Montserrat Terceiro, miembro de la Red de Ciudadanía Activa de Dano Cerebral Galicia, expuso las peticiones que la entidad considera prioritarias para la nueva legislatura del Parlamento de Galicia. Estas demandas se centran en campos como la atención y coordinación sociosanitaria, la promoción de la vida independiente y la desinstitucionalización o la accesibilidad universal. Además, instaron la creación de una comisión permanente sobre discapacidad en la Cámara.

La valedora do pobo, Dolores Fernández, destacó que los poderes públicos son garantes del derecho a una vida digna. En consecuencia, defendió poner a las personas que están en los márgenes y que no disfrutan plenamente de ese derecho, como las personas con daño cerebral, en el centro de las políticas públicas. Así, no dejando a nadie atrás, es la única forma en que podemos avanzar como sociedad, afirmó la alta comisionada.

El acto contó con la presencia de representantes de los grupos parlamentarios, de la Administración autonómica, especialmente en las áreas de Política Social, Igualdad y Sanidad, de colegios y entidades profesionales, del tercer sector de acción social y de las asociaciones de daño cerebral federadas al cobijo del paraguas de Dano Cerebral Galicia.

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La ELA es una enfermedad imprevisible en su origen; pero muy previsible en la evolución, y el tiempo corre en contra de las personas que la padecen. Además, deben tenerse en cuenta los cuidados muy especiales y permanentes, que, llegado un momento, van a ser imprescindibles. Esta singularidad de la ELA urge que se acorten y simplifiquen los trámites para que se faciliten la atención, los cuidados y las prestaciones que en cada caso sean precisas, sin desfases entre esta situación y la respuesta de las administraciones. Las personas con ELA no pueden esperar ni sufrir, además de la enfermedad, el desamparo del sistema, que las expulsa simplemente por someterlas a normas que contemplan la discapacidad de un modo “normativo”.

Las personas que padecen ELA están en los márgenes de un sistema que no las protege y eso también lo apreciamos en quejas y actuaciones que iniciamos de oficio.

• En 2023, nos interesamos por una persona enferma de ELA que no pudo embarcar en el aeropuerto de A Coruña dado que la compañía aérea no pudo subir su silla de ruedas a la aeronave. Finalmente, la empresa se disculpó, indemnizó al pasajero y modificó sus protocolos y su material para evitar que se produjese un caso parecido en el futuro.
• Asimismo, la Consellería de Sanidade aceptó nuestra sugerencia para que agilizase la confirmación de los diagnósticos a raíz del caso de un paciente que tuvo que esperar más de cuatro meses desde que se le comunicó que era probable que tuviese ELA. En estos casos, el tiempo es fundamental; también para acceder a las ayudas de accesibilidad.
• Finalmente, remitimos al Defensor del Pueblo una queja relativa a un equipo de evaluación que solo reconocía la incapacidad permanente total (es decir, aquella que permite seguir desempeñando otros trabajos distintos al que se realizaba) a un enfermo de ELA, a pesar de su amplísima carrera de cotización, porque aplicaba un protocolo que ignoraba completamente la sintomatología de la ELA de origen bulbar. La Administración modificó su actuación en un corto periodo de tiempo.

Por otra parte, es necesario recordar que las personas con discapacidad (también las personas con ELA) tienen derecho a vivir dignamente, lo que incluye el derecho a recibir atención y cuidados. Cuando, por la evolución de la enfermedad, sean necesarias intervenciones para seguir viviendo, las personas con ELA no pueden verse condicionadas por el coste de los tratamientos o de los apoyos que necesiten. En estos momentos, deben contar con la información y los recursos que precisen a fin de adoptar una decisión libre.

De este modo, poniendo a las personas con ELA en el centro de las políticas públicas, se reducirían los factores de discriminación e interseccionalidad que las afectan y, con ello, se avanzaría en la protección que el sistema les puede proporcionar. Además, poniéndolas en el centro de las políticas públicas, se visibilizarían también todas aquellas personas con enfermedades que puedan requerir apoyos, cuidados, atención y tratamiento en algún momento. Es perentorio que los poderes públicos les garanticen a todas ellas el derecho a una vida digna.

Finalmente, con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la Confederación Nacional de Entidades de ELA ha publicado un manifiesto accesible aquí.

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La Valedora sigue consiguiendo objetivos, ha quedado aceptada la normativa que permite a las personas incapacitadas Judicialmente el acceso a una vivienda pública.

La Valedora do Pobo, Milagros Otero Parga, concluyó de manera favorable la queja de un particular sobre la imposibilidad de acceso a una vivienda pública de una persona con discapacidad psíquica del 65% con incapacidad judicial total. Como resultado de la investigación la Xunta valorará una  modificación normativa, instada por recomendación de la Valedora, que eliminará el requisito de que los demandantes de este tipo de vivienda deban tener “plena capacidad de obrar” garantizando su acceso a la vivienda pública.

Artículo 10 del Decreto 253/2007:

Este artículo regula el régimen jurídico del suelo y de las edificaciones promovidas por el Instituto Galego da Vivenda y solo incluía como uno de los requisitos comunes a todos los adjudicatarios a “plena capacidad de obrar”.

A criterio de la Valedora esta limitación estaba vulnerando los derechos legalmente reconocidos de las personas con discapacidad, partiendo ya de los consagrados en la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad. “La práctica totalidad de las personas incapacitadas son personas con discapacidad”, afirma la Valedora, quien añade por tanto que:

“la disposición que tratamos afecta a personas con discapacidad por lo que resulta necesaria la aplicación de las normas internacionales y nacionales sobre sus derechos y estas prevén el descarte del anterior modelo de relevo en la toma de decisiones y la aplicación de un modelo de apoyo que respete sus derechos fundamentales”.

La Valedora defendió, en el marco de su actuación ante el caso de un particular una modificación de la normativa autonómica para garantizar que las personas con discapacidad cognitiva puedan acceder al parque de viviendas de promoción pública en igualdad con el resto de la población con atención a los apoyos que puedan precisar y que se establezcan judicialmente.

La actuación de la Valedora culminó con la remisión de una recomendación a la Consejería de Infraestructuras y Vivienda para que se modifique el artículo 10 del Decreto 253/2007, que establece como condición para la compra, arrendamiento o arrendamiento con opción de compra de las viviendas de promoción pública la plena capacidad de obrar lo que vulnera los derechos legalmente reconocidos de las personas con discapacidad.

El pasado 26 de noviembre el departamento de la Xunta de Galicia envió una comunicación en la que acepta expresamente el contenido de la recomendación.

Se acepta finalmente la recomendación de la Valedora en estos términos:

En el marco del estado actual de tramitación del anteproyecto de decreto de desarrollo de la Ley 8/2012 de vivienda de Galicia, se valora la modificación de dicho requisito de la plena capacidad de obrar para ser adjudicatario de una vivienda de promoción pública en la línea indicada en la recomendación de la Valedora.

La Consejería modificará la normativa reglamentaria en materia de viviendas de promoción pública y suprimirá el requisito de la “plena capacidad”. Lo sustituirá por otro que sea respetuoso con los derechos de las personas con discapacidad y que haga referencia a las condiciones individuales para obrar que se establezcan en cada resolución judicial y en especial a la actuación con los apoyos precisos.

El libre ejercicio de las capacidades de elección con los apoyos precisados en cada caso resulta una condición indispensable para el respeto de la dignidad de las personas con discapacidad.

Así concluyó la Valedora do Pobo que vigilará la efectividad de estas medidas.

Santiago de Compostela, 26 de noviembre de 2018 .

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(ver convocatoria aquí)

La comisión de Selección está formada por:

• Presidencia:
  • Mª José Castro Carballal (Jefa de Servicio de Administración y Persoal de la Valedora del Pueblo)
    • Suplente: Santiago González Serrano

•  Vocales:
  • Antonio Hernández Fernández (director de Salud Mental-Feafes Galicia)
    • Suplente: Carina Fernández Rivera
  • Cristina Terrón Pérez (designada por los sindicatos más representativos)

• Secretaría:
  • Elena Natalia Aller Fajardo (Jefa de Sección de la Valedora del Pueblo)
    • Suplente: Pilar Sobredo Mata

