EL STEALTHING O EL SIGILOSO PELIGRO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL por María Belén Rubido de la Torre, Magistrada del Juzgado de lo Penal 4 de Pontevedra, especializado en violencia sobre la mujer y en violencia doméstica.  

23 noviembre, 2021 hablamos de feminismo

Maxine Doogan. Ella era una prostituta en Alaska que se quedó embarazada hace treinta años porque un cliente, sin su consentimiento, se había quitado el preservativo sigilosamente durante el acto sexual que sí fue consensuado. Treinta años después de este hecho, tras muchos años de lucha, en el año 2021, se ha promulgado en California la primera ley que acoge esta práctica conocida como “stealthing” como delito de agresión sexual, siendo pues el primer Estado en el que se acoge específicamente esta práctica no sólo ilegal, sino con el más severo castigo dentro de los delitos sexuales castigados por el Derecho Penal.

Esta práctica se puede definir (así lo hace la primera sentencia en España que recoge la primera condena por este tipo de comportamientos) “acto sexual en la que un hombre se quita el preservativo de forma no consensuada, sin que su pareja sexual se dé cuenta durante la relación sexual”, pues esa palabra anglosajona significa “con sigilo” o “sigilosamente” pero que realmente no es sino una forma subrepticia de vulnerar la libre prestación del consentimiento de la mujer, pero también del hombre-víctima de este tipo de comportamientos atentatorios contra la libertad sexual.

La primera sentencia en España que acoge literalmente esta práctica para castigarla es la Sentencia de un Juzgado de Instrucción nº 2 de Salamanca de 15 de abril de 2019, que al ser de “conformidad” no se sometió a debate por el encausado que reconoció los hechos: había realizado el acto sexual sin preservativo con una mujer que sólo había consentido el acto sexual con las debidas garantías (uso del condón) para evitar embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Sabiéndolo, el autor se quita el condón para mantener relaciones sexuales con ella.

Como había reconocimiento de hechos, tampoco se cuestiona la calificación jurídica de esta conducta. La Fiscalía solicita la condena por el tipo básico del apartado 1 del artículo 181 del Código Penal en cuanto que este artículo sanciona que «el que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual, con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses«, porque no se había consentido por la mujer toda la extensión del acto sexual, y finalmente se le condena a una pena de doce meses de multa con una cuota diaria de seis euros día, lo que si bien es cierto es una condena por delito sexual menos grave, deja cierta sensación de impunidad a este tipo de conductas tan altamente peligrosas y vejatorias para quien las sufre.

Pero tras una sentencia de la Audiencia de Barcelona, que absuelve por falta de pruebas de la conducta, el otro (y único por el momento) precedente en nuestra Jurisprudencia es una sentencia muchísimo más contundente para el castigo de este tipo de prácticas: la sentencia de la Audiencia de Sevilla de 29 de octubre de 2020.

En esta nueva sentencia se considera que este tipo de conductas se le condena al autor (varón) frente a la víctima (mujer) por la comisión de dos delitos:

  1. Por un delito de abuso sexual con acceso carnal imponiéndole además de la pena de cuatro años de prisión la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros a la víctima o comunicar

 

con ella por cualquier medio por tiempo de seis años, y lo que no es menos importante, que el autor deberá cumplir la medida de libertad vigilada por un tiempo de cinco años una vez extinguidas las penas de prisión impuestas, lo que supone extender el control de este delincuente sexual.

  1. Pero también como autor de un delito de lesiones a las penas de seis meses de prisión, y prohibición de aproximarse a menos de 500 metros a la víctima o comunicar con ella por cualquier medio por tiempo de dos años.

Lo que supone un “salto de calidad” en la gravedad de las penas, siendo ostensiblemente superiores frente a la condena anterior, imponiéndole al autor, además, por vía de responsabilidad civil, indemnizar a la víctima en la cantidad de trece mil euros.

