COMPARECENCIA DE LA VALEDORA DO POBO: Informe Ordinario 2020.Comisión de Peticións -2 de julio de 2021

05 julio, 2021 actualidad, actualidade, Noticias

El año 2020 al que se refiere la presentación del presente informe fue un año duro, fue un año de fomento de lo telemático y de la atención telefónica, y fue un año de incremento de la actividad de la institución en todos los sentidos,  en lo que se refiere a los asuntos y procedimientos de oficio, la atención a ciudadanía, y en  lo que se refiere a la intensificación de la actividad de fomento de los derechos humanos.

Ya en el mes de enero tuvimos la comparecencia ante la Comisión de discapacidad del Parlamento de Galicia en la que entre otras cosas proponíamos la derogación de la esterilización no consentida de personas con discapacidad que afectaba de modo desproporcionado a mujeres y niñas, o el relevo de la tutela por otras instituciones de apoyo a la discapacidad respetuosas con el derecho de las personas con discapacidad a su autodeterminación, cuestiones ambas ya resueltas en recientes cambios asumidos por la legislación del Estado.

En esta misma línea de fomento de los derechos humanos, en febrero tuvimos una reunión con el ponente de Naciones Unidas contra la pobreza, Philip Alston, y con personas directamente afectadas por la violencia institucional por ser pobres o emigrantes, personas que denunciaban las dificultades para acceder a la vivienda o a un trabajo digno por ser pobres, y también para acceder a papeles en el caso de personas inmigrantes, personas que padecían discriminación interseccional donde confluye pobreza con la enfermedad, vejez o la condición de persona migrante.

Recientemente recibimos una comunicación de la asociación que promovió esa reunión, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en la cual nos comunicaban que el Congreso de los Diputados viene de aprobar por ley que la aporofobia será perseguida como delito de odio. Leo literal la comunicación: “Esta es una demanda que llevábamos haciendo desde hace cuatro años desde AEPN,…. pero no se entendería el éxito de esta labor de incidencia y la rapidez de su implantación sin la implicación de su Institución y de usted misma, reforzando el mensaje de lucha contra la aporofobia, actos e investigaciones en los últimos años o en la decisiva jornada que tuvimos con el Ponente de Naciones  Unidas sobre derechos humanos el año pasado”.

En esas estábamos cuando llegó la pandemia que afectó a toda la Humanidad, entramos en una fase de confinamiento y pendientes de las cifras de contagios, presión asistencial, muertes, de las colas para pedir ayudas.

La Institución de la noche a la mañana y toda ella de pronto se vio inmersa en un régimen de teletrabajo. No hubo un período de transición, porque desde el primer día hábil siguiente la institución empezó a recibir llamadas de gente, empezó a recibir quejas, en las que se manifestaba: no tengo ingresos ni para comprar comida, me cortaron el suministro de electricidad en la vivienda, tengo que abandonar mi vivienda por que finalizó el plazo que me concedieron en un proceso de expropiación, no puedo ver a mis hijos e hijas, no puedo acompañar a mi padre a un tratamiento de quimioterapia, no puedo ver a mi padre o a mi madre en una residencia, ni despedirme de mi ser querido,  cerraron el centro de día en el que se daba terapia para determinada patología, no puedo ir a mi huerta, no consigo contactar con la administración … así hasta 222 quejas específicas de COVID recibidas desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio.

