Comparecencia de la Valedora do Pobo , Dolores Fernández Galiño, el día 17 de Enero de 2020, en la Comisión Permanente para el seguimiento de las políticas relativas a discapacidad y elaboración de nuevas propuestas en favor de la integración de las personas con discapacidad.

24 enero, 2020 Noticias

Señoras y Señores miembros de la Comisión no Permanente para el seguimiento de las políticas relativas a la discapacidad y elaboración de nuevas propuestas a favor de la integración de las personas con discapacidad.

 

El concepto de discapacidad evolucionó profundamente a lo largo de la Historia. Jurídicamente, desde el Derecho Romano se considera una causa de merma de la capacidad de obrar de las personas que venía a suponer la muerte civil. Históricamente las personas con discapacidad fueron marginadas, a veces internadas de por vida en instituciones cerradas e incluso sometidas a políticas de eugenesia.

 

Cuando los poderes públicos comenzaron a intervenir en beneficio de las personas con discapacidad, muy especialmente a favor de los mutilados de las guerras mundiales, las políticas públicas se dirigieron al apoyo asistencial de cada individuo pero seguía sin haber enfoque de derechos humanos. Ni siquiera la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) recogió la discapacidad como causa de discriminación. Y los primeros instrumentos internacionales en la materia, al basarse en ese modelo médico asistencial, usaron denominaciones actualmente perceptibles cómo ofensivas. Así, las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1971 sobre derechos del retrasado mental, y de 1975 sobre derechos de los impedidos.

 

Desde 1981, Año Internacional de la Discapacidad declarado por Naciones Unidas, el modelo de asistencia médica individual comenzó a cambiar a favor de un modelo social que considera que las diferencias derivadas de la discapacidad se deben más a las barreras existentes y a los perjuicios sociales:  para integrar a una persona paralítica no es suficiente con la asistencia médica, sino que además se deben eliminar las barreras arquitectónicas y en general los perjuicios que la excluyen del disfrute de los derechos humanos. Esto también obliga a erradicar aquellas denominaciones peyorativas, y optar por otras que garanticen la dignidad de las personas con discapacidad.

 

Este modelo social basado en la reivindicación de los derechos humanos de las personas con discapacidad es el inspirador de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006, ratificada por España, cuya finalidad es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno e igual de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, y promover el respeto por su dignidad intrínseca.

 

En el ordenamiento jurídico español, la Constitución dedica un artículo, el 49, a esta cuestión si bien, acorde con las ideas de la época, habla de “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”, y presenta una perspectiva mayormente asistencial. El Texto refundido de la Ley general sobre los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social de 2013, que es la norma básica en la materia, ya responde claramente a la concepción social de la Convención de 2006.

 

La Valedoría del Pueblo viene trabajando desde hace tiempo para la implementación efectiva del modelo social en el ámbito normativo, en la vigilancia en la aplicación efectiva de las normas, y en la concienciación para el cambio de modelo. Como canales de actuación, además de la tramitación de las quejas de la ciudadanía y de las quejas de oficio, destacaré la realización de dos informes monográficos, uno sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual, en 2013, y otro, sobre la accesibilidad universal, en 2018. En todas estas actuaciones, es primordial el contacto con las entidades de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, a las cuales quiero agradecer su colaboración.

 

Fruto del trabajo de la institución, recomendamos cambios normativos. Algunas recomendaciones se dirigieron a los poderes legislativos estatales y ya se cumplieron. En el informe de 2013, recomendamos reconocer el derecho de voto tanto activo como pasivo sin limitaciones por la discapacidad; y en 2018 (LO 2/2018) se modificó la ley orgánica de régimen electoral general para garantizar el derecho de sufragio de las personas con discapacidad. También se reformó el Código Civil para derogar la exigencia de recaudar con carácter general en todos los casos de un informe médico para autorizar el matrimonio de las personas con discapacidad (Código Civil, art. 56). Y también se reformó la Ley del Tribunal del Jurado (LO 1/2017) para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a participar en él.

 

Otras están por cumplir, empezando por la misma Constitución, para cambiar la denominación de “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” por otra más acorde con la dignidad de las personas, y con una redacción más claramente orientada al enfoque de derechos humanos, lo que ya hacemos en las referencias al artículo 49 de la Constitución en los escritos de la Valedoría (personas con discapacidad física, sensorial o psíquica). Como consecuencia de la implantación constitucional de ese enfoque, también la Ley general sobre los derechos de las personas con discapacidad debería tener formato de ley orgánica en la medida en que a través de la misma se habían estado desarrollando derechos fundamentales o libertades públicas de las personas.

