La valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, participa en la JORNADA TRANSPARENCIA Y GOBIERNO LOCAL, celebrada en la Diputación de Pontevedra, presentando el ANUARIO TRANSPARENCIA LOCAL 2020.

22 noviembre, 2021 actualidad, actualidade, Noticias

Intervención completa de la  Valedora:

Buenos días a todos y todas:

Quiero comenzar mi intervención en esta presentación del Anuario de Transparencia Local 2020, agradeciendo la invitación de la Fundación Democracia y Gobierno Local representada aquí por su director D. Ramón Camp Batalla, y al trabajo que la fundación realiza y en la que se compilan las resoluciones más relevantes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de los órganos de Garantía autonómicos, entre los que se encuentra la Comisión de Transparencia de Galicia.

Este anuario, los que le precedieron y los que le seguirán, son instrumentos que contribuyen a una mejor formación y una mayor difusión en materia de transparencia y acceso a la información pública, y al cumplimiento de los objetivos acordados en el protocolo firmado entre los órganos de garantía y la Fundación Democracia y Gobierno Local en el mes de abril de 2018, para entre otros, promover e impulsar, en especial entre los destinatarios de sus actividades, el conocimiento y la interpretación de las obligaciones que les incumben a raíz de la legislación de transparencia.

La transparencia de las administraciones públicas y de los demás sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de nuestra Ley básica estatal y de las normas autonómicas, y el cumplimiento de las obligaciones que en las mismas se establecen, debe ser una forma de actuar, debe integrarse plenamente en la cultura de las organizaciones públicas y de su personal de forma transversal, en todos los procedimientos y ser un principio que rija todas sus relaciones con la ciudadanía.

Lo público pertenece a los ciudadanos y por tanto debemos enseñarlo sin complejos, dando así a la ciudadanía los instrumentos necesarios para que pueda participar en los asuntos públicos, en la organización y en el rumbo que se le dé a la sociedad..

La Comisión de Transparencia de Galicia, que comenzó su actividad en el mes de mayo de 2016, como órgano independiente de control de la transparencia, tiene como misión dar respuesta a los ciudadanos que se consideran desatendidos en su legítima petición de información pública, a través de la resolución de sus reclamaciones, que constituyen procedimientos administrativos, sometido por tanto a control jurisdiccional.

A día de hoy, la Comisión ha resuelto casi 800 reclamaciones, que han posibilitado  en muchos casos, el acceso a la información que se les había denegado por silencio administrativo, o el acceso a una información que inicialmente se les había denegado, y que la Comisión, en base a la normativa, jurisprudencia y doctrina en la materia, consideró que tenían derecho a ella. Creo que la actividad de la Comisión en este período, ha suscitado confianza en la ciudadanía.

En referencia a la actividad de la Comisión durante el año 2020, se presentaron 143 reclamaciones ante la Comisión de Transparencia de Galicia, de las cuales, tal y como figura en el Anuario de Transparencia Local, 27 (que representan el 18.8 %) fueron contra resoluciones o falta de contestación a solicitudes de acceso a la información de entidades locales, y de las que se la Comisión estimó 20 de ellas (que representa el 74 % de las resueltas).

Es de destacar que el motivo de las mismas, en un porcentaje importante (85 %) fueron reclamaciones por falta de contestación por parte de la entidad local a la solicitud de acceso a la información presentada por los ciudadanos y únicamente el 15 %, por disconformidad con la resolución expresa dictada.

En las resoluciones de la Comisión por las que se resuelven las reclamaciones, se destacan los siguientes aspectos de las actuaciones de las Administraciones locales en materia de acceso a la información:

  • Importancia de que por parte de las entidades locales se resuelva expresamente las solicitudes de acceso a la información, ya que un número importante de las reclamaciones son por falta de resolución expresa e importancia de que se resuelvan en plazo (1 mes de acuerdo con la normativa).
  • Necesidad de que, a las personas solicitantes, se les oriente y asesore en sus solicitudes de acceso a la información, no denegando el acceso a la información cuando el solicitante no identifique correctamente un acto que el ayuntamiento podría perfectamente identificar. (Se produjo en un supuesto en el que el solicitante cometió un error al referirse a una sesión de un Pleno del Ayuntamiento, cuando debería haberse referido la una reunión de la Junta de Gobierno Local, error que debió ser corregido por el Ayuntamiento).
  • Si la información o documentación solicitada no existe, bien porque no se elaboró (aunque fuera obligatorio hacerlo por la normativa que le sea de aplicación) o bien simplemente porque no es necesario o no es posible elaborarla porque no se dan las circunstancias para hacerlo, debe informarse claramente esta circunstancia al solicitante.
  • Importancia del trámite de audiencia en aquellos casos en los que el acceso a la información puede afectar a derechos o intereses de terceros que estén identificados en la información solicitada, al ser el trámite de audiencia un trámite esencial que, de no realizarse, puede perjudicar a intereses superiores concurrentes.
  • Obligación de que en aquellos casos en los que la información solicitada este en proceso de elaboración, de proporcionársela al solicitante una vez finalizado el proceso, con independencia de que se hubiera inadmitido la solicitud por este motivo.
  • Tramitación de las solicitudes de acceso a la información de acuerdo con lo que establezca su normativa específica para aquellas materias en las que tengan previsto un régimen específico de acceso, como en el caso de los ediles que solicitan información al amparo de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y los artículos 14 y siguientes del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, en los que ejercen un derecho fundamental en el ejercicio de una función representativa establecida en el artículo 23 de la Constitución Española.
  • Necesidad de que por parte de las entidades locales no se tramiten como solicitudes de acceso a la información, solicitudes que corresponden a otros procedimientos, como solicitudes de emisión de certificados, de emisión de informes ad hoc o de obtención de licencias o autorizaciones.
  • Aplicación de los límites de forma restrictiva, motivada y justificada, procediendo únicamente la limitación de acceso a la información, en los casos en los que su concesión suponga un perjuicio claro, concreto y superior al interés de su acceso. La Administración que deniega el acceso o que concede un acceso parcial, debe demostrar, y no simplemente alegar, que el acceso a la información solicitada supone un perjuicio para un bien jurídico superior, ponderando los intereses en juego, el interés público en el acceso y el interés concreto que se protege con el límite y aplicado al supuesto concreto.
  • Irrelevancia de que el solicitante de información pública tenga o no relación con la administración local requerida, con la materia de la que solicita información, o su lugar de residencia. El derecho de acceso a la información pública no viene determinado por el hecho de un interés concreto o específico del solicitante, ni está condicionada a la acreditación de su condición de interesado, debiendo cualquier solicitud cuya materia no esté excluida o limitada en su acceso por la normativa vigente, ser resuelta no sentido de conceder el acceso a la información, porque la transparencia implanta en el ordenamiento jurídico el derecho de la ciudadanía a solicitar de sus gobernantes, de sus Administraciones y de cualquier entidad que maneje fondos públicos, cualquier información pública que juzgue oportuna.
  • Consideración de los tribunales de selección de empleados públicos, como órganos administrativos de carácter técnico al servicio de la Administración, por lo que la información que se encuentre en su poder (criterios de corrección empleados en las pruebas selectivas, enunciados de preguntas, plantillas de respuestas, contenidos mínimos que deben incluir la resolución de un supuesto práctico, etc ) es información pública, ya que son documentos que tienen relevancia o interés público, por cuanto juegan un papel crucial para garantizar la objetividad del tribunal, y de su aplicación va a depender algo de tanta relevancia para lo interese público como es la selección de las personas candidatas a un empleo público. El carácter técnico de estos órganos no debilita su naturaleza administrativa, ni los excluye de formar parte de la Administración pública. La referencia legal a su funcionamiento según criterios de discrecionalidad técnica, refuerza la necesidad de someter su actividad y sus decisiones al escrutinio público, pues para el necesario control de esta discrecionalidad y para acreditar su ejercicio objetivo y ponderado, resultan singularmente exigibles a existencia y el acceso a la información que manejan estos órganos para la toma de sus decisiones.

El tribunal de selección como órgano administrativo de carácter técnico está  sometido en su funcionamiento a la normativa de los órganos colegiados, debiendo garantizarse su independencia y discrecionalidad técnica, calidades que implican su capacidad de tomar decisiones libres de mandatos jerárquicos, basadas nos sus conocimientos y competencias técnicas, que deben aplicar según criterios discrecionales, y son precisamente estos elementos los que refuerzan la necesidad de someter su actividad y sus decisiones al escrutinio público, pues para el necesario control de esta discrecionalidad y para acreditar su ejercicio objetivo y ponderado, es imprescindible a existencia y el acceso a la información que usan estos órganos para tomar sus decisiones, y más se sirve para objetivarlas. El acceso a este tipo de información es obligado en coherencia con los principios de publicidad, transparencia y objetividad, entre otros, que establece la legislación vigente para regir los procesos de selección para el empleo público.

  • La necesidad de identificar en los casos en los que se solicita, al personal funcionario que participo en un determinado expediente. Al tratarse de datos meramente identificativos del personal al servicio de una Administración, están sometidos al régimen general de acceso, por lo que, por regla general, debe concederse el acceso a la información dado que la normativa de protección de datos personales no lo impide, y sin que sea necesario el consentimiento de la persona afectada.

Únicamente pueden existir casos excepcionales en los que deba prevalecer la protección de los datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos en atención a circunstancias personales y extraordinarias, como pueden ser, entre otros, supuestos en los que deba evitarse la divulgación de su identidad y lugar de trabajo atendiendo a la especial vulnerabilidad de la persona, o si su vida o su integridad están amenazadas por cualquiera motivo. En estos casos es necesario abrir previamente trámite de audiencia a la persona de la que se solicitan los datos para que pueda realizar los alegatos oportunos, justificando, de ser el caso, los motivos por los que se opone al acceso. Únicamente en estos casos excepcionales, una vez alegados y justificados por la persona afectada y ponderados por la Administración, el acceso a los datos identificativos del personal público puede ser restringido o limitado.

En estos aspectos, y aquellos que nos los que nos pueda ir demandando la ciudadanía, son en los que debemos seguir trabajando para conseguir el mayor grado de trasparencia posible desde las entidades que conforman la Administración Local y  desde los organismos de control en materia de transparencia, trabajo que redundará en una mayor participación de la sociedad en los asuntos públicos y en una sociedad más democrática.

Gracias Ramón por el trabajo realizado por el equipo de la Fundación, para el que siempre tendrás la colaboración de la Comisión de Transparencia de Galicia.

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