La Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, remite al Defensor del Pueblo, la siguiente petición de modificación legislativa: que los Abogados condenados por violencia de género no puedan ejercer en el turno especializado para la atención a las víctimas de violencia de género.

24 mayo, 2021 actualidad, actualidade, Noticias, Sin categoría

La asociación Fademur Galicia remitió una queja a esta Valedoría, poniendo en conocimiento este problema. Admitida la queja a trámite, se dictó la siguinte resolución por la Valedora do Pobo.

Se adjunta resolución íntegra remitida al Defensor del Pueblo.

 

Excmo. Sr.:

En esta institución se recibió escrito de queja remitido por Dª…, con DNI , presidenta de FADEMUR Galicia , con domicilio en Rúa Doutor Maceira, 13 – Baixo, Santiago de Compostela (A CORUÑA), referente al problema derivado de la atención por profesionales que ejercen en el turno especializado para la atención a las víctimas de violencia doméstica y que han sido condenados por la comisión de delitos de la misma naturaleza.

El punto de partida: las víctimas de la violencia de género tienen el derecho a la asistencia jurídica, que ha de ser prestada por profesionales, abogados, de acuerdo con una serie de requisitos.

Artículo 20, Servicios de apoyo generales. Convenio de Estambul.

  1. Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que las víctimas tengan acceso a servicios que faciliten su restablecimiento. Estas medidas deberían incluir, en caso necesario, servicios como el asesoramiento jurídico y psicológico, la asistencia financiera, los servicios de alojamiento, la educación, la formación y la asistencia en materia de búsqueda de empleo.

Artículo 27, Gestión de los servicios. Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia.

  1. Las juntas de gobierno de los colegios de abogados y de los colegios de procuradores regularán y organizarán los servicios de asistencia letrada y defensa y representación gratuitas atendiendo a criterios de eficacia, funcionalidad, agilidad, accesibilidad, calidad y transparencia. Esta organización garantizará, en todo caso, la continuidad y la adecuada atención del servicio.
  2. Los colegios velarán por el correcto desarrollo de su función por parte de los profesionales designados y adoptarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar la efectividad y el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos a ser asesorados, defendidos y representados gratuitamente por profesionales suficientemente cualificados y a recibir una prestación profesional de calidad. Con esta finalidad desarrollarán, entre otras, las siguientes funciones:
  3. d) Supervisar y controlar el funcionamiento de los turnos de guardia y de los turnos y listas previstas en el artículo 31º de este reglamento.

Criterios de eficacia, funcionalidad, agilidad, accesibilidad, calidad y transparencia, según vemos, son los que han de guiar los servicios de asistencia letrada.

Calidad y transparencia, principios estos que parecen pugnar con el hecho de que un abogado condenado como autor de un delito de violencia de género, incluso incurso en uno de estos procedimientos, pueda prestar su asistencia jurídica en el turno especializado de este ámbito, como pugna con la razón misma pues, así, difícil será concebir que el profesional actúe sin condicionamientos extraños, con la templanza necesaria. Y sin olvidar que la relación entre el abogado y su cliente ha de venir presidida por la necesaria confianza a la que alude ya el artículo 4 del Código Deontológico, presupuesto para el ejercicio de la profesión que se constituye como otro principio esencial, y que, en estas condiciones, el cliente, en principio víctima de la violencia de género, difícilmente podría prestarla.

Pero, ¿es posible que se de la situación que contemplamos? La realidad nos dice que sí y ello también resulta del estudio de la normativa correspondiente.

Porque el abogado ejerciente, que lo puede ser no poseyendo antecedentes penales inhabilitantes, artículo 13.1 a) del Estatuto General de la Abogacía aprobado por el Real Decreto 658/2001 de 22 de junio, tiene pleno acceso a los cursos de especialización, y entonces, una vez superados, derecho a su desarrollo profesional dentro de los turnos específicos, y porque su separación del ejercicio sólo puede acordarse por causas tasadas, determinadas normativamente, en lo que ahora interesa, la comisión de delitos dolosos como consecuencia del ejercicio de la profesión o de actos u omisiones que constituyan una ofensa grave contra la dignidad de la misma profesión, de las reglas éticas que la gobiernan y de los deberes establecidos en el Estatuto, suspensión de tres meses a dos años, o de hasta tres meses si no tuviera entidad como para considerarse la infracción muy grave, y la condena por un delito grave, expulsión, artículos 84 c) y j), artículo 85 g) y artículo 87.1 y 2 del mencionado Estatuto.

Esto es, a no ser que el delito de violencia de género cometido sea de gravedad, y la mayor parte de estos delitos están definidos en el Código Penal como menos graves, la condena del abogado no tendría repercusión en su ejercicio en el ámbito especializado.

Los  Colegios de la Abogacía, carecen de la capacidad normativa necesaria por lo que,  lo más conveniente,  es interesar de las instituciones correspondientes, que establezca la normativa oportuna que dé respuesta a lo que puede considerarse una laguna legal. En el sentido del ejercicio profesional con los menores, que se veda a los que tienen antecedentes por delitos relacionados. Recordemos que el artículo 13.5 de la LO 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, tras su redacción dada por la Ley 26/2015 de 28 de julio, dispone “… Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales”. Y que el Real Decreto 1110/2015 de 11 de diciembre vino a regular ese Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Acaso lo que resultaría necesario para resolver el problema del que tratamos sería establecer un sistema similar en relación con la violencia de género, regulando la necesidad de que los profesionales relacionados con una intervención específica carezcan de estos antecedentes.

 

En consideración a que dicha actuación se refiere a competencias de la Administración General del Estado, se remite a esa Institución, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.3 de la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, y 16.3 de la Ley autonómica 6/1984, de 5 de junio. Y al respecto solicito de VE que evalúe la conveniencia de establecer normativamente la limitación que se menciona y, de considerarlo procedente en el ámbito de las funciones de esa Institución Constitucional, traslade al órgano competente dicha valoració

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