 

Hay otros aspectos de la Ley general sobre los derechos de las personas con discapacidad sobre los cuales hay que recomendar su reforma. Uno de los más destacados es la asimilación limitada a personas con discapacidad de aquellas personas con prestaciones de incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez, o en situaciones asimiladas del régimen de clases pasivas. Limitada porque la asimilación solo es a los efectos de esa Ley general, y no a todos los efectos jurídicos. Es necesaria pues su reforma para que la asimilación sea a todos los efectos jurídicos y evitar algunos problemas que comprobamos a través de las queja (tributos locales, impuesto de tracción mecánica, ayuntamientos, ordenanzas que solo permiten la acreditación de la consellería y la consellería no accede a la equiparación conforme a la sentencia del Tribunal Supremo que habla de ultra vires del texto refundido).

 

Las reformas a realizar deberían incluir la regulación del código civil sobre la aún mal llamada incapacitación. La finalidad de la reforma debe ser sustituir el sistema vigente de incapacitación y relevo de la voluntad de la persona incapacitada por la del tutor, por otro sistema de apoyo a la toma de decisiones por la propia persona con discapacidad. De hecho, el Tribunal Supremo, directamente aplicando la Convención de 2006, viene reconociendo la preferencia del régimen de la curatela frente al régimen de la tutela, al considerar aquel más acorde con el derecho a la autonomía y a la vida independiente, y que en general toda la normativa en materia de capacidad debe interpretarse en consonancia con la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. En este nuevo enfoque hemos insistido en diferentes informes y quejas.

 

El Código Civil también se fundamenta en la idea de capitidisminución de las personas con discapacidad cuando exige el concurso de dos testigos para el otorgamiento de testamento abierto de personas ciegas o sordas (art. 697).

 

La legislación sobre propiedad horizontal puede ser mejorada para facilitar la accesibilidad, por ejemplo reduciendo las mayorías para acordar las obras necesarias, o imponiendo mayor coste a la comunidad de propietarios.

 

Regulada por un real decreto estatal (RD 1971/1999), la valoración de la discapacidad está basada en la Clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías que la Organización Mundial de la Salud aprobó en 1980, que valora exclusivamente la discapacidad por las limitación funcionales en coherencia con el superado enfoque de carácter asistencial individual. Por eso presenta desfases que deben ser corregidos. Por ejemplo, su aplicación determina la infravaloración de las enfermedades que padecen las personas con Down, pues no se toman en consideración las dificultades que estas personas tienen para identificar el dolor y los síntomas de las enfermedades; o de las personas con TEA.

 

Lo inadecuado de los actuales baremos para valorar la discapacidad e incluso la dependencia lo sufren especialmente las personas con discapacidad cognitiva puesto que las valoraciones ponen el acento en los aspectos físicos. Por cuya causa iniciamos actuaciones de oficio y recomendamos, siendo aceptada en la valoración de la dependencia, que se había mejorado el análisis de las discapacidades cognitivas, más complejas y que por tanto precisan más tiempo y recursos.

 

Las personas con discapacidad cognitiva también sufren situaciones lesivas en el ámbito penitenciario, donde es preciso un cambio normativo y de recursos. (Los problemas comienzan por la falta de identificación de muchas de las personas con este tipo de discapacidad que se encuentran en la cadena, y son muy variados, destacando el bajo porcentaje de aplicación de medidas alternativas, la altísima vulnerabilidad de las personas en los centros comunes, y la escasez de módulos específicos).

 

Cierto que estas reformas afectan a la legislación estatal. Pero eso no debe silenciarnos, pues denunciar institucionalmente las carencias propiciará cambios seguramente apoyados en un amplio consenso de las fuerzas políticas.

 

En el ámbito de la normativa gallega recomendamos la eliminación del requisito de plena capacidad de obrar que en el reglamento sobre viviendas de promoción pública autonómica (Decreto 253/2007, art. 10) se exige para acceder a las viviendas en compra o arrendamiento. La Consellería de Infraestructuras y Vivienda aceptó la recomendación y se comprometió a la eliminación en el futuro decreto de desarrollo de la Ley de vivienda de Galicia (Ley 8/2012).

 

Igualmente es necesario el desarrollo de la Ley de accesibilidad de Galicia (Ley 10/2014), para poner al día las normas reglamentarias anteriores a su entrada en vigor. La Consellería de Política Social se comprometió a eso.

 

Además de las recomendaciones de cambios en el ámbito normativo a las que acabamos de hacer referencia, también es necesaria a la vigilancia en la aplicación efectiva de las normas. La Institución recibió quejas muy en particular con el cumplimiento de las exigencias de accesibilidad, cuestión a la que se dedicó en 2018 un informe monográfico dirigido al Parlamento.

