COMUNICADO DE LA INSTITUCIÓN: ACTUACIONES REALIZADAS EN LOS DOS PRIMEROS MESES DEL ESTADO DE ALARMA

20 mayo, 2020 actualidad, Noticias, Sin categoría

El 14 de marzo de 2020, por medio del Real decreto 463/2020, se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Entramos, por tanto, en una de las situaciones excepcionales previstas en la Constitución en la que la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos ante determinadas actuaciones administrativas ha de reforzarse, en particular, a través de los comisionados parlamentarios encargados de velar por el funcionamiento transparente y eficaz de las Administraciones Públicas, en este caso, del Valedor do Pobo de Galicia.

Cuando se declaró el estado de alarma se habían abierto en la institución del Valedor do Pobo 1.744 expedientes. Respecto de los que aún estaban en trámite en esa fecha, y dentro de las restricciones impuestas por la suspensión de plazos administrativos que acuerda el real decreto, se ha seguido trabajando en cada una de las investigaciones con la valoración de informes a efectos de la conclusión positiva, el archivo o la adopción de recomendaciones, sugerencias o recordatorios de deberes legales a las administraciones afectadas.

Desde la declaración del estado de alarma hasta el 14 de mayo, se abrieron 1.196 expedientes de queja, frente a los 437 expedientes tramitados en este mismo período durante 2019. De ellos, 705 tenían un asunto idéntico ya que afectaban a la celebración de las pruebas previstas en el Decreto 164/2019, de 12 de diciembre, por el que se aprobó la oferta de empleo público correspondiente a plazas de personal funcionario de los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, de la Comunidad Autónoma de Galicia. Las quejas fueron presentadas individualmente por cada uno de esos 705 aspirantes y tuvieron también un tratamiento individualizado en los actos de trámite derivados de los expedientes.

De las 285 actuaciones abiertas con asuntos diferenciados, 153 quejas están directamente relacionadas con situaciones derivadas del impacto del COVID-19 y las otras 132 quejas corresponden a asuntos no relacionados con la pandemia.

Frente a las 3 actuaciones de oficio que se habían abierto en 2019 en este período, desde la declaración del estado de alarma la institución abrió 30 actuaciones de oficio, guiada siempre por la prudencia para preservar el adecuado equilibrio entre la garantía de los derechos y la defensa de las personas, por una parte, y la necesidad de no sobrecargar con trámites e informes a las administraciones públicas, tanto autonómicas como locales, apremiadas por urgencias de todo tipo y concentradas al inicio de la pandemia en la atención sanitaria de la población y la prevención de la transmisión del coronavirus. Estas 30 actuaciones de oficio tuvieron por objeto conocer y valorar el impacto de las excepcionales consecuencias de la pandemia en la situación de amplios colectivos especialmente vulnerables e otras actividades de interés general, desde las víctimas de violencia de género a las personas usuarias de residencias de mayores; personas con diversidad funcional; protección del personal sanitario y de servicios sociales, incluidos los servicios de ayuda en el hogar de personas dependientes; perceptores de rentas de inserción social; medidas en materia de vivienda especialmente dirigidas  a las personas y colectivos más vulnerables en el contexto excepcional de la crisis sanitaria;  acompañamiento a víctimas de la enfermedad, accesibilidad de contenidos informativos sobre el COVID-19 a personas sordas; apoyo a sectores económicos especialmente perjudicados como el sector marisquero, actividades agrícolas de autoconsumo o ferias y mercados de proximidad; o el impulso, mediante medidas fiscales especiales en el ámbito municipal, a la recuperación del tejido económico y productivo en las siete grandes ciudades de Galicia.

Se han potenciado los procedimientos informales y sumarios para los que la ley reguladora de esta institución nos habilita, realizando numerosas gestiones telefónicas para resolver asuntos de urgencia o actuaciones inmediatas con las diferentes administraciones para dar respuestas rápidas a ciudadanos o colectivos en situaciones críticas o de grave dificultad.

 

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