Las lesiones derivaban de que el autor de la conducta, pese a conocer que padecía una enfermedad de transmisión sexual mantiene relaciones sexuales sin preservativo, contagiándosela a su pareja sexual, por lo que además del abuso sexual, le causa un daño en su integridad física.

La conducta del abuso (en el que hubo “engaño” en sus condiciones, pero no intimidación ni violencia según la sentencia) se consuma porque pese a que habían convenido ambos previamente que si practicaban sexo sería con el uso de un condón que la víctima le había proporcionado, el varón simula ponérselo y cuando ella sospecha que pudiera no tenerlo le dice que no prosiga y él sin embargo sigue adelante sabiendo que la negativa expresa de la víctima que ya no puede impedir que el acto sexual se consume en contra de su voluntad.

La sentencia de Salamanca consideraba que el abuso era sin acceso carnal (por tanto, mucho más privilegiado en su punición) porque la víctima habría consentido el acto sexual y el hecho de que el hombre, sigilosamente, lo practicara sin preservativo era un acto de abuso sexual en una de las condiciones de éste, pero no en el acto sexual en sí, que era consentido.

La sentencia de Sevilla discrepa de este criterio: considera que existe un vicio total en el consentimiento de la víctima, de tal calado que convierte al acto sexual (con acceso carnal consumado) en inconsentido.

Cita Jurisprudencia consolidada sobre el consentimiento sexual en el que «la persona afectada, con independencia del modo que vive su sexualidad, conserva la autonomía de su voluntad en orden a disponer libremente de su cuerpo y de la sexualidad que le es propia» y que «a pesar de que haya existido un acuerdo previo para mantener relaciones sexuales, es indudable que la víctima mantiene el derecho a poner límites a sus prestaciones (o a negarlas, en atención al comportamiento de la otra parte) dado que –resulta redundante decirlo– en el acuerdo no enajena su condición de persona y, por ello, el autor no puede tratarla como un objeto”.

En el Ante-Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual se da otro paso adelante poniendo el foco en la importancia del consentimiento. Este texto ha recibido recientemente por el Congreso la “luz verde”, concretamente, el 14 de octubre de 2021, avanzando en esta nueva concepción del consentimiento sexual en nuestro país, siguiendo la interpretación que da el Convenio de Estambul, en vigor en España desde el día uno de agosto del año 2014.

 

Este Convenio en su artículo 36 al definir la “violencia sexual contra las mujeres, incluida la violación” y decir, además, que deben ser tipificadas como delito todos los “actos de carácter sexual no consentidos sobre otra persona” sean del tipo que sean, dice que el consentimiento sexual debe prestarse “voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes”.

El delito de agresión sexual (no abuso) ya no se reserva, por lo tanto, a los casos que concurren violencia o intimidación sino también para los actos sexuales en los que exista “falta de consentimiento”, dejando claro que la gravedad del delito se deriva de esa falta de voluntariedad y no del empleo de determinados medios, siendo cualquiera de ellos suficiente para convertirlo en “agresión”.

Desde esta nueva perspectiva de la Ley, que está pendiente de ser definitivamente aprobada, la práctica sexual del “stealthing” deberá ser considerada (como ya lo es en California) como delito de agresión sexual por cuanto que afecta a la esencia misma del consentimiento con graves daños físicos, morales y emocionales para la víctima que nunca consentiría estas prácticas sexuales de conocer que se harían sin protección con riesgos no sólo de contagio de SIDA o ETS, sino de embarazos no deseados.

Lo cual es de todo punto inadmisible.

Por eso sorprende que se hable con total impunidad en determinados ámbitos de la práctica del “stealthing” de forma generalizada como una forma “normal” de vivir la sexualidad, en la que la mujer no tiene ni voz ni voto en cómo han de ser desarrolladas sus prácticas sexuales frente al varón que sí puede imponer su voluntad.

Quizás no estemos tan lejos de Alaska.

 

 

María Belén Rubido de la Torre, Magistrada del Juzgado Penal 4 de Pontevedra, especializado

en violencia sobre la mujer y violencia doméstica.

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