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Desde esta perspectiva, es necesario actuar tanto en la mejora de las normas, como en la vigilancia de la aplicación efectiva de las normas. En la mejora de las normas, hay algunos aspectos a destacar. La derogación de la esterilización debería ser una de las reformas inaplazables. Igualmente la mejora de la ley orgánica de violencia de género con la finalidad de evitar las situaciones de discriminación interseccional: en este aspecto sería necesario  llevar a efecto las propuestas contenidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Recomendamos a los colegios de la abogacía, y estos lo aceptaron, formación y capacitación de los colegiados en igualdad y violencia lo que incluye las propuestas específicas del pacto del Congreso y el Senado en materia de violencia contra colectivos especialmente vulnerables y contra víctimas personas con discapacidad. Los colegios aceptaron la recomendación.

De nuevo el RD 1917/1999 sobre valoración de la discapacidad presenta problemas, ahora desde la perspectiva de género y discapacidad, al no contemplar enfermedades feminizadas: el caso paradigmático es la fibromialgia. Sobre esta cuestión se está tramitando una queja de una mujer que cada vez está peor, pero su grado de discapacidad en vez de aumentar, disminuye.

También es necesaria la vigilancia de la aplicación efectiva de las normas en la medida en que las mujeres con discapacidad se encuentran con dificultades para hacer valer sus derechos derivados: a veces por su discapacidad -por ejemplo, una mujer con discapacidad intelectual puede no ser consciente de los maltratos continuados que sufre, de ahí la importancia de las campañas públicas dirigidas a los colectivos más vulnerables-. La Secretaría General de Igualdad hizo una guía sobre violencia contra las mujeres con discapacidad, donde recoge la violencia física, la sexual, la estructural, la psicológica, la económica, la obstétrica  y la cultural; otras veces por la falta de medios -por ejemplo, por no haber medios alternativos para las mujeres sordas al teléfono de asistencia a las víctimas, o por no disponer de intérpretes de la lengua de signos en las dependencias administrativas, policiales o judiciales-. Hay un convenio de colaboración entre la Secretaría General de Igualdad y la Federación de asociaciones de personas sordas para garantizar una atención integral a las mujeres generado en el marco del pacto de Estado contra la violencia de género; e incluso también por los propios perjuicios que sufren las mujeres con discapacidad -por ejemplo, restándole credibilidad a su declaración al priorizar que se trata de una mujer que tiene una discapacidad-. Hace poco tuvimos  una  reunión  con la entidad  Ecos  del Sur,  en la que  hicieron referencia a un caso  de una  mujer  nigeriana, víctima de trata,  con una  patología psiquiátrica precisamente por ser víctima de trata, y el caso  fue  sobreseído  al  no  darle credibilidad al testimonio de la víctima.

Finalmente, la implementación  efectiva del modelo social deber a actuar, no solo en el ámbito normativo y en la vigilancia de la aplicación efectiva de las normas, también en la concienciación para el cambio de modelo. La persistencia en la sociedad de perjuicios se refleja en episodios aparentemente puntuales pero demostrativos de la existencia de un problema estructural. Es muy significativo que la discapacidad sea el segundo motivo de delitos de odio en España. O que la discapacidad sea el detonante de muchos acosos contra niños y niñas en los centros escolares. Los poderes públicos deben luchar contra la discafobia (miedo irracional, odio y discriminación contra las personas con discapacidad).

Finalizo ya. Vuelvo a agradecer la oportunidad que se me dio de comparecer ante esta Comisión, y quedo a su disposición para las aclaraciones que tengan por conveniente realizar.

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Al respecto la Valedora do Pobo cree necesario dejar constancia firme de que las diferentes medidas legales, protocolos y recomendaciones relacionadas con la crisis sanitaria del  COVID-19 deben interpretarse de tal manera que en ningún caso supongan la vulneración de los derechos y/o lo menoscabo de la dignidad de las personas con diversidad funcional.

En este sentido, las niñas, los niños y en general todas las personas con alteraciones conductuales a las que el confinamiento afecte negativa y significativamente tienen el derecho a deambular por los espacios públicos cumpliendo las medidas precisas y proporcionales para prevenir dentro de lo posible los contagios.