La situación motivada por la pandemia y que día a día nos llegaba a la institución motivó también la apertura de varias investigaciones de oficio, que durante el período de 14 de marzo  a 21 de junio  fueron 33, frente a las 3 del mismo  período del año anterior, guiada siempre por la prudencia para preservar el adecuado equilibrio entre la garantía de los derechos y la defensa de las personas, por una parte, y la necesidad de no sobrecargar con trámites e informes a las administraciones públicas, tanto autonómicas como locales, apremiadas por urgencias de todo tipo y concentradas al inicio de la pandemia en la atención sanitaria de la población y en la prevención de la transmisión del coronavirus. Estas alcanzaron, entre otras las siguientes cuestiones: conocer y evaluar el impacto de las excepcionales consecuencias de la pandemia en la situación de amplios colectivos especialmente vulnerables y otras actividades de interés general, desde las víctimas de violencia de género a las personas usuarias de residencias de mayores; personas con diversidad funcional; protección del personal sanitario y de servicios sociales, incluidos los servicios de ayuda en el hogar de personas dependientes; perceptores de rentas de inclusión  social; medidas en materia de vivienda; acompañamiento a víctimas de la enfermedad; accesibilidad de contenidos informativos sobre la COVID-19 a personas sordas; apoyo a sectores económicos especialmente perjudicados como el sector marisquero, actividades agrícolas de autoconsumo o ferias y mercados de cercanías.

Por otra parte continuamos con la tramitación común de las quejas que sin ser específicas de COVID se siguieron recibiendo durante esos meses y los meses sucesivos. Por eso digo que fue un año duro por la intensidad del trabajo que se realizó, pero sobre todo por el tipo de situaciones personales que llegaban a las que había que hacer frente con absoluta prioridad.

En segundo lugar, decía que fue un año de implantación del trabajo telemático y de la atención telefónica y telemática. Desde enero estábamos con el objetivo de implantar el teletrabajo de manera paulatina para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral del personal de la Institución; de hecho, se estaba haciendo un ensayo con una de las personas que trabajan en la institución que por sus circunstancias personales era candidata a la situación de teletrabajo. Pero era solo un ensayo, para progresivamente poderlo ampliar a más personas y a más días sin perder la inmediatez en la atención a la ciudadanía.

De un día para otro, literalmente, pasamos a trabajar como servicio esencial, pero en remoto, toda la institución. Somos 20 personas, y puedo afirmar que, con total implicación de todas y cada una de nosotras, trabajamos para intentar responder y solucionar las demandas, muchas de ellas urgentes e imperiosas, que llegaban a la Institución. Desde el primero instante comenzamos a funcionar con más intensidad, dadas las mayores demandas de atención, de la forma que consideramos más ágil y eficaz en cada caso.

También fuimos conscientes de la propia situación en la que se encontraban las administraciones, específicamente las Consellerías de Sanidad y de Política Social, pues la crisis fue en primer lugar sanitaria y luego una crisis social. Por eso, muchas quejas, también con los ayuntamientos, se tramitaron de manera telefónica para, de este modo, solucionar el problema sin sobrecargar a la Administración con informes por escrito.

La atención a la ciudadanía, que dejó de ser presencial durante el confinamiento, se incrementó con la atención telefónica. En el año 2020, 12.913 personas pidieron atención, asesoramiento o presentaron quejas; de ellas 1.062 recibieron atención presencial y 6.464 recibieron atención telefónica.

Por otra parte, telematicamente continuamos con las reuniones con entidades sociales y particulares, y las de la comisión de transparencia.

En tercer lugar, decía que fue un año de incremento de trabajo en todos los sentidos. Se incrementaron los asuntos que llegaron a la institución, se incrementaron las resoluciones con propuestas de recomendación, de sugerencia o de recordatorio de deberes legales, y se incrementó la actividad en prácticamente todas las áreas, y el porcentaje de quejas admitidas respecto de las rechazadas fue muy elevado. La situación generada, con el primer confinamiento y las posteriores restricciones, dio lugar a una lógica preocupación por la garantía de los derechos, especialmente los de las personas más vulnerables.

Como muestra de eso cabe resaltar los siguientes datos cuantitativos:

– El número de asuntos aumentó en un 28 %, de 2.276 en 2019 a 2912 en este año.

– Aumentó el número de personas que pidieron atención o asesoramiento, al margen de los expedientes de queja; fueron 5.497 en 2019, y 7.526 en 2020, un 37% más.

– El incremento de asuntos fue casi una constante a lo largo de todos los meses.

