CASO MARUXAINA DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD LUGAR PÚBLICO ¿ESPACIO IMPUNE? por Mar Vivero, Abogada.

15 abril, 2021 actualidad, actualidade, hablamos de feminismo, Noticias, Sin categoría

Bajo el pomposo nombre de “descubrimiento y revelación de secretos” se encuentra en nuestro código penal el Art. 197 que se incardina en el Título de los Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, cuyo objeto es castigar las conductas punibles que atacan el bien jurídico protegido de la intimidad personal.

 

Según el mencionado texto legal “1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.”

Además, en el apartado 3 de dicho precepto se dice: “Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores”.

Es decir que, la grabación o captación de imágenes íntimas de cualquier persona sin su conocimiento ni consentimiento puede encontrar encaje en el apartado 1 del referido artículo y por lo tanto ser considerado como delito, previendo el apartado 3 una agravación de la pena en el supuesto de que las imágenes captadas sean difundidas.

Según un sector de la doctrina, solo se puede cometer este delito si las imágenes captadas lo son en lugares cerrados al conocimiento externo (viviendas, oficinas…) quedando fuera de la protección penal las imágenes íntimas grabadas en lugares públicos.

 

Con base en dicho razonamiento, un Juzgado de Instrucción ha dictado un auto de sobreseimiento, por entender que no existe delito en una conducta que consistió en grabar a varias decenas de mujeres durante unas fiestas populares cuando orinaban en un lugar apartado de la vía pública y difundir dichas grabaciones en varias webs pornográficas, donde se alcanzaron miles de reproducciones. En los vídeos se podían observar en un primer plano las partes íntimas de varias mujeres durante el acto de orinar, ya que al menos tres cámaras habían sido estratégicamente ubicadas para ello, y además a muchas de ellas se les podía ver perfectamente la cara.

 

Según la referida resolución judicial no se puede apreciar conducta delictiva en los hechos que se describen puesto que, por el hecho de orinar en la calle, que es un lugar en el que podrían ser vistas por cualquier persona que por allí transitase, la grabación y difusión de las imágenes no supone un ataque o vulneración a la intimidad.

 

Pues bien, llegado este punto, y al margen del devenir del procedimiento judicial, que está pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincial, se hace necesaria una reflexión acerca del consentimiento en este tipo de conductas ilícitas, ya que si bien en otros tipos delictivos como por ejemplo los delitos contra la integridad sexual, ya han sido escritos ríos de tinta respecto al consentimiento de la víctima, todavía no se ha tratado con cierta profundidad la prestación del consentimiento en los delitos en los que el bien jurídico protegido es la intimidad personal.

 

La sentencia del TS en la que el auto al que nos referimos se basa para motivar el sobreseimiento, dice que: “la intervención del derecho penal está justificada por la especial insidiosidad del medio empleado, que penetra en los espacios reservados de la persona, de ahí la intensa ofensividad del bien jurídico tutelado, que se atenúa cuando se produce en lugares públicos, aún sin consentimiento del titular del derecho, que en línea de principio debe generar una respuesta extrapenal”.

 

Es decir que por lo que al caso que nos ocupa se refiere, al estar orinando las mujeres en la vía pública (aunque sea un espacio apartado) se sobreentiende (aunque sea de modo tácito) que están prestando su consentimiento para que sus imágenes sean captadas, ya que están asumiendo que “podrían ser vistas por cualquier persona”.

 

Pero, ¿Qué tipo de consentimiento se presupone que han prestado? ¿Cuál es el alcance de dicho consentimiento? ¿Consentimiento a que puedan ser vistas por los transeúntes? ¿Consentimiento a que puedan ser grabadas por los transeúntes con un móvil y a cierta distancia? ¿Consentimiento a ser grabadas con cámaras profesionales de alta resolución y desde tres ángulos distintos? ¿Consentimiento a que sea grabada en un primer plano su zona genital? ¿Consentimiento a que dichas grabaciones sean utilizadas en páginas web pornográficas? ¿Consentimiento para que su imagen sea portada y reclamo de esas webs?

 

Y no es esta una cuestión baladí, puesto que si bien estas mujeres cuyas imágenes fueron captadas y difundidas, al orinar en un lugar escasamente transitado de la vía pública podían eventualmente asumir que pudieran ser vistas por contadas personas que en aquel momento pudieran pasar por allí y además ser vistas a cierta distancia, ya que el lugar estaba resguardado entre un muro y unos coches, en modo alguno de dicha actitud se puede colegir que estuviesen prestando su consentimiento para ser grabadas, mucho menos para que dichas grabaciones fuesen difundidas a través de internet y pudiesen ser vistas por miles de persona y por supuesto es evidente que dicho presunto consentimiento no autorizaba a que terceras personas se lucrasen económicamente con la difusión de las referidas imágenes en un portal web de contenido pornográfico, en el que además de visualizar los videos mediante un click, el contenido podía ser descargado, almacenado y difundido indefinidamente.

 

Quizás estas interpretaciones jurisprudenciales tan poco adaptadas a los tiempos tengan su origen en el tan manido aforismo de que la sociedad evoluciona con más rapidez que las leyes, y quizás no sea fácil interpretar y adaptar por la vía de la doctrina y la jurisprudencia los artículos del código penal a los nuevos modos de delinquir que van surgiendo como fruto del imparable avance de las nuevas tecnologías.

 

Y si bien el referido artículo 197 del Código Penal ha sido reformado por la Ley Orgánica nº 1/2015 de 30 de marzo, que nos parece que fue “ayer”, han transcurrido más de 6 años en los que la sociedad, las nuevas tecnologías, los modos de comisión delictiva en el ámbito de internet, avanzan a un ritmo tan frenético y tan rápido con el que el mundo lento y lánguido de la Justicia no puede competir.

 

Una de las posibles soluciones podría estar escondida en el artículo 3 del Código Civil, ese “artículo comodín” que tanto nos gusta a todos los juristas y que habla de que las normas han de ser interpretadas conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Y sin faltar al respeto al tan sagrado principio de legalidad consagrado en el Art. 1.1 del Código Penal, resulta evidente que en el año 2021 resulta anacrónico y obsoleto sostener que la intimidad no es digna de ser protegida en vía penal si las imágenes íntimas son captadas en espacios públicos y que ese eventual consentimiento pueda surtir el efecto de “barra libre” para difundir dichas imágenes y hasta negociar y lucrarse con las mismas.

 

 

Al igual yo cada segundo sábado de agosto la serena  Maruxaina espera el resultado del juicio a lo que es sometida en la plaza del pueblo, las decenas de mujeres que fueron víctimas de tan desagradable episodio esperan que la Justicia otorgue la debida protección a uno bien jurídico tan sagrado cómo lo de la propia intimidad personal

 

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