De nuevo, la crisis del COVID-19 desde una perspectiva de género por María Paz García Rubio ,Catedrática de Derecho Civil Universidad de Santiago de Compostela.

03 abril, 2020 hablamos de feminismo

 

 

 

La excepcional situación de crisis sanitaria, social, política y económica que atraviesa España como consecuencia de la pandemia del COVID-19, con más de 110.000 personas infectadas y más de 10.000 fallecidos, según las cifras oficiales a 2 de abril de 2020  (fuente: https://covid19.isciii.es), con toda probabilidad, cifras bastante inferiores a las reales, ha provocado la necesidad de dictar con cierta precipitación un remero de normas jurídicas, sin duda necesarias, para paliar en lo posible los perversos efectos de la situación.

A pesar de que, como ya he puesto de manifiesto en otro escrito anterior, https://www.valedordopobo.gal/es/essential_grid/perspectiva-de-genero-en-la-pandemia-del-covid-19-por-maria-paz-garcia-rubio-catedratica-de-derecho-civil-de-la-universidad-de-santiago-de-compostela/

es indudable que también la pandemia del COVID-19 tiene una perspectiva de género, cuesta encontrar en estas normas excepcionales el reflejo de la citada perspectiva; no obstante, sí hay alguna referencia a colectivos especialmente vulnerables en los que las mujeres, o son las únicas que lo componen, o están claramente sobrerrepresentadas; me refiero a las víctimas de violencia de género y a las empleadas del hogar.

Respecto de las primeras, debemos partir de que el RD 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y con el objetivo de atajar su expansión, ha supuesto el confinamiento domiciliario de gran parte de la sociedad española con el objetivo de atajar su expansión.

En esta circunstancia excepcional, el Ministerio de Igualdad ha impulsado un Plan de Contingencia contra la violencia de género, que me parece necesario al menos por dos razones: la primera, por las particulares circunstancias de confinamiento de las personas en sus hogares, con la consiguiente mayor dificultad de las víctimas para ejercitar los derechos, ayudas y servicios que la ley les reconoce. La segunda porque las cifras provisionales aportadas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género muestran un aumento del número de casos de violencia de género en la actual situación; así, los datos del mes de marzo de 2020 respecto a marzo 2019, muestran que las llamadas al 016 han aumentado un 10,52%, 597 llamadas pertinentes más que en el mismo periodo del año anterior, de 5.674 a 6.271;
a su vez, las consultas on line al 016 han aumentado un 182,93%, 75 consultas más en total (fuente: http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es).

El citado plan de contingencia declaró como esenciales todos los servicios de asistencia integral a las víctimas de violencia contra las mujeres. Esto comportaba que el personal que atiende a estos servicios deberá garantizar el normal funcionamiento de los dispositivos de información durante las 24 horas del día; la respuesta de emergencia y acogida a las víctimas en situación de riesgo, incluidas las mujeres que precisan abandonar el domicilio para garantizar su protección; el normal funcionamiento de los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados, y alojamientos seguros para víctimas de explotación sexual y trata; así como la asistencia psicológica, jurídica y social a las víctimas de manera no presencial (telefónica o por otros canales). Asimismo, se establecieron una serie de medidas para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios destinados a la protección de las víctimas de violencia de género, así como la adaptación de las modalidades de prestación de los mismos a las presentes circunstancias excepcionales.

Con posterioridad y monográficamente destinado al tema de la violencia de género en las excepcionales circunstancias actuales, se ha publicado el RD-Ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. La lectura del abigarrado preámbulo pone en evidencia que la razón fundamental de esta nueva norma de rango legal está en la necesidad de modificar normas presupuestarias que exigían precisamente ese rango y que, de no ser alteradas, dificultarían la atención adecuada a las víctimas de violencia de género en este momento; a este fin se destina el capítulo II del citado RD-Ley. Sin embargo, para el tema que aquí nos ocupa, me interesa más el capítulo I, cuyo fin es establecer una serie de medidas para garantizar el funcionamiento de los servicios de asistencia y protección integral de las víctimas de violencia de género.