– El número asuntos aumentó en la práctica totalidad de las áreas, en especial en las directamente relacionadas con los servicios públicos esenciales. Las áreas con más actividad fueron Sanidad, Empleo Público, Inclusión Social, y Educación, debido en gran medida al incidente de la COVID-19.

– Aumentó ligeramente el número de actuaciones, de 11.747 en 2019 a 12.913 en este año, un 10 % más.

– Aumentó el número de actuaciones de oficio, de 67 en 2019 a 78 en 2020, un 16 %; solo durante el confinamiento fue preciso iniciar 33.

– Aumentó el número de resoluciones en un 69 %, de 95 en 2019 a 161 en 2020. El aumento afecta a la mayor parte de las áreas.

– Aumentó también el porcentaje de recordatorios de deberes legales, recomendaciones y sugerencias aceptados, casi todos formulados y respondidos, en concreto el 93%.

– Aumentó el número de conclusiones positivas en un 59%.

– El número de asuntos COVID-19 promovidos durante el confinamiento fue de 222, casi la mitad de los asuntos en ese período.

– El número de asuntos aumentó considerablemente con la llamada “desescalada” hasta final de año. La causa es que muchas quejas tienen su causa en problemas relacionados directa o indirectamente con la COVID-19.

 

Entrando en un análisis cualitativo, se constata una intensa actividad en todas las áreas a las que se refiere el decálogo que esta Valedora presentó en su toma de posesión, y se comprometió a darles una especial atención.

En cuanto a la igualdad de género, se tramitaron con resultados positivos quejas sobre la seguridad nocturna en el Campus Sur de la USC, la información de ayudas a víctimas de violencia de género, o en relación con contratos de investigación no renovados por disfrute de permisos de maternidad y paternidad. Continuó muy activo Hablamos de feminismo, espacio virtual en la web institucional. Se realizaron actividades institucionales con ocasión de los días dedicados a la lucha por la igualdad de género (11 de febrero, 22 de febrero, 8 de marzo, 28 de mayo, 23 de septiembre y 25 de noviembre). Se convocó la 1ª Edición del premio anual Valedora do Pobo sobre igualdad de género para trabajos de fin de grado y trabajos de fin de máster. Se centralizaron en una asesora las funciones en materia de género.

En cuanto al derecho de acceso a la Justicia de las mujeres: una queja de oficio en relación con la ausencia de protocolos sobre suspensión de juicios por causa de maternidad de la abogada interviniente. Sobre lo que debemos decir que el Senado viene de aprobar una reforma legislativa para resolver esta cuestión. Tenemos que destacar aquí otra queja sobre el cumplimiento del principio de unidad de actuación letrada de oficio en los procesos de familia con hijos.

En cuanto a la violencia y acoso en las organizaciones, queja sobre acoso laboral en el Sergas y sugerencia de introducción de un asesoramiento confidencial.

En cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, se vieron especialmente afectados por la situación sanitaria. Por eso, se hicieron comunicados sobre el impacto de la pandemia en las personas con discapacidad y sobre la necesidad de respetar el derecho de deambulación de determinadas personas con diversidad funcional. Se tramitó con resultado positivo una queja de asociaciones de mujeres sordas también en relación con la situación sanitaria.

En cuanto a la situación de las personas LGTBI, también sufrió en particular por la situación generada por la pandemia COVID-19: la situación de las personas LGTBI convivientes en confinamiento domiciliario con una familia que no acepta su orientación o identidad, o en general que tienen que convivir forzosamente en espacios donde esa orientación o identidad no está reconocida por las demás personas; las situaciones de soledad de las personas mayores LGTBI en residencias; la imposibilidad de seguir manteniendo reuniones en grupos de apoyo a personas LGTBI; la paralización de los trámites judiciales durante la primera ola determinó la demora de los expedientes de cambio de sexo. De todos estos temas, se trató en reuniones con asociaciones de defensa de los derechos de las personas LGTBI.

