La Valedora do Pobo inició diferentes actuaciones después de la entrevista mantenida con la familia de Diego Bello, que trasladó diferentes peticiones en relación con su muerte violenta en Filipinas, en especial que se esclarezca el sucedido y se juzguen las responsabilidades que correspondan.
Un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas ( CDHF) concluye que “la muerte de Diego… podría considerarse una ejecución sumaria” y que “existen dudas sobre el cumplimiento por parte del equipo… de las directrices operativas”, por lo que “el alegato de autodefensa tiene en una base inestable”.
La Valedora solicitó la colaboración de la Delegación del Gobierno en Galicia para que se había trasladado el informe de la CDHF cómo denuncia del acontecido. La Delegación respondió que la Embajada y el Consulado General trasladaron el informe a la familia, que “se elevó” a la Oficina Nacional de investigación Filipina y al Defensor de él Pueblo Filipino, y que desde entonces “vienen haciendo multitud de gestiones para interesarse por la tramitación del caso en estos organismos y conocer de primera mano como avanza la investigación en ellos”.
Por otra parte, la web del M. AA.EE. mencionaba el caso de forma que no parecía adecuada. El ministerio respondió que ya había procedido a adaptar el contenido.
Con la finalidad de esclarecer unos hechos que podrían vulnerar el derecho fundamental más básico y, así, dar mínima satisfacción a la familia y acercados de quien bien parece víctima, nos dirigimos al Defensor del Pueblo y al Ombudsman (Defensor del Pueblo) de la República de las Filipinas, que, según la información proporcionada, es una de las instituciones del país a las que se elevó el informe de la CDHF sobre la muerte violenta de Diego.
Santiago de Compostela, 29 de diciembre de 2020.
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