En realidad, buena parte del contenido regulador de este capítulo poco añade a lo que ya se había dispuesto con anterioridad en el ya mencionado plan de contingencia.  Es cierto que algunas medidas se aclaran e incluso se especifican otras nuevas, como la previsión de alternativas a la atención telefónica a la víctima, muy poco conveniente cuando esta convive con el agresor, circunstancia frecuente (pero no necesariamente concurrente, como el RD Ley parece presumir) en las actuales circunstancias. Cuando la respuesta a la emergencia conlleve el abandono del domicilio familiar se prevé el traslado de la víctima y sus hijos e hijas a un centro de emergencia, acogida, o asimilados “equipados con equipos de protección individual”, se entiende que frente al COVID-19, previsión que puede resultar a veces difícil de cumplir por la escasez manifiesta de estos equipos, como expresamente se reconoce para las personas trabajadoras que por su actividad profesional puedan tener contacto directo con las víctimas, en el artículo 5 del propio RD-Ley 12/2020.

Desde luego, ninguna de las iniciativas señaladas sobra; sin embargo, creo que este texto legal no es del todo satisfactorio, ni mucho menos, y ello tanto por exceso, como por defecto. Lo primero, porque es una norma compleja (la lectura de su exposición de motivos es una tortura) que, al menos por lo que respecta al capítulo I, es además excesiva, en el sentido de que ninguna de las medidas que en él se contemplan precisan de rango de ley. Lo segundo, por defecto, porque no tengo tan claro que esas medias sean suficientes; por un lado, porque la actual situación de confinamiento y la falta de relación directa con otras personas ponen a la víctima de violencia de género en una situación de vulnerabilidad todavía mucho mayor de la que habitualmente es propia de esta situación; por otro, porque parece olvidar casi completamente a colectivos de mujeres que también sufren distintos tipos de violencia y que en esta situación están en una situación de mucho riesgo, como las mujeres ancianas y las mujeres con discapacidad.

Al citar a las personas con discapacidad no quiero dejar de mencionar el olvido que parecen tener hasta ahora las administraciones de las personas con discapacidad en estas circunstancias; solo una reacción ex post ante niños y jóvenes con síndrome del espectro autista no es, desde luego, respuesta suficiente.

Por otra parte, también es de interés el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. El n.º 14 del Anexo al este último RD Ley considera servicios esenciales que no permiten el permiso retribuido previsto en él a las personas “(Las) que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género”, con lo que las personas encargadas de estos servicios habrán de atenderlos de la forma habitual que implica contacto directo con las víctimas como también se reconoce en el ya citado RD Ley 12/2020 , salvo las que prestan el servicio del 016, que como he dicho, lo harán por la modalidad de teletrabajo, y la asistencia psicológica, jurídica y social a las víctimas, realizada de manera no presencial,

 

Igualmente, este texto alude a las víctimas de violencia de género, aunque de una manera muy tangencial, el artículo 11 del todavía más reciente Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. En este caso el nuevo texto legislativo se dirige a adoptar medidas para paliar la situación de dificultad en la que pueden encontrarse personas en especial situación de vulnerabilidad económica, sea previa y agraviada por la crisis del COVID-19, sea causada precisamente por esta. Me permitirán que me detenga brevemente en este nuevo texto.

 

La propia Exposición de Motivos de esta última disposición explica que recoge un nuevo paquete de medidas de carácter social, dirigidas al apoyo a trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables, haciendo especial hincapié en aquellos que más lo necesitan. Muchos son los puntos tratados y muchas las medidas que en él se prevén. Por mi especialización en materia de Derecho civil, resalto especialmente la suspensión de lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional,  la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, la moratoria de la deuda arrendaticia para personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica, las medidas de apoyo al alquiler con líneas de avales públicos, la moratoria de las deudas hipotecarias para la adquisición de la vivienda habitual y la moratoria para otros créditos y préstamos no hipotecarios que tengan las personas en situación de vulnerabilidad económica, particularmente los créditos al consumo.

Sin dudar ni un momento sobre la conveniencia de estas medidas, y probablemente de otras que hayan de llegar en el futuro no lejano, tengo que decir que el autor de esta norma no ha sido muy cuidadoso cuando ha acometido la redacción de los asuntos que se acaban de mencionar. Particularmente complejo y poco afortunado me parecen algunos de los requisitos que definen la situación de vulnerabilidad económica por varias razones. Una de ellas, por lo farragoso de la redacción que hace difícilmente inteligibles ciertas exigencias; otra, por el escaso celo en la utilización de los términos jurídicos (el menor sujeto a tutela, acogimiento o guarda no es hijo de quien  ejerce esas funciones y ningún civilista sensato hubiera incluido en una no norma que alude a que un derecho sobre una vivienda “se haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento”, por poner solo dos ejemplos); otra, en fin, porque algunas de las exigencias son inexplicables, como la necesidad de que las parejas de hecho hayan de estar inscritas para formar parte de una unidad familiar.

