¿Por qué habría que incorporar el derecho fundamental a conciliar la vida personal y laboral en la Constitución? por  Nuría Reche Tello – Graduada Social ejerciente; Doctora en Estudios de las Mujeres, Feministas y de Género; Profesora asociada de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández.  

31 marzo, 2020 hablamos de feminismo

 

 

Desde los inicios del constitucionalismo los derechos fundamentales han supuesto la principal garantía con que cuentan las ciudadanas y ciudadanos de un Estado de Derecho de que el sistema jurídico y político, en su conjunto, se orientará hacia el respeto y promoción de la persona. A lo largo de su proceso histórico de positivación, los derechos han ido evolucionando conforme a la realidad social de cada momento configurándose progresivamente en diferentes generaciones. Concretamente, los denominados derechos sociales, en palabras de Heller, suponen “la extensión del Estado de Derecho a la esfera del trabajo y de los bienes”. Ahora bien, estos derechos que reconcilian libertad e igualdad se conforman obviando un espacio fundamental: el privado o doméstico, así como las personas -mayoritariamente mujeres- que lo habitan y los trabajos que desarrollan en ese ámbito posibilitando que, fuera de sus fronteras, el trabajo “formal” y el proceso productivo se desarrollen con normalidad.

 

Reconocer el derecho fundamental a conciliar supone aplicar la perspectiva de género a esa esfera de la que nos habla Heller, ya que nuestra Constitución de 1978, siendo ambiciosa en el reconocimiento de un extenso catálogo de derechos, no deja de ser fruto de su época y por tanto ignora los problemas específicos de la mitad de la ciudadanía y de ese espacio privado o doméstico que tradicionalmente nos han asignado a las mujeres. De ahí que su reconocimiento constitucional -en la idea de una segunda generación de derechos sociales con perspectiva de género- supondría la deconstrucción de la dicotomía público/privado como elemento generador de desigualdades.

 

Y es que, pese a que en el ordenamiento jurídico se han ido aprobando normas para la prohibición de discriminación por causas relacionadas con el sexo ‘femenino’, así como de medidas específicas para conciliar el trabajo con el cuidado de la familia, no será hasta comienzos del nuevo siglo cuando se aborde un cambio de paradigma, planteando la perspectiva del reparto de responsabilidades familiares como una estrategia para alcanzar la igualdad efectiva de mujeres y hombres, siendo ahora éste el objetivo principal que afrontan los derechos de conciliación y superando así el de la mera protección de la familia. Y es que seguíamos encontrándonos con una enorme distancia entre el reconocimiento formal de estos derechos y su efectiva aplicación material; un contraste entre un amplio aparato normativo para poder ejercerlos y la permanencia de importantes brechas de género. Su configuración como `derechos de ausencia’ -los encaminados a la renuncia temporal, cuando no definitiva, al puesto de trabajo-, aunque de titularidad neutra, seguía focalizando el problema únicamente en las mujeres.

 

Abordar los derechos de conciliación conlleva afrontar el riesgo de perderse en la maraña de conceptualizaciones, producción normativa, análisis doctrinales existentes, etc., y olvidarnos, en definitiva, de que cuando hablamos de derechos lo hacemos de capacidades a disposición de la ciudadanía para llevar una vida más completa y digna. De esta manera, pensar en la conciliación es hacerlo necesariamente en las personas a las que va destinada, lo que revela las distintas realidades en las que se proyecta y que ponen de manifiesto su importancia como una necesidad creciente en las sociedades contemporáneas. De ahí la exigencia de incorporar este derecho al conjunto de valores y principios que configuran nuestra sociedad a través del máximo instrumento normativo con el que nos hemos dotado, la Constitución; y ello no por un mero propósito pragmático, esto es, la búsqueda de una mayor eficacia en la garantía de su desarrollo legal, sino porque la compatibilidad entre el desarrollo del proyecto vital y la carrera profesional de las personas constituye un atributo esencial de la condición ciudadana en una sociedad democrática avanzada. Se trata de un asunto demasiado importante para someterlo a los vaivenes legislativos, las interesadas interpretaciones sobre lo que es derecho o lo que es expectativa, su remisión a la voluntad negocial, etc.

 

Además, este proceso de reconocimiento constitucional cuenta con sólidos fundamentos jurídicos. Podemos encontrar rasgos del derecho en la mayoría de los textos internacionales en materia de derechos humanos, por no hablar de su inclusión expresa en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión o en el pilar europeo de derechos sociales. A lo que hay que añadir el reconocimiento de la dimensión constitucional de los derechos de conciliación por el Tribunal Constitucional que se inicia en el año 2007, si bien sigue pendiente la unificación de una categoría jurídica en torno al ‘género’ que ayudaría a romper el círculo vicioso que insiste en ligar el cuidado, y su tutela antidiscriminatoria, exclusivamente al sexo femenino.

 

Ahora bien, si analizamos sus fundamentos jurídicos, cabe afirmar que el derecho fundamental a conciliar presenta una naturaleza compleja que lo conecta con diversos intereses constitucionalmente protegidos que pueden verse implicados en su ejercicio, y por lo tanto no cabe reducirlo únicamente a una proyección del principio de igualdad y no discriminación por razón de género. Cuando un trabajador o una trabajadora se dirige a su empresa para formular una solicitud de conciliación puede estar poniendo en juego otros principios y derechos constitucionales vinculados a distintos aspectos de su vida personal: la protección ‘integral’ de la familia, más allá de los menores; la intimidad personal y familiar; el trabajo; la salud; la formación, etc. Todos ellos expresión, al fin y al cabo, de la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. De ahí la necesidad de una concepción amplia como elemento esencial de la conciliación, superando así la perspectiva limitada que la asocia al cuidado usualmente atribuido a las mujeres. De hecho, resulta más pertinente hablar de “vida personal” que de “vida familiar”, porque la primera incluye sin duda alguna las necesidades de la segunda. De este modo contribuimos a superar las inercias que durante años llevan lastrando a las mujeres en su desarrollo profesional al considerar que son ellas quienes de forma natural deben responder ante cualquier coyuntura que exija el cuidado familiar.  Por otra parte, el término “personal” comprende todas aquellas necesidades que, como decimos, pueden estar presentes en la conciliación, de acuerdo con una definición amplia de esta que, de alguna manera, ya se apuntaba en la Conferencia de Pekín cuando se hacía referencia “al modo en que las personas dividen su tiempo entre la educación y la formación, el empleo remunerado, las responsabilidades familiares, las actividades voluntarias y otras formas de trabajo, descanso y esparcimiento socialmente útiles, y en el modo en que obtienen beneficio de esas actividades”. Pero es que, incluso considerando la faceta familiar, daría cabida a todas aquellas manifestaciones de la realidad social que exceden del concepto tradicional de familia.

 

Todo ello nos lleva a la pertinencia de su reconocimiento constitucional por su amplio potencial de incidir en la vida cotidiana de la ciudadanía, ámbito en el que precisamente surge la necesidad que le da origen. Se trata, insistimos, de una necesidad social cada vez más presente en el debate público. Y sin embargo, puede correr el riesgo de terminar ampliándose únicamente para determinados sectores de la población trabajadora: los altamente cualificados de las grandes empresas y los del sector público. No podemos asumir, sin más, que la ‘verdadera’ conciliación -la que responda de manera eficaz a las necesidades sociales, y sea realmente ejercitable- se constituya en un privilegio al alcance de unos pocos, en vez de un derecho con carácter universal.

 

Por otro lado, si nos atenemos a la manera en que se han venido entendiendo hasta ahora, buena parte de los derechos de conciliación incluidos en la normativa responden, en su configuración, a una visión limitada de aspectos tales como la familia, la formación, la salud, etc.  Así, la familia aparece definida en una concepción patriarcal que sin embargo se ha visto superada por la realidad de los hechos (monoparentalidad, homosexualidad, uniones informales que presentan vínculos afectivos tan intensos como los familiares y que son capaces de generar necesidades de cuidado, etc.). La formación, o la salud, no pueden entenderse como meramente puestas al servicio del proceso productivo. Incluso la participación en asuntos públicos se ciñe a una serie de supuestos relacionados con la actividad política institucionalizada -sufragio, cargos electos, etc.- y deja fuera el cada vez más relevante activismo social en sus diversas manifestaciones. Si a estos ejemplos añadimos el hecho de que otras necesidades de conciliación, las relacionadas con las actividades de cuidado, han encontrado su cauce a través de una serie de medidas indisimuladamente “feminizadas”, tenemos el dibujo perfecto de la configuración social tradicional: varones en el ámbito público –trabajo, formación, recuperación de la salud para seguir trabajando, asunción de responsabilidades políticas-; mujeres,  en el privado –la familia, el cuidado-.

