galicia, por sus peculiares características físicas y demográficas, es un servicio educativo complementario de enorme complejidad organizativa y un elevadísimo coste total. Como dato, el gasto en transporte escolar solo en la comunidad autónoma gallega representa cerca de la cuarta parte del gasto total del Estado en este concepto. A pesar de esta circunstancia y el esfuerzo de los responsables por articular un transporte escolar eficiente, ciertos contratos vigentes con las empresas transportistas y otras situaciones disfuncionales imponen en ocasiones un inaceptable impacto del servicio sobre los horarios de los centros escolares y, en definitiva, sobre la organización y la vida de las familias. En este caso, afortunadamente se ha conseguido una organización razonable de rutas y horarios que evita las perturbaciones de cursos pasados. En otra queja se había producido un error en el diseño inicial de la ruta, que fue corregido, en el CEIP de Ventín, en Ames; y continúa planteando problemas el transporte al IES Leliadoura en Ribeira, en una modalidad, la C, que coincide con las líneas de transporte regular, en la que se hizo el pasado año una recomendación sobre ayudas individualizadas que aún no ha sido completamente desarrollada y sobre la que hemos requerido nueva información (Q/13533/13, aún en trámite). 2. Reducciones de profesorado El año pasado manifestamos en el informe nuestro desacuerdo con la forma en la que se estaban realizando determinados agrupamientos en aulas de centros situados en el medio rural. Ya entonces señalábamos la necesidad de una estrategia global para luchar contra el problema del constante descenso demográfico en nuestra comunidad autónoma y, en particular, para hacer frente a la despoblación del medio rural, a pesar de que nuestra economía sigue teniendo una dependencia muy significativa del sector primario. Dando por reproducidos los razonamientos que se contienen en dicho informe anual, hay que aludir a una queja sobre este mismo objeto con múltiples afectados, la planteada por los padres y madres del CEIP de Présaras-Vilasantar, en A Coruña (expedientes Q/12395/13 a Q/12415/13 y Q/12423713 a Q/12434/13). En el informe remitido por la administración sobre el problema que motivó las quejas, relativo a la plantilla de profesorado del CEIP Présaras-Vilasantar se señalaba que la administración tiene como principio de organización y actuación la gestión eficaz y eficiente de los recursos disponibles, incluidos los recursos humanos. En la Orden de 12 de agosto de 2010 por la que se establecen el número de unidades y puestos de trabajo docentes de los centros públicos dependientes de la consellería en los niveles de educación infantil, primaria y educación especial, modificada por la Orden de 30 de julio de 2013 por la que se modifican las unidades y puestos de trabajo docentes de esos centros, se establecen los respectivos catálogos y se recoge para cada centro, por una parte, el número de unidades escolares y, por otra, el número de maestros o puestos de las diferentes especialidades necesarios para atender cada centro, para lo cual resulta determinante el número de unidades escolares. El número de unidades está determinado por el número de alumnos que tiene el centro. Antes de la modificación del año 2013, en el CEIP de Présaras-Vilasantar estaban catalogadas cuatro unidades (una en educación infantil y tres en educación primaria), lo que suponía seis puestos de trabajo. No obstante, con ocasión de la modificación del año 2013 se comprobó el descenso del alumnado matriculado en el CEIP de Présaras-Vilasantar. Por tal motivo, en el catálogo vigente tras la modificación del año 2013, el CEIP tiene atribuidas tres unidades (una de educación infantil y dos de educación primaria), que agrupan 34 alumnos: 11 de educación infantil y 23 de educación primaria. De acuerdo con el catálogo, le corresponden al CEIP cuatro puestos de trabajo docentes: un especialista de educación infantil, un especialista en inglés, un especialista en música y un especialista en educación física. El informe señala que, además de los puestos del catálogo, el centro cuenta también con otra especialista en inglés, dado que una maestra fue asignada al centro en comisión de servicios para el cargo de directora, a lo que hay que añadir que, en el presente curso, una persona especialista en audición y lenguaje asiste tres días a la semana al centro. La consellería manifiesta en su informe que el agrupamiento del alumnado es una posibilidad permitida por el ordenamiento jurídico en orden a buscar el equilibrio entre el número de alumnos y de maestros, y tiene una amplia tradición en nuestro sistema educativo. El Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del cuerpo de maestros que desempeñan sus funciones en las etapas de educación infantil y de educación primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, dispone en su artículo 3.6 que "los puestos de trabajo en unidades que agrupen alumnado de educación infantil junto con alumnado de educación primaria, serán ocupados indistintamente por personal funcionario del cuerpo de maestros con la especialidad de educación primaria o de educación infantil". Por lo tanto, el CEIP de Présaras-Vilasantar, de acuerdo con la planificación educativa, no sólo tiene los puestos de trabajo previstos para centros semejantes, que garanticen la calidad educativa que deben recibir sus alumnos, sino que tiene algún profesor más. El informe finaliza con la siguiente declaración: “Esta consellería es sensible a las circunstancias educativas del rural y por este motivo hace un esfuerzo para mantener los centros educativos en las propias localidades del alumnado, a pesar del descenso significativo de éste, lo que obliga a ajustar las plantillas, como ha sucedido en el caso del CEIP de Présaras-Vilasantar, frente a otras opciones más eficientes, como podría ser el cierre del centro y que el alumnado fuera escolarizado en centros del entorno, con el correspondiente servicio, si fuera necesario, de transporte escolar”. En la visita que el grupo de padres y madres afectados hicieron a esta institución para valorar la presentación de sus quejas, ya se les informó de nuestra posición en relación con los agrupamientos escolares y el nombramiento de profesorado especialista. En el caso del CEIP de Présaras-Vilasantar tiene tres unidades que agrupan 34 alumnos: 11 de educación infantil y 23 de educación primaria, lo que no supone el grave desequilibrio que se está produciendo en otros centros rurales. De acuerdo con el catálogo, le corresponden cuatro puestos de trabajo docentes: un especialista de educación infantil, un especialista en inglés, un especialista en música y un especialista en educación física. Esta institución comprende perfectamente el malestar ante el hecho de que las escuelas rurales, que son un modelo adecuado para mantener el arraigo de los niños y niñas con su medio y evitar una sistemática despoblación de las localidades ubicadas en el rural, se vean amenazadas por la falta de políticas públicas que favorezcan la demografía en estas zonas del territorio. Por su parte, la administración educativa tiene que asignar recursos cada vez más limitados a la atención del alumnado, por lo que se están aplicando criterios objetivos en función del número de escolares, que están provocando en los padres y madres la decisión de escolarizar a sus hijos en centros situados en localidades más grandes en los que cuentan con más y mejores medios. La progresiva disminución del alumnado en estas escuelas lleva, en muchos casos, a su cierre, con la desaparición de los centros educativos en las localidades en las que viven los escolares. En realidad, se echa en falta un proyecto demográfico más amplio y ambicioso que resuelva este problema en todas sus facetas. Por ello, debemos insistir en la urgencia de articular nuevas políticas públicas que favorezcan el crecimiento demográfico equilibrado con especial atención al medio rural, procurando mantener y mejorar, hasta donde sea posible, sus infraestructuras, incluidas las educativas. Consideramos que los aspectos que deben ser evaluados en las decisiones que se adoptan en materia educativa no pueden tomar en cuenta únicamente criterios de eficiencia del gasto público. Es cierto que es imprescindible una gestión eficaz de los recursos materiales y humanos pero debe enmarcarse en políticas y planes estratégicos más amplios y a medio y largo plazo. Entre ellos, el mantenimiento de servicios públicos esenciales en localidades ya habitadas que faciliten la pervivencia de las poblaciones que viven en ellas desde hace tiempo, el repunte demográfico y la consolidación de los núcleos rurales tradicionales haciéndolos atractivos para las familias jóvenes y también para las que ya estaban asentadas en ellos. Con ello se evitaría la proliferación de desarrollos urbanísticos en la periferia de las ciudades que terminan demandando la creación de servicios, entre ellos, nuevos centros escolares, y que acaban por generar nuevas inversiones y mayor gasto público. 3. Profesorado de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales Este año hemos recibido en este apartado siete quejas, con problemáticas diversas. Aflora en los escritos, en general, un desajuste entre la percepción de las necesidades de los menores que plantean los padres y los medios que se asignan por parte de la administración educativa. Algunas quejas se referían a la falta de profesorado de apoyo o a un número insuficiente de horas de atención con respecto a las recibidas en cursos anteriores (Q/12456/13; Q/12464/13); a una escolarización inadecuada en un centro ordinario, siendo aconsejable la escolarización en un centro de educación especial (Q/132/13); a los problemas de una alumna con discapacidad para identificar el transporte escolar que le correspondía, al prescindirse de la cuidadora que la venía asistiendo durante toda la jornada escolar (Q/13536/13); a la falta de adaptación de las pruebas de selectividad para alumnos con déficit de atención (Q/12422/13), en particular en las pruebas que implicaban un período muy prolongado de concentración. Hay dos problemas que nos preocupan de modo especial porque consideramos que la administración educativa aún no ha establecido con claridad los recursos imprescindibles para abordar estas situaciones: la escolarización de alumnos diabéticos (Q/606/13) y la escolarización de niños con trastornos de espectro autista y otras alteraciones cognitivas, en particular, los alumnos con síndrome de Asperger. Respecto de ambos problemas se detecta un cierto desconocimiento de la patología (síntomas, reacciones del alumno...) y una evidente falta de recursos. En el caso de los alumnos con diabetes, es imprescindible llevar a cabo la formación e información necesaria del personal docente y la organización sistemática de los cuidados a los alumnos con esta enfermedad. En el caso de los alumnos con síndrome de Asperger, una adecuada preparación de los orientadores de los centros donde estén escolarizados para articular adecuadamente sus apoyos, tanto en los métodos de aprendizaje como en sus habilidades sociales. Se trata de alumnos en los que la elección de un centro adecuado es esencial, no solo para cumplir la obligación legal de su escolarización obligatoria, sino para que no se vean constantemente alteradas sus referencias escolares de modo que se perturbe su progreso académico, su ritmo de aprendizaje, sus hábitos de trabajo y, en definitiva, la normalización de su vida de acuerdo a su edad. En este punto, es especialmente significativa la advertencia de que el colegio no puede ser para estos alumnos una fuente permanente de estrés y experiencias negativas, como de hecho lo suele ser. Cobran aquí un especialísimo sentido las consideraciones contenidas en el preámbulo del Decreto 229/2011, de 7 de diciembre, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado de los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia, en lo relativo a que "la diversidad es una realidad derivada de la singularidad biológica, psicológica, social y cultural de cada alumna y cada alumno, de la singularidad de cada familia y de cada una de las profesoras y de los profesores, también de las particularidades de cada centro y de cada comunidad educativa en su conjunto. Y la respuesta educativa a esa diversidad debe concretarse en cada uno de los proyectos educativos, en cada una de las enseñanzas, en la coordinación docente, en la personalización de la educación de cada una de las alumnas y alumnos, en los recursos y medidas educativas, en los compromisos familiares y sociales y en todo lo que contribuya al máximo desarrollo personal y social del alumnado y su preparación para convivir y participar, de forma autónoma, en una sociedad democrática". En el perfil de este alumnado lo que resulta imprescindible es comprometerse de forma concreta en el cumplimiento de estos principios. Para eso, es fundamental tener en cuenta que la identificación de las necesidades educativas específicas de estos alumnos apuntan como una de las vías esenciales de su proceso de escolarización a un entorno escolar de protección y profundo conocimiento de sus peculiaridades. Estamos trabajando en ambas cuestiones con ocasión de las quejas recibidas. 4. Obras de conservación y mantenimiento en centros escolares Los problemas más importantes detectados en este apartado provienen, en su mayor parte, de un inadecuado cumplimiento de las competencias municipales. En el primer trimestre del actual curso escolar recibimos una queja de padres y madres del ANPA del CEIP Monte dos Postes, en Santiago de Compostela (expedientes Q/14557/13 a Q/14562/13). En su escrito nos comunican que presentan su queja por las deficiencias en las instalaciones del centro escolar. Según manifiestan, en su momento presentaron su reclamación en una reunión de la ANPA con la concejala de Educación del ayuntamiento de Santiago de Compostela. El escrito denuncia la falta de respuesta a la solicitud hecha por la ANPA ante el ayuntamiento para que se proceda a efectuar las actuaciones de mantenimiento de las instalaciones del colegio de Monte dos Postes. En concreto, se refieren a las siguientes: arreglo de baches en el acceso interior al colegio; falta de iluminación exterior (hay que tener en cuenta que hay niñas y niños que llegan al centro a las 7.30 de la mañana, con visibilidad casi nula porque la iluminación de las farolas exteriores no funciona); limpieza de los canalones y bajantes desde las cubiertas, ya que ha habido aulas que se han anegado y equipamientos del centro que se han visto afectados por el agua (entre otros, los equipos electrónicos e informáticos) como consecuencia de la falta de limpieza de desagües y bajantes, después de varios días de intensas lluvias. Hubo niñas y niños de tres años a los que no pudieron impartir clase en sus aulas por estar inundadas. Reclaman también la limpieza de los baños con mayor frecuencia, señalando que las paredes y techos presentan manchas de humedad y hay baños que no cumplen los mínimos de este tipo de servicios en centros públicos (instalaciones rotas u oxidadas). Reclaman, por último, la ampliación de las dotaciones deportivas en la zona exterior de juego (canastas y porterías). En el momento de cerrar este informe, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela no había remitido todavía la información reiteradamente solicitada. En octubre de 2013 abrimos una queja de oficio (Q/13526/13) para esclarecer los motivos por los que la Asociación de Madres y Padres del CEIP Xosé Neira Vilas de Peitieiros consideraba que el ayuntamiento incumplía su deber de garantizar la seguridad vial del alumnado del centro, indicando que la Policía local no se había presentado ningún día a la hora de salida para ordenar el tráfico de la zona, de modo que los alumnos pudieran cruzar la calle y llegar hasta el lugar donde aparcan los autobuses de transporte escolar en condiciones de seguridad. Nos dirigimos al alcalde de Gondomar para que aclarase los hechos denunciados por la ANPA y nos facilitase información sobre la situación denunciada y, en particular, las medidas de seguridad que el ayuntamiento ha adoptado para garantizar al tránsito del alumnado del centro de Peitieiros en el paso de cebra y en las cercanías de una curva con reducida visibilidad, según se hace constar, para acceder al transporte escolar. En el momento de cerrar este informe anual, el ayuntamiento de Gondomar persiste en su actitud de no enviar a esta institución el informe requerido, por lo que le hemos formulado ya las oportunas advertencias legales. También se han recibido quejas del ayuntamiento de Marín en relación con unas obras proyectadas en terrenos del CEIP O Seixo, sin que hasta el momento, el ayuntamiento nos haya remitido la información reiteradamente solicitada. 5. Algunos problemas en el funcionamiento de los centros A la vista de las informaciones aparecidas en la prensa, en las que se señalaba que tres alumnos del CEIP A Uceira, en Carballiño, no habían sido admitidos en el centro por llegar tarde al perder el transporte escolar, tras ser recogidos por la Policía local en el entorno de la iglesia de la Veracruz, se siguieron publicando noticias contradictorias sobre lo sucedido que consideramos imprescindible esclarecer con urgencia. Según informaba el ayuntamiento, una profesora junto con uno de los agentes de la Policía local y los alumnos, pasaron al despacho de la directora, y una vez que le facilitaron al agente los datos de identificación de las familias de los alumnos, la profesora le preguntó a la directora si los alumnos se quedaban en el colegio a lo que la directora respondió que no. Esta declaración, hecha por el agente de policía, se incluye en las diligencias de ampliación de lo ocurrido que fueron presentadas por los intervinientes a instancias del jefe de la Policía local para intentar aclarar la contradicción de las versiones. Por otra parte, la madre de uno de los alumnos manifestó que nadie se había puesto en contacto con la familia para comunicarles lo sucedido hasta las 14 horas. Hay también manifestaciones de miembros de la ANPA discutiendo el alcance de la medida de no entrar al centro fuera de las horas de apertura y cierre de las puertas. A la vista de estas informaciones promovimos de oficio la oportuna investigación en el expediente Q/13525/13, como establece el artículo 22.1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, del Valedor do Pobo, para el esclarecimiento de la situación denunciada. En el informe que nos envió la consellería se exponían los hechos sucedidos el día 14 de octubre de 2013. De las informaciones obtenidas por la inspección educativa, después de varias visitas de inspección al centro para comprobar los hechos acaecidos, se deduce que una vecina vio en la parada del autobús de la Veracruz a tres niños jugando, de modo que llamó a la Policía local para que se hiciera cargo de ellos. La Policía local se puso en contacto con los padres de uno de ellos y lo llevó a casa, mientras que los otros dos fueron llevados al centro educativo, hacia las 13:30 h. El equipo directivo señala que un policía local entró con dos de los niños para pedir los datos de los padres (uno de ellos ya había sido llevado a su casa). La directora y la jefa de estudios entendieron que el asunto se solucionaría adecuadamente si el policía llevaba de vuelta a los niños, considerando que esta circunstancia no tenía mayor trascendencia dado que la jornada de mañana estaba a punto de finalizar, y afirman que no hubo orden alguna para que la Policía local se llevara de vuelta a los niños. En el mismo sentido se manifiesta el tutor de uno de los alumnos, que estaba en la puerta del despacho en ese momento. El personal de la inspección educativa entrevistó también a los dos niños con autorización y en presencia de sus madres. Los alumnos afirmaron que entendieron que no podían quedarse en ese momento en el centro y que tenían que volver a sus casas hasta la sesión de la tarde. De la información obtenida de la directora y de las entrevistas hechas a los padres de los niños se concluye que no fueron avisados desde el centro educativo sobre el incidente, ya que se entendió que iban a ser avisados por la Policía local. En relación con los hechos ocurridos, las normas de organización y funcionamiento del centro (Reglamento de Régimen Interior) indican que las horas de entrada al centro serán ordinariamente, de octubre a mayo, por la mañana a las 10:15 y por la tarde a las 15:15 y la puerta de acceso al recinto escolar se cerrará un cuarto de hora después de la hora de entrada. A partir de ese momento no se permitirá la entrada de ningún niño, hasta la sesión de la tarde. En casos excepcionales, y acompañados del padre o de la madre con el correspondiente justificante de asistencia al médico o deber inexcusable (siempre por escrito), podrán entrar de 12:00 a 12:10 de la mañana, debiendo firmar el correspondiente parte de entrada. Serán recibidos por un profesor/a, que los hará permanecer en el banco de la Conserjería hasta que toque el timbre de entrada del recreo. Entonces se incorporarán a sus respectivas filas de entrada. Las horas de salida del centro serán, de octubre a mayo, a las 13:45 y a las 17:15 todos los días, a excepción del viernes que será a las 13:15. (..) En los meses de septiembre y junio, la hora de entrada será a las 9:45 y la de salida a las 14:30, todos los días. (....) Si existen razones que imposibiliten el estricto cumplimiento de estas normas, los padres o madres de los/las alumnos/as deberán comunicar, mediante escrito dirigido a la dirección del centro, las razones que motiven la imposibilidad de cumplimiento de estas normas y solicitando las variaciones que consideren oportunas. (..) Después de analizar las directrices de entrada y salida del centro con el equipo directivo, la Inspección educativa dio indicaciones a la dirección del centro para que procediera de inmediato a la puesta en marcha de las medidas necesarias para modificar las normas del centro en lo relativo a impedir la entrada de los alumnos y alumnas en el recinto escolar con posterioridad a la hora oficial de entrada, con la finalidad de evitar que se repitieran hechos similares. Tras esta información, se archivó el expediente. 6. Centros integrados de formación profesional En el ámbito de la formación profesional hemos conocido dos quejas múltiples con idéntico objeto, relativas a los horarios de los centros integrados de formación profesional en relación con los institutos de educación secundaria. En concreto, las quejas fueron presentadas por parte del claustro de profesores de los centros integrados de formación profesional Ferrolterra, en Ferrol (expedientes Q /1195/13 a Q/1266/13) y del centro Carlos Oroza, en Pontevedra (Q/5643/13 a Q/5666/13) señalando que la organización de sus horarios vulneraba el número global de horas semanales de permanencia obligatoria en horario fijo en el centro previsto en el horario lectivo del profesorado. En octubre fue recibido el informe de la consellería, del que se les dio traslado en nuestro escrito de 11 de octubre, junto con la valoración que a esta institución le merecía la situación denunciada en la queja. Con fecha del 21 de diciembre recibimos un nuevo escrito del claustro de profesores del centro integrado Ferrolterra en el que solicitaban la reapertura del expediente añadiendo nuevos razonamientos sobre el informe y aportando nueva documentación, en particular, fotocopias del comunicado del centro integrado Ferrolterra y de requerimiento al director de horarios de 50 minutos; la comunicación hecha por el servicio de inspección y los horarios personales de un profesor de instituto y de otro profesor del centro integrado. Una vez analizada dicha información y sus alegaciones al escrito remitido desde esta institución, llegamos a la siguiente conclusión. En la comparación de los horarios aportados, se establece una identidad en el elemento fundamental: las 23 horas de permanencia obligatoria en el centro en horario fijo, a las que deben ajustarse todos los horarios del personal docente de enseñanza secundaria y enseñanza superior no universitaria, en el que se incluye al personal docente de los centros integrados de formación profesional. Por tanto, de la documentación aportada no se desprende una vulneración de los límites horarios establecidos en la norma. El problema no parece encontrarse en el hecho de que la organización de los horarios vulnere el número global de horas semanales de permanencia obligatoria en horario fijo en el centro previsto en el horario lectivo del profesorado -situación que sería ilegal-, y que no puede exceder de 23. El problema parecía ser que la duración de las sesiones docentes en los institutos de secundaria es más corta, de 50 minutos. Esta medida no significa que los docentes de los institutos vean reducido su cómputo semanal de horas fijas de permanencia en el centro sino que, en sus horarios, los períodos computados como horas de clase (es decir, de impartición efectiva de la docencia al alumnado) tienen una duración real inferior en 10 minutos. Conviene insistir en que el tiempo semanal de permanencia obligatoria fija en el centro es idéntico en ambos casos. Sin embargo, no se puede asimilar la organización docente de los institutos y la de los centros integrados. Estos son centros en los que, además de las enseñanzas propias de formación profesional inicial o reglada pueden también ofertarse otras modalidades de formación continua y ocupacional dirigidas a trabajadores en activo y a trabajadores desempleados conducentes a la obtención de los títulos y certificados de profesionalidad incluidos en el Catálogo Nacional de Cualificaciones, de manera que la complejidad organizativa de estos centros y la de los institutos requiere, en cada caso, una configuración diferenciada. La normativa vigente establece que la jornada laboral del personal docente del centro integrado podrá ajustarse a las necesidades de organización de las actividades formativas desarrolladas por el centro, lo que incluye también el número y duración de las sesiones lectivas, siempre con el límite del número máximo de horas de permanencia en horario fijo. Este es el único elemento en el que cabe hacer una equiparación. Como es evidente, los horarios del profesorado, tanto en los institutos como en los centros integrados de formación profesional presentan muchas circunstancias variables, desde el tipo de actividades lectivas semanales -varía el número de horas de clase en función de grupos y materias, del ejercicio o no de cargos directivos o jefaturas de departamento, de ser o no coordinador o tutor...