“SE LLAMABA CARMEN”- Denuncia versus Protección, por Francisca Verdejo Torralba, Magistrada de Violencia sobre la mujer en los Juzgados de Barcelona.

17 septiembre, 2021 hablamos de feminismo

Hoy no puede ser un día más. Me niego a que lo sea. La esperanza, si es que alguna vez existió, se ha vuelto a desvanecer. Es la número 31. No es un número más pero así se nos presenta. Es otra vida truncada, arrebatada por la violencia machista.

 

Buceo en los periódicos digitales, escucho las noticias en los diferentes canales y no logro saber cómo se llamaba. Quizás no la pueda recordar por su nombre.  Vivía en El Cerro (Sevilla), tenía 60 años, nunca había denunciado a su asesino. Él se llamaba Cristóbal.

 

De las 31 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas solo unas pocas habían denunciado antes de que les arrebatasen su vida. Como en cada asesinato de mujeres, los medios de comunicación se hacen eco de la noticia. Políticos y políticas, “expertos y expertas” opinan una vez más. Muestran su rechazo al crimen, y ponen el acento en la necesidad de denunciar.

 

La información sesgada que ofrecen los medios de comunicación y de aquellos que se presentan como expertos y expertas genera desaliento en las mujeres víctimas de la violencia de género. Desplazan así la responsabilidad a las mujeres que están sufriendo mal trato. Se olvidan, olvidamos, la primera y gran declaración de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado”.  Y, añade el Preámbulo “Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. Esos mismos poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud”.

 

La norma afronta la erradicación de la violencia de género desde una perspectiva integral y transversal. Diseña los principios rectores para alcanzar la finalidad de fortalecer las medidas de sensibilización, consolidar derechos de las mujeres víctimas de esta lacra social, establecer un sistema de tutela institucional, reforzar el marco penal y procesal, la coordinación y la cooperación entre todos los agentes implicados en la lucha contra el terrorismo doméstico, fomentar la especialización y garantizar la transversalidad de las medidas. Estos principios fijan el orden, la prioridad en la actuación de los poderes públicos que, al redactar la ley sitúan (con gran acierto) al final de la “cadena” a la Administración de Justicia, cuyo papel – añado – debería ser residual. Solo así podrá eliminarse esta lacra social.

 

Es erróneo pensar que la denuncia es instrumento apto para erradicar la violencia machista. En la denuncia la mujer resume, en la mayoría de los casos precipitadamente, en unos folios los años de terror vividos en un escenario ensamblado por su verdugo (pareja o ex pareja) al que se ha visto sometida, subyugada. La víctima describe los golpes recibidos, la dictadura del pánico en el que la soledad a la que se aboca a la mujer sirve como un instrumento más de dominio. La denuncia no permite evitar los ataques físicos y psíquicos a la mujer, lo que explica el gran acierto de la Ley Integral al anteponer la sensibilización, la prevención y detección, así como la actuación en el ámbito educativo, a la actuación del poder judicial. Solo sensibilizando, previniendo y educando podremos lograr ese “cambio social” que pretende la norma.

 

Los datos estadísticos enseñan que la mayoría de las mujeres no habían denunciado a sus asesinos. La desconfianza en las Administraciones públicas, en general, y, en particular, en la Administración de Justicia, y, la sensación de desprotección, son algunas de las razones que explicarían por qué la mujer detiene o no inicia su camino hasta la Comisaría o al Juzgado para denunciar su situación de violencia. ¿Pero que impide al resto de las personas denunciar? A los familiares conocedores de las agresiones, a los vecinos que día sí, día también escuchan los gritos y las peticiones silenciosas de las víctimas. No es el desconocimiento de su obligación de denunciar. Es la añeja y repugnante opinión de que “son cosas de pareja”. La Ley de enjuiciamiento criminal obliga a todo ciudadano que tenga conocimiento de un delito público a denunciar (art. 259 Lecrim). Los delitos relacionados con la violencia de género, en su gran mayoría lo son, y la declaración legal antes transcrita no deja lugar a dudas. Quizás ha llegado el momento de pedir responsabilidades a todos aquellos y aquellas que conocían de la existencia de mal trato y no denunciaron.

 

Logré saber su nombre. La podré recordar por él. Se llamaba Carmen. Y después de oír como se repiten las mismas ideas me vuelvo a preguntar ¿Habría salvado a Carmen denunciar a Cristóbal antes de que la matara? ¿Cuántas veces más escucharé las mismas declaraciones? Después de Carmen han sido asesinadas cuatro mujeres más. No se ha detenido la virulencia de esta modalidad delictiva. Empecé a escribir estas notas el 11 de agosto de 2021. Hoy, 16 de septiembre de 2021 que he retomado su redacción, las víctimas son ya 35. No sé su nombre. Me niego a considerarlas como un número más que pasa a formar parte de la estadística.

 

Erradicar la violencia de género es una tarea en la que se ha de implicar la Sociedad consiguiendo el aislamiento de los agresores.  Las medidas implementadas, y las que se puedan adoptar serán insuficientes hasta que no logremos erradicar la violencia machista. El camino hacia ese cambio social ha de estar liderado por los Poderes Públicos a los que es necesario recordar periódicamente la obligación de cooperación y coordinación impuesta por el artículo 32 de la Ley Integral, deber que olvidan fundamentándolo en motivos espurios del reparto constitucional de competencias. Nada justifica el ingente número de teléfonos que las víctimas pueden utilizar para (nuevamente) denunciar su situación de violencia. Nada justifica la atomización de los recursos. La fragmentación de los recursos solo debilita al sistema.

 

Quiero recordarlas por su nombre.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal