La valedora do pobo colabora con la Fiscalía que estudia acciones civiles sobre los habituales atascos de la AP-9

26 julio, 2018 Institución, Noticias, Seguridad vial
Santiago de Compostela, 26 de julio de 2018. La institución del Valedor do Pobo concluyó su queja de oficio abierta la pasada primavera tras reproducirse los atascos en la AP-9 en el tramo entre Pontevedra y Vigo con motivo de las obras realizadas en esta vía. Una vez más la institución insiste en su criterio de que el servicio en una autopista de pago tiene que ser óptimo de forma permanente. A petición de la Fiscalía Provincial de Pontevedra, que estudia emprender acciones civiles por los perjuicios ocasionados a los usuarios, remitió las dos actuaciones de oficio abiertas en 2017 y 2018 respectivamente.
El contenido de las dos quejas de oficio tramitadas por la valedoría en los años 2017 y 2018 por los reiterados atascos que los usuarios de la AP-9 padecen, teniendo que abonar igualmente los importes de los peajes, fue remitido a la Fiscalía Provincial de Pontevedra, que así lo requirió para estudiar acciones civiles por los perjuicios ocasionados. La institución del Valedor do Pobo puso a disposición del órgano judicial también el análisis que sobre este problema se realizó en el Informe Anual 2017 del Valedor do Pobo al Parlamento.
La valedora do pobo informó a este órgano judicial de que, aparte de las actuaciones de oficio, tramitó quejas individuales en estos dos años por el mismo asunto e informa de que los perjudicados podrían dirigirse a la fiscalía.
La institución alertó a la Fiscalía de la relevancia del asunto en cuanto al cometido institucional del propio Valedor do Pobo “puesto que se trata de problemas que se ocasionan de forma continuada y no recibieron una respuesta adecuada por la concesionaria y por la administración competente”.
En 2017 la institución del Valedor do Pobo ya actuó ante las repercusiones de las retenciones que los usuarios de la autopista venían sufriendo.
La valedoría volvió a actuar la pasada primavera ya que el problema de atascos en ese tramo de autopista se reprodujo de nuevo, motivado por la ejecución de obras, ocasionando la correspondiente pérdida de tiempo a los usuarios sin que la concesionaria les eximiera del pago de los peajes ante los perjuicios ocasionados. Igual que ocurrió en 2017, los responsables de la autopista no abrieron las barreras como una consecuencia lógica de reacción ante la imposibilidad de mantener un servicio adecuado en una carretera de pago.
La institución se dirigió de nuevo a Audasa que no contestó. En la investigación previa no había aceptado la liberación de los peajes ante las colas que se repetían año tras año.
También se solicitó informe de la Delegación del Gobierno. A pesar del criterio de la Delegación del Gobierno, que consideró que “el contrato de concesión no contempla en ningún caso a supresión o rebaja del dicho peaje, y en particular durante la ejecución de obras” desde la institución del Valedor do Pobo se considera que el servicio en una autopista de pago tiene que ser óptimo de forma permanente y, en caso contrario, pierde sentido utilizarla como alternativa más rápida y segura que la vía convencional.
Si bien existe el criterio de que la ciudadanía, con carácter general, debe sufrir las consecuencias de las obras de mejora en todas las infraestructuras públicas, éste no debe ser aplicado con el mismo grado a las autopistas de peaje. El desarrollo de obras perjudiciales para el servicio debería ir acompañado de medidas compensatorias a los usuarios que ven aumentar los tiempos en sus desplazamientos. La valedora defiende que cuando los tiempos del viaje aumentan de forma significativa respeto de los ordinarios, la consecuencia lógica debería ser no abonar el peaje.

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