Asunto: en relación con la queja con informe adjunto remitidos por la Valedora do Pobo sobre el vacío legal en el caso de los abogados condenados por violencia y su permanencia en el turno especial en esta materia de violencia de género, comunicamos lo siguiente:

16 julio, 2021 actualidad, actualidade, Noticias, Sin categoría

El Defensor del Pueblo comunica a la Valedor do Pobo, Dolores Fernández Galiño, que inicia actuaciones con el Ministerio de Justicia, órgano competente en la materia; dándole traslado del Informe realizado por la Valedor do Pobo y del escrito de queja presentada por Fademur.

El Defenso del Pueblo acoge íntegramente el Informe enviado por la Valedora puesto que remite íntegramente la información facilitada desde este Institución , comunicando lo siguiente: “ …se ha procedido a iniciar actuaciones con el Ministerio de Justicia, órgano competente en esta materia, dándole traslado de la información que nos ha sido facilitada para que pueda estudiarla y para que, en relación con el problema que plantea, puedan pronunciarse sobre la conveniencia de establecer normativamente a nivel estatal un sistema de limitación al ejercicio profesional en el turno de oficio especializado en violencia de género, regulando la necesidad de que los profesionales relacionados con una intervención carezcan de estos antecedente penales.”

 

El informe remitido por la Valedora al Defensor del Pueblo, en síntesis, fue el siguiente:.

 

  • El punto de partida: las víctimas de la violencia de género tienen el derecho a la asistencia jurídica, que ha de ser prestada por profesionales, abogados, de acuerdo con una serie de requisitos.

Artículo 20, Servicios de apoyo generales. Convenio de Estambul.

  1. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que las víctimas tengan acceso a servicios que faciliten su restablecimiento. Estas medidas deberían incluir, en caso necesario, servicios como el asesoramiento jurídico y psicológico, la asistencia financiera, los servicios de alojamiento, la educación, la formación y la asistencia en materia de búsqueda de empleo.

Artículo 27, Gestión de los servicios. Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia.

  1. Las juntas de gobierno de los colegios de abogados y de los colegios de procuradores regularán y organizarán los servicios de asistencia letrada y defensa y representación gratuitas atendiendo a criterios de eficacia, funcionalidad, agilidad, accesibilidad, calidad y transparencia. Esta organización garantizará, en todo caso, la continuidad y la adecuada atención del servicio.
  2. Los colegios velarán por el correcto desarrollo de su función por parte de los profesionales designados y adoptarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar la efectividad y el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos a ser asesorados, defendidos y representados gratuitamente por profesionales suficientemente cualificados y a recibir una prestación profesional de calidad. Con esta finalidad desarrollarán, entre otras, las siguientes funciones:
  3. d) Supervisar y controlar el funcionamiento de los turnos de guardia y de los turnos y listas previstas en el artículo 31º de este reglamento.

Criterios de eficacia, funcionalidad, agilidad, accesibilidad, calidad y transparencia, según vemos, son los que han de guiar los servicios de asistencia letrada.

Calidad y transparencia, principios estos que parecen pugnar con el hecho de que un abogado condenado como autor de un delito de violencia de género, incluso incurso en uno de estos procedimientos, pueda prestar su asistencia jurídica en el turno especializado de este ámbito, como pugna con la razón misma pues, así, difícil será concebir que el profesional actúe sin condicionamientos extraños, con la templanza necesaria. Y sin olvidar que la relación entre el abogado y su cliente ha de venir presidida por la necesaria confianza a la que alude ya el artículo 4 del Código Deontológico, presupuesto para el ejercicio de la profesión que se constituye como otro principio esencial, y que, en estas condiciones, el cliente, en principio víctima de la violencia de género, difícilmente podría prestarla.

Pero, ¿es posible que se de la situación que contemplamos? La realidad nos dice que sí y ello también resulta del estudio de la normativa correspondiente.

 

Los Colegios de la Abogacía, carecen de la capacidad normativa necesaria por lo que, lo más conveniente, es interesar de las instituciones correspondientes, que establezca la normativa oportuna que dé respuesta a lo que puede considerarse una laguna legal. En el sentido del ejercicio profesional con los menores, que se veda a los que tienen antecedentes por delitos relacionados. Recordemos que el artículo 13.5 de la LO 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, tras su redacción dada por la Ley 26/2015 de 28 de julio, dispone “… Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales”. Y que el Real Decreto 1110/2015 de 11 de diciembre vino a regular ese Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Acaso lo que resultaría necesario para resolver el problema del que tratamos sería establecer un sistema similar en relación con la violencia de género, regulando la necesidad de que los profesionales relacionados con una intervención específica carezcan de estos antecedentes.

 

 

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