El escándalo de las ayudas para el cuidado en Holanda: doble discriminación, de nacionalidad y de género por Nuria Reche Tello, Graduada Social, Profesora Derecho Constitucional en la Universidad Miguel Hernández.

18 marzo, 2021 actualidad, actualidade, hablamos de feminismo, Noticias, Sin categoría

 Eva González Pérez, abogada cacereña afincada desde los dos años en Holanda, ha puesto en jaque al gobierno de ese país, presidido por Mark Rutte, que ha tenido que dimitir en bloque el pasado mes de enero.

 

Se trata de un asunto sin precedentes en el que, a grandes rasgos, la agencia tributaria retiró injustificadamente las ayudas concedidas al cuidado de hijos a casi 30.000 familias, la mayoría de origen turco y marroquí, bajo la acusación de fraude fiscal, pidiendo incluso su devolución con carácter retroactivo, e invitando a los interesados a acudir a los tribunales si no estaban conformes.

 

Aunque las ayudas inicialmente se otorgaban a todos los progenitores que reunían los requisitos, los funcionarios de Hacienda revisaban más tarde su concesión, registrando y anotando el país de origen de las familias solicitantes, procediendo a retirarlas por considerar la nacionalidad como un criterio de riesgo, presumiendo que en esos hogares podía darse con más frecuencia un fraude.

 

Eva González, que tuvo conocimiento del problema al dirigir su marido una agencia de niñeras en Eindhoven, empresa que se vio directamente implicada puesto que las familias contrataban sus servicios pagando con las ayudas que recibían del Estado, llevó la defensa de un primer grupo y dio la voz de alarma.

 

Los casos comenzaron a sucederse en 2014. De manera significativa, un año antes, el gobierno holandés, por entonces una coalición de centro-izquierda, “abogó por sustituir el Estado de bienestar considerado del siglo XX, por una sociedad participativa del siglo XXI. Fue una forma digerible de anunciar la reducción del déficit y el ajuste de los costes de los dependientes y enfermos crónicos, así como de la generosa gama de apoyos sociales. De este modo se allanaba el camino para convertir el cuidado de los vulnerables en una obligación moral también para el ciudadano” (El País, 24 de enero de 2021)[1].

 

El relato de una de las afectadas (El País, 24 de enero de 2021) pone de manifiesto cómo la abuela materna, cuidadora profesional, percibía una remuneración por trabajar cuidando de sus nietos. Su hija, Sibel, recibía el subsidio para pagar, bien la guardería, bien a una niñera, en ese caso a su propia madre. Al retirarle el Estado la ayuda, Sibel perdió su empleo para dedicarse al cuidado de sus hijos, y su madre, que era independiente, acabó en el paro y acogida por su hija. Hacienda les requirió 60.000 euros por un periodo de cuatro años acusándolas de fraude.

 

Finamente los tribunales han acabado dando la razón a las personas afectadas. Cada familia recibirá una compensación de 30.000 euros y la condonación de la deuda contraída con las entidades gubernamentales. La agencia de protección de datos determinó que la actuación de la agencia tributaria incurrió en discriminación racial al anotar el origen de los progenitores, vulnerando así las leyes de protección de datos.  Al mismo tiempo el Defensor del Pueblo y el Defensor del Menor publicaron informes críticos en este sentido y las instituciones competentes han tenido que asumir la responsabilidad. Así, en 2018 dimitió el Ministro de Hacienda y en diciembre de 2020 el informe de un Comité Parlamentario calificaba la actuación de la Administración Tributaria como “injusticia sin precedentes” que violaba los principios del Estado de Derecho precipitando la dimisión del Gobierno de Mark Rutte.

 

El escándalo pone al descubierto, no sólo la manifiesta arbitrariedad de la Administración, sino el sesgo institucional por los prejuicios raciales y de género de un país aparentemente moderno y avanzado, considerado según el informe de Unicef de 2020[2] como el que mejor tutela el bienestar de la infancia.

 

La abogada, en la entrevista concedida a la revista Mujer Hoy[3] el 6 de febrero de 2021, relata que se crió en Holanda entre niñeras porque sus padres tenían que trabajar y cuenta que siempre fue un problema para ellos encontrarlas. Este país, al igual que el resto de los considerados como desarrollados, ha encontrado la solución a los problemas de conciliación familiar en las mujeres migrantes que, en las últimas décadas,, se han encargado mayoritariamente de cuidar de sus menores. Además, los roles tradicionales de género se afianzaban desde el colegio, en conexión con la nacionalidad. “En Holanda, cuando tienes 11 años, tienes que hacer un examen que determina a qué tipo de colegio puedes ir. Mis padres no conocían el sistema y yo empecé yendo a la escuela más sencilla de todas, en la que te enseñaban a cocinar y, básicamente, a ser ama de casa. Era la habitual entre los hijos de inmigrantes. Mi padre se dio cuenta al año y me sacó de allí. Mi camino hasta la universidad fue más largo por esa razón”.

