POR UNA RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, por Nora María Martínez Yáñez, Profesora Contratada Doctora (Acreditada a Titular) de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo

22 junio, 2020 hablamos de feminismo

Ni en nuestras peores pesadillas podríamos haber imaginado que la rápida extensión mundial de un nuevo virus iba a constituir una amenaza más en la dura contienda que libramos las mujeres para lograr las mismas oportunidades que los hombres en el empleo. Pero los fenómenos naturales, cuando se manifiestan en las sociedades humanas, suelen reflejar las desigualdades existentes, brindando quizás otra oportunidad para corregirlas.

La crisis sanitaria y económica desencadenada por la COVID-19 ha causado diversos impactos sobre el empleo femenino, porque la segregación horizontal y vertical que atraviesa nuestro mercado de trabajo produce una vez más un reparto desigual de las consecuencias de la pandemia.

Sin duda, las profesiones más expuestas durante el estado de alarma han sido las relacionadas con el cuidado, sanitario y social, de las personas enfermas y vulnerables. Profesiones conformadas en su mayoría por mujeres que ocupan puestos de trabajo intermedios, aquellos que exigen un contacto directo, físico y emocional, con los pacientes y usuarios. Enfermeras, gerocultoras, auxiliares y cuidadoras de personas mayores son profesiones feminizadas, y entre los médicos el porcentaje de mujeres supera levemente al de varones. Como se ha destacado de forma acertada, el trabajo infravalorado e invisible del cuidado a las personas vulnerables y de la atención sanitaria se ha vuelto no solo relevante, sino esencial para todos, y así lo ha reconocido la ciudadanía a través de su espontáneo aplauso diario. Pero más allá de ese reconocimiento es preciso reparar en que, ante la falta de medios personales para la protección de la salud pública, durante el estado de alarma dos Órdenes del Ministerio de Sanidad aún vigentes han autorizado jornadas semanales extenuantes para estas trabajadoras, se ha permitido la anulación temporal de sus vacaciones y permisos, incluidos los de conciliación de la vida laboral y familiar, y se ha establecido su disponibilidad permanente fuera del centro de trabajo para ser convocadas ante cualquier eventualidad. Además, en caso de síntomas no confirmados de COVID-19, una guía del citado Ministerio ha recomendado la reincorporación al trabajo de estos profesionales tras siete días de aislamiento, si no se registró fiebre en los últimos días. Condiciones laborales extraordinarias y ciertamente duras, motivadas por la imperiosa necesidad de proteger la salud pública y salvar vidas. Pero al más alto precio. Con la exposición de los y las profesionales sociosanitarias a un altísimo riesgo de contagio grave e inminente debido a la falta de medidas eficaces de prevención de riesgos laborales. Las cifras publicadas en el último informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica son elocuentes: de los 40961 casos de contagios de personal sanitario notificados a 10 de mayo, 31351 corresponden a mujeres y 9606 a hombres.

Su conducta ha sido heroica, pero no son heroínas. Porque si así fuera, su heroicidad justificaría su abnegación y la pérdida de su salud se entendería como un acto voluntario de extrema generosidad. Por el contrario, son personas trabajadoras, cada una de ellas titular de un derecho fundamental a la vida y a la integridad física, que se concreta en un derecho a la protección de su seguridad y salud en el trabajo. Un auténtico respeto y valoración del trabajo de estas profesionales, en su gran mayoría mujeres, impone a los órganos administrativos y judiciales el deber de aplicar con rigor la legislación preventiva, determinando en qué casos concurrió una causa de fuerza mayor capaz de librar de responsabilidad a los empleadores, tanto públicos como privados, sobre los que pesa el deber legal de protección de la salud de las personas trabajadoras. Pero quien conozca el Derecho de prevención de riesgos laborales sabe que el concepto de fuerza mayor es muy estricto, y las obligaciones empresariales de seguridad y salud, en cambio, muy amplias.

Otro efecto completamente opuesto de la COVID-19 sobre el empleo femenino ha sido la inactividad laboral. La aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), tanto suspensivos como de reducción de jornada, ha logrado contener la destrucción de puestos de trabajo durante el estado de alarma. Los ERTEs se han aplicado sobre todo a aquellas actividades no esenciales que el Decreto 463/2020 obligó a suspender, resultando especialmente afectados los sectores del comercio, turismo, hostelería y servicios en general, donde el índice de empleo femenino es muy apreciable. Según datos recogidos por el Foro Económico de Galicia, el 48,7% de las personas trabajadoras incluidas en ERTEs en Galicia a 1 de abril eran mujeres, lo que indica un impacto mayor de este mecanismo sobre el trabajo de la mujer, ya que la tasa de empleo femenino es inferior a ese porcentaje. La cuantía de la prestación por desempleo percibida durante el ERTE es aproximadamente de un 70% del salario percibido estando en activo; un salario por regla general inferior al de los hombres, de modo que la permanencia prolongada en el ERTE contribuye a hacer más profunda la brecha retributiva y de protección social que media entre hombres y mujeres. Las dificultades en la recuperación económica de pequeñas y medianas empresas que han afrontado pérdidas durante el estado de alarma y que ahora se encuentran con una baja demanda arrojará en los próximos meses situaciones de concurso y cierres, que en el comercio, hostelería y sector servicios pueden conducir a una notable pérdida de empleo femenino.

Por último, no hay que olvidar que las medidas de distanciamiento social han sobrecargado a las familias con responsabilidades de cuidado, al decretarse el cierre de guarderías, centros educativos y centros de día. Aunque el Real Decreto-Ley 8/2020 dispuso diversas medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, su eficacia ha sido reducida, pues la mayor parte de las mujeres que ha conservado su empleo ha permanecido en su hogar, bien a causa de un ERTE, bien como resultado de la aplicación del teletrabajo, dominante en sectores feminizados como la Administración Pública y el sector educativo. Será preciso analizar en el futuro cómo ha afectado esa sobrecarga de responsabilidades familiares al empleo femenino, con especial atención a las familias monoparentales, encabezadas en su mayoría por mujeres. Habrá que determinar si ha servido para desarrollar una mayor corresponsabilidad, cuando los dos progenitores han permanecido en el domicilio, o si, por el contrario, ha supuesto un refuerzo del rol femenino de cuidados dentro de la familia, sobre todo si, como apuntan los datos, un mayor número de hombres ha continuado trabajando fuera del hogar durante la pandemia. Y todavía queda por estimar cuántas mujeres han perdido sus empleos entre las más vulnerables, esto es, trabajadoras temporales, empleadas del hogar, pequeñas autónomas, etc.

La reconstrucción del mercado de trabajo no puede llevarse a cabo sin una sólida perspectiva de género. Es necesario tenerla en cuenta en el diálogo social, en la negociación colectiva sectorial y empresarial, en la redacción y actualización de los planes de igualdad y, a nivel público, en las políticas activas de empleo. Es vital que la formación para la adquisición de competencias digitales llegue a las mujeres, puesto que las tecnologías emergentes van a orientar el mercado de trabajo en los próximos años. También hay que seguir apoyando los proyectos de autoempleo y emprendimiento femeninos para que puedan surgir nuevos liderazgos. E, ineludiblemente, hay que acometer una revisión del trabajo en el sector sanitario y sociosanitario: es preciso enmendar las condiciones de trabajo y empleo, en particular, los salarios, la dimensión de las plantillas, la temporalidad y los términos de las contratas. Por el derecho a la salud de la ciudadanía. Y porque no queremos héroes ni heroínas, sino personas trabajadoras y trabajo decente.

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