MUJERES y COVID-19 por Gloria Poyatos Matas, Magistrada, especialista de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

22 junio, 2020 hablamos de feminismo

Las mujeres se enfrentan a problemas específicos en la crisis del COVID-19 que requieren aplicar una perspectiva de género y medidas de apoyo diferenciado, y así se viene destacando desde todas las instancias internacionales.

Como bien se señala desde ONU Mujeres: “el coronavirus golpea tres veces a las mujeres, por la salud, por la violencia doméstica y por cuidar a otros”, por ello el 27 de marzo de 2020, se hizo un llamamamiento a los gobiernos y a las instituciones de salud globales para que tengan presentes los efectos sexuales y de género del brote de COVID-19.

El 21 de abril de 2020, el Comité CEDAW emitió una nota con orientaciones a los Estados parte a proteger los derechos de las mujeres y las niñas de la violencia de género y a impulsar el empoderamiento socioeconómico de la mujer frente a la crisis del COVID-19, en consonancia con la Nota orientativa de Naciones Unidas sobre el COVID-19 y los derechos humanos de las mujeres, de 15 de abril de 2020 y  recordando la declaración conjunta  de los diez órganos creados en virtud de los Tratados de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 24 de marzo de 2020, en la que se hace un llamamiento internacional  exigiendo respeto de los derechos humanos en el combate del coronavirus, poniendo de relieve el riesgo desproporcionadamente alto que padecen las mujeres como sostenedoras del trabajo de cuidados.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en marzo 2020, en relación a España y la evolución de su economía tras la pandemia, destacó la necesidad de impulsar políticas promotoras de una mayor igualdad de género: Pese a un progreso significativo en las últimas décadas, la desigualdad de género persiste en una serie de ámbitos, lo que sigue causando una considerable desigualdad en términos de empleo y de salario. Las políticas para impulsar la igualdad de género en el mercado de trabajo deberían centrarse en potenciar el apoyo a la familia y al cuidado infantil y promover la flexibilidad en las condiciones de trabajo”.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ha pronunciado, en un informe publicado en marzo 2020, sobre la necesidad de integrar la perspectiva de género en todas las políticas que adopten los países en la lucha frente a la pandemia, teniendo en cuenta las necesidades de los padres frente a las responsabilidades laborales y del cuidado y destacando que son las mujeres, “las que están en el centro de la lucha frente al COVID-19”.

En la misma línea, la Resolución 1/2020 de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos de 10 de abril de 2020 “Pandemia y derechos Humanos en las Américas”, en la que se recomienda a los Estados incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional en todas las respuestas que den los países para contener la pandemia.

Y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe de 11 de mayo de 2020 titulado “La respuesta frente al Covid-19: fomentar la igualdad de género para un mejor futuro para la mujer” destaca como las mujeres se han visto más afectadas por la crisis sanitaria al trabajar en los sectores más perjudicados económicamente, o en trabajos informales o a tiempo parcial. También se pone de relieve que se han incrementado los problemas que las mujeres afrontan habitualmente (trabajo doméstico, violencia de género, acoso) y se hace un llamamiento a los países para que garanticen el retorno a una normalidad, más justa.

Por tanto, debido a las desigualdades de género preexistentes, las consecuencias multidimensionales del coronavirus han afectado específicamente a las mujeres. Este nuevo desequilibrio de género obliga a nuestros poderes públicos a disponer de mecanismos nacionales reforzados para fomentar el avance de la mujer, con infraestructuras que aseguren la efectividad del cumplimiento de las políticas de género en el abordaje de esta crisis sanitaria. Ello no una opción sino una obligación derivada de los instrumentos internacionales y nuestra normativa interna, que debe llevar a los Estados en todos sus políticas, programas y actuaciones frente al COVID-19 y que resumimos en diez ejes fundamentales:

Primero. Las mujeres deben participar y estar igualmente representadas en los procesos de toma de decisiones en todo lo relativo al abordaje sanitario, social, económico o laboral del COVID-19.

Segundo. Construir un sistema de salud equitativo combatiendo la pandemia mediante programas que tengan en cuenta las diferencias biológicas y de género existentes entre hombres y mujeres.

Tercero. Integrar la perspectiva de género en las políticas de prevención de riesgos laborales y planes de contingencia frente al COVID-19, teniendo en cuenta las diferencias biológicas y de género. Prevenir los riesgos psicosociales emergentes derivados de la crisis de los cuidados, por la concentración y simultaneidad de responsabilidades familiares y laborales, riesgos ergonómicos, los factores hormonales y la violencia de género en el hogar y lugar de trabajo (acoso sexual o por razón de sexo). Los planes de prevención de riesgos deben ser revisados teniéndose en cuenta la nueva realidad laboral con una mirada de género, para garantizar el derecho a la salud laboral de mujeres y hombres.

Cuarto. Promover una economía en la que los cuidados familiares se coloquen en el centro de todas las políticas sociales, económicas y laborales haciendo corresponsables al Estado y las empresas. Los cuidados no son cosa de mujeres sino intereses humanos universales.

Quinto. Promover el uso de las nuevas tecnologías, la digitalización y el teletrabajo, de forma accesible, inclusiva y generalizada y con perspectiva de género. Especialmente, en el sector judicial, facilitándose el acceso de las mujeres a la justicia.

Sexto. Implementar social y laboralmente nuevas prácticas y políticas de prevención, detección, abordaje, atención y protección de las mujeres y niñas/as frente a las violencias de género derivadas del COVID-19 para sostener e impulsar la igualdad de género tras la crisis sanitaria.

Séptimo. Proporcionar apoyos socioeconómicos a las mujeres y adoptar medidas específicas temporales (acciones positivas) para evitar las consecuencias del impacto desproporcionado de género del coronavirus.

Octavo. Tener presente la interseccionalidad en todas las políticas y programas implementados por causa del COVID-19, reforzando las medidas de apoyo dirigidas a colectivos de mujeres marginadas (migrantes, desplazadas, gitanas, mayores, personas con discapacidad, lesbianas, transgénero, reclusas, etc.)

Noveno. Fortalecer la difusión de información y la recopilación de datos precisos y completos desagregados por sexos y edad, en todas las políticas relacionadas con esta crisis para detectar los impactos diferenciados y la elaboración de políticas adecuadas

Décimo. Evitar marginar, reducir o eliminar las dotaciones presupuestarias destinadas a promover la igualdad (real) y combatir la violencia género, especialmente debe darse cumplimiento, ahora más que nunca, a los acuerdos presupuestarios derivados del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017).

 

 

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