El Consejo de Ministros acaba de acordar un real decreto que modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita para que las mujeres víctimas de violencia de género reciban el asesoramiento adecuado por los profesionales que las atiendan en sus demandas, algo fundamental para evitar que pudieran dar esta atención abogados condenados previamente por violencia de género.
Ya el pasado 5 de marzo la Valedora expresaba su satisfacción por la consecuencia positiva de la queja investigada por esta institución, después de su remisión el 19 de mayo de 2021 al Defensor del Pueblo, órgano competente en este caso por tratarse de una situación de ámbito estatal.
En la queja que da pie a la modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, la Valedora evaluaba la propuesta de la Federación de Mujeres Rurales (Fademur) por la contradicción que suponía la atención a las víctimas de delitos de violencia de género por profesionales condenados por delitos de la misma naturaleza. En el escrito de la Defensora se hacía hincapié en el vacío legislativo que suponía que la mayor parte de estos delitos estén definidos en el Código penal como menos graves porque en el caso de afectar a un abogado, la condena no tenía repercusión en su ejercicio en este ámbito especializado.
Lo que se pretendía era “interesar de las instituciones correspondientes, el establecimiento de una normativa oportuna que dé respuesta a lo que puede considerarse como laguna legal” para lo cual se argumentaba el hecho de que esta pauta ya existía en el ejercicio profesional con los menores”.
En ese sentido, la queja transmitida por la Valedora al Defensor indicaba, expresamente, la necesidad de “establecer un sistema similar en relación con la violencia de género, regulando la necesidad de que los profesionales relacionados con una intervención específica carezcan de estos antecedentes”.
La Valedora do Pobo manifiesta su satisfacción por esta reforma legislativa que supone un avance muy importante en la garantía de la correcta defensa de los derechos e intereses de las mujeres víctimas que dan el paso, no siempre fácil, de acudir a la justicia.
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