La impunidad como práctica discriminatoria por Rubén Chaia Juez de la Cámara penal de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Uruguay

30 noviembre, 2021 hablamos de feminismo

El artículo 3º de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, señala que “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”. En la práctica esta disposición advierte que la indiferencia estatal ante la violencia que padecen las mujeres es discriminatoria, de ahí que no sea suficiente con señalar y actuar sobre los padecimientos de la mujer víctima, debemos intentar evitar que las mujeres sean víctimas lo que exige acciones positivas que involucren a todos los sectores de la sociedad sin creer en soluciones mágicas o excluyentes que reposen por ejemplo en el sistema judicial por dos cuestiones básicas: a) el proceso penal tiene la virtualidad de convertir a las víctimas en víctimas del proceso y b) el derecho penal es fragmentario, se aplica ex post, es importante favorecer condiciones que permitan el desarrollo a una vida sin violencia.

 

Esta idea implica la ejecución de políticas activas que favorezcan la deconstrucción del modelo de sociedad patriarcal y fomenten la construcción de una sociedad que funde sus relaciones en la igualdad y la dignidad de las personas lo que requiere de base, la eliminación de todo tipo de violencia. Con ello, es claro que si bien es importante trabajar sobre la violencia consumada deberíamos redirigir y concentrar nuestros esfuerzos un paso antes: en la prevención de la violencia. Esta visión refuerza la necesidad de actuar en prevención e inclusión con el fin de desterrar los patrones culturales y sociales machistas arraigados desde la más temprana historia de la humanidad. Tenemos que reforzar los derechos de “todas las mujeres” para evitar, en algún punto, tener que trabajar sobre los “derechos de las mujeres víctimas de violencia”. Así, empoderar a las mujeres -y a todos los grupos vulnerables- podría convertirse en la mejor herramienta de prevención contra la violencia.

 

Desde esta óptica es claro que cuando el sistema penal procesa un caso de violencia contra la mujer, la sociedad ha fracasado en su intento de prevención, en su lucha de no discriminación. Sería realmente bueno evitar que los casos lleguen al sistema penal. Es evidente entonces que librarnos del flagelo de la violencia significa trabajar mucho más que en disminuir los casos penales o sancionar los culpables.

 

Ahora bien, una vez que el delito se ha cometido, debemos reconocer que todo el esfuerzo preventivo ha fracasado y concentrarnos en la investigación y sanción de quien resulte responsable luego del tránsito de un proceso justo. En este punto y como en todo delito, el estado monopoliza el ejercicio legal de la violencia con debida diligencia en la investigación y sanción sin embargo, en casos de violencia contra la mujer se suma la decisión política de intentar erradicar los obstáculos que impiden el desarrollo de una vida en libertad de las mujeres lo que impone un esfuerzo adicional con miras en un objetivo estratégico: eliminar la impunidad.

 

La impunidad actúa como factor negativo en la eliminación de la violencia, tiene efectos adversos, propagadores. Cuando el Estado fracasa en su labor de responsabilizar a los autores de actos de violencia, la sociedad está tolerando expresa o tácitamente la violencia contra las mujeres y con ello, la impunidad no sólo alienta nuevas agresiones sino que también, transmite un mensaje de que la violencia masculina contra la mujer es natural, aceptable, normal. Vemos entonces que existe una estrecha vinculación entre la discriminación, violencia y debida diligencia.

 

Esta perspectiva es acuñada por organismos internacionales al señalar que la falla del Estado de actuar con debida diligencia para proteger a las mujeres de la violencia constituye una forma de discriminación, y una negación de su derecho a la igual protección de la ley. Estos principios también han sido aplicados para responsabilizar a los Estados por fallas en la protección de las mujeres respecto de actos de violencia doméstica cometidos por particulares. Así, se ha reconocido internacionalmente que la violencia doméstica es una violación de los derechos humanos y una las formas más persistentes de discriminación, que afecta a mujeres de todas las edades, etnias, razas y clases sociales.

 

Es decir, existe un doble objetivo al asumir la obligación de investigar y sancionar los hechos: por un lado, se impone un castigo a quien ha quebrantado la ley vigente lesionando los derechos humanos de la víctima por otro, se hace saber al resto de los integrantes de la sociedad que esas conductas no serán toleradas. Es un mensaje de dos vías: “eso que haces no está permitido”, “eso que hizo el autor, no lo repitas porque serás castigado”. En otras palabras, el trabajo judicial responsable ante un hecho de estas características es asumido como “garantía de no repetición”.