 

Aunque la mayoría de los medios de comunicación consultados han puesto el acento en la discriminación racial del caso, lo cierto es que la patente discriminación sexo/género ha pasado desapercibida, ya que tanto las cuidadoras que vieron sus contratos rescindidos por el cese de las ayudas, como las perceptoras de las mismas, además de inmigrantes, eran en su mayoría mujeres.

 

Y es que el debate sobre el cuidado y, sobre todo, sobre quién debe asumirlo, sigue quedando relegado a un segundo plano y residenciado en el ámbito privado.

 

En Holanda, el gran protagonista en materia de conciliación es el empleo a tiempo parcial, principal forma de contratación de las mujeres que trata de integrar una modalidad de trabajo a medida a fin de combinar actividad laboral y familia. Este sistema no cuestiona ni el reparto de tareas ni los roles tradicionales de género, aunque existe una amplia estructura de ayudas fiscales y de seguridad social, destinadas a las familias con hijos a su cargo, y cuyo objetivo general es garantizar que los costes ocasionados por la crianza no resulten una carga desmedida para las unidades familiares. Aunque el Estado compensa económicamente las tareas del cuidado de los menores, lo deriva hacia la unidad familiar, por lo que se afianza la división sexual del trabajo, ya que son las mujeres las que optan habitualmente, bien por trabajar a tiempo parcial, bien por recibir una contraprestación económica que compense su retirada del mercado de trabajo. Ello, a su vez, segrega a las trabajadoras en función de sus características sociodemográficas y perpetúa los estereotipos de género.

 

Por lo que respecta al cuidado de las personas mayores dependientes o con discapacidad en los últimos 25 años, la “atención informal”, ha ido adquiriendo relevancia. Ésta consiste en el ofrecimiento de ayuda desinteresada y gratuita a una persona enferma, discapacitada o frágil por alguien de su entorno inmediato.

 

En 2020 el Instituto Holandés para la Investigación Social ha hecho publico el informe “Cuidadores informales holandeses en foco”[4], donde se evidencian algunos aspectos críticos en la atención informal en Holanda: la presión sobre los cuidadores informales por el aumento de personas dependientes; el incremento de obligación y responsabilidad  de prestar atención informal entre los 45 y los 64 años por una mayor probabilidad de conocer a alguien que necesita ayuda frente a los más jóvenes; una serie de señales de sobrecarga en las personas cuidadoras informales; o la dificultad de estas personas de encontrar apoyo porque los receptores de los cuidados no están dispuestos a aceptarlos de otra persona, o bien porque no hay personas disponibles para atenderlos.

 

En todas estas cuestiones, como el informe revela, son las mujeres las que prestan cuidados informales en mayor proporción que los hombres, del mismo modo que la presión que experimentan, y que se traduce en aspectos tales como problemas de salud,  falta de tiempo, absentismo laboral o resultados académicos negativos, recae sobre las mujeres en mayor parte por la carga de responsabilidad y por el tipo de actividades que desempeñan. Éstas sienten que tienen menos opciones porque las expectativas del grupo cercano son mayores en relación al cuidado que ellas deben brindar. Además, las tareas que prestan las mujeres suelen implicar a la parte más íntima y emocional (apoyo, aseo personal, visitas al médico, etc.), mientras que las de los hombres se enfocan a las relacionadas con soluciones prácticas y más sencillas de planificar en un horario, por ejemplo, las relativas a la administración y el transporte.

 

En resumen, nos encontramos ante la falacia de la “sociedad participativa” en la medida en que muchas personas se ven privadas de “participar” en la construcción social, o lo hacen desde una posición lastrada por la desigualdad de oportunidades y de trato.

 

Cualquiera que sea la configuración del Estado del bienestar, aun en aras de una “actualización” o “modernización” que frecuentemente la vacía de contenido, resulta incuestionable que los poderes públicos debe continuar interviniendo mediante una posición activa que afronte las discriminaciones desde su raíz cultural.

 

Lo contrario aboca a las democracias contemporáneas al retorno a viejas inercias que, en materia de derechos sociales, nos devuelven a la casilla de salida.

 

 

 

[1] Disponible en: https://elpais.com/ideas/2021-01-23/paises-bajos-y-el-escandalo-de-las-ayudas-para-los-hijos-no-todo-son-bicis-y-tolerancia.html

 

[2] Disponible en: https://www.unicef.org/es/informes/accion-humanitaria-para-la-infancia-2020-panorama-general

[3] Disponible en: https://www.mujerhoy.com/vivir/protagonistas/202102/06/eva-gonzalez-perez-abogada-espanola-gana-juicios-holanda-dimision-gobierno-20210205130422.html

 

[4] Disponible en: https://www.euskadi.eus/web01-a2libzer/es/contenidos/documentacion/doc_sosa_cuidad_informa_holand/es_def/index.shtml

 

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