No se trata de criticar el texto legal por un prurito académico más o menos snob, sino de poner de relieve que las normas jurídicas, para ser eficaces, han de estar bien redactadas y han de utilizar con precisión los términos técnicos; han de ser, además, coherentes con el resto del ordenamiento y han de poder aplicarse sin generar dudas y confusión en los operadores jurídicos. Sólo así podrán cumplir realmente su cometido.

Pero lo que quiero destacar a continuación es que en la citada definición de la vulnerabilidad no hay alusión directa alguna a la perspectiva de género, a pesar del carácter de principio informador del ordenamiento jurídico español que el artículo 4 de la LOIHM reconoce al principio de igualdad entre hombres y mujeres. No obstante, estoy convencida de que muchas de estas personas y muchos de estos hogares vulnerables son mujeres o están sustentados por mujeres; así sucederá en la gran mayoría de los casos de familias monoparentales, particularmente vulnerables también desde el punto de vista económico, y en personas ancianas que viven solas, asimismo mayoritariamente mujeres, o en las que viven dos o más ancianos y en los que también de modo principal la cuidadora es una mujer. No hubiera estado de más que la norma aludiera directamente a este tipo de familias.

Como sólo trato de llamar la atención sobre algunos puntos calientes, termino con una referencia que sí hace el citado RD-Ley 11/2020, de 31 de marzo, al colectivo de las empleadas de hogar, consciente de que, como tuve ya ocasión de destacar en mi escrito anterior, constituye un colectivo especialmente frágil en una situación como la presente. La norma parte de que este grupo de trabajadoras no dispone en el régimen jurídico español de prestación por desempleo, siendo así que muchas de ellas en las circunstancias actuales permanecen en sus casas y han visto resuelto su contrato laboral o muy reducidas las horas de trabajo, con la consiguiente pérdida total o parcial de los ingresos, ya de por sí bastante escasos, pues sabido es que se trata de un oficio muy mal pagado.

 

Pues bien, el artículo 30 del citado RD-Ley crea un subsidio de desempleo, calificado como extraordinario y temporal, del que se podrán beneficiar las empleadas de hogar que hayan dejado de trabajar o reducido su actividad como consecuencia del COVID-19, y que tendrá una cuantía variable en función de la retribución que dejan de percibir y de la reducción de la actividad experimentada. Sin duda es una norma con una clara orientación de género, puesto que este colectivo es el más feminizado entre los feminizados -según cifras del INE poco actualizadas, pero que son las publicadas en su web el servicio doméstico es atendido casi en su totalidad por mujeres (97,8%), la mayor parte de nacionalidad española (58,1% ) y con edad entre 30 y 44 años (40,6%)-.

Sin duda, la intención es buena y una norma de este tipo necesaria; sin embargo no sé si va a ser muy eficaz, ya que el presupuesto inexcusable para poder acceder al subsidio es que la empleada de hogar esté integrada en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social; las fuentes oficiales a febrero de 2020 muestran algo menos de 400.000 personas afiliadas a este régimen, el nivel más bajo desde 2013. Si calculamos que hay unos 18 millones de hogares en España, y que aproximadamente el 20% cuentan con algún tipo de servicio doméstico, que es tanto más intenso cuando más ingresos entran el hogar, nos resultan más de tres millones y medio de empleadas de hogar; evidentemente una sencilla sustracción pone en evidencia que la mayor parte de ellas no van a poder disfrutar del subsidio previsto en el nuevo RD-Ley.

Por ello apelo de nuevo a los empleadores cuyos recursos económicos lo permitan. No resuelvan el contrato de sus empleadas de hogar, aunque temporalmente no puedan acudir a su puesto de trabajo; valoren como merecen a aquellas de las que no pueden prescindir porque cumplen servicios esenciales de cuidado; y paguen en ambos casos sus salarios.

Todos tenemos que hacer esfuerzos y sacrificios suplementarios en una situación que, como han dicho ya algunos organismos internacionales, es la peor que ha vivido nuestra sociedad desde la segunda guerra mundial. Solo así saldremos de esta situación crítica con heridas, desde luego, pero también con dignidad.

 

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal