DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD por José Fernando Lousada Arochena, Magistrado, docente y escritor  

26 enero, 2021 actualidad, actualidade, hablamos de feminismo, Noticias, Sin categoría

Hasta no hace mucho tiempo, las normas y las políticas sobre igualdad de género desatendían la situación particular de las mujeres con discapacidad; también esa situación particular era desatendida en las normas y las políticas sobre discapacidad. El derecho y la política antidiscriminatoria por razón de género y por razón de discapacidad estaban construidas como si obedecieran a realidades paralelas que en ningún caso podrían confluir. Algo similar podría decirse de las demás causas de discriminación (origen racial o étnico, religión o convicciones, edad, orientación sexual, identidad de género, pobreza …). Y aún hoy día no está del todo corregida esta disfunción, que causa la invisibilización de las situaciones particulares en que se encuentran las mujeres con discapacidad (eventualmente añadiendo otras causas de discriminación: mujeres con discapacidad jóvenes o mayores, lesbianas, pobres …).

 

Pero la realidad de la vida demuestra cómo la superposición de distintos sistemas de opresión sobre determinadas personas o grupos de personas determina la acumulación de diversas causas de discriminación (discriminación múltiple acumulativa), e incluso interactúan para acabar conformando una realidad opresora diferente de la simple acumulación de causas (discriminación múltiple interseccional).

 

No todas las situaciones en que se acumulan causas de discriminación sobre determinadas personas o grupos de personas acaban conformando una situación de discriminación interseccional. La interseccionalidad se detecta por la desventaja particular a que se enfrenta una determinada persona en quien confluye varias causas de discriminación, o en el impacto adverso sobre el colectivo en que esas personas se integran. Su explicación se encuentra en la existencia de perjuicios específicos que están detrás de la desventaja particular o del impacto adverso y que, sin embargo, no se encontrarían si analizásemos por separado las causas de discriminación confluyentes.

 

La violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad es un ejemplo paradigmático de discriminación interseccional. La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en relación con la variable de discapacidad, constata un índice de agresiones superiores tanto en la violencia causada por la pareja, actual o pasada, como fuera de la pareja. En la causada por la pareja, el 17,4% de las mujeres con una discapacidad acreditada han sufrido violencia física y el 14% sexual, mientras que para las mujeres sin discapacidad los porcentajes son 11,0% y 8,9%, respectivamente. Fuera de la pareja, el 17,2% de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia física y el 10,3% sexual, mientras que para las mujeres sin discapacidad los porcentajes son 13,2% y 6,2%, respectivamente.

 

Detrás de esos datos, no solo están los prejuicios de género contra las mujeres, pues entonces las mujeres con discapacidad sufrirían las agresiones en los mismos porcentajes que las demás mujeres. Además están los prejuicios específicos contra las mujeres con discapacidad que son los que explican dichas diferencias porcentuales:

— la imagen social victimizada de las mujeres con discapacidad, de ahí que el agresor pueda considerar que se encuentran más indefensas frente a una agresión sexual;

— el prejuicio de que las mujeres con discapacidad son asexuales o sexualmente hiperactivas, lo que, en uno u otro caso, en la mente del agresor banaliza su acción;

— el estereotipo de ser el cuerpo de la mujer con discapacidad una mercancía dañada, con lo cual el agresor no tiene sentimiento de antijuridicidad de su acción;

— la creencia de la inocencia sexual de las mujeres con discapacidad, lo que conduce a privarlas de educación sexual, y a que no adquieran autonomía en ese ámbito;

— la exclusión social de algunas mujeres con discapacidad, lo que facilita en ocasiones la agresión sexual por parte de las personas que se encargan del cuidado;

— el entorno familiar o social causante de una falta de autoestima de la propia víctima puede actuar como factor de elección del agresor en orden a elegir a la víctima;

— la existencia de supersticiones en determinadas culturas que incrementan el riesgo de agresión sexual contra las mujeres con discapacidad (por ejemplo, albinas);

— las dificultades de acceso a la justicia derivados de los anteriores prejuicios, generando sensación de impunidad que el agresor puede valorar para elegir a la víctima.

 

Junto con la violencia interseccional causada por los prejuicios de género y capacitistas del agresor, estos prejuicios pueden también operar sobre el entorno familiar o social de la víctima, o sobre los agentes de la justicia, creando situaciones de victimización secundaria o violencia institucional (no creyendo a la víctima porque es sexual hiperactiva, provocó al agresor, no sabe lo que dice, solo causa problemas …).

 

En suma, la causa de la violencia contra las mujeres con discapacidad no es achacable a la situación de discapacidad de la víctima, de ahí la incorrección tan absoluta de pretender “corregir” la enfermedad o discapacidad a través de la esterilización de la mujer con discapacidad, lo que se corresponde con el acercamiento más tradicional a la situación de discapacidad con un modelo médico – asistencial. De ahí también el aplauso a la acción legislativa de erradicar la posibilidad de esterilización forzosa de personas con discapacidad (mayoritariamente mujeres, precisamente por los prejuicios de género y discapacitistas) en la reciente Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.

 

La violencia (y en general la discriminación) contra las mujeres y niñas con discapacidad obedece, no a la situación de discapacidad de la víctima, sino a los estereotipos nocivos de género y capacitistas. A ese modelo social responde la Convención de los derechos de las personas con discapacidad (Naciones Unidas, 2006), que en su artículo 6, rubricado “mujeres con discapacidad”, obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas para asegurar que las mujeres y las niñas con discapacidad, al encontrase sometidas a discriminaciones múltiples, puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

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