- hasta el número de actividades semanales complementarias. Lo que podría dar lugar a confusión es la duración real de las clases (en sesiones de 50 minutos, de 60 minutos o de más de una hora) en relación con el cómputo semanal de horas de permanencia fija en el centro. A diferencia de lo que señala el escrito recibido en esta institución el 21 de diciembre, el cómputo total de horario fijo en el centro es idéntico en ambos horarios (el del instituto y el del centro integrado) y no queda acreditado que por tener horas de clase más cortas, se esté vulnerando el principio de igualdad y produciéndose un agravio comparativo estableciendo 23 horas fijas en el centro para los centros integrados y solo 19,2 horas para los institutos, como denunciaban las quejas. Esta institución podría intervenir en caso de que se constatara una vulneración del principio de igualdad de manera que el cómputo semanal de horas de permanencia fija en el centro fuera superior al máximo legal de 23 o fuera inferior en el caso de los profesores de los institutos, ya que afectaría a la equiparación establecida en la Orden de 4 de junio de 2012. La cuestión de la duración de las sesiones lectivas es un aspecto estrictamente organizativo. Es competencia de la dirección del centro, en el legítimo ejercicio de la función directiva, instar las medidas oportunas para que los períodos lectivos tengan la duración más idónea, de acuerdo con la programación docente, las necesidades organizativas derivadas de la coexistencia de distintas enseñanzas en el centro, los recursos materiales y humanos disponibles y otras muchas variables que se insertan en la autonomía organizativa y pedagógica del centro. Por lo tanto, deberá ser el claustro de profesores quien ponga de manifiesto ante la dirección la conveniencia objetiva de establecer una determinada duración para las sesiones docentes, tomando en consideración los diversos intereses afectados. No se aprecia una lesión de los derechos del profesorado ni una afectación del principio de igualdad que exija una resolución de esta institución dirigida a su corrección. Tampoco el hecho de que la inspección educativa señale que el horario general se establecerá por horas y con una duración de las sesiones lectivas de 60 minutos es, en sí mismo, una vulneración de la autonomía organizativa ya que el centro integrado, garantizando todas las necesidades formativas, puede solicitar una modificación de los horarios, siempre que se compatibilicen todos los intereses afectados, circunstancia que se enmarca dentro de la potestad de autoorganización de la administración educativa. Es el centro el que tiene la competencia de hacer la propuesta de horarios, incluso insistiendo en la voluntad de su claustro de tener sesiones docentes de 50 minutos y en caso de que se reciban nuevas instrucciones de que el horario lectivo semanal se realizará en sesiones de 60 minutos, esta indicación deberá ser adecuadamente motivada por parte de la inspección educativa. También la conversión del instituto de educación secundaria As Mercedes, en Lugo, en un centro integrado de formación profesional suscitó cierta polémica (Q/625/13). En el informe recibido se señalaba que en virtud del Decreto 4/2013, de 10 de enero, por el que se establece su estructura orgánica, la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria es el departamento de la Xunta de Galicia al que le corresponden las competencias y funciones en materia de planificación, regulación y administración de la enseñanza reglada en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades y, en particular, en materia de creación, supresión, transformación, clasificación, autorización y organización de los centros escolares, tanto de titularidad pública como privada. En ejercicio de estas competencias propias, decidió transformar el instituto As Mercedes de Lugo, en el que se impartían las enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato y diversos ciclos formativos de grado medio y superior, en el centro integrado de formación profesional As Mercedes, después de valorar las siguientes variables: a) En la ciudad de Lugo existía, en el nivel de enseñanza secundaria y bachillerato, una oferta educativa suficiente para atender las necesidades del alumnado que estaba siguiendo estos niveles de estudios en el Instituto As Mercedes b) La conveniencia de potenciar la formación profesional, mediante el mantenimiento de los ciclos formativos de grado medio y superior que se estaban impartiendo en el centro y la futura introducción de otros, como factor necesario para mejorar el empleo y la competitividad y, con ellas, las opciones laborales de la juventud lucense. En el plano formal, el Decreto 49/2013 del 21 de marzo se elaboró respetando los requisitos y trámites preceptivos (entre ellos, el de audiencia) previstos en el título II de la Ley 16/2010, del 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia. La afirmación reflejada en el escrito de queja de que "la zona sur de la ciudad de Lugo se queda sin el único instituto público que existe, tratándose de una zona con amplia demanda educativa", no es cierta, pues existen otros tres institutos públicos localizados en la zona sur de Lugo: el IES Lucus Augusti, situado en la calle Rodríguez Mourelo; el IES Nuestra Señora del Ojos Grandes, situado en la calle Ramón Ferreiro, y el IES Sanxillao, situado en la Ronda das Fontiñas. Existen tres centros más en la zona norte (el IES Ánxel Fole y el IES Muralla Romana, están situados en la calle Angelo Colocci; y el IES Manuel Leiras Pulpeiro, en la calle Orquídea), y, finalmente, el IES Xoan Montes, que está situado en el centro de la ciudad, en la calle Montevideo. A la vista de todo lo anterior, se constata una distribución homogénea de los siete institutos de enseñanza secundaria de Lugo entre las zonas sur, norte y centro (por referencia a la Muralla) de la ciudad. El informe se refiere a continuación al número de alumnas y alumnos que siguieron los estudios de educación secundaria y bachillerato en el Instituto As Mercedes y su distribución por niveles en el curso académico 2012/2013. En las condiciones examinadas, la oferta educativa para el nivel de enseñanza secundaria existente en la ciudad de Lugo se considera que tiene capacidad plena para asumir al alumnado de enseñanza secundaria procedente del instituto As Mercedes sin quebranto alguno en la garantía del servicio para estos niveles educativos. Además, la distribución de este alumnado entre los diferentes institutos existentes en la ciudad no se realizó de forma arbitraria, sino en función de las prioridades manifestadas por el alumnado afectado a través de las solicitudes de admisión para el curso académico 2013/2014. Al cerrarse de forma definitiva los datos de matrícula en los respectivos centros para el curso académico 2013/2014, se dispone de la información necesaria para adoptar los ajustes precisos en los respectivos cursos, unidades y modalidades y las medidas necesarias para atender de forma adecuada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, así como para adecuar el servicio de transporte escolar, de ser preciso. Finalmente, el informe señalaba que en la Mesa sectorial docente de enseñanza no universitaria se negociaría la situación del profesorado con destino definitivo, de acuerdo con los criterios de pérdida de destino definitivo y cómputo de antigüedad de funcionarias y funcionarios docentes establecidos en el Decreto 140/2006, de 31 de agosto, tal y como prevé la disposición adicional primera del Decreto 49/2013, de 21 de marzo. En relación con la pérdida de las inversiones realizadas en el instituto a la que se refería la queja, la consellería manifiesta en su informe que la transformación de un centro educativo en otro de otro tipo no implica que dicha inversión se esté desvinculando de su finalidad, pues en un centro integrado de formación profesional también se presta un servicio educativo. En este caso, no solo se mantiene la oferta de ciclos formativos existente, sino que se amplía a otros, racionalizando y diversificando la oferta educativa de la provincia, y potenciando los ciclos formativos sin desatender la enseñanza secundaria, ya que las enseñanzas de educación secundaria obligatoria y de bachillerato, quedan debidamente garantizadas a través de otros centros de enseñanza secundaria ubicados en la ciudad de Lugo, como ya se explicó anteriormente. El informe de la consellería manifiesta no compartir la valoración subjetiva reflejada en la queja en cuanto a que la transformación del instituto As Mercedes en centro integrado de formación profesional represente “el fin de un proyecto educativo eficiente”, en la medida en que un proyecto educativo eficiente es aquel que construyen día a día los profesionales docentes, el alumnado y las familias, y no existe razón objetiva alguna para aceptar que eso no se esté haciendo en otros centros de enseñanza secundaria de Lugo. El informe finaliza indicando que le corresponde a la Administración educativa ejecutar las actuaciones necesarias en materia de diseño de la oferta educativa y de programación de la red de centros públicos, para adaptarla a la evolución de las exigencias de escolarización, al compromiso de atender las necesidades reales de la población escolar, a las necesidades educativas específicas y a la diversidad, dentro de los límites presupuestarios existentes y de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y racionalización en la programación, en la asignación y en la utilización de recursos públicos; y de eficacia en la prestación del servicio y en la consecución de los objetivos, que se entienden cumplidos, siempre que se garantice la escolarización del alumnado afectado, los medios personales y materiales precisos y los recursos complementarios como el transporte escolar o el comedor, en su caso. Estas actuaciones de la administración se pueden concretar en la integración de centros de un ámbito territorial en un sólo centro, o en la transformación de un centro en otro de tipo diferente, aspectos todos ellos que constituyen una manifestación del ejercicio de su potestad de autoorganización de las opciones formativas del modo más libre y conveniente. Como todo cambio, la conversión de los institutos en centros integrados ha generado cierta polémica pues es inevitable que existan personas o colectivos que estén en desacuerdo con la medida. Los sectores críticos ponen de manifiesto que en Galicia existen diecinueve centros integrados de formación profesional, probablemente la ratio más alta del Estado en función de la población educativa potencial. En otros casos tuvimos conocimiento del acuerdo de muchos usuarios con la medida. Por tanto, la potestad de autoorganización la tiene la administración educativa y no le corresponde la esta institución evaluar el ajuste de la oferta de estudios a la demanda, la planificación de centros y enseñanzas, las inversiones necesarias..., y aquellas otras medidas que pertenecen al ámbito de la política educativa. Esta institución intervendría si se hubieran visto afectados los derechos fundamentales del profesorado o del alumnado en su contenido esencial (no en meras expectativas o en aspectos valorativos de la decisión) o cuando no se haya dado la garantía del servicio público educativo en lo relativo al derecho a las plazas escolares y su gratuidad en los niveles obligatorios, a la libre elección de estudios, y a recibir una prestación de servicios educativos de calidad, circunstancias todas ellas que no queda acreditado que se hayan visto afectadas en el supuesto concreto de conversión de un instituto de educación secundaria en un centro integrado de formación profesional. 7. Enseñanzas de régimen especial Nos referiremos a dos ámbitos principales de nuestra actividad de supervisión: los conservatorios y las escuelas oficiales de idiomas. A) Conservatorios superiores y profesionales de música En un escrito de queja (expediente Q/4545/13), el interesado manifestaba su desacuerdo por el hecho de que no exista legislación específica para el cálculo de la nota media y de la nota media de la promoción en el campo de las enseñanzas artísticas superiores. En este caso, el promotor de la queja, antiguo alumno del Conservatorio Superior de Música de A Coruña y actual alumno de la Universidad Pública de Navarra, quería acceder a las becas de doctorado que ofrecía dicha entidad, por lo que se puso en contacto con el Conservatorio Superior de Música de A Coruña para solicitar que le calcularan la nota media del expediente y la nota media de la titulación en base 4, según la convocatoria de ayudas de nueva solicitud para la formación de personal investigador en la Universidad Pública de Navarra, aportando para ello toda la información necesaria para el cálculo de acuerdo con esta convocatoria. El conservatorio trasladó la solicitud a la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria y finalmente, de forma oral, ambas entidades alegaron que no existe legislación específica para el cálculo de dicha nota media y se negaron a realizarla. Ante eso requerimos informe a la consellería, que, con mucho retraso, remitió el informe solicitado. La información se solicitó por primera vez con fecha de 30 de agosto y fue requerida el 9 de octubre y el 5 de diciembre. En el informe finalmente recibido se reitera la misma argumentación que ya se le había trasladado al reclamante con fecha en julio de 2013. Se puede aceptar el razonamiento de que no cabe aplicar por analogía a las enseñanzas artísticas superiores una regulación sobre cálculo de notas medias y notas medias de la promoción que está establecida para las enseñanzas universitarias oficiales. La normativa de aplicación a las enseñanzas de música de grado superior impartidas en los conservatorios superiores de música (ni la estatal, de carácter básico, ni la normativa de desarrollo de la administración educativa gallega), contemplan el cálculo de notas medias en dichas enseñanzas. Por el contrario, sí existe normativa específica en otras comunidades autónomas. Sin embargo, el alumnado de las enseñanzas artísticas superiores no puede encontrarse en una situación de desventaja en los procesos de concurrencia competitiva, particularmente becas y ayudas, en los que se concede un peso cada vez mayor a los requisitos académicos, en particular a las notas medias, tanto en el acceso como en la continuidad de las ayudas. La nota media es un criterio esencial de baremación en los procesos de selección, tanto en los convocados por la administración general del Estado como por las universidades o por instituciones y organizaciones privadas. Conviene destacar que las enseñanzas artísticas superiores están equiparadas a los grados universitarios, por lo que esa asimilación debe incluir también contar con una normativa propia en materia de cálculo de notas medias, al igual que en los grados universitarios oficiales. Por otra parte, hay que señalar que los numerosos problemas surgidos en el ámbito estatal y autonómico por la coexistencia de múltiples sistemas de cálculo de las notas medias, derivados de la utilización de distintas bases numéricas, de planes de estudios estructurados en créditos o no, de medias aritméticas o ponderadas y de otros mecanismos que generaron situaciones gravemente disfuncionales e incluso discriminatorias, se están corrigiendo últimamente, intentando establecer procedimientos homogéneos. Por todo ello se consideró necesario, en aplicación del dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, del Defensor del Pueblo, hacer llegar a la consellería la recomendación de que con la mayor brevedad se adopten las medidas oportunas para dotar a las enseñanzas artísticas superiores de un procedimiento para el cálculo de las notas medias, procurando asimilar los sistemas de cálculo a los establecidos para las enseñanzas universitarias de grado por tratarse de titulaciones superiores equivalentes a todos los efectos. En particular, y por lo que se refiere a este expediente, en el ámbito de las enseñanzas superiores de música. La recomendación ha sido aceptada, y la consellería se compromete a instar del Ministerio de Educación la correspondiente regulación básica. Continúa abierto un expediente de queja (Q/4198/13) por la exclusión de una alumna con discapacidad de la lista de admitidos para cursar el grado elemental en el Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela. B) Escuelas oficiales de idiomas En cuanto a las escuelas oficiales de idiomas, entre algunas otras quejas por problemas puntuales, recibimos tres promovidas por otros tantos miembros del personal no docente de una escuela oficial de idiomas (Q/776/13; Q/777/13 y Q/778/13) al impedírseles matricularse en las pruebas de certificación por el régimen libre correspondiente al o a los idiomas que se imparten en la escuela o sección en la que prestaban servicio, por entender que participaban en los procesos de configuración final de la documentación. Alegaban los interesados que existían múltiples sistemas que garantizaban la custodia de los exámenes y que no había que suponer que todo el personal no docente accedía, en el ejercicio de sus funciones, al contenido de las pruebas. Solicitaban que se estableciera un sistema que mejore la cadena de custodia de los exámenes, esto es, el control de los cuestionarios durante todo el proceso: antes de su impresión y durante el fotocopiado, almacenaje y transporte, hasta el momento de realización de las pruebas. Indicaban que la custodia podría garantizarse de forma más segura si la impresión de los exámenes la asumiera la consellería de forma centralizada, de tal manera que los exámenes llegasen a los centros ya fotocopiados y en cajas cerradas y selladas y se procediera a su apertura en el momento de iniciarse las pruebas. En su informe, señala la consellería que la Ley 4/1988, del 26 de mayo, de la función pública de Galicia crea los cuerpos de funcionarios de la administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y en su disposición adicional primera establece sus competencias de acuerdo con los distintos niveles. Dicha ley fue derogada por el Decreto Legislativo 1/2008, del 13 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la función pública de Galicia, que mantiene en su disposición adicional primera las funciones de los distintos cuerpos de funcionarios de la administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia de acuerdo con los distintos niveles: 1. Cuerpo Superior de Administración de la Xunta, del grupo A, que desempeñará funciones de naturaleza administrativa, de dirección, estudio, coordinación, inspección, control y programación. 2. Cuerpo de Gestión de Administración de la Xunta, del grupo B, que realizará funciones de colaboración en actividades administrativas de nivel superior, así como tareas propias de gestión administrativa que no correspondan al nivel superior y sean propias de la titulación del grupo B. 3. Cuerpo Administrativo de la Xunta, del grupo C, que desarrollará actividades administrativas de gestión, tramitación y colaboración preparatorias, complementarias y derivadas de las funciones superiores. 4. Cuerpo Auxiliar de la Xunta, del grupo D, que realizará tareas de taquigrafía, mecanografía, registro y despacho de correspondencia, cálculo, manejo de máquinas y otras funciones semejantes. Estas funciones seguirán desempeñándose por aquellos funcionarios que se acojan a lo dispuesto en la disposición adicional vigésimo segunda de la Ley 30/1984, del 2 de agosto. 5. Cuerpo subalterno de la Xunta, del grupo E, que desempeñará funciones comunes de vigilancia, custodia, reparto de correspondencia y documentación, transporte manual, centralita, reprografía y otras semejantes. No se cuestiona en el escrito remitido por la oficina del Valedor do Pobo con fecha de 23 de agosto de 2013 la justificación de las limitaciones impuestas al profesorado que imparta docencia en una escuela oficial de idiomas o bien la haya impartido en algún momento del curso, entendiéndose que la motivación de esta limitación resulta evidente por su intervención directa, o a través del departamento didáctico correspondiente, en la elaboración del contenido de las pruebas. Es preciso extender esta medida al personal no docente del centro, habida cuenta de las competencias que le son atribuidas por la disposición adicional primera del Decreto legislativo 1/2008, del 13 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la función pública de Galicia a cada uno de los cuerpos de funcionarios de la administración general de la comunidad autónoma, dada su intervención y sus responsabilidades en la gestión de la documentación oficial de dicho centro. Conviene señalar que el artículo 10.1 de la Resolución de 10 de mayo de 2012 por la que se dictan instrucciones para la elaboración y administración de las pruebas de certificación y de clasificación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Galicia, ya establecía que no podrán examinarse de las pruebas de certificación aquellas personas que participaran en su elaboración o en sus procesos de configuración final. Una interpretación conjunta e integrada de dicha Resolución de 10 de mayo de 2012 y de la disposición adicional primera del Decreto Legislativo 1/2008, de 13 de marzo, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley de la función pública de Galicia ponen de manifiesto la conveniencia de extender esta medida al personal no docente del centro, dada su intervención en la gestión de la documentación oficial de dicho centro, y siempre teniendo en cuenta que no se considera que exista ninguna vulneración ni prohibición de acceso al derecho fundamental a la educación recogido en el artículo 27 de la Constitución española. Por lo tanto, con carácter general, y dadas las funciones propias del personal no docente y el funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas, sí se puede afirmar que este personal participa en los procesos de configuración final de las pruebas. Por esta razón, la redacción de la cláusula debe abarcar a todo aquel personal no docente que puede participar o acceder a la configuración final de las pruebas, ya sea de forma directa o indirecta. No se trata, por parte de la consellería, de imponer un mayor grado de dificultad en el acceso al estudio de idiomas al personal no docente que presta sus servicios en la escuela oficial de idiomas, sino de garantizar las condiciones de igualdad de todo el alumnado que realiza las pruebas. En definitiva, el profesorado que imparta docencia en una EOI, o bien la haya impartido en algún momento del curso académico (en el caso del profesorado interino o sustituto)y el personal no docente cuyo puesto de trabajo esté en esa misma escuela, no se podrá matricular en las pruebas de certificación de ningún idioma en la propia escuela oficial en la que imparte o haya impartido docencia en ese curso académico o en la que tenga su puesto de trabajo, y, en el caso de los idiomas que imparte, el profesorado tampoco se podrá matricular para realizar las pruebas de certificación en ninguna escuela oficial de Galicia, pero sí el personal no docente. 