En cuanto a la discriminación de la comunidad gitana, se tramitaron quejas sobre el derecho a la no discriminación racial o por situación de vulnerabilidad. En este punto del decálogo, es destacable la realización de unas jornadas, en colaboración con el Consello da Cultura de Galicia y con la Fundación Secretariado Gitano, sobre “Pueblo gitano. Por una sociedad más igualitaria”.

En cuanto a los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y lucha contra la aporofobia, hicimos actuaciones en relación con supuestos de desalojo de personas en situación de vulnerabilidad y también en relación con la Renta de Inserción Autonómica y otras prestaciones básicas.

En cuanto a los derechos de las personas mayores, y además  de atender quejas particulares, la preocupación por la situación en centros residenciales a causa de la crisis sanitaria, los llevó a iniciar una investigación de oficio de alcance en la que señalamos la preocupación por las dificultades que estaban pasando los centros residenciales. Preguntamos: (1) por los medios de protección, (2) por las pruebas diagnósticas, (3) por el criterio para enviar los enfermos a un centro hospitalario o mantenerlos en la suya o en otra residencia, (4) por la suficiencia del personal de atención en las residencias, (5) por la información a las familias o allegados, y más adelante (6) por la existencia de un instrumento que permitiera contactos personales y/o la despedida en los casos de previsión de fallecimiento.

También se hicieron actuaciones en relación con el derecho a instituciones sólidas, a la transparencia y al buen gobierno, cuestiones afectadas también por la pandemia.

La Institución de la Valedora do Pobo, en el actual escenario de recuperación, va  a estar muy pendiente de los derechos digitales de la ciudadanía como un aspecto que también sufrió con la pandemia, pues el incremento de las comunicaciones virtuales visibilizó las brechas digitales que sufren muchas personas: las mujeres, las personas mayores, las personas en zonas rurales y costeras no urbanas.

Finalizaré este resumen con los derechos lingüísticos, área en la cual la Institución esta muy comprometida, con una especial dedicación a la promoción del derecho la normalización del gallego como lengua propia de Galicia. En el año 2020, se registraron 86 quejas en defensa del uso del gallego, con un elevado grado de respuesta positiva y receptividad por las Administraciones implicadas.

Finalizaré como comencé. El año 2020 fue un año difícil para los derechos humanos, que obligó a la Institución de la Valedora do Pobo y a todas las Administraciones a responder con el compromiso y responsabilidad con el que también respondió la ciudadanía frente a pandemia. Las dificultades en la búsqueda de los derechos humanos no nos deben llevar al desánimo, sino a reforzar nuestro compromiso. No dejaremos de prestar atención a los problemas anteriores, que se agudizaron con la situación de pandemia como la igualdad de mujeres y hombres, violencia de género, violencia y acoso, explotación humana, personas con discapacidad, discriminaciones, colectivos desfavorecidos, derechos digitales, instituciones sólidas, medio ambiente. La pandemia los obligó además a incidir especialmente en aspectos como el sistema sanitario, servicios sociosanitarios, trabajo decente, la brecha digital. En todo caso, los problemas anteriores y los nuevos deben ser afrontados con el enfoque de derechos humanos reconocidos y amparados por la Constitución Española y por el Estatuto de Autonomía de Galicia. El enfoque de derechos humanos debe estar en el corazón de las políticas públicas hacia el proceso de reconstrucción  económica, social y laboral tras la pandemia de la COVID.

Nada mejor para estos fines que volver la vista a las promesas de futuro que la Humanidad entera se propuso en la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Volver la vista a la Agenda 2030 para que el progreso de la Humanidad no pare, y para no dejar a nadie atrás. Este es  el mandato que ha asumido y seguirá asumiendo la Valedora do Pobo porque la realidad  post covid debe ser mejor que la realidad previa, debe ser una sociedad más justa que preste atención a las personas vulnerables y a los  colectivos más desfavorecidos.

Dolores Fernández Galiño

Valedora do Pobo

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