Es necesario hacer un llamamiento a toda la sociedad para que se respete el citado derecho, y también a las autoridades de las diferentes administraciones para que lo hagan respetar.

Debe quedar patente que se descarta cualquier medida de identificación externa de las personas con diversidad funcional, puesto que resultaría claramente lesiva de sus derechos y un ataque intolerable su dignidad.

Santiago de Compostela, a 15 de abril de 2020.

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INVESTIGACIONES DE OFICIO

Iniciamos investigaciones de oficio en varios ámbitos relacionados con la pandemia. Destacamos: una primera actuación para comprobar la accesibilidad y atención de los Centros de Información a la Mujer durante el estado de alarma; las dificultades para solicitar ayudas por violencia de género dada la carencia de certificados digitales y la imposibilidad de acudir a los servicios de manera presencial; para mantener las prestaciones de inclusión social y acelerar las pendientes de resolución durante el estado de alarma; actuaciones en materia de vivienda ante la crisis sanitaria derivada de la Covid-19; la situación del sector marisquero gallego por la crisis de la Covid-19; el estado de tramitación de las ayudas a las entidades de defensa de los derechos de las personas con discapacidad; las medidas adoptadas para la recogida de residuos de pacientes en aislamiento domiciliario por la Covid-19; y la prórroga del tiempo de permanencia en una vivienda expropiada para la construcción de un parque público, acordando la entrega de las llaves cuando finalice del estado de alarma.

TRAMITACIÓN INMEDIATA

La Institución ha recibido varias quejas en relación con la pandemia, que, conjugando urgencia y menor impacto procedimental, ha tramitado con la precisa inmediatez y ausencia de formalismo.

En algunos casos, la situación afecta a colectivos o personas en situación de especial vulnerabilidad. Así sucede en el caso de la falta de un servicio diario y las 24 horas de intérprete de lengua de signos para la atención sanitaria de las personas sordas, así como las carencias de accesibilidad para esas personas en la información necesaria para luchar contra el coronavirus; en el mismo sentido, la dificultad para acceder a medios de subsistencia de las familias dedicadas a la actividad de venta ambulante; el corte del suministro eléctrico durante la vigencia de estado de alarma; o la falta de suministros alimenticios o de primera necesidad a las personas que los recibían de entidades sociales.

Algunas de las más importantes cuestiones señaladas relativas a investigaciones de oficio y quejas ya han tenido una respuesta positiva por parte de las administraciones competentes.

OTROS ASUNTOS

Otros asuntos abordados en las quejas son: la exclusión de las ayudas por la COVID-19 a los autónomos en régimen de estimación por módulos; la falta de medidas en relación con la persistencia de la obligación de pago de alquileres en los pisos de estudiantes que se han desocupado durante el estado de alarma, a diferencia de las medidas adoptadas en la red universitaria de residencias; la alegación de la falta de garantía de derechos digitales en amplias zonas del rural gallego, con insuficiencia de cobertura de internet o ancho de banda, lo que ocasiona problemas para continuar la formación académica online o la realización de tareas escolares; o la restricciones de movilidad en relación con los acompañantes de los enfermos oncológicos que reciben tratamiento de quimioterapia.

En la lucha contra la pandemia hay que proteger la salud de las personas, cuidar a los que nos cuidan, dar atención a los colectivos vulnerables y desfavorecidos, y sentar las bases para un restablecimiento sólido de la actividad.

Las inquietudes relativas a la ausencia de equipos de protección y de pruebas PCR fueron comunicadas a la Valedora desde el momento inicial de la declaración del estado de alarma. Tramitamos las quejas e iniciamos investigaciones de oficio para abordar la cuestión planteada en relación con el personal sanitario, sociosanitario y de ayuda en el hogar. En caso de denuncia de ausencia de EPIS en empresas privadas informamos sobre la posibilidad de poner los hechos en conocimiento de la inspección de trabajo. Contactamos también con el Defensor del Pueblo, a la vista de que la normativa emanada del Estado establecía condiciones relativas al manejo del material.

Las personas mayores sufren un mayor riesgo por el COVID-19 que las convierte en personas especialmente vulnerables. Recibimos también quejas sobre la situación de algunas residencias de personas mayores. Tramitamos las quejas e iniciamos investigación de oficio para conocer con detalle las actuaciones que se están llevando a cabo.