8. Acoso escolar Continúan abiertos los cuatro expedientes de queja sobre esta materia conocidos este año, por lo que dado lo delicado de los supuestos planteados y por estar aún en fase de investigación, no se recogen en este informe datos más concretos. Con carácter general hay que decir que hemos podido percibir una pronta eficacia de la entrada en vigor del Protocolo general de prevención, detección e tratamiento del acoso escolar y del ciberacoso en los centros docentes de niveles no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las Instrucciones de 17 de junio de 2013 de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa por las que se traslada el Protocolo a los centros. Ante situaciones de ciberacoso será de aplicación lo establecido en este protocolo para el acoso escolar, con carácter general, considerando las particularidades propias de las estrategias de prevención, detección y aplicación de medidas, a las que se refiere el propio documento. Con la finalidad de agilizar la tramitación de este protocolo y apoyar la labor encomendada a los centros educativos en su ejecución, el documento ofrece un total de 22 anexos que facilitan las distintas intervenciones que se deben llevar a cabo en aplicación de este protocolo y que van desde la comunicación de una posible situación de acoso escolar, designación de una persona referente de atención y apoyo a la posible víctima, comunicación a las familias, recogida de información, cuestionarios de entrevistas, análisis de datos recabados, propuestas de medidas, asesoramiento y apoyo técnico y otros procedimientos fundamentales para combatir, en plazos muy abreviados, este tipo de comportamientos. Hemos de poner de manifiesto el apoyo de esta institución a este tipo de medidas que facilitan la resolución de situaciones inaceptables que, en la práctica, suelen presentar gran complejidad para ser identificadas y abordadas. Creemos que este documento va a ser un mecanismo muy útil para que los centros, que encontraban grandes dificultades para gestionar adecuadamente estos casos, puedan resolverlos en períodos muy cortos de tiempo y con el necesario apoyo y asesoramiento. Tal como hemos venido manifestando en anteriores informes, estos casos suelen producir en los padres una gran angustia e impotencia, con la sensación de que no se está protegiendo a sus hijos de una situación inaceptable de agresión. A criterio de esta institución, es fundamental avanzar en la lucha contra la violencia escolar porque nada hay más opuesto a la formación que debe transmitirse en los centros educativos que la tolerancia, cualquiera que sea su grado, con conductas que atenten contra la dignidad de los alumnos. No cabe hablar ya solo de comportamientos típicos de la adolescencia sino que hemos conocido varias quejas en las que quienes acosaban a un compañero o compañera eran niños de primaria. El acoso escolar se produce cuando un niño insulta, agrede o tiene un comportamiento hostil hacia otro niño y este comportamiento se produce de forma continuada en el tiempo. La violencia escolar suele ser mucho más social y psicológica que física. Aunque también se producen agresiones físicas, intimidación y coacción, es más frecuente la exclusión social, el aislamiento, o conductas como la de ridiculizar, humillar, poner motes, no dejar participar en actividades, enfrentar a los compañeros contra la víctima, hacer correr rumores, etc. Este acoso psicológico es mucho más dañino que el acoso físico y produce mayores tasas de estrés postraumático por lo que debe ser erradicado absolutamente del entorno escolar. Confiamos en que el nuevo protocolo contribuya a eliminar estos comportamientos intolerables. 9. Ayudas para la realización de actividades de formación en lenguas extranjeras Una de las cuestiones que nos ha preocupado se planteó como consecuencia de un escrito de queja en el que la interesada nos trasmitía su desacuerdo con los criterios aplicados al amparo de la Orden de 18 de marzo de 2013, de ayudas para la realización de actividades de formación en lenguas extranjeras en el año 2013. Esencialmente, nos indicaba que su hija, de 12 años de edad, tenía provisionalmente adjudicada por méritos académicos una plaza en un campamento de verano y finalmente había sido excluida por aplicación de lo previsto en el artículo 10 de la Ley 9/2007, del 13 de junio, de subvenciones de Galicia ya que su madre no estaba al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social por las dificultades financieras que había atravesado la empresa de la que era administradora. Con fecha del 22 de julio fue recibido el informe de la consellería en el que en síntesis, se argumentaba lo siguiente: -que la Orden de 18 de marzo de 2013 por la que se convocan las ayudas para la realización de actividades de formación en lenguas extranjeras en el año 2013, destinadas al alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, en régimen de concurrencia competitiva establece, en su artículo 3.1.e) que los beneficiarios de las ayudas deberán cumplir el requisito de "No estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, recogidas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia". Una de estas prohibiciones consiste en "no hallarse al corriente en el cumplimiento de los deberes tributarios o frente a la Seguridad Social o tener pendiente de pago alguna otra deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma en los términos que reglamentariamente se determinen". -que mientras el colectivo al que se dirigen estas ayudas, de carácter económico, sea el alumnado menor de edad que carece de capacidad plena de obrar y está sometido a la patria potestad de sus progenitores o a la tutela de las personas que la detenten legalmente, dicho alumnado ejercerá sus derechos a través de estas personas, que en el desempeño de su representación legal, deberán administrar correctamente las ayudas concedidas y responder por su correcta aplicación, en nombre de quien representan. Por esta razón, deben cumplir los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario de las ayudas. -que la convocatoria señalada ya tiene en cuenta diversos requisitos de participación que "realmente afectan a las posibilidades de los estudiantes interesados", en la medida en que se les exige que cumplan unas condiciones que solo pueden ser alcanzadas por ellos mismos a) Haber superado todas las áreas, asignaturas o módulos en el curso 2011/2012 b) Haber alcanzado en el curso 2011/12 una calificación mínima de bien en el 6° curso de educación primaria para el alumnado de 1° de educación secundaria obligatoria, y de 6 para el de 2°, 3° y 4° de educación secundaria obligatoria, de bachillerato y de ciclos formativos, en el área, asignatura o módulo de lengua extranjera que se va a perfeccionar en la estancia. De acuerdo con el anterior concluye el informe que no se está denunciando un mal funcionamiento de la Administración pública que no respete los derechos constitucionalmente reconocidos o que se aparte del procedimiento legalmente establecido. Sin embargo, esta institución manifestó su desacuerdo con la aplicación de esta norma por los siguientes motivos: 1.- Todas las circunstancias excluyentes establecidas en el artículo 10 de la Ley de Subvenciones de Galicia afectan a la condición de beneficiario de la subvención y deben concurrir en ese eventual beneficiario. En algunos casos son medidas restrictivas de derechos; en otros, tienen un carácter sancionador; o bien se vinculan a determinadas conductas ilícitas, pero siempre deben afectar al beneficiario, es decir, a la persona que deba realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión. Ninguna de ellas es aplicable a menores de edad. 2.- La Orden del 18 de marzo de 2013 por la que se convocan ayudas para la realización de actividades de formación en lenguas extranjeras en el año 2013, destinadas al alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, en régimen de concurrencia competitiva, establece con claridad el carácter personal de estas ayudas, dirigidas a los alumnos y alumnas de distintos niveles de los centros docentes sostenidos con fondos públicos en Galicia para realizar las actividades de formación lingüística durante el año 2013. El artículo 3 señala como beneficiario al alumno o alumna que cumpla ciertos requisitos académicos relativos a sus calificaciones y requisitos personales (no tener otras ayudas en el mismo curso con la misma finalidad y tener pasaporte y documentos de identificación en vigor). El beneficiario de la ayuda no es la familia, porque la norma no lo establece así (cosa distinta es la configuración que se haga de estas ayudas en los presupuestos, que no puede alterar la naturaleza jurídica de esta prestación, tal como está recogida en la normativa). Es incongruente con esto que el nº 3 de ese artículo exija al beneficiario, en este caso un menor de edad, un requisito que en ningún caso depende de él. Los menores de edad no tienen capacidad de obrar por lo que no pueden estar incursos en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 10 de la ley de subvenciones. En este sentido, los padres y tutores representan a los menores de edad en su interés ya que es una función tuitiva respecto de quien no puede obrar jurídicamente por sí mismo; en ningún caso, la representación legal de los menores puede derivar en la responsabilidad del representado por las consecuencias jurídicas de los actos realizados por sus representantes cuando actúan en su propio nombre (en este caso concreto, en el ámbito del ejercicio de actividades mercantiles o empresariales). Por este motivo, se entiende inadecuada la interpretación que la consellería está haciendo del alcance de la representación legal de los menores de edad cuando afirma que el alumnado menor de edad que carece de capacidad plena de obrar y está sometido a la patria potestad de sus progenitores o a la tutela de las personas que la detenten legalmente, ejercerá sus derechos a través de estas personas. Una cosa es que ejerzan sus derechos por medio de los representantes legales y otra que puedan verse privados de derechos por actos propios de sus representantes. Estos no tienen legalmente la condición de beneficiarios de las ayudas, ya que ni son los que deben realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento ni son los que se encuentran en la situación que legitima su concesión. La representación legal de los menores de edad se ejerce exclusivamente en su beneficio y nunca pueden verse perjudicados por los actos de sus representantes realizados en su propio nombre. 3.- Cosa completamente distinta es la responsabilidad en que pueda incurrir el representante legal en la administración de las cantidades de las que el menor representado sea beneficiario, lo que dará lugar, en su caso, a las acciones legales que correspondan. Lo que no parece apropiado ni tiene en cuenta la equidad es excluir a un menor de la posibilidad de ser beneficiario de una acción formativa de carácter personalísimo (el aprendizaje de idiomas), por causas exclusivamente imputables a quien ostenta la patria potestad o la tutela del menor. Nada impide la existencia de otro tipo de controles que garanticen la adecuada inversión de las cantidades recibidas en su objeto propio, según los elementos regulados en la orden de convocatoria, estableciendo las sanciones que correspondan, como el reembolso, en caso de no ser adecuadamente invertidas por los representantes legales de los menores beneficiarios. Entender lo contrario supone no considerar el interés superior del menor como principio inspirador de toda la normativa, también la educativa, sino hacerle corresponsable de las medidas limitativas o restrictivas de capacidad impuestas a sus padres o tutores por sus propios actos, y por lo tanto, amparar una injusta extensión subjetiva de las medidas de carácter sancionador o punitivo, contraria a los principios generales del ordenamiento. Por todo lo anterior, se hizo llegar a la consellería la siguiente recomendación: “Que habida cuenta de la naturaleza de las subvenciones que tienen como finalidad la realización de cursos u otras acciones formativas, bien en lenguas extranjeras o con otra finalidad, dirigidas al alumnado menor de edad, se exceptúe por su normativa reguladora el requisito de no hallarse al corriente en el cumplimiento de los deberes tributarios o frente a la Seguridad Social o tener pendiente de pago alguna otra deuda con la Administración pública de la comunidad autónoma, ya que los beneficiarios de la subvención, en los términos exactos de la ley reguladora, son los alumnos o alumnas que deban realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentren en la situación que legitima su concesión (haber aprobado todo el curso y conseguir una determinada nota mínima en la asignatura de lengua extranjera que se va a perfeccionar en la estancia, en este caso concreto). En su respuesta, la consellería manifestaba literalmente que “no acepta la interpretación forzada que realiza esa institución para tratar de excepcionar un requisito legal en una convocatoria pública de ayudas. Es cierto que quien realiza la actividad objeto de subvención es el alumnado y que se trata de una actividad formativa voluntaria y de realización personal por parte de este. Sin embargo, las personas que solicitan las ayudas son los padres, madres o tutores del alumnado menor de edad y son sus datos económicos los que determinan la procedencia de conceder o no la ayuda así como el importe de ésta. La hija de la reclamante en queja es, obviamente, la beneficiaria de la actividad porque es quien va a realizarla, pero quien realmente se va a beneficiar de la percepción de la ayuda son sus progenitores o tutores, a raíz de la obtención de la ayuda que van a ver minorados los gastos correspondientes a dicha actividad; por esto deben cumplir el requisito de no incurrir en una prohibición legalmente establecida, requisito que, en ningún caso, esta consellería va excepcionar, por lo que rechaza de plano la recomendación formulada”. Esta respuesta es incongruente con el criterio aplicado de manera constante por el Ministerio de Educación, Cultura e Deporte en las becas y ayudas que convoca y expuesto de forma indubitada en la Orden ECI/1815/2005, de 6 de junio por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de becas y ayudas al estudio en la que se incluye esta excepción. En su apartado según se dispone: “Requisitos de los beneficiarios: Tendrán la consideración de beneficiarios de las subvenciones a que se refiere la presente Orden los estudiantes o grupos de estudiantes en cualquiera de los siguientes supuestos: -Que perciban directamente su importe. -Que perciban el importe a través de un tercero. -Que lo obtengan mediante la exención del pago de un determinado precio por un servicio escolar o académico. -Que se beneficien de una prestación en especie en el marco de una actividad educativa complementaria. Los beneficiarios de las becas y ayudas al estudio deberán estar matriculados y cursar estudios en centros españoles así como acreditar la concurrencia de la situación socioeconómica y académica, en su caso, o cualquier otro requisito que establezcan las bases de la correspondiente convocatoria. A los beneficiarios de becas y ayudas al estudio no les serán de aplicación las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.” El artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones tiene un contenido sustancialmente idéntico al artículo 10 de la Ley de Subvenciones de Galicia. Una manifestación de este criterio figura en el artículo 3.5 de la Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en un Programa de Inmersión Lingüística en el verano de 2013: “A los beneficiarios de las ayudas convocadas por la presente resolución, no les serán de aplicación las prohibiciones previstas en el artículo 13.2. a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones”. Esta convocatoria tiene un objeto prácticamente idéntico al de la Orden de 18 de marzo. Por lo tanto, el propio Ministerio de Educación excepciona reiteradamente este requisito en las becas y ayudas generales. Por ejemplo, en la Resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2013-2014, para estudiantes que cursen estudios post-obligatorios, el apartado 4 del artículo 1 señala: “La condición de beneficiario podrá obtenerse aunque no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones”. Al mismo tiempo, en la Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en un programa de inmersión lingüística en colonias de vacaciones para el verano de 2012, el artículo 3.5 dispone: “ a los beneficiarios de las ayudas convocadas por la presente Resolución, no les serán de aplicación las prohibiciones previstas en el artículo 13.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Es esencial tener en cuenta que la propia Orden ECI prevé lo siguiente: “Las convocatorias de becas y ayudas al estudio podrán prever que las Comunidades Autónomas, mediante la suscripción de convenios con el Ministerio de Educación y Ciencia, y en los términos establecidos en los mismos, puedan llevar a cabo las funciones de tramitación, resolución y pago, así como la inspección, verificación, control y, en su caso, resolución de los recursos administrativos que puedan interponerse”. Según este principio de colaboración, carecería de toda justificación que los alumnos de Galicia que soliciten las ayudas convocadas por la consellería sean de peor condición que los demás alumnos españoles que se acojan a las convocatorias de becas y ayudas del Ministerio de Educación, y que la propia consellería establezca en las bases de sus convocatorias unos criterios de exclusión que no existen en las convocatorias de becas y ayudas al estudio para todo el Estado. Es más, que en las funciones de tramitación, resolución y pago, así como en las de inspección, verificación, control y, en su caso, resolución de los recursos administrativos que se puedan interponer en las convocatorias del Ministerio de Educación, la consellería esté aplicando criterios distintos a los que aplica en sus propias convocatorias con idéntico objeto, lo que significaría amparar una eventual discriminación entre el alumnado. Por esta razón, la consellería debería aclarar los motivos por los que en las convocatorias de ayudas para la realización de actividades de formación en lenguas extranjeras en el año 2013, destinadas al alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos en Galicia, aplica a los alumnos unas prohibiciones para ser beneficiarios que están expresamente excluidas en las becas y ayudas del Estado. 10. Educación superior Como ya pusimos de manifiesto en la introducción, el sistema de educación superior atraviesa una difícil etapa de cambios e inestabilidad. En la línea de anteriores informes, conviene advertir que la educación universitaria ha acusado, incluso en su funcionamiento ordinario, los efectos de una financiación claramente insuficiente que, además, ha coincidido con la implantación definitiva de un nuevo marco de referencia, el denominado Plan Bolonia, que para su adecuada puesta en funcionamiento exige una autonomía financiera, unas disponibilidades presupuestarias y un modelo de gestión que las universidades españolas están muy lejos de alcanzar. La crisis económica ha tenido este año un impacto evidente en las dificultades por las que atraviesa el Sistema Universitario de Galicia. Los condicionantes financieros derivados de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2013 y de la Ley 2/2013, del 27 de febrero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 2013 han venido a agudizar algunos problemas estructurales de las universidades gallegas. Desde un punto de vista general, nuestro sistema universitario se enfrenta a los problemas de financiación y gestión derivados de la ampliación —no siempre racional— de centros, campus y universidades de las últimas décadas; a una duplicación incomprensible de centros y titulaciones asumida, en ocasiones, por presiones localistas; a la desproporción entre plazas ofertadas y demanda real en algunos estudios, que no se termina de ajustar; a un cierto exceso en la oferta de cursos de postgrado, algunos de ellos impartidos en condiciones de dudosa calidad; a fallos en la necesaria coordinación universitaria que eviten la infrautilización de determinados recursos, el desaprovechamiento de la capacidad docente o investigadora, o la falta de especialización y de diferenciación funcional entre las universidades. Un problema no menor es la ineficiencia en los costes que está vinculada a una organización inadecuada de recursos humanos. Aunque las universidades gallegas tienen uno de los crecimientos medios de las plantillas académicas más bajos en el seno de las universidades españolas, no parece haber una estrategia clara para formular la necesaria coexistencia de sus diferentes ámbitos funcionales. Es decir, no parecen haberse equilibrado las necesidades financieras derivadas de la educación, la investigación y la innovación y algunos ámbitos de estas actividades universitarias crecen sacrificando a otros, sin que se alcancen por ello los adecuados niveles de calidad y excelencia. Por otra parte, la autonomía universitaria ha incurrido a veces en discrecionalidad o improvisación: no parecen haberse definido aún los perfiles que identifiquen a cada una de nuestras universidades entre las más competitivas y especializadas en un determinado sector de actividad; se siguen modificando planes de estudio, algunos implantados hace apenas cuatro o cinco años; se fuerza la continuidad de titulaciones con poca demanda; se ha burocratizado de forma excesiva la gestión universitaria y hay una exagerada profusión de normas internas en las universidades.... La consecuencia es que los esfuerzos no siempre se centran en conseguir niveles de excelencia docente e investigadora, sino en alcanzar, aunque sea artificialmente, ciertos indicadores. Un marco normativo en permanente cambio tampoco ayuda a estabilizar estas instituciones. El Parlamento de Galicia aprobó la Ley 11/1989, de ordenación del sistema universitario de Galicia, que transformó completamente el panorama de la enseñanza universitaria en nuestra comunidad con la creación de las universidades públicas de A Coruña y de Vigo, en el marco de la entonces vigente Ley orgánica 11/1983, de reforma universitaria. Las tres instituciones integraron el Sistema universitario de Galicia en lo que entonces se consideró un paso decisivo para una enseñanza universitaria de calidad como instrumento de transformación social, basando el modelo en la descentralización y regulando la distribución de los diversos centros universitarios, los ya existentes y los de previsible creación, en un total de siete campus repartidos entre las cuatro provincias: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo. La promulgación de la Ley orgánica 6/2001, de universidades, y su modificación por Ley orgánica 4/2007, hizo necesario que el Parlamento de Galicia completara el corpus normativo en materia universitaria, para dar respuesta al mandato del legislador estatal, que dotó a las comunidades autónomas de nuevas competencias de coordinación y gestión. De esta manera, en años sucesivos, el Parlamento de Galicia aprobó la Ley 7/2001, de 2 de julio, de control en materia de creación y reconocimiento de universidades, centros universitarios y autorización de estudios en la Comunidad Autónoma de Galicia; la Ley 1/2003, de consejos sociales del sistema universitario de Galicia, y la Ley 2/2003, del Consejo Gallego de Universidades. Este año, el Parlamento aprobó la Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia, que entró en vigor en el mes de julio. Sobre este marco habrán de hacerse nuevos ajustes, que deben contar también con la cascada de disposiciones estatales que regulan determinados aspectos de estos estudios. Durante todo el año han seguido publicándose acuerdos del Consejo de Ministros por los que se establece el carácter oficial de determinados títulos de grado, master y doctor y se inscriben en el Registro de Universidades, Centros y Títulos; el Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, modifica los Reales Decretos 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales; 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado; y 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas; se sigue tratando de ordenar las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudio conducentes a la obtención de los títulos oficiales que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas y de profesiones tituladas. Los problemas de financiación han generado también un clima de malestar entre los alumnos de educación superior al modificarse, en todo el territorio del Estado, las condiciones económicas para el disfrute de becas Erasmus y una configuración más restrictiva del sistema de becas regulado en el Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014 para enseñanzas post-obligatorias y superiores, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. Examinaremos a continuación algunos de los temas de los que nos hemos ocupado dentro de nuestra actividad de supervisión. A) La confusión sobre la naturaleza de los títulos En numerosos expedientes de queja que hemos conocido este año está aflorando un gravísimo problema: los cambios acometidos en la estructura de la educación superior han introducido una enorme confusión sobre el alcance y la naturaleza de los títulos expedidos por las universidades y otros centros de educación superior. En algún caso, como sucede con la Universidad de Vigo, esta confusión no ha sido oportunamente clarificada, a pesar de habérselo