 

Así, si bien históricamente la evaluación de la debida diligencia estatal se centraba en la respuesta a los actos de violencia que ya han ocurrido, utilizando métricas como la reforma legislativa, el acceso a la justicia y la provisión de servicios a las víctimas, en el tema de violencia contra la mujer, de acuerdo con los criterios trazados desde la Comunidad Internacional, se requiere que los Estados: 1) prevengan la violencia contra las mujeres, 2) protejan mujeres frente a la violencia, 3) sancionen a quienes cometan actos de violencia, y 4) reparen a las víctimas de violencia. Este marco obliga a los Estados a transformar los valores sociales y las instituciones que sostienen la desigualdad de género y, al mismo tiempo, responder eficazmente a la violencia contra la mujer cuando ocurre.

 

Para no convertir a la víctima de violencia en víctima del proceso, se exige que los organismos del Estado desarrollen una labor: 1) con apego al principio de celeridad, 2) poniendo especial atención en las condiciones particulares de la víctima, el daño sufrido por el delito y la gravedad, y demás circunstancias del caso y su contexto, 3) adoptando las medidas del caso tendientes a minimizar los efectos del proceso. La celeridad del proceso y el trato digno dispensado a la víctima son de vital importancia para impedir su revictimización.

 

Es claro entonces que la víctima ha dejado de ser un “objeto” de preocupación atendiendo a la seguridad que se le debía brindar con el propósito que puedan declarar en juicio -esto es: víctima insumo- para  tener una consideración mucho más intensa y calificada lo que ha dado nacimiento a una interpretación expansiva de la protección judicial llegando al pleno reconocimiento de su dignidad, situación que trasunta en un mayor respeto dentro y fuera del proceso penal -incluyendo a todos los organismos que tomen contacto con víctimas- lo que ha derivado en el reconocimiento de los siguientes derechos: a) a obtener un trato digno durante todo el proceso, b) a ser oída, c) a respetar sus tiempos de recuperación, d) a ser informado, e) a ser consultada, en algunos casos a obtener su consentimiento y en otros a ser informada, f) a ofrecer elementos de prueba y convicción a través de los medios pertinentes, g) a obtener seguridad y protección, h) a que se reserve su identidad en algunas fases del proceso, i) a recurrir decisiones adversas, j) a una investigación responsable, seria, adecuada, k) a una resolución oportuna del caso.

 

En los casos de una investigación penal por violencia sexual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado que aún cuando la víctima sea mayor de edad, es necesario que: a) la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza, b) la declaración de la víctima se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición, c) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la agresión, d) se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada, por alguien de su confianza si así lo desea, e) se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia, f) se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso, g) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la agresión.

 

Como vemos, más allá de la específica redefinición del concepto y los alcances que se les da a las “víctimas”, atendiendo a su condición de vulnerables, tal como lo he dicho antes, la noción de “víctima-insumo” o “víctima-objeto” se ha visto trastocada en función de una concepción más amplia, con mayor densidad en su contenido como también, de una concepción distinta del papel que juega dentro del proceso penal, especialmente bajo las nociones de “tutela judicial efectiva” y “proceso equitativo”, lo que ha llevado también a rever y reconfigurar el concepto de debido proceso.

 

Ante este nuevo paradigma podemos hablar de víctimas del delito y víctimas del proceso. A partir de un nuevo enfoque y sobre todo del nuevo trato que se le debe dispensar a las víctimas, las llamadas víctimas  del proceso debieran ser cada vez menos, a punto tal de convertirlas en víctimas satisfechas de la atención y respuesta dada por el sistema penal, teniendo en cuenta que el deber asumido por el Estado argentino no se agota en prevenir, investigar y sancionar los hechos de violencia contra la mujer sino que también se ha obligado a garantizar la protección de sus derechos y el acceso a herramientas judiciales en el ámbito del proceso penal.

 

En fin, vemos que la irrupción de la víctima ha potenciado la tensión estructural que existe en la sociedad y por otro lado, nos ha obligado a recalcular el modo en que procesamos los conflictos con el objeto de evitar la impunidad y además, buscar la manera de disminuirlos trabajando en el acceso equitativo a los derechos humanos y no solo en la prevención desde un enfoque policíaco.

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