 

Se recibiron quejas por la falta de accesibilidad en el transporte público interurbano por carretera, y la Consellería de Infraestructuras y Vivienda anunció que en las próximas licitaciones primaría garantizar la accesibilidad universal del servicio. O por la escasa emisión de informativos con intérprete de lengua de signos en la TVG, recomendando el incremento progresivo de la accesibilidad para personas sordas y sordociegas, y la TVG se comprometió a lo mismo. Además, recientemente la federación gallega de personas sordas presentó una queja para que la televisión pública gallega fomentase su derecho de participación política por medio de la traducción a la lengua de signos de los debates electorales que vayan a darse.

 

El informe monográfico al que se hizo referencia, realizado en colaboración con las entidades de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, acreditó múltiples deficiencias de accesibilidad, destacando las siguientes:

 

— en relación con las personas sordas: el conocimiento de la lengua de signos es mínimo en hospitales, transportes, servicios jurídicos o administrativos; los servicios de atención al cliente de las autopistas, ascensores o máquina expendedoras son solo de interfono; la teleasistencia para personas mayores o dependientes carece de vídeoasistencia; no hay signos guía en los museos o centros de interpretación; y las alarmas carecen de avisos luminosos;

 

— en relación con las personas con discapacidad cognitiva: es necesario utilizar señales visuales claras e intuitivas, no entorpecidas por elementos decorativos; claridad en los planes de evacuación evitando letra pequeña o términos difíciles; y también en las instrucciones necesarias para máquinas expendedoras y servicios en especial los de transporte;

 

— en relación con las personas con discapacidad física: el pavimento público no está debidamente señalizado; los vados peatonales muchas veces no son plenamente accesibles; los escalones tienen a veces excesiva altura, y las cuestas excesiva pendiente y sin pasamanos; en las dependencias públicas son inusuales los mostradores de doble altura; hay carencias en los servicios higiénicos; el transporte público suele carecer de accesos adecuados; las plazas de aparcamiento no respetan la proporción 1/40 legal; y hay problemas de accesibilidad en rutas, parques y playas;

 

— en relación con las personas con discapacidad visual: los caminos públicos presentan dificultades de orientación; ausencia de señalización adecuada de caminos peatonales; no hay señalizaciones de peligro cuando se dan situaciones de riesgo de caída en espacios públicos o privados; los cajeros automáticos carecen de elementos para facilitar su uso; ausencia de contenidos de audio-descripción en salas de cine, exposiciones y museos, o respecto de máquinas. Además, muchas terrazas de locales hosteleros impiden seguir las líneas de fachada, a pesar de la clara prohibición de los obstáculos y del gran perjuicio que se les ocasiona, como ya puso de relieve alguna sentencia del Tribunal Supremo. Se tramitó una queja con un ayuntamiento y se concluyó al informar al ayuntamiento que en todas las licencias de terraza se aseguran que se cumple con dicha normativa de terrazas.

 

Para tratar todos estos aspectos relacionados con la accesibilidad conocemos un buen número de quejas e iniciamos actuaciones de oficio. Recientemente iniciamos otra actuación de oficio por la falta de rebajes en una acera a la altura de un paso de cebra y por el accidente sufrido por una persona en silla de ruedas debido a esa falta de adaptación razonable.

 

En la aplicación efectiva de las normas, otro aspecto mejorable es en orden a las demoras en las valoraciones de discapacidades. A esos efectos se iniciaron quejas de oficio y se formularon varias recomendaciones; la Consellería de Política Social concretó medidas dirigidas a una mejora de los tiempos. Sin embargo, hace poco  tiempo iniciamos siete nuevas actuaciones de oficio para conocer el estado de la cuestión en las siete ciudades.

 

La educación inclusiva y la inserción laboral son de los aspectos esenciales para la integración de las personas con discapacidad. El Decreto 229/2011 por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado de los centros docentes de la CA de Galicia ponen de manifiesto con claridad la esencia de la educación inclusiva al señalar que la respuesta educativa a esa diversidad debe concretarse en cada uno de los proyectos educativos, en cada una de las enseñanzas, en la coordinación docente, en la personalización de la educación de cada una de las alumnas y alumnos, en los recursos y medidas educativas, en los compromisos familiares y sociales y en todo lo que contribuya al máximo desarrollo personal y social del alumnado y a su preparación para convivir y participar de forma autónoma en la sociedad. En el ámbito de la actividad de supervisión de la institución se tramitaron quejas por el desacuerdo de las familias con los recursos y medidas implementadas. En este momento estamos tramitando una queja en la que se alega la discrepancia entre las orientaciones curriculares y la determinación de las ayudas necesarias que figuran en los informes del EOE de dos alumnos y las medidas implementadas en el centro educativo.