advertido, ya en el año 2011, en una recomendación y ha tenido efectos muy problemáticos, tanto entre los alumnos de algunos títulos propios como en las escuelas superiores de enseñanzas artísticas. Precisamente sobre la cuestión de los títulos en estas enseñanzas hubo de pronunciarse el Tribunal Supremo al ser impugnada por algunas universidades la expedición de títulos de grado por las escuelas superiores de enseñanzas artísticas. En síntesis, el esquema actual de titulaciones de educación superior es el siguiente: En el Real Decreto 1027/2011 se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), que es una pieza necesaria para completar el Marco Español de Cualificaciones (MECU). Ambos se relacionan con el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF). El Marco Español de Calificaciones para la Educación Superior se ciñe a las titulaciones correspondientes a la educación superior. Corresponde en sus niveles a los ciclos o niveles 5, 6, 7 y 8 del EQF, completando la correlación entre el Marco Español de Cualificaciones y el Marco Europeo. Existen, por tanto, cuatro niveles: -Técnico Superior: puede concretarse en los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o Técnico Deportivo Superior. -Grado: puede concretarse en los títulos de Graduado o Graduada, expedido por una universidad o el Título Superior en Enseñanzas Artísticas Superiores, expedido por una escuela superior, no adscrita a una universidad. Ambos son equivalentes. -Master: puede ser un Master universitario o un Master en Enseñanzas Artísticas -Doctor El Tribunal Supremo, a través de sus sentencias 299, 320, 321 y 348/2012, resolviendo las demandas interpuestas por algunas universidades, como la de Granada o la de Vigo, anuló los artículos 7.1, 8, 11 y 12, así como la disposición adicional séptima del Real Decreto 1614/2009, del 26 de octubre; es decir, anuló todos los artículos que empleaban el término "grado" o "graduado" para referirse a los títulos de las enseñanzas artísticas superiores. Estas sentencias no discuten la naturaleza de educación superior de las enseñanzas y tampoco su equivalencia a los títulos universitarios de grado, equivalencia en el sentido gramatical de igualdad en el valor y estimación de ambos títulos, tanto en lo académico como para el ejercicio profesional. El fundamento de estas sentencias (tal como se reflejaba en las correspondientes demandas) es el artículo 3.5 de la Ley Orgánica de educación, de 2006, que dispone que constituyen la educación superior en España "la enseñanza universitaria, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado superior". Son las universidades, al amparo de Real Decreto 1393/2007, las que pueden impartir las enseñanzas de grado conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales. Por su parte, la disposición adicional 19.1 de la Ley Orgánica de universidades, en redacción dada por la Ley 4/2007, establece una reserva de dicha denominación únicamente para uso exclusivo de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, y expresa que sólo podrá utilizarse la denominación de universidad, o las propias de los centros, enseñanzas, títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y órganos unipersonales de gobierno a que se refiere esta Ley, cuando hayan sido autorizadas o reconocidas de acuerdo con lo dispuesto en la misma. Y concluye: “No podrán utilizarse aquellas otras denominaciones que, por su significado, puedan inducir a confusión con aquéllas". Curiosamente, la ley insistía mucho en evitar confusiones en las denominaciones. En igual sentido, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que lo modifica. La consecuencia es que hay que distinguir entre educación superior y enseñanzas universitarias. Son enseñanzas universitarias las que se imparten por las universidades, a pesar de que no conduzcan a un título oficial, incluidos los títulos propios, los simples cursos de formación o los cursos de experto o especialista. En cambio, la educación superior es un concepto objetivo relativo a cualquier título, diploma o certificado emitido por una institución educativa que acredita haber adquirido un conjunto de resultados del aprendizaje, después de superar satisfactoriamente un programa de formación en una institución legalmente reconocida en el ámbito de la educación superior (cfr. preámbulo del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). Es necesario trascender, por lo tanto, la idea del título de grado como título único en los estudios superiores de segundo ciclo. Sobre esta cuestión, hay que poner de manifiesto que en realidad son las universidades las que, en ciertos casos, han hecho una aplicación irregular de la norma que les confiere la habilitación para expedir títulos, amparadas por una legislación confusa y utilizando el principio de autonomía universitaria en un sentido que diverge ampliamente de su propia configuración constitucional. No deja de ser paradójico que las universidades consideren que son las únicas que pueden expedir, en exclusiva, los títulos de grado y ellas mismas estén expidiendo títulos propios —que no tienen carácter oficial ni validez en todo el territorio nacional— y los denominen Graduado/a universitario, denominación que, claramente, induce a confusión sobre la naturaleza del título. Sobre esta cuestión hicimos en su día una resolución dirigida a la Universidad de Vigo, referida a la titulación expedida en el marco de los Estudos Superiores en Deseño Téxtil e Moda de Galiza, pero no es la única de las universidades españolas que lo ha hecho. Conviene aclarar esta cuestión porque está creando entre los alumnos la percepción de que son víctimas de una publicidad engañosa y puede suponer un grave descrédito para las instituciones universitarias. Los títulos propios son títulos universitarios pero sólo por el hecho de que los expide una universidad. No son títulos oficiales. En ningún caso pueden equipararse a los grados universitarios al amparo del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y en ningún caso los alumnos son graduados universitarios al finalizar los estudios, a pesar de la publicidad que hacen los centros o las direcciones de los títulos propios. Se trata de un supuesto problemático ya que el adjetivo “universitario” se emplea por referencia a la institución que expide el título pero no por el nivel académico y profesional al que se accede con esos estudios, cuestión que, sin embargo, no es de conocimiento general. En algunos casos, es ignorada por los propios alumnos del título propio. Este tipo de confusiones derivan de los profundos cambios que se ha acometido en la enseñanza superior y que modificaron su estructura, la organización de los estudios, los contenidos y planes de estudios, las cualificaciones profesionales, los títulos... y una larga lista de aspectos propios de estas enseñanzas. El primer dato, y el más elemental, es que nos encontramos ante un nuevo modelo que particulariza los resultados del aprendizaje, y acredita niveles de formación. Por eso, la confusión alcanza incluso a los títulos de master. Se trata de un título de postgrado al que se puede acceder una vez finalizados los estudios de grado. Se entiende por Master Oficial el conjunto de enseñanzas regladas de postgrado con validez en todo el territorio nacional y en el Espacio Europeo de Educación Superior que han superado un proceso de elaboración y aprobación conforme a las normas legales dictadas por el Gobierno y las comunidades autónomas (leyes, decretos, órdenes...) reconocido en el marco de las normas y acuerdos del Espacio Europeo de Educación Superior. Para acceder se requiere poseer el grado académico de licenciado, diplomado o equivalente, o de graduado en el nuevo sistema de educación superior. Junto a estos master oficiales, el master, como título propio, se refiere a estudios que deben superar un proceso normativo interno más flexible y diversificado (en la propia universidad), pensados para ofrecer un tipo de formación acorde a las demandas de la sociedad, una formación más flexible que ofrezca especialización profesional, académica o actualización de conocimientos acorde a las demandas de "aprendizaje a la carta" (Life Long Learning), que propugna el Espacio Europeo de Educación Superior. En teoría, son títulos que han superado a su vez todos los controles normativos y de calidad de una universidad pública. Como norma, requieren poseer el título de grado o su equivalente en las actuales titulaciones (licenciado, arquitecto, ingeniero). En determinados casos se puede acceder con una diplomatura o ingeniería técnica. Sin embargo, no están equiparados. Los master oficiales dan acceso al doctorado, los títulos propios no. El master oficial se valora como un título oficial de postgrado en oposiciones o concursos de la administración pública, mientras que los títulos propios puntúan como formación continua, y aunque también esto puede variar según la baremación de cada concurso u oposición, siempre será menor en los títulos propios. Los master oficiales están reconocidos en todo el territorio de la Unión Europea, no así los master propios. En el ámbito de la empresa privada los dos son igual de válidos. También es confuso el alcance de los estudios de “experto universitario” o “especialista universitario”. En el momento de cerrar este informe, el Tribunal Supremo ha publicado una sentencia en la que anula un acuerdo del Consejo de Ministros de abril de 2011 por el que se establece el carácter oficial del título de Master en Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales, otorgado por la Universidad de Vigo, porque su denominación conduce a errores sobres sus efectos profesionales. La resolución de la sección cuarta de la sala tercera del Tribunal Supremo estima un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos contra ese acuerdo, en tanto que otorga oficialidad a ese título de la Universidad de Vigo. El alto tribunal ha atendido la demanda de los aparejadores y arquitectos técnicos, que advirtieron que el master era "contrario a derecho" por vulnerar la disposición adicional 19ª de la LOU y el artículo 10.3 del RD 1393/2007. A la luz de la jurisprudencia existente, el TS hace referencia a la necesidad de la "clara separación de las menciones de arquitectura e ingeniería para evitar eventuales confusiones en la denominación de las respectivas titulaciones". Así, señala que debe acoger la "pretensión anulatoria" de los recurrentes, por lo que se refiere a la denominación del master impartido por la Universidad de Vigo. En definitiva, es imprescindible una amplia difusión del nuevo marco de titulaciones, de la naturaleza, reconocimiento oficial y efectos de cada título y de las posibilidades formativas que conllevan. En el ámbito universitario existe el Registro de Universidades, Centros y Títulos creado por el Real Decreto 1509/2008, de 1 de septiembre, para proporcionar la información más relevante sobre las universidades, centros y los títulos que conforman el sistema universitario español, en el que constan inscritos los nuevos títulos de grado, master y doctorado oficiales. Tiene carácter público y de registro administrativo, y ha sido concebido como un instrumento en continua actualización. Junto a él, es preciso que las universidades, en el ámbito de los títulos no oficiales que pueden expedir, y las escuelas superiores utilicen con rigor las denominaciones legalmente adecuadas a la naturaleza de los títulos que expiden. B) Las enseñanzas artísticas superiores Un numeroso grupo de alumnos de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales nos remitieron escritos de queja en los que manifestaban que los alumnos de esta escuela pública de educación superior de los cursos 2010-2011 y 2011-2012 se matricularon en la titulación de “Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales”. Con posterioridad, como consecuencia de las sentencias del Tribunal Supremo emitidas el 13 de enero de 2012 (por las que se estima en parte la impugnación por la Universidad de Granada del Real Decreto 1614/2009 del 26 de octubre, que estableció la ordenación de las Enseñanzas Artísticas Superiores reguladas por la Ley Orgánica de Educación), se les ofrece una titulación (Título Superior en Conservación y Restauración de Bienes Culturales) que no coincide en denominación ni en categoría con el firmado en la matriculación. Según los promotores de la queja, dicha sentencia restringe el grado en Conservación y Restauración sólo a centros universitarios, originando una desigualdad entre las titulaciones de la misma disciplina que se ofrecen en el Estado y un agravio comparativo para los alumnos que cursan estudios en las escuelas superiores. Señalaban que la legislación en vigor (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación y Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades) así como la proyectada (Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa) reconoce a las escuelas superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales la posibilidad de adscribirse a una universidad. A partir de esas circunstancias, tanto el equipo directivo como el consejo escolar, el claustro y los estudiantes reclamaron desde el 15 de marzo de 2012 una entrevista con el conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en la cual se pudiera abordar una solución acorde con la norma para poner fin a los problemas de la titulación. Con fecha del 18 de octubre iniciamos las actuaciones oportunas ante la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, contra la que se dirigían las quejas. El informe remitido por la administración señala que el artículo 56.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, establece que el alumnado que supere las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales, obtendrá el Título Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que será equivalente a todos los efectos al título universitario de diplomado o al título de grado equivalente. Dicho artículo fue desarrollado por el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. El Tribunal Supremo, a través de sus sentencias 299, 320, 321 y 348/2012, anuló los artículos 7.1, 8, 11 y 12, así como la disposición adicional séptima de dicho Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre; es decir, anuló todos los artículos que empleaban el término "grado" o "graduado" para referirse a los títulos de las enseñanzas artísticas superiores. Estas sentencias no discuten la naturaleza de educación superior de las enseñanzas y tampoco su equivalencia a los títulos universitarios de grado, equivalencia en el sentido gramatical de igualdad en el valor y estimación de ambos títulos, tanto en lo académico como para el ejercicio profesional. La Ley Orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, refuerza el carácter de estas enseñanzas superiores equivalentes al título de grado, al establecer que los alumnos que superen los estudios de enseñanzas artísticas superiores obtendrán el Título Superior que queda incluido a todos los efectos en el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, y será equivalente al título universitario de grado. Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del título universitario de grado, se entenderá que cumple este requisito quien esté en posesión del correspondiente Título Superior. Pese a que la posibilidad de adscripción de las escuelas superiores a una de las universidades del Sistema Universitario de Galicia es una previsión recogida en la Ley Orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, la consellería expresa su voluntad de no renunciar a gestionar las escuelas artísticas superiores, -lo que además, según añade el informe, conllevaría graves inconvenientes, incluso para su profesorado-, sino que seguirá impartiendo estas enseñanzas en el marco que establece la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, sin perjuicio de que se puedan convenir fórmulas de colaboración con las universidades para desarrollar estudios de postgrado en este ámbito. A estos efectos, la consellería comunicó que tiene previsto firmar un convenio con la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), para el seguimiento y la acreditación de las enseñanzas artísticas superiores que se impartan en la Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con lo que se establece en el marco europeo de educación superior. El informe de la administración educativa señala que en España no hay constancia de la existencia de escuelas públicas de conservación y restauración de bienes culturales adscritas a universidades, aunque sí coexisten ambas ofertas en alguna comunidad autónoma. La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia es el único centro que imparte las especialidades de arqueología, escultura y pintura en Galicia, desde su creación en el año 1991, a través del Decreto 352/1991, de 17 de octubre, por el que se crea la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia, siendo una de las primeras escuelas de esta modalidad en el conjunto del Estado. En este curso académico 2013-2014 se está implantando el cuarto curso correspondiente al plan LOE, y la escuela cuenta con un total de 95 alumnos matriculados, y una plantilla de 20 profesores. El alumnado que finalice este curso obtendrá, por primera vez, un título equivalente al grado universitario, ya que la titulación del plan LOGSE, que era el que se venía obteniendo hasta ahora, era equivalente a diplomado universitario. La regulación de estas enseñanzas para Galicia se realizó a través de la Orden de 30 de septiembre de 2010 por la que se establece el plan de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se regula el acceso a dichas enseñanzas, y de las Circulares 3/2011, 12/2011, 9/2012 y 5/2013 de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, dictadas para la ordenada implantación progresiva de las mismas. Así, al estar garantizada la absoluta seguridad jurídica para el alumnado que está cursando estas enseñanzas, la consellería expresaba su desacuerdo con la “campaña de desinformación” y las movilizaciones promovidas desde la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia, con sede en Pontevedra, respecto de la titulación que obtendrá el alumnado al finalizar el actual curso escolar El informe termina haciendo una relación de los contactos y reuniones mantenidos entre el conselleiro o el director general de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa con distintos colectivos (directores de centros que imparten enseñanzas artísticas superiores y representantes del alumnado de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia) afectados por esta situación. Tomando en consideración las manifestaciones de los escritos de queja y el informe de la administración cabe concluir que, si bien es cierto que la matrícula de los cursos 2010-2011 y 2011-2012 se realizó en una titulación denominada “Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales”, el obligado cumplimiento de las sentencias firmes del Tribunal Supremo obligó a un cambio en la denominación del título, circunstancia no imputable a la administración educativa gallega. En realidad, ya la Ley Orgánica de Educación se refería al Título Superior en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de manera que la denominación de Grado no se emplea en la ley sino en el Real Decreto 1614/2009. Resulta absolutamente indiscutible que las enseñanzas artísticas superiores forman parte de la educación superior. La Ley Orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa refuerza este criterio al afirmar que el Título Superior queda incluido a todos los efectos en el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, y será equivalente al título universitario de grado. Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del título universitario de Grado, se entenderá que cumple este requisito quien esté en posesión del correspondiente Título Superior". Las sentencias del Tribunal Supremo no tienen los efectos que se difundieron en los primeros meses de 2012, que incluso alertaban de la exclusión de las enseñanzas artísticas superiores del Espacio Europeo de Educación Superior. Por el contrario, se integran al mismo nivel que los grados en el sistema de certificaciones que permite la movilidad y el reconocimiento internacional de los títulos y de la formación. En los fallos de las sentencias, de casi idéntico contenido, se subraya que las enseñanzas artísticas superiores se enmarcan en el Espacio Europeo de Educación Superior porque “la obtención de estos títulos superiores de enseñanzas artísticas constituyen el primer ciclo, el grado que se exige en el espacio europeo común de educación superior y que conduce a los estudios de postgrado”, siendo el título superior equivalente al título universitario de grado y ello en el sentido gramatical de igualdad en valor y estimación de ambos títulos tanto en lo académico como para el ejercicio profesional. Por lo tanto, queda clara, en la normativa y en las resoluciones judiciales, la naturaleza de estos estudios y de los títulos que los acreditan. Lo importante no parece ser el hecho de que las escuelas superiores estén o no adscritas a las universidades. Es difícilmente comprensible la pugna judicial entre las universidades y las administraciones educativas para articular “la adecuada diferenciación de la oferta de las enseñanzas artísticas a que se refiere el presente real decreto con la de las enseñanzas universitarias que pudieran pertenecer a ámbitos disciplinares coincidentes con éstas, de tal modo que no se establezcan otros títulos oficiales que sean coincidentes sustancialmente con los títulos de Grado referidos en el art. 8 de este real decreto”. En la práctica, al ser ambos títulos equivalentes (el de grado y el título superior) y estar equiparados a efectos académicos y profesionales, parece tratarse de un conflicto formal que no tiene incidencia ni en los niveles formativos ni en la acreditación de las enseñanzas. No existe ninguna desigualdad entre los alumnos y sus títulos salvo la reserva del sustantivo “grado” y el adjetivo “universitario” para los títulos expedidos por las universidades. La denominación es idéntica en los niveles de postgrado (master) y doctorado. En el informe remitido, la administración educativa gallega reitera su decisión de no renunciar a la impartición de estos estudios en las escuelas superiores dependientes de la consellería. Es una decisión legítima en el ámbito de sus competencias y de su potestad de autoorganización por lo que, legalmente, no cabe instar a la consellería a iniciar un proceso de adscripción a una universidad. Lo importante es que la administración educativa cumpla con su compromiso de hacer el seguimiento y la acreditación de las enseñanzas artísticas superiores que se impartan en la Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con lo establecido en el Espacio Europeo de Educación Superior. En este sentido, lo esencial es garantizar el adecuado funcionamiento de los centros, su equipamiento docente, su autonomía o la formación de su profesorado, ajustándose a los estándares propios de la educación superior. El problema no es que las enseñanzas artísticas superiores se regulen en la Ley Orgánica de educación o en la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, y no en la Ley Orgánica de universidades, ya que esta norma regula las funciones y régimen jurídico de las universidades desde un punto de vista subjetivo, como instituciones que forman parte de los centros de educación superior junto con las escuelas superiores o determinados institutos superiores. El hecho de regular las enseñanzas artísticas superiores en otra ley no menoscaba su naturaleza. Lo esencial es avanzar en la ordenación de estos estudios desde su verdadero rango, difundiendo ante la sociedad los títulos superiores como títulos equivalentes a los grados universitarios en sus efectos académicos y profesionales; desarrollando una idónea oferta de postgrados; garantizando el estatuto de su profesorado en los niveles docentes e investigadores equiparables al personal docente e investigador universitario y asegurando la autonomía de los centros en el campo propio de la educación superior. Estos son los aspectos que, en adelante, habrá que supervisar, tarea en la que esta institución compromete todo su esfuerzo. Por lo que respecta al título, los alumnos que finalicen sus estudios en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en este curso académico 2013-2014 serán titulados superiores en el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior con la cualificación necesaria para poder acceder a los estudios de postgrado o iniciar una actividad profesional para la que exija estar en posesión del título universitario de grado, ya que se entenderá que cumple este requisito quien esté en posesión del correspondiente Título Superior. Como sucede con todos los cambios, este tendrá que consolidarse y ser la base de la estima pública y el intenso aprecio de las enseñanzas artísticas como cuna de la creatividad y de múltiples manifestaciones culturales, en el marco que el Espacio Europeo de Educación Superior le reconoce. El problema, sin