 

Nuestra propuesta pretende romper este orden social tan arraigado como injusto.

 

Con ello no defendemos que cualquier necesidad deba sin más prevalecer sobre la dinámica productiva. Se trataría, como decimos, de aquellas que mediante su conexión real y directa con derechos protegidos constitucionalmente presenten la suficiente relevancia como para considerarlas esenciales en el proceso de compatibilización de los aspectos personales y laborales de la vida. Quiere esto decir que al igual que ocurre con muchos otros derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico, su ejercicio requerirá de técnicas de resolución de conflictos, como la del principio de proporcionalidad, de la aportación de medios probatorios, o de los criterios de prevalencia de los derechos en juego. Defender firmemente la existencia y pertinencia de un derecho no implica defender su uso abusivo.

 

El derecho fundamental a la conciliación de la vida personal y laboral se presenta, así, como la evolución natural de otros, al igual que ha ocurrido con muchos de los derechos humanos, y sería a fin de cuentas la expresión de una demanda social avanzada en torno a la ordenación del tiempo de vida personal y trabajo sobre unas bases razonables que permitan el desarrollo de ambos aspectos en condiciones de verdadera dignidad e igualdad.  Hoy día sólo se puede entender la vida como vida de calidad, y el trabajo, como trabajo decente.

 

Su contenido esencial se concretaría en la garantía de la compatibilidad efectiva entre la vida profesional y todas aquellas manifestaciones de la vida personal que presentan relevancia constitucional por su conexión con derechos reconocidos en la norma suprema, en relación con el tiempo de trabajo, y la defensa de la igualdad de mujeres y hombres, prohibiéndose toda discriminación basada en su ejercicio. Este contenido esencial, por otro lado, se manifestaría en los denominados “derechos de conciliación de segunda generación”, caracterizados en su configuración legal por las notas de corresponsabilidad, intransferibilidad, presencialidad, y ampliación de su espectro a la vida personal;  y, fuera del ámbito laboral, en la obligación de los poderes públicos de implementar políticas que favorezcan su efectividad: racionalización de horarios, redes de guarderías, servicios sociales de ayuda a la dependencia y demás servicios públicos encaminados a este fin.

 

En todo caso, su incorporación a la Constitución va más allá de la técnica jurídica para consolidar su pertenencia al sistema de valores y principios que configuran la sociedad en una democracia avanzada.  Al mismo tiempo somos conscientes de que ello de por sí no supondría la solución a todos los problemas y que constituiría más bien un punto de partida que de llegada. Un punto de partida, sin embargo, inaplazable, y que tendría un efecto inmediato sobre la vida diaria de la ciudadanía. Pensemos en una mañana cualquiera de nuestra realidad cotidiana, en las personas con las que nos cruzamos camino del trabajo, las que acompañan a sus hijos al colegio con la atención puesta en el reloj, las que se desesperan en los atascos de tráfico, las que deben afrontar limitaciones relacionadas con la salud que corren el riego de expulsarlas del sistema, las que deben abordar de manera simultánea mil tareas personales y familiares en el frecuentemente olvidado entorno rural, toda esa “ciudadanía del miedo” que cada vez más se va consolidando como categoría social definida fundamentalmente por la inseguridad, la ausencia de certeza alguna sobre su proyecto vital. Imaginémoslos ahora disponiendo de esa mínima capacidad de ordenación de su tiempo, y de la consciencia de su garantía al máximo nivel que permite nuestro ordenamiento jurídico: el mero planteamiento de la idea nos permite contemplar de un modo muy distinto ese paisaje que hemos descrito. Se trata, a fin de cuentas, de dotarnos de mayor dignidad en el desarrollo de nuestra vida, lo que necesariamente aparece ligado al objetivo último de la felicidad. Un objetivo que, no lo olvidemos, se encuentra en la misma raíz del constitucionalismo.

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