La Valedora do Pobo reclama que sea posible la prescripción de sillas de ruedas eléctricas para todas las personas con discapacidad y movilidad reducida y las cuidadoras

01 agosto, 2022 Noticias, Sin categoría

La cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y productos ortoprotésicos establece que las personas con limitaciones funcionales graves del aparato locomotor deben tener “suficiente capacidad visual, mental y de control que les permita el manejo de sillas de ruedas eléctricas y eso no suponga un riesgo añadido para su integridad y la de las otras personas”.

La norma impide la financiación de las sillas de ruedas eléctricas para determinadas personas con discapacidad y las personas cuidadoras, con perjuicios para ambas.

Esta limitación afecta a determinadas personas con discapacidad original y sobrevenida, muchas de ellas con un altísimo grado de discapacidad y por tanto gravemente afectadas, y también a sus cuidadores.

El problema afecta de forma muy relevante a determinadas discapacidades, como la parálisis cerebral o daño cerebral adquirido.

ASPACE, la entidad que tiene por fin la defensa de los derechos de las personas con parálisis cerebral y de sus familias,  aportó la firme reivindicación de que las sillas de ruedas eléctricas se prescriban y financien sin la limitación indicada.

La entidad subraya la intensidad de apoyos en la atención a las personas con parálisis cerebral. Un porcentaje importante de las personas con parálisis cerebral, debido a sus grandes necesidades de apoyo, requieren una gran intensidad de apoyos en su día a día, debido a la pluridiscapacidad, la presencia de otros factores, como las alteraciones de comportamiento, las necesidades de apoyo, como en la movilidad, y al aumento de la esperanza de vida y el  consiguiente envejecimiento.

Esta intensidad de apoyos lleva consigo un nivel de implicación también muy intenso de todas las personas que forman la red de apoyo, tanto la familiar como la institucional.

Así, “la silla de ruedas eléctrica es una herramienta que facilita la vida de la persona con parálisis cerebral permitiendo sus desplazamientos, su autonomía y el acceso a los recursos de la comunidad. Pero también facilita la vida de sus familiares y cuidadores”. En muchos casos estos se van haciendo mayores y no contar con una silla eléctrica hace difícil o imposible que la persona con parálisis cerebral pueda realizar una vida plena y acceder a los recursos.

Las familias que disponen de recursos económicos pueden hacer uso de las sillas, un grave perjuicio a la equidad en los apoyos a la discapacidad que afecta a personas en situación de vulnerabilidad.

La medida afecta a las personas cuidadoras en la medida en que no permite “cuidar a quién cuida” de forma adecuada. Al respecto Cruz Roja señala adecuadamente que “las personas cuidadoras no profesionales de personas dependientes son importantísimas y cumplen una función fundamental”, y que “el cuidado de las personas mayores dependientes se conjuga en femenino, en singular y en privado”.

Efectivamente, un factor fundamental comprobado en muchas ocasiones por la Valedora do Pobo es la feminización de las tareas de cuidado de las personas dependientes, lo que hace preciso introducir la perspectiva de género en el tratamiento del asunto.

La norma  que tratamos es aparentemente neutra, pero sin embargo tiene consecuencia discriminatorias, y no solo en el orden económico. También constituye una discriminación indirecta, de acuerdo con el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad.

El único criterio que podría justificar la norma sería la garantía de la seguridad ambulatoria. Sin embargo, la posibilidad general de manejo en el caso de adquisición privada, el manejo de las sillas por terceros en los casos de menores, o incluso las ayudas públicas para su adquisición, hacen ver que esa no es la verdadera razón de la medida, sino más bien la consideración de que el sistema sanitario no debe ser el que financie el acceso a esas sillas.

Además, concurre el impacto adverso respecto de las mujeres cuidadoras, que son la gran mayoría de las personas que desempeñan las labores de cuidados de las personas con discapacidad y/o dependencia.

Por lo expuesto la Valedora do Pobo formuló una recomendación a la Consellería de Sanidad para que se defina su posición en los órganos de coordinación interterritorial en lo relativo al objeto de la queja; que se evalúen los argumentos puestos de relieve para definir esa posición, de tal forma que la consellería promueva que la prescripción de las sillas de ruedas eléctricas se dé también en el caso de manejo precisado por personas cuidadoras; y que en la promoción de ese criterio se tenga en cuenta que lo recogido en la actual norma puede ser causa de discriminación económica o social y por razón de género.

Al tiempo, y dado que el asunto se refiere la Administración General del Estado, solicitamos la colaboración del Defensor del Pueblo y de la Delegación del Gobierno en Galicia para que evalúen los argumentos firmados y actúen como consideren en el ámbitos de sus funciones.

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