embargo, es una muestra elocuente de la confusión a que nos referíamos en el apartado anterior. C) Títulos propios Un número elevado de quejas se han recibido por problemas surgidos en los títulos propios de la Universidad de Vigo “Graduado Universitario en Detective privado” y “Graduado Universitario en Ciencias Policiales” (expedientes Q/14512/13; Q/14513/13; Q/14630/13; Q/14631/13 a 14646/13; Q/865/14). Aunque estas quejas están aún bajo investigación puesto que la Universidad de Vigo no ha remitido todavía los informes requeridos, consideramos apropiado referirnos a los graves problemas denunciados por los alumnos como otra muestra tangible de un uso inapropiado de la autonomía de las universidades, reconocida en el artículo 34.3 de la Ley Orgánica de universidades, para establecer diplomas y títulos propios, sin carácter oficial ni validez en el territorio nacional. Esta autonomía ha dado lugar, en la práctica, a una amplia discrecionalidad en la naturaleza de los títulos expedidos o en la fijación de las tasas y precios que han de satisfacerse, no siempre sujetos a los adecuados controles. En síntesis, la situación denunciada deriva del problema que venimos comentando. Algunos títulos expedidos lo han sido como “Graduado Universitario en Ciencias Policiales”, título que claramente induce a confusión con los grados universitarios oficiales. Por oficio de 27 de noviembre de 2008, el director general de Ordenación y Calidad del Sistema Universitario de Galicia comunicó al rector de la Universidad de Vigo lo siguiente: “Se están ofertando por la Universidad de Vigo los títulos no oficiales denominados "Graduado Universitario en Ciencias Policiales" y "Graduado Universitario en Detective Privado". Se le recuerda que, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional décimo novena de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de universidades, modificada por la Ley Orgánica 4 /2007, de 12 de abril solo podrán emplearse las denominaciones propias de enseñanzas y títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional cuando hubieran sido autorizadas o reconocidas de acuerdo con lo dispuesto en la misma; tampoco podrán emplearse aquellas otras denominaciones que, por su significado, puedan inducir la confusión con aquellas. Se le hace notar también que la disposición adicional undécima del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, disposición relativa a los títulos no oficiales, establece que en la expedición de estos títulos, su formato y denominación será realizada de manera que no pueda inducir a confusión con los títulos que se establecen en dicho Real Decreto, entre ellos el de Graduado, recogido en el artículo 9. Por lo anterior se le requiere para que cese la publicidad y proceda a la modificación de la denominación de los títulos no oficiales de la Universidad de Vigo en "Ciencias Policiales" y "Detective Privado", de manera tal que se elimine la referencia a "Graduado" o "Grado" y no se induzca a confusión con enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales”. A día de hoy, esa denominación continúa vigente en los comunicados oficiales relativos a la extinción de la titulación de la página web de la Universidad de Vigo. En el caso de los detectives privados, su principal reclamación se centra en la obtención del título intermedio que se les entregaría al haber completado dos de los tres años de estos estudios. Según la titulación con la que se accediese, al completar el segundo año los licenciados obtendrían un master en Criminología, los diplomados y quienes acreditasen experiencia en la policía recibirían el título de especialista en Criminología y las personas que accedieran con bachillerato y pruebas de acceso a la universidad tendrían el título de técnico en Criminología. Estos han recibido finalmente un título de “Curso de formación de Técnico en Criminología”. La publicidad del título propio no indicaba en ningún momento que se expedirían estos títulos lo que, además, incumple el reglamento de la Universidad. Según este, los cursos de formación no pueden exceder de una carga lectiva de veinte créditos y un año de estudios, mientras que los reclamantes han cursado 123 créditos y dos años de estudios. Otro de los problemas deriva de los precios de las matrículas cobrados y de las tasas abonadas para la defensa de los “trabajos de fin de carrera”, con distintos precios por crédito en hojas de liquidación correspondientes al mismo curso académico; abonando por anticipado las tasas del proyecto, aun antes de haber acreditado la superación de todos los créditos del tercer año. En tres años consecutivos, el Consello Social de la Universidad de Vigo estableció tres criterios de gestión económica diferentes, según parece a propuesta del director de la titulación: equiparar las tasas del proyecto de los títulos propios a las de las titulaciones oficiales; declarar la exención de tasas en el título propio de Detective Privado al estar incluidas en la matrícula de 3º curso y, finalmente, multiplicar los créditos del trabajo por el precio unitario del crédito en la matrícula aislada del trabajo de fin de carrera. Además, los alumnos admitidos para el curso 2005-2006 hubieron de formalizar la matrícula en la titulación completa, los tres cursos, en dos plazos (entre junio y julio de 2005) por importe de 7.500 euros. Tras el primer año, el curso 2005-2006, la titulación ofertada se desdobló en dos: Ciencias Policiales y Detective Privado, lo que ocasionó nuevos perjuicios a los alumnos matriculados. La dirección y posterior defensa de estos proyectos finales ha sido también conflictiva, así como la gestión e impartición concreta de estos cursos. En el momento de cerrar este informe, estamos pendientes de que la Universidad de Vigo nos remita toda la información requerida. D) Los master universitarios Los títulos oficiales de master universitario se obtienen tras la superación de las correspondientes enseñanzas que tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar. Sin embargo, en esta institución hemos conocido numerosas quejas ya desde hace cuatro años sobre casos de irregularidades en la impartición y gestión de estos títulos. Continúan abiertos y en investigación dos expedientes del master de Arquitectura del Paisaje Juana de Vega, de las universidades de A Coruña y Santiago de Compostela, en convenio con la Fundación Juana de Vega. En 2012, iniciamos la investigación por las irregularidades denunciadas por un alumno de la Universidad de Vigo del master oficial interuniversitario en Dirección Integrada de Proyectos, especialidad en Sistemas de Información, impartido en el campus de Pontevedra (Q/2033/12 y Q/4098/13). Durante la investigación de los hechos denunciados en el escrito de queja se produjeron diversas situaciones que han ocasionado retrasos en la remisión de la información requerida y una respuesta confusa y no concluyente a la recomendación que esta institución formuló al rectorado de la Universidad de Vigo con fecha de 15 de julio de 2013. Con carácter previo, queremos insistir en lo que ya se puso de manifiesto en ese escrito remitido desde esta institución el 15 de julio: el procedimiento regulado en la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, tiene por objeto la supervisión de la actividad de la Administración de la comunidad autónoma gallega para garantizar el respeto de los derechos comprendidos en el título I de la Constitución y su sometimiento pleno a la ley y al derecho. En el ejercicio de esta facultad de supervisión, el Valedor do Pobo, de oficio o a instancia de parte, podrá iniciar y proseguir cualquier investigación sobre los actos y resoluciones de la Administración pública de la Comunidad Autónoma y de sus agentes; y los servicios gestionados por personas físicas o jurídicas mediante concesión administrativa y, en general, cualquier organismo o entidad pública o privada que realice funciones de servicio público y se encuentre sujeta a cualquier tipo de tutela en aquello que afecte a las materias integradas en las competencias de la comunidad autónoma, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Galicia y la legislación vigente. Las facultades del Valedor do Pobo se extenderán a la actividad que realicen los conselleiros y cualesquiera autoridades administrativas, funcionarios y agentes que actúen al servicio de la administración de la comunidad autónoma y a sus entes o empresas dependientes. El procedimiento de queja ante esta institución es independiente y tiene una naturaleza absolutamente diferenciada del expediente de responsabilidad patrimonial que se inició a solicitud del interesado y en el que finalmente se desestimó su pretensión indemnizatoria, previo informe del Consello Consultivo de Galicia. Por este motivo, carece de justificación el hecho de que la Universidad de Vigo no respondiera detalladamente a la solicitud de información que se le hizo el 11 de septiembre de 2012, especificando punto por punto las irregularidades denunciadas por el interesado en la impartición del citado master. El informe fue requerido nuevamente los días 17 de octubre y 23 de noviembre. Finalmente, el día 3 de diciembre de 2012, la secretaria general de la Universidad de Vigo envía un oficio en el que comunica que se ha abierto un expediente de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal del servicio público “por lo que es necesario esperar a la resolución de dicho procedimiento para proceder a emitir el correspondiente informe”, adjuntando la resolución del rector sobre la apertura del expediente y el nombramiento de instructor. El 21 de diciembre se hizo a la Universidad de Vigo un recordatorio de sus deberes legales, requiriéndole con carácter urgente la remisión del preceptivo informe, en los términos del artículo 22 de la ley reguladora de esta institución. De nuevo, con fecha de 24 de enero de 2013, instamos a la Universidad de Vigo a atender el recordatorio de deberes legales y la necesidad de darle respuesta urgente, apercibiéndole de sus consecuencias. Con fecha de 7 de febrero, la secretaria general de la universidad remite a esta institución un escrito en el que, supuestamente, se envía la información reiteradamente solicitada. No es así. En ese escrito, la Universidad de Vigo se limita a dar cuenta pormenorizada de una serie de reuniones, escritos e informes que se han cruzado entre el Vicerrectorado de Organización Académica, Profesorado y Titulaciones; el Vicerrectorado de Alumnado, Docencia y Calidad; la directora del Area de Postgrado; el coordinador de la titulación en la Universidad de Vigo; la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte; la Comisión Académica del master y el propio interesado, y detalla todo lo sucedido hasta el 11 de septiembre de 2012. Recordemos que el primer requerimiento de información se hizo por parte de esta institución ese mismo día. Por lo tanto, la Universidad de Vigo se limitó a informar sobre escritos y reuniones anteriores, pero no aportó la información solicitada sobre las irregularidades denunciadas en la impartición del citado master ni hizo valoración alguna sobre lo sucedido. Esta actitud se refleja también en la respuesta a la recomendación formulada en el mes de julio de 2013 cuyo tenor literal era el siguiente: “Que se de adecuada respuesta a las situaciones irregulares denunciadas por el interesado, especificando las medidas que se han adoptado para corregir todas y cada una de las deficiencias comprobadas por la propia Universidad de Vigo en la gestión, coordinación e impartición del master universitario en Dirección Integrada de Proyectos—Especialidad Sistemas de Información que se ponen de manifiesto en este escrito; que se concluya en el plazo más breve posible el expediente de responsabilidad patrimonial y se indemnice al interesado por los daños sufridos y, finalmente, que en las sucesivas ediciones del título se extreme la supervisión de los órganos competentes de la Universidad para garantizar la calidad de estos estudios y la estricta observancia de la memoria de verificación aprobada en su día, de modo que en los informes de seguimiento sea establecida su conformidad”. La preceptiva respuesta a esta recomendación tuvo que ser requerida nuevamente el 23 de agosto. El 11 de septiembre, la Universidad de Vigo solicitó un aplazamiento de quince días que le fue tácitamente concedido pues no se remitió escrito alguno en contrario. Finalmente, el 22 de octubre tiene registro de salida de la Universidad de Vigo un escrito recibido en esta institución el día 23 en el que , en síntesis, se comunican los sucesivos trámites a que dio lugar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por el interesado, la apertura del expediente el día 6 de noviembre de 2012 y el motivo de los retrasos producidos en su tramitación. Se adjuntan un informe del coordinador de 15 de octubre, el dictamen del Consello Consultivo y la resolución rectoral que pone fin al citado expediente. Por parte de esta institución, en la tramitación de este expediente de queja, se procedió al análisis detenido de toda la información pertinente, que incluía la memoria de verificación del título, los horarios de impartición de las materias según la memoria; los horarios establecidos en el calendario de impartición de cada curso académico; el cuadro docente oficial; los profesores que efectivamente impartieron las distintas asignaturas; el informe de seguimiento de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia, el correo electrónico remitido por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación; los escritos del Vicerrectorado de Alumnado, Docencia y Calidad reconociendo explícitamente las deficiencias e irregularidades producidas e instando su corrección; los correos electrónicos enviados y recibidos por el promotor de la queja al coordinador del master en la Universidad de Vigo, a la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, al profesor designado para la tutoría de su trabajo de fin de master, a los vicerrectores afectados...; los escritos remitidos por el coordinador de la Universidad de Vigo a la Comisión Académica del master; la respuesta de esta comisión académica en la que, literalmente, “muestra su sorpresa y malestar al Sr. coordinador de la Universidad de Vigo ante el tratamiento del caso, por cuanto el Vicerrectorado de Alumnado, Docencia y Calidad de la Universidad de Vigo reitera peticiones y parece ignorar todas las acciones expuestas y las actuaciones del profesorado del master, sumamente implicado y preocupado por la mejora del título”; el dictamen adoptado por el Consello Consultivo en el expediente y, particularmente, la propuesta de resolución del expediente de responsabilidad patrimonial remitida en julio de 2013 por el instructor al rector recogiendo en los antecedentes y hechos los distintos motivos en los que el interesado basa su reclamación. El riesgo principal de este expediente es que su complejidad material, la tramitación casi en paralelo de varios procedimientos distintos —el expediente de responsabilidad patrimonial, su trámite de instrucción por parte de la Universidad y el informe preceptivo del Consello Consultivo de Galicia; la queja ante esta institución; la actividad revisora de los propios órganos universitarios ante las reclamaciones presentadas...—; el volumen ingente de la documentación aportada y el transcurso de un período prolongado de tiempo desde que los hechos tuvieron lugar consiga el efecto pernicioso de oscurecer el fondo del problema. Y el fondo es que en todas las instancias en las que se han ido examinando las denuncias formuladas por el promotor de la queja se ha concluido la veracidad de las mismas y la gravedad de algunos de los hechos puestos de manifiesto en esas denuncias. El elemento decisivo no es que el expediente de responsabilidad patrimonial haya concluido que no hay un daño material indemnizable porque no es posible cuantificar económicamente los perjuicios causados, sino que tanto esta institución como los miembros del equipo de gobierno de la Universidad de Vigo que conocieron los hechos, el instructor del expediente y el Consello Consultivo han constatado nítidamente las irregularidades producidas, algunas de ellas de extrema gravedad en este contexto. Dejando al margen el objeto propio del expediente de responsabilidad patrimonial, que es determinar la existencia de una lesión patrimonial indemnizable, y centrándose en el ejercicio de la facultad supervisora de esta institución, no cabe más que concluir, del mismo modo que lo hace el instructor en su propuesta de resolución y el Consello Consultivo en su dictamen, que es insoslayable promover actuaciones internas en orden al esclarecimiento de los hechos y de las personas responsables y a la adopción de medidas de todo tipo que imposibiliten nuevas convocatorias de cursos de postgrado-master sin que se haya asegurado su funcionamiento y desenvolvimiento normal y regular. Esto es lo que el rectorado de la Universidad de Vigo no parece haber conseguido de modo efectivo, dejando su resolución en manos del coordinador del master. Esta institución no alcanza a comprender el sentido del escrito entregado al coordinador de la Universidad de Vigo por parte de la Comisión Académica del master el día 11 de octubre, en qué han consistido esas supuestas medidas de mejora que ya se han adoptado y que no se detallan explícitamente en ninguna parte. Menos comprensible aún es el escrito remitido por el coordinador de la Universidad de Vigo el 15 de octubre de 2013 en respuesta a la solicitud de informe del Vicerrector de Alumnado, Docencia y Calidad de la Universidad de Vigo, de 30 de septiembre de 2013, sobre las medidas tomadas desde la coordinación del master interuniversitario en Dirección Integrada de Proyectos para corregir las irregularidades denunciadas. El coordinador, refiriéndose al escrito de la comisión académica del día 11, dice que se ha elaborado un informe a petición suya para ser remitido al Vicerrector de Alumnado, Docencia y Calidad (Universidad de Vigo), en el cual nuevamente se informa de las distintas medidas tomadas. En ese escrito no solo no se informa de ninguna medida en concreto, aludiendo genéricamente a ellas, sino que se protesta por un supuesto conflicto de competencias y responsabilidades, manifestando de forma críptica que “la resolución de problemáticas que afectan a la coordinación y organización general de las titulaciones universitarias en el Sistema Universitario de Galicia exceden de su ámbito de competencia y de su capacidad para la adopción y ejecución de medidas”. La propuesta de resolución del instructor es concluyente, aún habiendo dejado al margen de su investigación varios aspectos muy relevantes de la denuncia formulada por el interesado sobre los que no hay pronunciamiento expreso; en particular, las cuestiones relacionadas con el profesorado, como la investigación de todo lo ocurrido durante el acto de defensa del trabajo de fin de master, incluido el tono empleado por algún miembro del tribunal que mostró, según numerosos testimonios escritos de otros alumnos, una clara animadversión hacia el promotor de la queja; o la actuación de una profesora del master, instando a un grupo de ocho alumnos del master a firmar un escrito para que se proceda a abrir un expediente al promotor de la queja, después de haber puesto éste de manifiesto el plagio de 119 diapositivas en una presentación. Estos extremos fueron objeto de requerimiento de informe en el expediente de queja D.3.Q/4098/13 y aún no han sido respondidos. De toda la documentación obrante en el expediente cabe concluir que la Universidad de Vigo no ha sido contundente para corregir de forma definitiva los problemas creados: no se ha respondido al interesado sobre la documentación solicitada; no se ha corregido el notable desajuste de horas lectivas entre las indicadas en la memoria y las efectivamente impartidas, de acuerdo con el calendario oficial del master, más de un tercio del total. A día de hoy, por ejemplo, sigue sin haber coincidencia entre el profesorado de la memoria, la relación de profesores publicada en la web y el que imparte efectivamente la docencia; no se ha señalado fecha y hora para la revisión de la calificación del trabajo de fin de master; no se ha explicado porqué se aplicó la normativa prevista para los trabajos de fin de grado; nada se ha investigado sobre el supuesto plagio de la presentación hecha por una profesora del master sin dar a conocer la verdadera autoría del material expuesto en clase y presentado como propio; nada se ha explicado ni justificado sobre el hecho de que el trabajo de fin de master fuera entregado a profesionales ajenos a la comisión evaluadora para que asesorasen a uno de los miembros de dicha comisión sobre la calificación que debería otorgarse, no constando normativamente de forma expresa, puesto que no hay reglamento sobre el trabajo de fin de master, la posibilidad de que, dada la especificidad o especialización de ciertos trabajos, hubiera expertos externos que pudieran asesorar a la comisión. A día de hoy, no se ha asumido la responsabilidad de las siguientes irregularidades que han sido comprobadas: -que las guías docentes no hubieran sido publicadas con carácter previo al proceso de matrícula -que dejaran de impartirse 118 horas de docencia presencial previstas en la memoria -que en la preparación del trabajo de fin de master los alumnos no recibieran ninguna de las 15 horas presenciales previstas en la memoria -que, revisadas las guías docentes y la metodología de evaluación prevista en éstas y en la memoria, no se respetara el sistema de evaluación previsto y publicado, ni siquiera las propias condiciones señaladas en las guías docentes. Además, tal como manifiesta el reclamante: "faltando 15 días para la primera convocatoria de exámenes, los alumnos no disponían de información sobre la hora de realización de los mismos, del tiempo estimado para su realización, del formato, de los resultados de la evaluación continua, de los alumnos que deberían presentarse a ellos...” -que no se hayan tomado medidas contra el responsable o los responsables de que no se suministraran los materiales y recursos para el aprendizaje establecidos en la memoria, ni se señalaran los horarios de tutorías -nada se explica sobre la confusa situación creada sobre un derecho académico del alumno como es la adecuada designación de tutor del trabajo de fin de master ni sobre lo ocurrido con el tutor finalmente propuesto. Hay que recordar que, con fecha de 12 de julio de 2012, el coordinador de la Universidad de Vigo remite un escrito en el que se recogen, entre otras afirmaciones, que la defensa del trabajo de fin de master fue realizada en la sede del master en la Universidad de A Coruña, siguiendo estrictamente la guía y el reglamento elaborados para tal fin y aprobados por las respectivas Juntas de Centro de las Universidades implicadas, al amparo del convenio firmado por los rectores; nada se explica sobre el hecho de que el reglamento aplicado fuera, en realidad, el de los trabajos de fin de grado y que no hubiera una normativa propia para la defensa del trabajo de fin de master ni se explica el hecho de que el alumno fuera obligado a defender el trabajo de fin de master en una universidad distinta de la del centro de adscripción, en contra del criterio manifestado expresamente y por escrito por el jefe de la sección de Postgrado y Formación Continua de la Universidad de Vigo que reconocía el derecho a examinarse en la universidad en la que se hubiera matriculado. -en ese mismo escrito se dice que el tribunal dirigió al tutor académico recomendaciones para mejorar el trabajo de fin de master y su posterior evaluación y que tuvo lugar la correspondiente revisión. Esto no es cierto. Por otra parte, no se ha aclarado la responsabilidad del tutor del trabajo de fin de master al dar su aprobación a la defensa de un trabajo que la comisión evaluadora suspendió ni los problemas habidos con el tutor del mismo. No ha sido asumida, en fin, la responsabilidad de que este master no tenga la conformidad de la ACSUG en ninguno de los apartados del informe de seguimiento. Por estas razones, se consideró insuficiente la respuesta dada por la Universidad de Vigo a la resolución de esta institución y se le recordó lo previsto en el artículo 32 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo ante estas situaciones. E) Financiación del Sistema Universitario de Galicia Entre las quejas más numerosas destacan en este ámbito las presentadas por 294 miembros de la comunidad universitaria. Una síntesis de las situaciones que denunciaban los escritos de queja, dejando al margen concretas problemáticas individuales, es la siguiente: -el incumplimiento, por parte de la Xunta de Galicia, del compromiso de financiación de las universidades públicas acordado en el Plan de Financiación del Sistema Universitario de Galicia 2011-2015. -la falta de ejecución de los presupuestos previstos para actividades de investigación, que sólo alcanzarían un 30% del total. -la vulneración del principio de autonomía universitaria con sucesivos requerimientos y directrices que constituyen auténticas vías de hecho