Santiago de Compostela, 20 de octubre de 2016. La valedora do pobo, Milagros Otero Parga, remitió una carta a la defensora del pueblo, Soledad Becerril, como respuesta a la demanda de ayuda que le hicieron llegar pensionistas gallegos retornados de Venezuela afectados por el retraso de más de diez meses en el pago de sus pensiones.
Los afectados demandan apoyo de la valedora, después de llevar su caso ante el Defensor del Pueblo, órgano con competencias en la supervisión de los entes públicos estatales. Otero dirige una comunicación a su homóloga en Madrid para solicitar colaboración «para conocer el curso de las quejas» que recibió y para rogarle que sean tramitadas con la mayor celeridad posible, dado su interés social.
Aunque los pensionistas gallegos retornados de Venezuela no dirigieron una queja formal a la valedora, sí que le hicieron llegar, sobre todo por medio de las redes sociales, numerosos mensajes en demanda de amparo. Se trata de personas que desarrollaron toda o parte de su vida laboral en el país sudamericano y llevan diez meses sin recibir el abono de sus pensiones. Muchos de ellos alertan de que, de mantenerse los retrasos, podrían empezar a sufrir efectos muy graves al no poder asumir el pago de viviendas o de los servicios básicos de suministro.
Los gallegos afectados ya dirigieron escritos a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, ambos en funciones, para que se interesen por su situación. Solicitan que desde España se inste al Gobierno de Venezuela a cumplir con lo preceptuado en materia de pensiones en un convenio firmado entre los dos países en 1988.
La valedora carece de competencias en la supervisión de actos de la administración estatal. Su sentir la lleva a estar muy cerca del colectivo de ciudadanos gallegos perjudicados por estas circunstancias, por lo que permanecerá vigilante y en comunicación permanente con la titular del Defensor del Pueblo para interesarse por ellos.
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