En todas aquellas actuaciones y servicios que quedaron sometidos a las autoridades competentes señaladas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, trasladamos el asunto al Defensor del Pueblo, en aplicación de los principios básicos de coordinación y cooperación previstos en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 3/1981, respetando siempre lo establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

Iniciamos investigación que trasladamos al Defensor sobre la necesidad de modificar el Real Decreto 463/2020 para incluir una regulación sobre la suspensión del régimen de visitas durante el estado de alarma. Trasladamos al Defensor la queja sobre la discriminación por las diferentes medidas adoptadas por el Gobierno para la protección de las personas con un ERTE y los que son objeto de despido definitivo en contratos temporales. En otros casos hemos trasladado al Defensor la situación de empleados de empresas públicas o sociedades estatales con particulares circunstancias a causa de la pandemia, o las propuestas de sanción por incumplimiento del deber de confinamiento cuando concurrían circunstancias excepcionales, pero no previstas entre las actividades permitidas tras la limitación de la libertad de circulación.

COMUNICADOS PÚBLICOS

La Institución ha emitido comunicados públicos con la finalidad de solventar problemas que han surgido o pudieran surgir con relación a la pandemia. Hicimos un comunicado llamando a la solidaridad y a la responsabilidad para evitar determinadas conductas discriminatorias hacia determinados colectivos, particularmente hacia el pueblo gitano. También difundimos una comunicación sobre los derechos de las personas con discapacidad en la emergencia sanitaria, en la que entre otras cosas resaltamos la importancia mantener un contacto permanente con las entidades de defensa de esos derechos, lo que por nuestra parte estamos haciendo de forma directa y frecuente. Hoy mismo, 8 de abril, se celebra el día del Pueblo Gitano, por lo que emitimos un comunicado de apoyo con esa ocasión, llamando la atención sobre la necesidad de remover los perjuicios y de promover la inclusión contando con las mujeres, los hombres, las niñas y los niños gitanos (el detalle de esas comunicaciones se encuentra en nuestra web).

FALAMOS DE FEMINISMO

El foro “FALAMOS DE FEMINISMO” se mantuvo activo y subimos dos publicaciones sobre “mujer y coronavirus”. Difundimos las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre la situación de las mujeres embarazadas y las pautas a seguir con los recién nacidos con Covid-19”.

REFORZAMOS NUESTRO COMPROMISO

La Valedora es consciente de la extrema situación que generó la pandemia y que motivó la declaración del estado de alarma y de ahí el propósito para que nuestra labor en defensa de los derechos de los ciudadanos, en esta situación de emergencia sanitaria y social, se materializara sin restar energía ni esfuerzos a las autoridades y a las personas que, en primera línea, se ocupan de la gestión de las consecuencias de la pandemia.

Reforzamos nuestro compromiso informando a través de este comunicado y de comunicados sucesivos sobre las actuaciones que se llevan a cabo relacionadas con la pandemia y el estado de alarma.

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También resaltó que la información sobre la contención del  COVID-19 debe ser accesible mediante traducción a la lengua de signos o por cualquier otro medio o formato necesario, y puso de relieve que las organizaciones de personas con discapacidad deben ser consultadas y estar involucradas en todas las etapas de la respuesta al  COPVID-19.

Son necesarias medidas adicionales para la protección social de las personas con discapacidad; en especial deben tener la garantía de que su supervivencia es considerada prioritaria y que los protocolos garantizan que “cuando los recursos sean limitados no se les discrimine en el acceso a la salud, incluyendo las medidas para salvar vidas”.

La comisionada de la ONU concluyó que las autoridades “tienen una mayor responsabilidad con esta población debido a la discriminación estructural que enfrentan”.

La Institución de la Valedora do Pobo subraya su plena coincidencia con las orientaciones de la ponente de la ONU. En ese sentido está realizando su labor de promoción y garantía de los derechos de las personas con discapacidad por medio de actuaciones de oficio, quejas y con el contacto con las entidades de defensa de sus derechos.