incumpliendo la exigencia de sometimiento pleno a la ley de la Administración (artículo 103 CE) y que superan su ámbito competencial. -los recortes salariales aplicados al personal de las universidades públicas, que siguen las determinaciones fijadas por los Criterios interpretativos sobre el ajuste retributivo de las entidades integrantes del SUG, documento que no tiene el carácter de una instrucción interna por dirigirse a otras administraciones, las universitarias, ni tiene el carácter de un reglamento autonómico ya que ni en la forma ni en el procedimiento de elaboración reviste este carácter. -las indicaciones para los recortes retributivos, que invaden componentes salariales de fijación estatal (p.ej., el complemento específico del personal docente e investigador funcionario, art. 26 de la Ley de Presupuestos del Estado para 2013) e incumplen el principio de igualdad en el sostenimiento de los gastos públicos (art. 31 de la Constitución española) al fijar recortes en complementos de productividad que sólo tiene una parte del personal, además de violar lo dispuesto en los convenios colectivos. -el hecho de que la Xunta de Galicia vulnera la autonomía universitaria al estar sometiendo a autorización no solo los costes de personal o la verificación del cumplimiento de la tasa de reposición de efectivos, sino las plazas concretas que pueden ser convocadas por las universidades con la imposición de criterios para la selección de plazas que claramente invaden el espacio de autonomía universitaria y están desprovistos también de carácter normativo. En algunas quejas se refleja también el desacuerdo con las reducciones de presupuestos de las universidades del Sistema Universitario de Galicia. En estas quejas se indica literalmente: -que los recortes impiden la continuidad de muchas actividades docentes, reduciendo gravemente su calidad (supresión de prácticas, materias impartidas por profesorado afín, masificación, grupos sin profesorado...) y afectan a las actividades investigadoras (reducción o despido de personal en proyectos, supresión de suscripción a publicaciones científicas, reducción abrupta de la compra de libros, falta de fondos para laboratorios) - un recorte del sistema de becas que impide el acceso a la universidad a jóvenes de clase trabajadora, con una selección económica del alumnado - la eliminación de titulaciones, poniendo en riesgo una oferta universitaria completa en Galicia y el mantenimiento de titulaciones necesarias para el desarrollo social y cultural -la parálisis a la que la Xunta de Galicia somete a las universidades, con medidas de intervención y autorización de personal que ponen en la cuerda floja la actividad académica -un recorte gravísimo de personal por la tasa de reposición de efectivos que sitúa en la precariedad más absoluta a muchos y muchas de nuestros compañeros, impidiendo la renovación de la plantilla y anulando la promoción profesional -los sucesivos recortes salariales que han provocado una pérdida de poder adquisitivo, como media, del 20%. -el ataque a la calidad del SUG con medidas como los recortes salariales en los complementos que premian la excelencia docente e investigadora penalizando al profesorado con más dedicación -el “maquillaje presupuestario” que incluye en los presupuestos fondos de investigación que en los últimos años apenas se ejecutan en un 30%.” Sobre estas cuestiones pedimos informes a la Universidad de Santiago de Compostela, a la Consellería de Facenda y a la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en su Secretaría General de Universidades. Tras analizar toda la información aportada, formulamos en su día una recomendación a la Universidad de Santiago de Compostela cuyo contenido se recoge en apartado IV relativo a las resoluciones del Valedor do Pobo en esta área. En un sentido análogo, algunos investigadores contratados con cargo a proyectos de investigación nacionales e internacionales (expedientes Q/3768/13; Q/4001/13; Q/4042/13; Q/4187/13; y Q/12463/13) nos trasladaron su desacuerdo con la forma en la que la Universidad de Santiago de Compostela estaba aplicando las reducciones salariales, afectando, en su caso, al único componente de sus nóminas, el llamado sueldo de investigación, que no es en modo alguno un complemento retributivo autonómico —los únicos sobre los que se puede aplicar legalmente la reducción—, sino que se fija en atención a las cantidades finalistas que figuran para la contratación de personal investigador en las memorias económicas de los proyectos financiados. La Dirección General de Planificación y Presupuestos de la Consellería de Facenda, con motivo de la tramitación de estas quejas sobre los criterios de aplicación de los ajustes salariales, emitía informe en relación con los fundamentos o motivación de la medida prevista en el artículo 37 de la Ley 2/2013 de presupuestos generales de la comunidad autónoma. De este informe, destacamos el contenido siguiente: En cuanto a su competencia, el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Galicia le atribuye a la comunidad autónoma la competencia plena para regular y administrar la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Española y en las leyes orgánicas que lo desarrollen, es decir, respetando la autonomía universitaria y las disposiciones básicas de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Por su parte, el artículo 53 de la misma norma determina que le corresponde a la Xunta de Galicia la elaboración y aplicación del presupuesto de la comunidad autónoma y al Parlamento su examen, enmienda, aprobación y control. Según señala el informe de la consellería, la exposición de motivos de la Ley 2/2013, del 27 de febrero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 2013, fundamenta en la situación económica nacional e internacional en el momento de la elaboración de los presupuestos, la necesidad de continuar con la racionalización del gasto público iniciada a mediados de 2009, de que el ajuste se realice fundamentalmente en el gasto de carácter improductivo y, por último, por no ser suficiente el ajuste anterior debido al escaso margen existente en los presupuestos, de que ese ajuste se debe complementar con un esfuerzo en materia de personal. Este esfuerzo se concreta en un ajuste retributivo establecido de acuerdo con los principios de universalidad, equidad y progresividad y se configura como una reducción que resulta de aplicar a las retribuciones íntegras un porcentaje equivalente al que se obtiene de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1 d) de la Ley 2/2013 para el personal funcionario. Los motivos de la medida obedecen a la necesidad de mantener la sostenibilidad de las cuentas públicas en un escenario de reducción del objetivo de déficit, lo que obliga a mantener los niveles retributivos hasta que se consigan ingresos en términos semejantes al momento en el que se incorporaron las pagas adicionales del complemento específico en los meses de junio y diciembre. En cuanto al ámbito de aplicación de las medidas en materia de personal, el Título II de la Ley 2/2013 establece un ajuste retributivo que tiene carácter progresivo, ya que se obtiene de aplicar un porcentaje a las retribuciones íntegras, y que afecta, de forma universal e igualitaria, a todo el personal al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma de Galicia definido en el artículo 13.6 de la propia ley, entre el que se incluyen las entidades del Sistema Universitario de Galicia. El carácter universal e igualitario de la medida obliga a la administración autonómica a aplicarla a todo el personal, con independencia del carácter de los fondos con que se financien las relaciones laborales concretas. Para las universidades, el ámbito de aplicación del ajuste se define efectivamente en el artículo 37.2 de la Ley 2/2013, que determina que afecta a todo el personal al servicio de las entidades integrantes del Sistema Universitario de Galicia, independientemente de la relación laboral que tengan y de la aplicación presupuestaria con la que se financie la mencionada relación laboral. Es decir, a todo el personal que mantenga una relación laboral que se financie a través del presupuesto de una de las entidades del Sistema Universitario de Galicia. En el campo investigador, la medida sólo excluye al personal en formación investigador al que se refiere la disposición transitoria de la Ley 14/2011, de la ciencia, la tecnología y la innovación, que no mantiene una relación laboral con la universidad, por encontrarse en una situación jurídica de beca. En cuanto a los límites para aplicar las medidas de ajuste, el informe manifiesta que el artículo 37.3 de la Ley 2/2013 establece que el ajuste se acordará al amparo de las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia; por eso, el propio artículo excluye de la aplicación del ajuste los conceptos retributivos cuya regulación sea de competencia estatal y, por supuesto, con respeto a la autonomía universitaria consagrado en el artículo 27 de la Constitución española y regulada en la Ley orgánica 6/2001, de universidades. En el marco de esta normativa actuó la Universidad de Santiago de Compostela, primero, negociando con la mesa conjunta de negociación sindical la forma de practicar el ajuste y, después, adoptando las medidas internas para practicarlo dentro del margen concedido por la ley. Con anterioridad a la recepción de las quejas referentes a la financiación de las universidades, también requerimos y recibimos informe de la Universidad de Santiago de Compostela sobre las reducciones salariales al personal de la universidad, con motivo de la tramitación de expedientes de queja presentados por investigadores con contratos por obra y servicio determinado retribuidos con cargo a fondos de investigación de proyectos financiados en procedimientos de concurrencia competitiva. La Universidad de Santiago de Compostela había manifestado que la Ley 2/2013, de 27 de febrero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2013 dedica en el Título II, “Gastos de personal”, el capítulo II a las Universidades, y establece en el artículo 37 los costes de personal de las universidades de Galicia, autorizando el límite máximo en miles de euros, fijando para la Universidad de Santiago de Compostela, en miles de euros, una masa salarial de 127.777,91 y cargas sociales de 16.188,21 hasta un total de 143.966.120 millones de euros. En el apartado 2 de este mismo artículo 37 señala que las retribuciones del personal al servicio de las entidades integrantes del Sistema Universitario de Galicia se reducirán en un porcentaje equivalente al obtenido de la aplicación de lo indicado en la letra d) del párrafo 1 del artículo 21 de la ley (...). Desde la entrada en vigor de la Ley de presupuestos de Galicia para el año 2013, la Universidad de Santiago de Compostela está recibiendo mensualmente aportaciones de la Xunta de Galicia para retribuir a su personal con la reducción resultante de la aplicación del artículo 37. El informe de la Universidad de Santiago de Compostela señala que, estando en desacuerdo, manifestado ya desde que tuvo conocimiento del borrador de los presupuestos para el año 2013, procedió a la reducción salarial del personal a su servicio por imperativo legal. En el marco de la negociación con la mesa conjunta de negociación sindical, la Universidad de Santiago de Compostela propuso no aplicar esta reducción al personal con una retribución de hasta 13.551,29 (1,5 del salario mínimo interprofesional) al igual que se recogía en el artículo 22.6 del Real Decreto-Ley 20/2012, del 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que supuso la supresión de la paga extraordinaria correspondiente a diciembre de 2012. A la vista del contenido de los informes y del fundamento normativo de los ajustes salariales, conviene hacer las siguientes consideraciones. Esta institución ha manifestado ya en varias ocasiones que no está en tela de juicio la necesidad de equilibrar las cuentas públicas y corregir el déficit fiscal (al margen de que no se haya esclarecido la responsabilidad en el desequilibrio del gasto público que se encuentra en el origen de esta situación). El problema fundamental es determinar si los ajustes se están practicando con criterios de equidad y proporcionalidad. Y, sobre todo, el impacto que determinadas medidas que responden a una situación económica adversa coyuntural pueden tener sobre sectores de actividad o productivos que requieren largos períodos de estabilidad para obtener resultados significativos. La investigación científica es uno de esos campos, y la forma en la que se está procediendo con las políticas públicas en este campo condenan a nuestro país a una situación de prolongada dependencia científica y tecnológica y a la pérdida de ingentes fondos públicos invertidos en la formación de los científicos y de su cualificación. En el caso de las quejas sobre las reducciones salariales de los investigadores contratados con cargo a proyectos de investigación, la cuestión que debe ser analizada es la forma concreta en la que se practicaron esas reducciones y sobre qué conceptos retributivos. Desde el punto de vista objetivo, existen también varios criterios que modalizan el alcance del artículo 37.2 de la citada ley de presupuestos. A pesar de que la norma declara que la reducción será aplicable en un porcentaje de las retribuciones anuales íntegras, dicha reducción no podrá afectar a los conceptos retributivos cuya regulación sea de competencia estatal, es decir, el sueldo y los trienios (cfr. Título III de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013). Por tanto, tendrá que practicarse sobre los conceptos retributivos autonómicos que en el caso del personal al servicio de las universidades públicas son muy diversos: junto al complemento de destino y al complemento específico existen los complementos de reconocimiento de la labor docente, el complemento de reconocimiento de la labor investigadora, el complemento de reconocimiento de excelencia curricular o el reconocimiento por cargos de gestión. Los principales problemas que encontramos en los contratos de investigadores financiados con cargo a proyectos se exponen a continuación. En sentido estricto, este tipo de investigadores tiene, por lo general, un único concepto retributivo en nómina llamado sueldo de investigación, que percibe en catorce pagas de la misma cuantía. No tiene ningún tipo de complementos, ni se les reconoce antigüedad. Por tanto, no puede hablarse, en sentido técnico, de conceptos retributivos de fijación estatal ya que no perciben el sueldo base establecido para el resto de la función pública, ni los trienios. Pero tampoco puede hablarse de conceptos retributivos de fijación autonómica ya que no perciben ninguno de ellos. El sueldo de investigación es fijado por el investigador principal del proyecto en función de las aportaciones que tenga el capítulo de personal del proyecto de investigación. Se trata de una cantidad muy variable ya que viene determinada, además de por los fondos disponibles del proyecto, por el perfil del investigador, por las tareas encomendadas, por la dedicación efectiva al proyecto y por otras contingencias del puesto de trabajo. No hay más conceptos retributivos que configuren la nómina de estos investigadores. Por lo tanto, podría atentar contra el principio de equidad tributaria darle a este colectivo el mismo trato fiscal que al resto del personal al servicio de las universidades (personal docente e investigador funcionario y contratado y personal de administración y servicios funcionario y laboral fijo) ya que la carga tributaria no recae sobre idénticos conceptos. La propia ley excluye la aplicación del ajuste sobre el sueldo base, por ser un concepto tributario de fijación estatal. Sin embargo, este colectivo de trabajadores asume el esfuerzo fiscal íntegramente sobre su sueldo porque es el único concepto por el que perciben retribución. A pesar de que la administración defiende el carácter universal e igualitario del esfuerzo, esa igualdad es solo aparente ya que la distribución de la carga fiscal no parte de condiciones iguales. Es decir, al configurarse el ajuste como un porcentaje de las retribuciones íntegras anuales, se crea la apariencia de una distribución progresiva e igualitaria del esfuerzo fiscal en función de la capacidad económica, pero lo cierto es que resulta extremadamente poco equitativo ya que los elementos objetivos de determinación de los ingresos son absolutamente diferentes. En el caso del personal funcionario y laboral del capítulo I de los presupuestos de la universidad, los ajustes afectan, en su caso, a las pagas adicionales del complemento específico de los meses de junio y diciembre (cuando se perciban, si es el caso); al IPC gallego; al complemento de productividad y a los demás complementos retributivos autonómicos (reconocimiento a la labor docente, a la labor investigadora, por los cargos de gestión y a la excelencia curricular docente e investigadora). En cambio, en el caso de los investigadores contratados con cargo a proyectos, la reducción salarial afecta íntegramente al sueldo, y de manera más intensa porque no se les reconoce ningún tipo de complemento específico por lo que tampoco tienen paga adicional de este complemento en las pagas de junio y diciembre. Por otra parte, se ve afectado también el principio de eficiencia ya que las cuantías resultantes de la reducción no repercuten en la reducción de la deuda pública y revierten necesariamente en los fondos del proyecto al tratarse de aportaciones finalistas. Es cierto que tales fondos se contabilizan en los presupuestos de la universidad, que es el órgano que administra su inversión, pero son cantidades diferenciadas de las aportaciones mensuales que la universidad recibe de la Xunta de Galicia para retribuir a su personal, que se obtienen ya con la reducción bruta aplicada sobre el conjunto de la masa salarial. Por el contrario, hay que recordar que los fondos de los proyectos de investigación no derivan de los presupuestos generales sino de convocatorias de concurrencia competitiva en función de los méritos del equipo de investigación y que su origen es diverso: convocatorias públicas nacionales o internacionales de financiación competitiva de proyectos, o bien mediante contratos con empresas u organismos. Sus cuantías son fijas, sus gastos están predeterminados en la memoria económica del proyecto (equipamiento, gastos específicos de laboratorio, fondos bibliográficos, inscripción en congresos...) y figuran en partidas presupuestarias diferentes dentro del capítulo VI del presupuesto universitario, contra las que se hacen efectivos los salarios del personal contratado. Resulta también disfuncional la situación producida respecto de los eventuales investigadores en formación que son retribuidos mediante becas asociadas a proyectos y a los que, a pesar de que los fondos provengan de la misma partida presupuestaria y del mismo proyecto de investigación, al no mantener una relación laboral con la universidad, por encontrarse en una situación jurídica de beca, están excluidos de la reducción. Hay que mencionar también que en los criterios interpretativos sobre el ajuste retributivo de las entidades integrantes del sistema universitario de Galicia previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2013 se señala de manera expresa los problemas que la aplicación del ajuste tiene sobre el distinto tipo de personal al servicio de las universidades y, en concreto, a las disfunciones a que puede dar lugar el ajuste sobre los complementos autonómicos en el caso del personal docente e investigador funcionario. Pero no es la única disfunción ya que el caso del colectivo que nos ocupa es aún más problemático. Desde el punto de vista del ámbito subjetivo, la Ley 2/2013 de presupuestos establece con claridad en el artículo 37.2 que el ajuste retributivo afecta a todo el personal al servicio de las entidades integrantes del Sistema Universitario de Galicia, independientemente de la relación laboral que tengan y de la aplicación presupuestaria con la que se financie la mencionada relación laboral. Esta cláusula, que parece tener un alcance universal, admite, en la práctica, varias excepciones. Es un hecho evidente la existencia de diversos regímenes retributivos y todos ellos están detallados con claridad en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, texto consolidado de 30 de octubre de 2013, que regula los gastos de personal en atención al régimen retributivo de cada sector y se refiere al personal laboral del sector público en el artículo 27 estableciendo varias particularidades, incluso la del personal no sujeto a convenio colectivo, cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, estableciendo el deber de comunicar las retribuciones satisfechas y devengadas durante 2012 al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, pero manteniendo la singularidad de su retribución. Por otra parte, en el marco de negociación con la mesa conjunta de negociación sindical, la Universidad de Santiago de Compostela acordó que no se aplicara la reducción al personal con una retribución inferior a 13.551,29 (1,5 del salario mínimo interprofesional), de forma que sólo aplicó la reducción salarial en aquellos contratos vinculados a la universidad por una relación laboral con retribuciones superiores 1,5 veces al salario mínimo interprofesional. Por esta razón, consideramos que, al igual que se propuso en su día por parte de la Dirección General de Planificación y Presupuestos una aplicación modalizada de la reducción salarial según los regímenes retributivos (personal funcionario docente e investigador, personal docente e investigador contratado, personal docente e investigador vinculado al SERGAS y personal de administración y servicios funcionario y laboral, acordando los conceptos retributivos sobre los que se aplicaría el ajuste de sus retribuciones y la prelación entre ellos), hay que distinguir entre el personal investigador en función de las particularidades de su retribución y de su relación laboral. Como ya dijimos, el colectivo de investigadores está siendo, en estos momentos, uno de lo que padece de manera más intensa las consecuencias de la falta de financiación, lo que repercute en la pérdida de talento y formación, y en la precariedad de los propios proyectos por falta de continuidad. En su día, la Dirección Xeral da Función Pública, la Secretaría Xeral de Universidades y la Asesoría Xurídica Xeral de la comunidad autónoma, descartaron la opción propuesta por las universidades de aplicar la reducción retributiva sobre el conjunto de las retribuciones, mediante un concepto general reductor de la nómina, sin tener que afectar a cada uno de los elementos retributivos de forma individualizada, calculándose así la reducción salarial sobre el montante retributivo bruto de cada empleado público. Esta opción no se consideró aceptable por considerar que en el fondo afectaba a conceptos retributivos de competencia estatal para el personal docente e investigador funcionario. Del mismo modo, se puede entender que, en el caso de los investigadores contratados con cargo a proyectos de investigación, la reducción aplicada íntegramente sobre el sueldo de investigación está afectando a un elemento retributivo que no puede ser considerado como un complemento autonómico. Como conclusión de la correspondiente investigación y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, del Valedor do Pobo, por nuestra parte formulamos a la Universidad de Santiago de Compostela dos recomendaciones con fecha de 18 y de 27 de diciembre, que se recogen literalmente en el apartado IV de este informe. Dando cumplimiento al deber establecido en el artículo 32.2 de la citada Ley, el rector de la Universidad de Santiago de Compostela respondió a las resoluciones que se le hicieron llegar, y en esa respuesta señala: “Precisamente, atendiendo a los principios de equidad y proporcionalidad, la Universidad de Santiago de Compostela está aplicando los ajustes necesarios con reducción de las retribuciones de los diversos colectivos que integran su personal, con la complejidad y dificultad que implica su distinta estructura salarial, de acuerdo con las leyes de presupuestos, y habida cuenta y adaptando los criterios remitidos por la Dirección General de Planificación y Presupuestos de la Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia, después de una negociación sindical que supuso a no aplicación de la reducción a aquel personal con retribuciones anuales que no superen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. No aplicar esta reducción al personal contratado con cargo a actividades de investigación, además de que supondría un incumplimiento evidente de la Ley de presupuestos que indica: "Esta reducción le será aplicable a todo el personal conforme a sus retribuciones íntegras anuales e independientemente de su relación laboral y de la aplicación presupuestaria con la que se financie", literalidad que no se puede entender desde un punto de vista subjetivo, sí supondría una vulneración de los principios de equidad y proporcionalidad respecto de otro personal