La Valedora pide al Defensor del Pueblo la aplicación de la protección a la ciudadanía española en el exterior en el caso del asesinato en Filipinas de Diego Bello.
Santiago de Compostela. 9 de octubre. 2020.
A resultas de la reunión celebrada por la Valedora do Pobo con los padres y otros miembros de la familia de Diego Bello, que tuvo lugar el 8 de octubre en la institución, la valedora se comprometió a colaborar en todas las acciones resultantes de sus funciones.
La Valedoría atiende al informe de la Comisión de DDHH de Filipinas en el sentido de que la muerte de Diego Bello fue una violación de derechos humanos de la que resultó la muerte de una persona. En este sentido, abrió una actuación ante el Defensor del Pueblo para que se aplique la protección de los ciudadanos residentes en el exterior prevista por la legislación española recogida en la Ley 40/2006 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el exterior. Literalmente, el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la República de Filipinas considera “la muerte de Diego no está sancionada por ninguna ley y se podría considerar una ejecución sumaria”. Igualmente confirma que “la carga de demostrar que efectivamente se trató de legítima defensa, recae en la policía y lo mismo debe probarse en un procedimiento independiente”, y, además, afirma que “el reclamo de autodefensa se basa en una base inestable”. Con este motivo, la Valedora inició una actuación ante el Defensor del Pueblo para comunicarle la necesidad de la aplicación de la Ley 40/2006 del Estatuto de la Ciudadanía española en el exterior en lo que atañe a lo que denuncia el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la República de Filipinas, que señala que en el caso existió una violación de los derechos humanos de un ciudadano español, residente en aquel país.
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