También se recomendó y se aceptó que en las próximas convocatorias de la evaluación del bachillerato y mientras exista este sistema de acceso se adopten las medidas necesarias para que se asegure la igualdad de oportunidades y no discriminación del alumnado sin discapacidad pero con necesidades educativas especiales (adaptación de tiempos, elaboración de modelos especiales de examen, medios materiales y humanos, asistencias, apoyos, garantía de accesibilidad y comunicación) e incluso la necesaria calificación de los correctores. Y también se recomendó y se aceptó por todas las universidades gallegas que en la fase extraordinaria de acceso se puedan incrementar las plazas hasta alcanzar el 5% para que accedan los estudiantes con discapacidad cuando en la convocatoria común no aconteciera la dicha concurrencia.

En el tema del empleo se constató el no cumplimiento de los mínimos por algunas administraciones públicas, según ya denunciamos en el informe especial de 2013, aunque progresivamente se mejora al establecer las cuotas en las ofertas de empleo público, tanto la general del 7% como la específica del 2% para la discapacidad intelectual. Desde la Institución defendemos que estas cuotas se deberían respetar también en los empleos públicos temporales, lo que hace la Xunta de Galicia desde el decreto de 2019, y que las medidas de discriminación positiva afecten también a las convocatorias de apoyo o fomento del empleo que realizan las administraciones. Con la actual normativa esto último no es obligado, pero con ocasión de alguna queja indicamos que era conveniente hacer reservas a favor de las personas con diversidad funcional en esos programas contingentes de promoción del empleo, puesto que también a través de ellos se cumple el objetivo legal de la inclusión laboral.

 

Para una óptima inserción laboral, es preferible el empleo común frente al protegido en centros especiales de empleo. A estos efectos, los poderes públicos deberían promover la transición del empleo protegido al común a través de los enclaves laborales. Al mismo tiempo, los poderes públicos deberían promover la adaptación de los puestos de trabajo, públicos y privados, a través de algunas de las siguientes medidas: (1) restricciones totales o parciales del tipo de trabajo, de los materiales utilizados, o del modo de trabajar; (2) equipos especiales de adaptación; (3) servicios de apoyo para, sin sustituir en la realización de las tareas esenciales, facilitar las mismas; o (4) supresión de las barreras. Sobre la adaptación del puesto de trabajo estamos tramitando una queja promovida por una persona con discapacidad inscrita en las listas de contratación de un ayuntamiento.

 

El funcionamiento del sistema de dependencia incide muy directamente en la situación de las personas con discapacidad. El Observatorio Estatal de la Dependencia, en el último informe anual referido a 2018, valora el esfuerzo de la Comunidad Autónoma en los tres últimos años. Pero aún hay carencias. Lo cual motiva quejas ante la institución en particular por los tiempos de espera para plazas residenciales, para ayuda al hogar o para acceso a los servicios sociosanitarios. Los tránsitos desde los centros de educación especial a los servicios de dependencia también generaron quejas derivadas de la solución de continuidad: recientemente hubo una queja de oficio de un chico con trastorno del espectro autista que, finalizado su ciclo educativo, llevaba tiempo en lista de espera; la Consellería aceptó la recomendación y solucionó el caso.

 

El sistema de dependencia se ve afectado también por retrasos en las valoraciones de la misma, lo que motivó que el año pasado hubiéramos iniciado diferentes actuaciones de oficio.

 

Uno de los servicios claves en el sistema de dependencia es el residencial. Iniciamos una actuación de oficio para conocer el protocolo de actuación de una residencia privada con plazas concertadas a la hora de aplicar sujeciones. Concluimos que las sujeciones se prescriben por profesionales médicos en función de las circunstancias de las personas residentes, se registran en su historia médica y son revisadas periódicamente. Con carácter previo se informa al residente y a la familia y se le facilita un formulario de consentimiento informado que debe firmar el familiar de referencia.

 

También iniciamos otra actuación de oficio debido a los casos de soledad no deseada, que afecta a muchas personas mayores y/o con discapacidad. Una consecuencia preocupante que puede tener es el desconocimiento temporal de los fallecimientos. Reclamamos informes a la Consellería de Política Social y a la FEGAMP, y después de valorar las respuestas concluimos que el mayor incidente de la soledad no deseada apreciara en medio urbano, debido a la ausencia de redes de apoyo familiar y/o vecinal, lo que hace necesario aplicar en él estrategias y herramientas de mayor intensidad. La consellería  anunció la elaboración de un Informe general sobre la soledad no deseada, de un Censo de personas mayores que viven solas en Galicia, de una Estrategia de prevención y atención a la soledad no deseada en Galicia.