al que sí se le aplicaron reducciones retributivas, que no perciben complemento retributivo autonómico alguno (todo el personal de administración y servicios funcionario de carrera o interino y el personal laboral fijo y temporal), y que también, muchos de ellos, perciben retribuciones "mileuristas", como el propio Valedor indica respecto de algún personal vinculado a proyectos de investigación. Las referencias que se hacen a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, y que se podría ampliar a la de Presupuestos Generales del Estado para 2014, respecto a las particularidades que en ellas se recogen y la no reducción de retribuciones para los funcionarios públicos de ámbito estatal para este año 2014, parece que no son de aplicación a esta comunidad autónoma pues, de ser así, esas especificidades estarían recogidas en las Leyes 2/2013 y 11/2013 que son las que son de aplicación a las universidades de Galicia. Por otra parte, de no afectar a los conceptos retributivos vinculados a la productividad o a la excelencia curricular como pretenden las recomendaciones del Valedor, y que sí figuran como deducibles en los criterios de la Dirección General antes mencionados, habida cuenta, en primer lugar, las aportaciones mensuales que la Universidad de Santiago de Compostela está recibiendo mensualmente de la Xunta de Galicia para retribuir a su personal con la reducción resultante de las leyes de presupuestos, y, en segundo lugar, que por aplicación de la legislación de estabilización y control del déficit, no puede acudirse al endeudamiento, simplemente no podría hacerse frente al pago mensual de las nóminas de su personal. La Universidad de Santiago de Compostela entiende que está cumpliendo, por imperativo legal, las leyes presupuestarias y que la aplicación de la reducción retributiva que se está efectuando es la más equitativa y proporcionada para los distintos colectivos que prestan servicios en la Universidad de Santiago de Compostela , por lo que no pueden atenderse, de no producirse cambios legales que lo permitan, a las recomendaciones efectuadas por el Valedor do Pobo”. De esta respuesta se deduce que el rectorado de la Universidad de Santiago de Compostela considera que no cuenta con margen normativo para aplicar los ajustes en el sentido apuntado en la recomendación. Esta institución considera que las modificaciones normativas introducidas en la vigente Ley 11/2013, del 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2014 le concede a las universidades margen suficiente. De hecho, la resolución de esta institución se hizo al día siguiente de la aprobación de la ley de presupuestos para que tuviera encaje en ese marco normativo. Las cuestiones principales que hay que poner de relieve son las siguientes: 1- No es aplicable, ya que no figura en la ley vigente, la cláusula que aparecía en el artículo 37 de la Ley 2/2013 (“Esta reducción le será aplicable a todo el personal conforme sus retribuciones íntegras anuales e independientemente de su relación laboral y de la aplicación presupuestaria con la que se financie”). Al desaparecer esta prescripción legal de la redacción de la ley vigente, hay que entender que no se establece el deber legal de aplicar la misma reducción a todo el personal, sino que cabe establecer regímenes distintos en función de la relación laboral y de la aplicación presupuestaria que financie sus retribuciones. Como es sabido, el artículo 4.2 del Código civil establece que las leyes de ámbito temporal (como son las leyes presupuestarias) no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. El principio de equidad implicaría practicar los ajustes sobre las distintas retribuciones de los diversos colectivos que integran su personal, aun teniendo en cuenta la complejidad y dificultad que implica su distinta estructura salarial, de acuerdo con las leyes de presupuestos, pero no practicar reducciones lineales, que es lo que se ha hecho. 2. El único criterio que establece la vigente Ley 11/2013 es que el importe de las retribuciones adicionales del personal al servicio de las entidades integrantes del Sistema Universitario de Galicia correspondientes a los complementos retributivos autonómicos vinculados al reconocimiento a la labor docente, a la labor investigadora, por los cargos de gestión y a la excelencia curricular docente e investigadora que, en su caso, le correspondan al personal docente e investigador funcionario y contratado doctor no experimentarán, en su cuantía anual, ninguna variación respecto de las vigentes el 31 de diciembre de 2013, sin perjuicio de que sobre ellas se practiquen los ajustes precisos para conseguir la retribución señalada en el artículo anterior, el artículo 34, que congela las retribuciones del personal de las universidades. 3. La ley de presupuestos sólo establece una autorización como límite máximo de los costes del personal de las universidades, en miles de euros, pero no señala los criterios de reducción. Sin embargo, la Universidad de Santiago de Compostela “entiende que está cumpliendo, por imperativo legal, las leyes presupuestarias y que la aplicación de la reducción retributiva que se está efectuando es la más equitativa y proporcionada”. Por tanto, la Universidad de Santiago de Compostela rechaza el contenido de la recomendación que le hicimos llegar pero esta institución considera que no se ha dado una justificación adecuada para no actuar de acuerdo con lo indicado, por lo que estamos obligados a subrayar esta circunstancia. F) Becas y ayudas de formación post-doctoral En otro expediente, el interesado nos indicaba que presentaba su queja por irregularidades en la concesión de las ayudas de apoyo a la etapa inicial de formación post-doctoral (Modalidad A) del Plan gallego de Investigación, Innovación y Crecimiento 2011-2015 (Plan I2C) para el año 2012, convocadas por la Xunta de Galicia (aportaba recurso de alzada contra los listados de solicitudes admitidas y excluidas). En su criterio, la Secretaría General de Universidades estaba interpretando de una manera inadecuada los requisitos de la Orden de 17 de octubre de 2012 por la que se establecían las bases para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas de apoyo a la etapa inicial de formación post-doctoral del Plan gallego de investigación, innovación y crecimiento 2011-2015 (Plan I2C) para el año 2012, y se procedía a su convocatoria. En particular, consideraba el recurrente en queja que no deberían incluirse entre las personas candidatas a ser destinatarias de las ayudas a determinados solicitantes que figuraban en el listado de admitidos por haber disfrutado ya otras ayudas o bolsas post-doctorales de apoyo a la etapa inicial de formación. Entre los requisitos de los solicitantes (Anexo 1, Modalidad A, apartado c) del artículo 2) se establece la condición de no haber sido seleccionado/a en los programas post-doctorales Ángeles Alvariño e Isidro Parga Pondal del Plan Incite, en el programa Ramón y Cajal, u otros asimilables. En primer lugar, sería aconsejable una adecuada publicidad de los criterios de asimilación en la propia convocatoria con el fin de que los solicitantes de las ayudas puedan evaluar de manera más precisa el encaje de su propia trayectoria investigadora —y la de sus eventuales competidores— en el perfil de los candidatos. La cuestión principal que motiva el desacuerdo del interesado es quedar excluido como consecuencia de la valoración de méritos aportados por otros candidatos respecto de los que su admisión a la convocatoria implica una labor interpretativa del significado y alcance de los requisitos establecidos en las bases. Es decir, el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos establecidos en las bases suscita controversia porque deriva de una actividad interpretativa de conceptos indeterminados. El candidato excluido considera que determinados candidatos incluidos en el listado provisional incurrirían en causas de incompatibilidad establecidas en las propias bases. El órgano convocante hace a posteriori una revisión del caso y concluye que no se dan las condiciones necesarias para considerar que las ayudas descritas sean asimilables a las convocadas por la Orden del 17 de octubre de 2012. Aquí radica precisamente el problema. Es evidente la dificultad –manifestada por la Secretaría General de Universidades– respecto a la pluralidad de ayudas que existen, la imposibilidad de tener conocimiento de todas ellas, sobre todo las de entidades privadas o las internacionales, y de listarlas en una orden de convocatoria. Pero, al mismo tiempo, en los procesos de concurrencia competitiva hay que reducir al máximo, y a ser posible eliminar, los elementos en los que pueda producirse inseguridad jurídica, indeterminación o discrecionalidad. El hecho mismo de que el informe tenga que acometer un análisis tan pormenorizado de los elementos que podrían ser concordantes con las ayudas y los que no permiten la asimilación es ya problemático pues exige en los candidatos una labor de interpretación del posible alcance de la finalidad, de la filosofía, de la definición teórica de las múltiples ayudas que existen o existieron, y de los instrumentos de los que se dotan para conseguir sus objetivos que puede resultar incompatible con los principios por los que deben regirse este tipo de ayudas públicas. Es casi imposible que en el ámbito de las ayudas existentes, todos los instrumentos sean idénticos por lo que los elementos en los que puede darse asimilación deben quedar claramente reflejados. Por poner un ejemplo, se está tratando en esta convocatoria de ayudas para la etapa inicial de formación post-doctoral del plan I2C, es decir, en las etapas iniciales de la actividad investigadora tras conseguir el doctorado. La Secretaría General de Universidades interpreta que los que hayan disfrutado las ayudas del Subprograma de estancias de movilidad post-doctoral en centros extranjeros del Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos de Investigación no son incompatibles porque falta el contrato retorno. Sin embargo, no considera otros elementos esenciales que las haría asimilables. Por ejemplo, que este tipo de ayudas del Subprograma de estancias de movilidad post-doctoral tienen por objeto (artículo 1.2 de la convocatoria) “facilitar el perfeccionamiento de doctores que acaban de finalizar su formación de tercer ciclo y puedan desarrollar un trabajo de investigación que complete su etapa de formación en centros de excelencia extranjeros”. Por tanto, quien disfrute estas ayudas tiene completada a su etapa de formación (ese y no otro es el objetivo del Subprograma) de manera que no podría concurrir a otras ayudas a la etapa inicial de formación porque ya no se encuentran en esa etapa inicial. Entender lo contrario supondría prolongar de manera indefinida la etapa inicial de formación post-doctoral pero generando enormes agravios porque estos investigadores conseguirían en esas estancias nuevos méritos en detrimento de otros que no se encontrarían en iguales condiciones de partida. Por otra parte, hay que subrayar que en el artículo 14 de la convocatoria de ayudas del Subprograma de estadías de movilidad post-doctoral en centros extranjeros del Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos de Investigación se establece que “el disfrute de la subvención al amparo de esta convocatoria es incompatible con otras financiadas con fondos públicos o privados, así como con sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual o estatutaria del interesado”, salvo complementos derivados de proyectos de investigación o ayudas sociales de los centros de acogida. A la vista de esta incompatibilidad, es problemático entender que la Xunta de Galicia considere que sus ayudas del Plan I2C sí son compatibles. Redunda en esta argumentación el reconocimiento por parte de la Secretaría General de Universidades que “de manera implícita”, en la propia orden de la convocatoria ya se admite que los candidatos hayan realizado estancias post-doctorales en el extranjero. Esta situación no debe darse. No cabe que en las bases de una convocatoria de ayudas públicas se deba sobrentender nada implícitamente. Si se considera aceptable que se hayan disfrutado otras ayudas de movilidad post-doctoral debe especificarse el período máximo de duración (no es lo mismo una estancia de un mes que de un año), y el tipo de ayudas compatibles. Finalmente, en su informe, la Secretaría General de Universidades introduce aún más elementos de valoración. Ya no estamos hablando solamente de que la modalidad de vinculación debe ser de contrato y no de bolsa; que tendrán que referirse a etapas iniciales de la formación post-doctoral; que implicarán necesariamente las dos partes del programa: fase de formación en el extranjero y continuación de la formación en una universidad del Sistema Universitario de Galicia; y que, complementariamente, debería contemplarse el período de duración de la ayuda. Se añaden nuevos parámetros: “El Plan I2C es un plan de ámbito autonómico, adaptado a la realidad gallega y que se desarrolla aplicando criterios y modelos con un punto de vista propio de la comunidad autónoma y que sustituye el anterior Plan INCITE definiendo un modelo nuevo, por lo que es coherente que no puedan acogerse a él aquellos que se formaron en el modelo anterior. Por su particular naturaleza e idiosincrasia, y por servir a objetivos propios, no resulta adecuado establecer un paralelo entre sus programas y los del Plan Nacional, dado que la estrategia no tiene por qué ser totalmente concordante”. Literalmente se viene a considerar que no pueden acogerse al Plan I2C aquellos que se formaron en el modelo anterior del Plan INCITE, circunstancia que puede resultar extremadamente problemática en su interpretación y desarrollo práctico. Sin embargo, estos objetivos de desarrollo de la investigación en Galicia de acuerdo con sus propios perfiles no es incompatible, todo el contrario, con el propósito del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 en el que “se adopta un enfoque inclusivo e integral, abriendo las convocatorias de ayudas a todos los agentes, públicos y privados, responsables de la ejecución de actividades de I+D+i del sistema entre los que quedan incluidos los agentes cuya actividad principal es dar soporte a la investigación científica y técnica o a la innovación (artículo 3.4 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación). En lo que corresponde a la Xunta de Galicia, es preciso eliminar de las bases de las convocatorias los elementos puramente interpretativos sobre las ayudas que son asimilables y las que no lo son. Es preferible que los criterios de valoración se incluyan en las propias bases de la convocatoria, pero cabe hacerlo también a través de instrucciones u otros documentos administrativos siempre que se hagan públicos por los mismos cauces que las bases de la convocatoria y con la necesaria antelación, de manera que se garantice la imprescindible seguridad jurídica y la igualdad en el procedimiento selectivo. En este sentido se formuló una sugerencia a la consellería, que se recoge literalmente en el apartado IV del informe, que fue aceptada. IV- RESOLUCIONES DEL VALEDOR DO POBO 1.- Recomendación dirigida al conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en fecha 9 de enero de 2013, para que se facilite el acceso a los datos solicitados por la asociación Galicia Bilingüe, teniendo en cuenta el ámbito material de la legislación de protección de datos de naturaleza personal respecto de cualquier información que afecte a personas físicas identificadas o identificables (Expediente: Q/2109/12) Como sabe, en esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra intervención Dª… (Representante de Galicia Bilingüe), con domicilio en Vigo (Pontevedra). En su escrito, literalmente, nos comunicaba que presentaba su queja por el siguiente hecho: “El 14 de febrero de 2012 fue presentada en el registro de la Xunta de Galicia una solicitud para que la Consellería de Educación y Cultura me facilitara el acceso a los datos obtenidos a través del formulario que los padres de infantil han de cubrir a la hora de formalizar la matrícula, y que se refiere a la lengua materna de dichos alumnos. En archivo adjunto le envío la solicitud presentada ante la Xunta en la que se incluye la argumentación en la que fundamenté dicha petición.(...). La interesada manifestaba: “Transcurridos seis meses y ante el silencio administrativo de la Xunta, consideré positiva la respuesta y, por ello, presenté en el registro de la Xunta una petición en la que le hacía saber al Secretario General Técnico de la Consellería de Educación, que el viernes 31 de agosto me personaría para hacer efectivo el derecho de acceso a la documentación. En archivo adjunto le envío la solicitud presentada. El viernes 31 me personé en dicha Secretaría General en compañía de dos testigos, pero se me negó el acceso a la documentación. Un funcionario, que dijo hablar en nombre del Secretario General, me lo comunicó verbalmente.” La interesada concluía su escrito manifestando que con su solicitud no se vulneraban ni la ley de estadística ni la de protección de datos; los datos solicitados se referían al conjunto de cada centro, sin que figuraran los nombres de padres de alumnos ni cualquier otro dato susceptible de ser protegido. Ante eso requerimos informe a esa consellería. Con fecha 13 de noviembre se recibió la información solicitada, remitida por el secretario general técnico de la consellería en la que se manifiesta que el día 31 de agosto de 2012, la firmante de la queja acudió a la Secretaría Xeral de Política Lingüística donde le fue entregado el informe que se acompaña a ese escrito, en el que se indican los datos globales de la consulta realizada en los centros educativos. Tal y como puede leerse al final del citado informe, se le indicó que no se hacía público el detalle pormenorizado de los datos por entender que podían transgredir la necesaria protección de datos que obran en poder de la consellería. El informe que se acompaña al oficio del secretario general técnico y que le fue entregado a la interesada en su día tiene el siguiente contenido literal: “Lengua materna predominante en educación infantil de 3 años. Datos del curso 2010-2011 Se envió una instrucción a los centros educativos que imparten Educación Infantil de 3 años para que acompañaran la siguiente información sobre la lengua materna predominante: · Número de alumnos/as con plaza en Educación Infantil de 3 años. · Número de familias que entregaron el cuestionario. · Número de respuestas de gallego como lengua materna, · Número de respuestas de castellano como lengua materna. · Lengua materna predominante en Educación Infantil de 3 años (si hay varios grupos, se consigne la lengua materna predominante de cada grupo). -El número de centros públicos que, según la información de la consellería, imparten enseñanzas de Educación Infantil en el curso 2010-2011 es de 848. -El número de alumnos/as en 3 años es de 10.416, de los cuales entregaron el cuestionario 9.409 (el 87%). De ellos, el 37% (4.051) declaró que tiene el gallego como lengua materna y el 63% (5.100) el castellano. Dado el contenido de la respuesta de la consellería, consideramos que hace una interpretación excesivamente amplia de la legislación de protección de datos. En primer término, porque la Ley Orgánica de Protección de Datos delimita su ámbito de aplicación en el párrafo primero de su artículo 2.1, definiendo el concepto de dato de carácter personal en su artículo 3.a) como “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. El tratamiento de datos se define en la letra c) del mismo precepto como las “operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”. El artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos dispone que: “El responsable del fichero y quien intervenga en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respeto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.” El deber de secreto tiene como finalidad evitar que, por parte de quien está en contacto con los datos personales almacenados en ficheros, puedan realizarse filtraciones de los datos no consentidas por los titulares de los mismos. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró en su sentencia de 19 de julio de 2001: “El deber de guardar secreto del artículo 10 queda definido por el carácter personal del dato integrado en el fichero, de cuyo secreto sólo tiene facultad de disposición el sujeto afectado, pues no en vano el derecho a la intimidad es un derecho individual y no colectivo. (...)”. Por esta razón, los datos derivados de estas consultas deben protegerse cuando afecten a personas físicas identificadas o identificables, lo que en ningún caso se produce en la comunicación de los datos desagregados que se solicitaban por parte de su asociación: por aula, por centro, por ayuntamiento o por provincia. Tampoco podría entenderse vulnerado el derecho a la protección de datos de carácter personal facilitando el acceso a la otra información solicitada: la lengua oficial en la que se encuentran los libros de texto de educación infantil en cada centro en el curso 2011-2012. Esta información resulta pertinente y proporcionada en relación con los fines estatutarios de la asociación solicitante. Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa consellería la siguiente recomendación: Que, teniendo en cuenta el ámbito material de la legislación de protección de datos de naturaleza personal respecto de cualquier información que afecte a personas físicas identificadas o identificables, y entendiendo que los datos solicitados por la asociación Galicia Bilingüe no permiten, de forma alguna, una identificación de las personas físicas titulares del dato y que se trata de una información pertinente a los fines de la asociación y relativa a procedimientos administrativos ya finalizados, la Administración educativa facilite el acceso a los datos solicitados por la asociación. Respuesta de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: no aceptada 2.