Con las entidades se dieron anteriores contactos. Coincidiendo con el comunicado de la ponente de la ONU nuevamente nos pusimos en comunicación con el vicepresidente del  CERMI, el presidente de la federación de asociaciones de personas sordas de Galicia, para ofrecer nuestra colaboración en caso de que se conozcan situaciones que merezcan ser evaluadas para la preservación de los derechos de las personas con discapacidad en la actual situación de emergencia.

El representante del  CERMI transmitió que en este rato considera que para la mejor defensa de los derechos de las personas con discapacidad debe garantizarse la plena accesibilidad de las comunicaciones en la atención a las personas con discapacidad, asunto que la Defensora del Pueblo ven conociendo a través de una actuación de oficio.

A través de esta comunicación fluida y permanente con las entidades de defensa de los derechos de las personas con discapacidad la Valedora do Pobo permanecerá atenta la cualquier problema que poda afectar la esas personas en la actual situación de emergencia.

Santiago de Compostela, 6 de abril de 2020.

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Protagonistas del encuentro, pusieron cara las distintas realidades con motivos de la investigación que está  haciendo la Oficina de Derechos  Humanos das Naciones Unidas en España.

Finalizado el  acto con  Ponente de  Naciones  Unidas, La Valedora do Pobo con todo o su  equipo, continuaron  con el  encuentro, para  conocer con  más detalle,  las  inquietudes y os problemas expresados  en la reunión.

El  Ponente de Naciones Unidas,  comunicó a  EAPN  Galicia y la Valedora do Pobo lo siguiente:  “Fue una   experiencia realmente gratificante para el equipo. Lo encontramos muy significativo e informativo, y estamos muy agradecidos con todos los participantes que compartieron y con los organizadores. ES bueno saber que la reunión puede contribuir a una mayor colaboración en estos temas».

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El avance que supuso la convención y la legislación que la siguió se ponen de relieve se tenemos en cuenta que hace bien poco tiempo se aludía a la discapacidad como supuestos “defectos”, “deficiencias”, “enfermedades” o “ padecimientos”, o a las personas con discapacidad como “minusválidos”.

Seguimos encontrando señales, carteles y rótulos que utilizan ese lenguaje contrario a la dignidad inherente de cualquier persona,  fiel reflejo de ideas que conducían directamente a la vulneración de derechos básicos.

El viejo modelo médico en el que se basaba la terminología de la discriminación consideraba que muchas personas “padecían” dificultades y por eso debían ser “sustituidos” por completo, “incapacitados”, y por tanto privados de su personalidad y capacidad, con la imposibilidad de ejercer sus derechos como consecuencia lógica.

Frente a eso, hoy afirmamos con rotundidad que el origen de las barreras se encuentra en la actitud de la sociedad respeto de las circunstancias de las personas con discapacidad, y que somos las personas que conformamos mayoritariamente la sociedad las que creamos las barreras y la discriminación.

Pero los viejos tiempos de los  planteamientos discriminatorios no son tan viejos; hasta hace poco muchas personas con discapacidad estaban privadas de un derecho democrático tan básico como el voto, y sólo hace poco se eliminó esa grave e inexplicable anomalía social.

Aunque los avances son evidentes, hoy es el momento de recordar que el camino por recorrer es amplio y permanecen muchas carencias en materia de inclusión laboral, educativa, cultural, en el disfrute del ocio, en la movilidad y en la accesibilidad universal. A todas esas carencias dedicamos especial atención en la  Valedora do Pobo, no solo porque eso forma parte de nuestra esencia, sino también porque la atención preferente de las personas con discapacidad es un deber constitucional y por tanto los poderes públicos deben prestar la atención especializada que requieran, y ampararlos especialmente para que disfruten de los derechos que reconocen la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía.

La actividad de la Valedora tiene uno de sus principales ejes en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, como lo muestran sus informes anuales, los informes especiales sobre personas con discapacidad intelectual y sobre accesibilidad universal, un elevado número de quejas, muchas de oficio, y la búsqueda de un contacto permanente con las entidades de protección de esos derechos. A través de esa intensa actividad día a día comprobamos que los retos de futuro son muchos y de mucha entidad, y que es preciso recordar a los poder públicos y a la sociedad que una política pública orientada a la protección de los derechos y a la inclusión es una exigencia propia del Estado Social y Democrático de Derecho.

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