Quedaría esta intervención incompleta si no aplicáramos una perspectiva de género. Los datos estadísticos constatan, en efecto, que las mujeres y las niñas con discapacidad sufren en mayor porcentaje (en torno al doble) que las mujeres y las niñas sin discapacidad, violencia en la pareja, delitos sexuales y violencia de género. También son mujeres o niñas quienes mayoritariamente son esterilizadas sin su consentimiento, según se permite en el Código penal con el fundamento paternalista de garantizar el interés de la persona con discapacidad (art. 156). Las mujeres con discapacidad tienen una tasa más alta de desempleo que los hombres con discapacidad. Y las mujeres de mayor edad se encuentran en mayor riesgo de exclusión social y más problemas de cuidado por la soledad.

Desde esta perspectiva, es necesario actuar tanto en la mejora de las normas, como en la vigilancia de la aplicación efectiva de las normas. En la mejora de las normas, hay algunos aspectos a destacar. La derogación de la esterilización debería ser una de las reformas inaplazables. Igualmente la mejora de la ley orgánica de violencia de género con la finalidad de evitar las situaciones de discriminación interseccional: en este aspecto sería necesario llevar a efecto las propuestas contenidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Recomendamos a los colegios de la abogacía, y estos lo aceptaron, formación y capacitación de los colegiados en igualdad y violencia lo que incluye las propuestas específicas del pacto del Congreso y el Senado en materia de violencia contra colectivos especialmente vulnerables y contra víctimas personas con discapacidad. Los colegios aceptaron la recomendación.

 

De nuevo el RD 1917/1999 sobre valoración de la discapacidad presenta problemas, ahora desde la perspectiva de género y discapacidad, al no contemplar enfermedades feminizadas: el caso paradigmático es la fibromialgia. Sobre esta cuestión se está tramitando una queja de una mujer que cada vez está peor, pero su grado de discapacidad en vez de aumentar, disminuye.

 

También es necesaria la vigilancia de la aplicación efectiva de las normas en la medida en que las mujeres con discapacidad se encuentran con dificultades para hacer valer sus derechos derivados: a veces por su discapacidad -por ejemplo, una mujer con discapacidad intelectual puede no ser consciente de los maltratos continuados que sufre, de ahí la importancia de las campañas públicas dirigidas a los colectivos más vulnerables-. La Secretaría General de Igualdad hizo una guía sobre violencia contra las mujeres con los discapacidad, donde recoge la violencia física, la sexual, la estructural, la psicológica, la económica, la obstétrica y la cultural; otras veces por la falta de medios -por ejemplo, por no haber medios alternativos para las mujeres sordas al teléfono de asistencia las víctimas, o por no disponer de intérpretes de la lengua de signos en las dependencias administrativas, policiales o judiciales-. Hay un convenio de colaboración entre la Secretaría General de Igualdad y la Federación de asociaciones de personas sordas para garantizar una atención integral las mujeres generado en el marco del pacto de Estado contra la violencia de género; e incluso también por los propios perjuicios que sufren las mujeres con discapacidad -por ejemplo, restándole credibilidad a su declaración al priorizar que se trata de una mujer que tiene una discapacidad-. Hace poco   tuvimos  una  reunión  con la entidad  Ecos  del Sur,  en la que  hicieron referencia a un caso  de una  mujer  nigeriana, víctima de trata,  con una  patología psiquiátrica precisamente por ser víctima de trata, y el caso  fue  sobreseído  al  no  darle  credibilidad la testigo de la víctima.

Finalmente, la implementación efectiva del modelo social deber a actuar, no solo en el ámbito normativo y en la vigilancia de la aplicación efectiva de las normas, también en la concienciación para el cambio de modelo. La persistencia en la sociedad de perjuicios se refleja en episodios aparentemente puntuales pero demostrativos de la existencia de un problema estructural. Es muy significativo que la discapacidad sea el segundo motivo de delitos de odio en España. O que la discapacidad sea el detonante de muchos acosos contra niños y niñas en los centros escolares. Los poderes públicos deben luchar contra la discafobia (miedo irracional, odio y discriminación contra las personas con discapacidad).

 

Finalizo ya. Vuelvo a agradecer la oportunidad que se me dio de comparecer ante esta Comisión, y quedo a su disposición para las aclaraciones que tengan por conveniente realizar.

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