- Recomendación dirigida al conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en fecha 16 de enero de 2013, para que la Jefatura territorial adopte las medidas necesarias para garantizar la adecuada escolarización del hijo del interesado en el CPR Apóstol Santiago de Vigo, en el que solicitó plaza en tiempo y forma, restituyendo al interesado en la plenitud de su derecho a obtener una plaza escolar (Expediente: Q/2055/12) Como sabe, en esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra intervención D. ...., domiciliado en Vigo. En su escrito, esencialmente nos indicaba que en su momento se le comunicó al Jefe territorial de la consellería en Pontevedra que varios alumnos admitidos en el Colegio Apóstol Santiago de Vigo no tenían su residencia efectiva en los domicilios que se hicieron constar en las solicitudes. Señalaba el interesado que la concordancia del domicilio alegado con el domicilio fiscal no es determinante, según la norma, si se prueba que el domicilio real es distinto. Según afirmaba en su escrito de queja, esta circunstancia fue alegada y probada en la Jefatura territorial de Pontevedra pero se le manifestó que no se podía comprobar nada ni hacer nada. Ante eso requerimos informe a esa consellería, que nos lo remitió. A la vista de la información recibida y de la documentación aportada con el escrito de queja, con fecha del 31 de octubre de 2012 esta institución formuló a ese órgano la recomendación de que la Jefatura territorial en Pontevedra de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria adoptara las medidas precisas para comprobar que los domicilios declarados por los alumnos admitidos en 4º de Educación Infantil en el CPR Apóstol Santiago, de Vigo, para el curso escolar 2012-2013 en los que se comunicaron situaciones irregulares se correspondían con los domicilios habituales de residencia efectiva de sus representantes legales (padres, madres o tutores), aunque existiera una concordancia formal entre los datos de la solicitud, incluido el certificado de empadronamiento, y los domicilios fiscales. Con fecha de 14 de enero, se recibió en esta institución la respuesta a dicha resolución, con varios documentos adjuntos. Consta la aceptación de la recomendación formulada y las medidas para darle efectividad, pero no quedaban claras las consecuencias jurídicas derivadas de la nueva información acompañada. A la vista del contenido de la respuesta de la consellería, esta debía ser puesta en relación con el primer informe remitido a esta institución por la Jefatura territorial de Pontevedra y que tuvo entrada el 26 de octubre. En síntesis se manifestaba: - Que con fecha 7 de mayo de 2012, Dº.... formula reclamación contra la lista de admitidos y excluidos en 4° de Educación Infantil en el citado centro docente. Esta reclamación fue desestimada por el CPR Apóstol Santiago. - Que con fecha 31 de mayo de 2012, Dº.... formula denuncia contra la lista definitiva de admitidos y excluidos del CPR Apóstol Santiago en la que solicita la rectificación de la puntuación otorgada en concepto de cercanías al centro a los alumnos siguientes: -WWW -XXX -YYY -ZZZ - Que el 27 de agosto de 2012, la Jefatura territorial de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria dicta resolución por la que se desestiman las pretensiones del denunciante. Dicha resolución fue notificada al interesado el 3 de septiembre de 2012, según justificante de recepción que obra en el procedimiento. - Que, según afirma el Jefe territorial en la desestimación del recurso, todos los menores a los que el interesado hace referencia en su escrito de 31 de mayo de 2012, adjuntaron en plazo certificado de empadronamiento acreditativo del domicilio familiar correspondiente. Si bien, en el caso de la menor XXX se presenta justificante de empadronamiento conjunto y certificación expedida por la Policía local de Vigo, de fecha 24 de abril de 2012, donde se hace constar que la alumna solicitante reside y convive en el domicilio de sus abuelos maternos. En este caso no coincide el domicilio familiar y fiscal y se aporta certificado de convivencia donde se acredita que convive y reside con sus abuelos, por lo que la documentación complementaria requerida no puede aportarse a nombre de la madre de la solicitante. Por lo que respecta a los solicitantes YYY se señala que la no coincidencia de la letra/número deriva, según indica el centro, de la existencia de un único portal con dos entradas A-B. Con respecto a los restantes interesados mencionados en el informe es necesario advertir la coincidencia entre el domicilio familiar y fiscal, por lo que es ocioso la presentación de la anterior documentación complementaria. El informe finaliza: “La resolución de la Jefatura territorial de Pontevedra de 27 de agosto de 2012 desestima las pretensiones del interesado ante la manifestación o denuncia genérica de irregularidad en el proceso de escolarización toda vez que los hechos aducidos responden a meras manifestaciones o sospechas de que la documentación adjuntada por determinados solicitantes no se corresponde con la realidad domiciliaria. Tales impugnaciones, fundamentadas en la mera indicación de supuestos domicilios de residencia real de los menores, carecen de indicios razonables que insten una actuación de comprobación respeto de la exactitud de la documentación obrante en el expediente, y, en su caso, de destrucción de la presunción de veracidad de los datos censales. En consecuencia, se ratifica la puntuación otorgada en concepto de proximidad del domicilio familiar en las listas de admitidos y excluidos en 4° de Educación Infantil en el CPR Santiago Apóstol para el curso escolar 2012-2013”. Sin embargo, de las actuaciones comprobatorias seguidas como consecuencia de la resolución formulada por esta institución, se desprende que sólo una de las alumnas reside en la actualidad en el domicilio consignado en la solicitud. Los demás viven efectivamente en otros domicilios y en algún caso, el cotejo de las fechas de alta en el domicilio que figura en el padrón municipal con la información de la Policía local obtenida por las declaraciones de los actuales ocupantes de las viviendas pueden proporcionar indicios de un uso fraudulento del certificado de empadronamiento. Los domicilios en los que residen efectivamente los alumnos coinciden con los comunicados en el mes de mayo a la Jefatura territorial por el recurrente en queja en su reclamación. El hecho indiscutible es que en el caso de cuatro alumnos, los datos del padrón no se corresponden con la realidad domiciliaria y las circunstancias de su empadronamiento son problemáticas: - en un caso, la alumna y sus padres habían compartido vivienda en régimen de alquiler con la titular y su esposo, hasta el mes de marzo, fecha en la que marcharon para otro domicilio que la ocupante de la vivienda dice que desconoce. Es necesario subrayar que en el mes de marzo se inicia el proceso de escolarización. - en otro caso, la actual inquilina de la vivienda en la que está empadronada la niña en la calle XX, n° X, únicamente manifestó que la niña y sus padres vivieron con ella, pero que actualmente ya no residen en su casa, negándose a colaborar más con el agente. Este localiza al padre residiendo en el domicilio de la calle XX que el recurrente en queja había comunicado a la Jefatura territorial en el momento de su reclamación y que no fue comprobado entonces. Las fechas de alta en el domicilio no tienen una explicación fácil. - por último, los dos hermanos residen en XXX, en el municipio de XXX, y de la información suministrada por el padrón de habitantes del ayuntamiento resulta que se dieron de alta con su padre en la vivienda de XX el 15 de noviembre de 2011. No consta la relación de los titulares de la vivienda con esta familia que, al parecer, tuvo el piso en alquiler solo unos meses. El certificado de empadronamiento tampoco se ajusta a la realidad de la ocupación. El recurrente en queja comunicó en su momento que siempre residieron en XXX. Teniendo en cuenta los datos analizados, es necesario invocar la resolución judicial que la administración citaba en su resolución en apoyo del argumento de que el padrón es una prueba a modo de presunción "iuris tantum", a destruir, por lo tanto, por los hechos en contrario, cuando se demuestre que tales hechos se produjeron efectivamente y son ciertos y veraces como indican las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1992 y sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 7 de diciembre de 1999. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 27 de diciembre de 2005, señala en su fundamento jurídico quinto: “se ha de concluir que la administración educativa ante el planteamiento de irregularidades en los procesos selectivos por parte de los interesados, no puede quedar pasiva y abstenerse de toda comprobación, debiendo practicar por lo menos la comprobación correlativa a las cuestiones planteadas, lo que comporta que si estas son genéricas y abstractas, esta obligación venga cumplida con la comprobación de las valoraciones según la documentación adjuntada, y si se trata de cuestiones y personas concretas en los términos planteados por los interesados en el proceso de admisión de forma razonablemente fundada...". De los datos obtenidos con la comprobación hecha recientemente se desprende que la información dada por el interesado no era genérica o abstracta sino que aportaba indicios de que ciertas solicitudes no alegaban los domicilios reales, denuncia que parece confirmarse. De haberse hecho la comprobación en su momento, tales datos pudieron ser investigados hasta tener la certeza de la veracidad o falsedad de estas declaraciones y, en consecuencia, la pérdida de los puntos por proximidad. De esta situación hay que extraer las siguientes conclusiones, aplicando la normativa que estaba en vigor en el momento de iniciarse el proceso de escolarización debatido: - El Decreto de 15 de marzo de 2007 y la Orden de 17 de marzo que lo desarrolla, por los que se regula la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, establecen que será ineficaz la solicitud o solicitudes presentadas cuando, entre otras situaciones, se compruebe la falsedad o uso fraudulento de la documentación presentada por el interesado. (art. 7º, 5, b). En este supuesto, no se tendrá en cuenta la solicitud o solicitudes presentadas, y realizará la escolarización por la comisión de escolarización o, en su defecto, el Servicio Provincial de Inspección Educativa. De este precepto se desprende un deber legal de comprobación, que es competencia de la administración educativa. - La comprobación de la veracidad de los datos alegados no se agota por la mera coincidencia del certificado de empadronamiento y del domicilio fiscal. El artículo 21.4º de la Orden de 17 de marzo de 2007 entonces vigente, señala que el domicilio familiar se acreditará mediante certificado del Padrón municipal. Los directores de los centros docentes públicos o los titulares de los centros privados concertados solicitarán, al día siguiente a la finalización del plazo de presentación de documentos, a la delegación provincial correspondiente que verifique que los datos de identificación fiscal, emitidos por la Agencia Estatal Tributaria en el año en el que se solicita plaza escolar, coinciden con los aportados en el certificado del Padrón municipal. Establece una actividad reglada: una primera comprobación de coincidencia entre padrón y domicilio fiscal. Aquellas personas interesadas que no presenten la autorización expresa para que la Agencia Tributaria suministre la información a la que se refiere el punto anterior, a la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, tendrán cero puntos en este criterio de admisión. - Si se tiene conocimiento por la comunicación de un tercero interesado, como es el presente caso, de la falta de veracidad o de la inexactitud de los datos declarados, debe continuarse la comprobación exigiendo para acreditar el domicilio la siguiente documentación complementaria: copia autenticada del título que legitime la ocupación de la vivienda declarada como domicilio familiar (escritura de compraventa o donación, contrato de alquiler) y contrato de alta de recibos actualizados de suministros (agua, luz, gas) a nombre del solicitante de la plaza, de forma acumulativa y no alternativa. La comprobación de la realidad de la ocupación de la vivienda por parte de la Policía local es también un instrumento válido para acreditar que los datos aportados se ajustan a las circunstancias reales del alumno o alumna (esta es precisamente la redacción que el nuevo Decreto 254/2012, de 13 de diciembre, da a esta situación). Por lo tanto, la administración educativa debe velar por la concordancia entre lo declarado en la solicitud y la realidad, y no por la coincidencia de datos formales. Esta comprobación no se hizo en su momento, lo que ocasionó al interesado daños de difícil reparación. - En este momento, los perjuicios que se ocasionarían a los menores si se anulase la baremación y, consecuentemente, la lista de admitidos serían desproporcionados e indeseables, a pesar de que éste es el sentido de algunas resoluciones judiciales recientes sobre casos similares ocurridos en la ciudad de A Coruña. Sin embargo, la situación debe ser corregida de alguna manera, garantizando los legítimos intereses del denunciante que vio frustradas sus expectativas a causa de la inactividad del Consejo escolar y de la administración educativa ante sus denuncias de irregularidades en los certificados de empadronamiento aportados. Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa consellería una nueva recomendación: Que la Jefatura territorial adopte las medidas necesarias para garantizar la adecuada escolarización del hijo del interesado en el CPR Apóstol Santiago de Vigo, en el que solicitó plaza en tiempo y forma, restituyendo al interesado, Dº...., en la plenitud de su derecho a obtener una plaza escolar en 4º curso de educación infantil, sin verse perjudicado por ventajas ilegítimas de otros solicitantes, plaza que le correspondería por la pérdida de los derechos de prioridad de determinados alumnos que fueron admitidos, de haberse realizado en su momento una exhaustiva comprobación de los datos aportados. Respuesta de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: no aceptada 3.- Recordatorio de deberes legales dirigido a la conselleira de Traballo e Benestar en fecha 29 de enero de 2013, para que se diera adecuada respuesta a la reclamación de la interesada (Expediente: Q/2665/12) Como sabe, ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra intervención Dª...., con domicilio en Ourense. En síntesis, se quejaba por la situación producida en la adjudicación de una plaza en la escuela infantil A Farixa, en Ourense, en la que se dieron dos resoluciones: la primera le adjudicaba la plaza con una cuota mensual de 0 euros y en la segunda se le comunicaba una cuota de 230 euros mensuales. La reclamación presentada por la interesada con fecha de 28 de septiembre no fue respondida. Considerando que esta queja reunía los requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la Ley del Valedor do Pobo, se admitió a trámite y se promovió una investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos en que se basaba, dándole cuenta de ello a los efectos previstos en el artículo 22.1 de la citada Ley del Valedor do Pobo. En concreto, con fecha de 19 de diciembre solicitamos de esa consellería que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley del Valedor do Pobo, nos facilitara información sobre el problema que motivó la queja, en particular sobre las razones por las que se modificó la cuota que se debía pagar en la escuela infantil entre la resolución de adjudicación de plaza, de fecha 26 de julio, y la de 21 de septiembre; y los motivos por los que aún no se había dado respuesta a la reclamación de la interesada. Finalmente fue recibido en esta institución el informe, en el que se aclara que el motivo del incremento de la cuota fue la comprobación de un error de la aplicación informática. Existen algunas contradicciones entre el escrito de queja y el informe de la administración ya que del escrito de la interesada se desprende que no hubo ningún tipo de explicaciones ni aclaraciones sobre los cambios producidos en la adjudicación y, en cambio, la administración señala que cuando fue detectado el error imputable al programa informático, por parte de la Jefatura territorial de la consellería se procedió a contactar con la interesada para explicarle que había existido un error en la aplicación de la puntuación del baremo y por lo tanto en el cálculo de la cuota mensual, acordando que para no causar un perjuicio a la menor, que llevaría consigo la pérdida del derecho a la plaza, no se le revisaría la puntuación pero se le aplicaría con efectos retroactivos la nueva tarifa. Insiste el informe en que la reclamación no fue respondida por escrito al considerar suficientes las explicaciones dadas verbalmente a la interesada tanto por parte de la Jefatura territorial como por parte de la dirección de la escuela infantil, sobre el error producido, la nueva cuota a satisfacer y la no revisión de la puntuación del baremo. La situación denunciada en la queja plantea dos cuestiones. En lo relativo a la cuota mensual, a pesar de que es lamentable que se produzcan errores de este tipo, lo cierto es que una vez detectado, la administración actuó correctamente al comunicarle la tarifa que debía satisfacer por el servicio, de acuerdo con la renta familiar, no revisando la puntuación para no perjudicar a la niña, ya adaptada a la escuela. También actuó correctamente al responder con celeridad a la solicitud de ampliación de horario en la escuela, ya que al deberse a circunstancias o exigencias laborales, este tipo de solicitudes deben ser resueltas en los plazos más breves posibles. Sin embargo, la administración no contestó por escrito a la reclamación del día 28 de septiembre de 2012, confiando en que las aclaraciones verbales (que la interesada no reconoce) serían suficientes. Este tipo de situaciones no deben producirse y aún más cuando suponen un cambio que hace más gravosa para el ciudadano la condición en la prestación de un servicio o que derivan de un error que no le es imputable. Es lógico el malestar de una persona que se encuentra con dos resoluciones escritas con un contenido discrepante y no tiene una respuesta escrita a un recurso o reclamación. Esta situación habría podido evitarse si la administración hubiera respondido por escrito sobre la razón del incremento de la cuota, la no aplicación en este supuesto del parágrafo relativo a la exigencia de matricular a la niña por ser ya usuaria de la escuela, la no revisión del baremo para no perjudicar a la niña con la pérdida de la plaza y las demás circunstancias que incidían en el caso. Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa consellería, en su Jefatura territorial en Ourense el siguiente recordatorio de deberes legales: 1.- La obligatoriedad que tiene la Administración de dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquier que sea su forma de iniciación, que establece el nº 1 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. 2.- Que de conformidad con el número 2 de dicho artículo el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el que fije la norma reguladora del correspondiente procedimiento, que no deberá de sobrepasar el de seis meses, y, según el número 3, cuando las normas reguladoras no fijen plazo máximo, será de tres meses que, en los expedientes iniciados a solicitud del interesado, se contarán desde la fecha en que dicha solicitud hubiera tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. En este sentido, el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen jurídico y de procedimiento administrativo común, y su modificación posterior contenida en la Ley 4/1999, de 13 de enero, establece que: “el plazo máximo para resolver las solicitudes que se formulan por los interesados será el que resulte de la tramitación del procedimiento aplicable en cada caso. Cuando la norma del procedimiento no fije plazos, el plazo máximo de resolución será de tres meses”. 3.- La responsabilidad directa del personal al servicio de las Administraciones públicas que tengan a su cargo el despacho de los asuntos, así como de los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver los mismos, del cumplimiento del deber legal de dictar resolución expresa en plazo, todo eso sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera podido dar lugar el incumplimiento, que establece el nº 7 del citado artículo. Respuesta de la Consellería de Traballo e Benestar: aceptada 4 y 5.- Recomendaciones dirigidas al Rector de la Universidad de Santiago de Compostela en fecha 19 de febrero de 2013, para que se diera solución a los problemas de seguridad de los menores en los accesos al CEIP Anexa, situado en el recinto de la Escuela Universitaria de Formación de Profesorado del campus de Lugo (Expedientes: Q/2239/12 y Q/2280/12) Como sabe, en esta institución, mediante escrito de queja, comparecieron solicitando nuestra intervención la presidenta de la Federación de ANPAS de Lugo y el representante del ANPA del CEIP Anexa de Lugo. El año pasado ya se tramitó en esta institución un expediente de queja a instancias del anterior presidente de la Asociación de Padres del CEIP Anexa de Lugo, en relación a la posible peligrosidad para los niños de las condiciones de entrada al centro escolar, al compartir la explanada de acceso, situada en la fachada delantera del edificio, con el uso de la misma para la circulación de vehículos y aparcamiento de la Escuela Universitaria de Formación de Profesorado del campus de Lugo. Fue solicitado informe a la anterior Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Con fecha de 13 de octubre tuvo entrada en esta Institución el referido informe, suscrito por el jefe de Servicio de la Unidad Técnica de la Jefatura territorial de esa consellería en Lugo. Nuevamente, en el mes de octubre de 2012 se presentaron escritos de queja en esta institución por la falta de acuerdo en los usos del edificio o de alguno de sus elementos. Considerando que estas quejas reunían los requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la Ley del Valedor do Pobo, se admitieron a trámite y se promovió la investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos en que se basaban, dándole cuenta de eso a los efectos previstos en el artículo 22.1 de la citada Ley del Valedor do Pobo. En concreto, solicitamos de ese rectorado que nos facilitara información sobre el problema que motivó las quejas, en particular, las circunstancias relativas a la inscripción del edificio y del recinto en el que se encuentra en el Registro de la Propiedad; los criterios de reparto de espacios entre el centro de educación infantil y primaria y la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado, así como los documentos que le hubieran servido de base, y sobre las demás circunstancias que se consideraran relevantes para la completa valoración del objeto de la queja. El informe fue recibido, haciendo constar las circunstancias de los traspasos de bienes por parte del estado a la Comunidad Autónoma y a la Universidad de Santiago de Compostela y de su inmatriculación registral. Con posterioridad a la recepción del informe se realizó una visita al lugar con el fin de comprobar in situ las circunstancias de los accesos y se mantuvo una conversación telefónica con la jefa del Servicio de recursos educativos complementarios, programación y contratación de la Jefatura territorial de Lugo de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. A la vista del contenido del informe, esta institución tiene que hacer las siguientes consideraciones. Con relación a la primera afirmación contenida en el informe, no se comparte el criterio de que el CEIP Anexa esté ocupando las instalaciones en precario. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, yendo más allá de la definición legal acogida en el artículo 1750 del Código civil, engloba bajo el concepto de precario los conceptos de posesión concedida, posesión tolerada y posesión sin título a los efectos de reconocer el origen de la acción de desahucio, no refiriéndose el precario a la institución regulada en el Derecho romano, «sino que comprende a cuantos sin pagar merced utilizan la posesión de un inmueble sin título para eso, o cuando es ineficaz el invocado para enervar la titularidad dominical que ostente sobre el terreno quien promueve el desahucio contra el tenedor precario del mismo» (S.T.S. de 5 de octubre de 1933, entre otras). De este modo se sienta en la jurisprudencia la base de la acción procesal adecuada para que cese la posesión del inmueble por quien no puede justificarla. Es evidente que esta situación no se da ni puede darse en el supuesto de un centro escolar de titularidad pública respecto de un bien de dominio público, aunque en este caso, esa propiedad demanial sea de titularidad de la Universidad de Santiago de Compostela. Por otra parte, la Universidad de Santiago de Compostela se refiere a los conceptos de bien de dominio público y de bien patrimonial, que son cualitativamente distintos y defiende al mismo tiempo que las escuelas de prácticas fueron transferidas a las respectivas universidades, juntamente con las escuelas universitarias de formación de profesorado, y por otra parte, dice que el centro educativo de infantil y primaria está en precario, cuando desde su origen, este tipo de centros estuvo siempre unido a las escuelas de magisterio (las antiguas escuelas normales) y después a las escuelas de formación del profesorado de EGB, hasta la actualidad. Lo anterior no modifica la situación registral del edificio y de los terrenos, inscritos efectivamente a favor de la Universidad de Santiago de Compostela. A pesar de que esto es así, es necesario subrayar que el informe manifiesta la disposición de la Universidad de Santiago de Compostela para colaborar en el mantenimiento de la situación del centro escolar en las dependencias universitarias. Como consecuencia de todo lo anterior, el informe subraya que se realizaron diferentes negociaciones con la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria llegando a acuerdos en cuanto a la redistribución de los edificios y la cesión de una parte del patio para la construcción de un nuevo centro dedicado a alojar a parte de los alumnos de infantil y primaria. No obstante, como pone de manifiesto el informe, esta solución no parece ser del agrado del ANPA. Al mismo tiempo, “la Universidad de Santiago de Compostela es consciente de la situación respecto del paso de vehículos en la zona utilizada por los niños y niñas durante su entrada y salida del centro escolar y a cuyo objeto se propuso una alternativa para modificar la ubicación del aparcamiento que permitiría eliminar las plazas de aparcamiento de la zona delantera, dejando únicamente unas plazas de minusválidos y otra de carga y descarga. Una vez más, esta modificación contó siempre con la oposición frontal de la ANPA y de la dirección del Centro”. La situación de hecho es que no parece prudente un uso conjunto de la parte del recinto que se encuentra en el frontal del edificio, en la avenida de Ramón Ferreiro, para tránsito de peatones y simultáneamente de acceso rodado, por los evidentes riesgos de seguridad que suponen el paso de vehículos al mismo tiempo que el acceso de niños y niñas de corta edad, no siendo posible un acuerdo para un uso alternativo con discriminación horaria. Por otra parte, tampoco parece la mejor solución trasladar el aparcamiento al lateral de la calle Pintor Corredoira, lo que supondría desmantelar el patio de juegos de los más pequeños y la única zona arbolada del recinto. Teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias actuales, que dificultarían notablemente cualquier modificación que implicara una inversión no exigida por la naturaleza del servicio (y la habilitación de espacios de aparcamiento no parece esencial al servicio público educativo), parece adecuado buscar soluciones que no impliquen cambios sustanciales sino una reordenación de los usos. En este sentido, esta institución considera que sería factible la siguiente propuesta, en